El lunes comenzará en Bariloche la instancia oral y pública del juicio por los asesinatos de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas durante la represión policial en 2010. Por primera vez en la Provincia se juzgará a una cúpula policial.
Es como morir dos veces. Morir y volver a morir. La segunda vez lo que mata es la injusticia, la impunidad, el encubrimiento.
Cuando el Estado comete un crimen el aparato represivo se encapsula. Se activan mecanismos: la negación, el secreto. Es una coreografía macabra, la misma música, las mismas palabras, “hasta las últimas consecuencias”, dicen, pero nada o casi nada pasa. Excepto el tiempo. La impunidad y el tiempo son buenos compañeros.
Cuando el Estado comete un crimen los que mueren son siempre los mismos. La gente sabe, el barrio sabe quién es el asesino.
Dos cuestiones: la orden de reprimir es sistémica; así, desde siempre, salvo períodos cuando la democracia prevalece, y aun así, la represión está latente como un incógnito ADN. Avatares judiciales darán -o no- alguna que otra vez con “los responsables”. Son pocas esas veces y por eso, cuando suceden, se dice que el juicio ha sido “histórico”.
Pero la orden permanece, es anterior y posterior al crimen; es ideológica, intrínseca, y resulta un caso vocativo. Esta es la segunda cuestión: hacia dónde apuntan las armas que empuña el Estado para garantizar “seguridad”, si esa seguridad que se menta va en un único sentido.
Los policías que protagonizaron la represión brutal del 17 de junio de 2010 en los barrios del Alto de Bariloche van a juicio el 8 de octubre. Les imputan “homicidio culposo” (eso es menos que decir “culpable”), por haber sido “negligentes” (otro término curioso) al aplicar el protocolo.
Hay un protocolo para reprimir. Los policías no aplicaron el protocolo cuando los vecinos protestaron frente a la comisaría 28 porque durante la madrugada otro policía, Sergio Colombil, había asesinado de un disparo en la cabeza al pibe Diego Bonefoi, 15 años. El protocolo es no aplicar el protocolo cuando de humildes se trata; es un lugar común. Está a la vista de todos.
A las cinco de la tarde, poco más o menos, en el barrio Sara María Furman, la policía mató a otros dos muchachos, Nicolás Carrasco, de 16, y Sergio Cárdenas, de 29, casado, dos hijos.
No hubo ningún policía herido.
Un mes después, el gobierno de Río Negro reconoció por primera vez que “un reducido grupo de empleados policiales” utilizó para reprimir “cartuchos de escopeta no autorizados”, admitiendo en forma implícita que dispararon con plomo.
Era gobernador de la provincia Miguel Saiz; ministro de Gobierno, Diego Larreguy, jefe de la Policía de Río Negro, Jorge Villanova, y secretario de Seguridad, Víctor Cufré. Estos últimos tres estaban en Bariloche cuando ocurrieron los hechos, pero ninguno actuó para detenerlos.
Salvo Larreguy, que atravesó una interpelación en la Legislatura -y pasó sin suceso- los funcionarios no fueron nunca señalados por la Justicia, solo por las voces más tenues de los familiares y organismos de Derechos Humanos.
Junto a Villanova y Cufré, el exjefe de la Unidad Regional Tercera de Bariloche, Argentino Hermosa, y los comisarios Fidel Veroiza y Jorge Carrizo estarán ante el tribunal el 8 de octubre próximo. También comparecerán los policías Víctor Darío Pil, Marcos Rubén Epuñan y Víctor Hugo Sobarzo, por la causa “homicidio en riña” de Sergio Cárdenas. Más de 8 años para llegar a juicio.
“Mis sensaciones son encontradas; no sé cómo explicarlo”, dijo Karina Riquelme, viuda de Sergio, “hicimos tanto para llegar hasta acá, durante tantos años, que ahora verlos sentados ahí, a los que me arruinaron la vida, a los que mataron a mi marido, a los que me dejaron sin familia, sin esos sueños, va a ser muy duro, pero a la vez un alivio, como si me sacara una gran mochila”.
Karina tiene 38, “unos meses más que Sergio”; los chicos, 13 el mayor y la nena 9. A Karina se le nota la ansiedad, la necesidad de hablar.
“Muchas veces sentí que me caía, que no podía más seguir con esto; pero me sostuve mucho en mis hijos. Son muy chicos, pero ellos saben todo, siempre estuvieron al tanto de lo que le pasó a su papá”, dijo.
Karina hizo un pedido formal para que pudieran estar en la sala durante el juicio, “yo pienso que para ellos también es muy duro, y no sé si estarán preparados, a pesar de que yo les conté todo. Pero me dijeron que no se podía, que eran menores y no podían estar”.
En estos casos el Estado criminal pone en marcha una poderosa máquina de construcción (o de destrucción) semántica. Dicen “riña”, empujan la idea de un enfrentamiento. Los testimonios, pero sobre todo las fotografías, muestran a profesionales armados disparando a mansalva contra un grupo de personas desprotegidas.
“Sergio ni siquiera participaba de ningún lío. Habíamos ido a lo de mi hermana, quiso ver qué pasaba y lo mataron, y la bala que le sacaron era una bala de plomo”. El patético subterfugio “negligentes”, no aplicaron el protocolo.
Las pericias determinaron que fueron tres los policías (Pil, Epuñan y Sobarzo) que pudieron haber herido a Sergio, los tres serán juzgados por “homicidio culposo”.
Karina no está segura de qué debe esperar: “con esa carátula de ´homicidio en riña´, no se sabe qué puede pasar. Algo insólito tendría que ocurrir durante el juicio para que sean condenados”, por ejemplo que los responsables –algo bastante típico- se acusaran entre ellos para llegar así a quien efectuó el disparo mortal.
“Por eso” Karina toma distancia del momento “yo tengo que estar preparada para cualquier cosa. Para que tal vez no se haga la justicia que una espera; que aunque así fuera, nada me va a devolver a mi marido, ni su padre a mis hijos. Pero también pienso que es muy importante, después de tanto luchar, el poder haber llegado al juicio”.
Si el país reclama héroes, es porque aún el Estado es muy pobre.
Meses atrás, sin poder determinar quién fue el asesino y sin poder hallar el cuerpo, siete policías fueron condenados en el caso Daniel Solano.
En ese y en este caso, la fuerza de las familias sostuvo la causa. Karina indagó, persistió y obtuvo pruebas determinantes.
“Muchas veces tuve ganas de largar todo porque sentía que ya no podía más. Es muy difícil ir contra el Estado; ellos juegan a que pase el tiempo y te agotes, que no insistas más, pero nosotros (incluye a la familia de Nicolás Carrasco) no nos rendimos. Yo nunca me quedé quieta”.
“Hasta último momento”, dijo, “yo tengo el sueño de verlos tras las rejas. Porque estas cosas pasan todo el tiempo en Bariloche, y no pasa nada; la policía sigue igual, y lo hacen porque saben que todo termina en impunidad. Por eso sería buenísimo que vayan presos, para que esto cambie aunque sea un poco”.
“Claro que tengo que estar preparada por si eso no pasa; pero también tengo que pensar que tenerlos a ellos ahí sentados en el juicio, es un logro, por todo lo que luchamos, por toda la fuerza que pusimos para conseguirlo”.
No por otras sino por estas razones el juicio a los responsables de aquella represión criminal, hace ocho años, será histórico.
“Por todo lo que luchamos”, dijo Karina. No debiera ser así; no debería además tener que luchar. Debería haber justicia. Nada más.