Una mirada sobre los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura arroja luz sobre la ideología subyacente en el discurso de seguridad del gobierno de Cambiemos.
En momentos en que el juez federal Gustavo Villanueva llama a indagatoria al prefecto Francisco Pintos por el homicidio de Rafael Nahuel y que el Ministerio de Seguridad insiste en justificar el derramamiento de sangre con el argumento del enfrentamiento, no viene mal echar un vistazo a lo que sucede en las audiencias de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, sobre todo porque la política gubernamental cuenta con el apoyo explícito del Secretario de DDHH, Claudio Avruj, que habla de “nuevos paradigmas” para reivindicar que un agente estatal mate a una persona por la espalda.
Claudio Avruj, ministro de Justicia.
La Fiscal Ángeles Ramos está alegando en el juicio contra nueve imputados –entre los que están Miguel Etchecolatz, Federico Minicucci y Alberto Bulacio- por crímenes cometidos en los centros clandestinos conocidos como Protobanco, Cuatrerismo o Brigada Güemes, en las cercanías del Puente 12, en Camino de Cintura y autopista Richieri, que funcionó entre noviembre de 1974 y febrero de 1977, y el de la Comisaría de Monte Grande, activo entre julio de 1976 y octubre de 1978, en los que la policía bonaerense, bajo la dependencia del I Cuerpo de Ejército, tuvo un rol destacado en esos quehaceres que les son tan conocidos como el secuestro, la violación y la tortura.
Describió el andamiaje legal de la represión, resaltando entre la prueba documental decretos presidenciales, directivas militares y los informes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Enumeró las prácticas en común desarrolladas en los centros clandestinos, tales como la tortura sistemática, las condiciones inhumanas, el tabicamiento, la desnudez forzada y los abusos sexuales. Se refirió a un distintivo de la maquinaria criminal de la dictadura, como el ocultamiento de los crímenes con el fin de asegurar impunidad a los perpetradores, fraguando enfrentamientos para enmascarar homicidios de gente indefensa y utilizando sobrenombres para mantener a los ejecutores directos en el anonimato. Y la consiguiente cantilena del aparato militar reivindicando el accionar criminal como respuesta a un supuesto ataque previo.
Al hablar de las víctimas hizo hincapié en las numerosas gestiones realizadas por los familiares para averiguar por sus seres queridos, todas con resultado negativo. Comenzó con un conciso relato de cada una de las víctimas. Raúl Codesal era delegado gremial en Saiar y Gladys Baccilli trabajaba en Kolinos. Ambos aparecen mencionados en los informes previos de la DIPPBA como miembros de la coordinadora interfabril, agitadores gremiales. Durante las torturas les preguntaban por la actividad política en las fábricas. Por las secuelas del secuestro, los abusos y las torturas, Gladys no pudo dar su testimonio ante los jueces.
Los secuestrados en Mar del Plata a mediados de 1976 fueron llevados a Protobanco, donde fueron torturados. Gladis García y Nora Suárez fueron asesinadas y enterradas como NN en el cementerio de Avellaneda, e identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense. De los informes de la DIPPBA surge que García fue perseguida desde 1971. Gregorio Nachman, hombre de teatro comprometido con la clase trabajadora, continúa desaparecido. Néstor Pérez fue delegado sindical y militante del PCR. Como sucedió en todos los casos, al secuestro siguió el robo indiscriminado en los domicilios. Roberto Wilson fue obrero en el frigorífico San Telmo y militante del PC. Estuvo detenido por conflictos gremiales. Continúa desaparecido. Por las gestiones que realizó para saber su paradero, su madre Tomasa también fue perseguida.
Cristina Navajas (embarazada), Manuela Santucho y Alicia D´Ambra fueron secuestradas el 13 de julio de 1976 y llevadas al centro clandestino Orletti y luego a Protobanco. Continúan desaparecidas, al igual que Dolores López, una docente de 63 años, y Ana María Lanzilotto, que en cautiverio dio a luz un varón, identificado hace dos años. Continúan desaparecidas.
Genocidas de Protobanco en el banquillo.
Ana Sánchez era delegada sindical en la fábrica Perfecta Lew y Catalina Alanis estudiaba enfermería. Fueron secuestradas, abusadas y torturadas. Catalina pudo contar su experiencia recién en 2007. La docente Mercedes Borra fue acusada por mantener intercambio de correspondencia subversiva (sobre el entierro del dirigente sindical Agustín Tosco). Fue abusada sexualmente. Tampoco pudo declarar por las secuelas permanentes. Sara Grande, estudiante de 17 años, fue abusada sexualmente. Aparece en los informes de la DIPPBA y continúa desaparecida. Sus familiares debieron exiliarse en Suecia.
Alberto García, también delegado gremial, fue secuestrado junto a su mujer Fidela Morel y Mabel Kitzler, que fue abusada sexualmente. Continúan desaparecidos, al igual que Stella Maris Alvarez, violada y torturada. José Caffa era delegado en la fábrica Minesota, cuyos gerentes lo denunciaron por su militancia en el PRT. En el CCD fue interrogado bajo tormentos sobre las actividades políticas de sus compañeros.
Liliana Latorre, militante del PC, padeció tormentos, desnudez forzada, abusos sexuales. Héctor Demarchi era periodista y delegado sindical. Continúa desaparecido.
En las próximas horas la Fiscal continuará relatando los casos restantes y realizará el pedido de penas.
A la vez que el Gobierno justifica el accionar homicida de las fuerzas de seguridad ocultando y tergiversando la verdad, persiste en medidas económicas que beneficia a su pequeño grupo de pertenencia, ajusta el bolsillo de los trabajadores y reivindica la persecución ideológica echando a trabajadores de la agencia de noticias Télam y denostando a docentes y dirigentes sindicales.
El macrismo no es la dictadura, o como la dictadura. Pero su fervor autoritario lo acerca día a día un poco más a los objetivos que buscaron los viudos de la picana y la capucha.
