La salud de Milagro Sala se desgasta mientras la justicia jujeña realiza un juicio no público y encarcela a quienes no declaran en su contra. Detenida sin condena desde hace casi tres años, ahora está en huelga de hambre por su traslado a la cárcel federal de General Güemes.

Hoy Milagro lleva 937 días de prisión preventiva ilegal. Después de 2 años y ocho meses de detención, de hostigamiento, de persecución, no han logrado poder dictar una sola condena en su contra, por eso necesitan hostigarla, perseguirla, lastimarla, dañarla del modo que lo hacen sistemáticamente. Por eso digo que Milagro tiene 937 días de injusticia en su cuerpo. No tenemos dudas, y esto es algo que venimos denunciando no por primera vez ahora sino algo en reiteradas oportunidades, que a Milagro la quieren muerta. Y nosotros la necesitamos viva, por eso llamamos a que todo el mundo se pronuncie contra la ilegalidad del sistema judicial de Jujuy, contra la falta de estado de derecho, para que pongan fin a este atropello enorme que no solamente tiene impacto en Milagro, sino que tiene impacto en todas y en todas”.

Este mensaje, de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, del equipo de defensa de la líder de la organización social Tupac Amaru, comenzó a circular este viernes, difundido por el Comité por la Libertad Milagro Sala.

Es que su salud, que ya venía gravemente afectada por el maltrato de las autoridades de Jujuy, se agravó más en estos días. El 7 de agosto, pasadas las 22, el titular del juzgado residual de Jujuy, Pablo Pullén Llermanos, sin dar razones, le revocó la prisión domiciliaria que cumplía en la localidad jujeña de El Carmen y la envió a la cárcel federal de General Güemes, en Salta. La notificación le llegó a Sala al final de una audiencia en la causa Pibes Villeros, y el traslado de hizo de inmediato. Al día siguiente Sala inició una huelga de hambre seca.

“Milagro tiene 937 días de injusticia en su cuerpo”

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le pidió que levante la huelga de hambre. Y legisladores nacionales presentaron proyectos solicitando al Estado argentino que cumpla con las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en 2016 y 2017 ordenaron que, por razones de salud, se le debía otorgar la prisión domiciliaria.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) denunciaron ante la Corte IDH “el traslado arbitrario” a la cárcel salteña, situación que “constituye un palmario incumplimiento de las medidas provisionales” por esta misma Corte y ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ante la“extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad que implica” esta medida, le pidieron que “con suma firmeza le exija al Estado argentino” que la dirigente social “abandone nuevamente la cárcel”.

Estas organizaciones enfatizaron en “la enorme resistencia de la justicia” jujeña para acatar la medida provisional de la Corte IDH, “así como la falta de todo monitoreo efectivo desde el Estado Nacional”.Añadieron que existe un “manifiesto ensañamiento y animadversión para con señora Sala por parte de autoridades judiciales de Jujuy”, lo que se produce “con pleno conocimiento del Estado Nacional como lo refleja el hecho de que fuera trasladada al Complejo Penitenciario Federal Nro. III de Salta, directamente dependiente del Servicio Penitenciario Federal, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia de la Nación”.

La defensa de Milagro Sala interpuso un hábeas corpus correctivo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Afirmó que la decisión de Pullén Llermanos implica “un agravamiento ilegítimo de la forma y condiciones de detención de Milagro Sala” y “lesiona arbitraria e ilegalmente sus derechos constitucionales (…), situación que pone en grave riesgo su salud y vulnera patentemente su derecho a la vida (…), a la integridad personal (…), al debido proceso legal (…) y al trato digno a la persona privada de su libertad”.

Entre otras acciones que exhiben el ensañamiento del juez Pullén Llermanos, la defensa recordó que el 31 de julio Sala se desvaneció en su prisión domiciliaria. Si bien se pidió una ambulancia inmediatamente, el sistema provincial de emergencias “tardó 40 minutos en llegar”. Sala fue trasladada al Hospital Pablo Soria, donde, por orden del magistrado, se impidió el ingreso de su familia, se les negó información sobre su estado de salud y se negó la entrada a sus abogados y médicos personales. Esto “ilustra en concreto el grave riesgo que corre la salud de Sala y como ese riesgo es originado por el ilegal tratamiento que le es propinado por las autoridades judiciales”, afirmó su defensa, integrada también por el abogado Luis Paz.

Tratar de contar la persecución del sistema político, judicial y económico de Jujuy contra Milagro Sala no resulta fácil, es tan denso el entramado de irregularidades y arbitrariedades construido para atacarla. “Hay un patrón dentro del sistema institucional en Jujuy que rechaza sistemáticamente todas sus posiciones”, ha dicho el abogado salteño Matías Duarte, que ejerce la defensa técnica de Milagro Sala en el juicio al que está siendo sometida ahora, junto a otros 29 dirigentes sociales, en la causa conocida como Pibes Villeros, en la que abundan las muestras de arbitrariedad: hubo jueces de apelación que afirmaron que Sala era culpable de delitos por los que todavía no había sido juzgada; el Tribunal en Oral en lo Criminal 3 de San Salvador de Jujuy se integró con tres juezas cuya capacidad técnica está en duda, la presidenta, Alejandra Tolaba, fue denunciada por copiarse (entre otras faltas) en el concurso y las vocales, Ana Carolina Pérez Rojas y Claudia Cecilia Sadir, llegaron a sus cargos “arañando”, como graficó Milagro Sala.

Ya comenzado el juicio, las juezas se olvidaron de advertir a la imputada Mabel Balconte (que acusa a Sala), de su derecho a no declarar contra sí misma. Por este motivo el acto era nulo, como lo planteó una defensa, pero decidieron darlo por válido y seguir como si nada. Y el ex presidente de la cooperativa Pan y Trabajo, Américo Celestino Romay, que no acusó a Milagro Sala, fue detenido acusado a su vez de falso testimonio. Es que en la instrucción había dicho que la dirigente social lo obligó a facturar por obras no realizadas, ahora Romay lo negó y explicó fue presionado para que antes dijera lo contrario, pero ese dato no interesó al fiscal Diego Cussel y las fiscalas Liliana Fernández de Montiel y Filomena Ortiz. Desde el Comité para la Liberación de Milagro Sala, esta detención es “un claro mensaje mafioso para los que no repitan el guión redactado en 2016”.

 

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