Johnson & Johnson registró beneficios netos por 16 mil millones de dólares en lo que va de este año. BioNTech, Moderna y Pfizer no se quedan atrás. Las patentes y el Acuerdo de la OMC sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, los pilares de una dinámica que alimenta una crisis de derechos humanos sin precedentes.

El saber, los descubrimientos científicos y los procedimientos técnicos deberían constituir un bien común de la humanidad. Sin embargo, cuanto más se extendió el capitalismo, más se favoreció la apropiación privada de los conocimientos y las técnicas, en especial por medio del sistema global de patentes. Y esto es así porque el gran capital acapara los resultados de las investigaciones efectuadas en universidades y centros de investigación públicos. Luego, el público paga.

Cuando la Organización Mundial del Comercio (OMC) estableció en 1995 el “Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relativos al comercio” permitió que las grandes empresas reforzaran su poder. El acuerdo concierne a ámbitos tan diversificados como la programación informática y el diseño de circuitos impresos, los productos farmacéuticos y los cultivos transgénicos. Define normas mínimas sobre patentes, derechos de autor, marcas comerciales y secretos de fabricación. Esas normas generan la legislación de los países industrializados e imponen, por lo tanto, al resto de los miembros de la OMC el tipo y nivel de protección.

Esas normas son más estrictas que la legislación vigente en la mayoría de países en desarrollo antes de su adhesión a la OMC y entran a menudo en conflicto con los intereses y necesidades propias de esas naciones. En los hechos, es posible obligar a un país a aplicar el acuerdo ADPIC de la OMC por medio del sistema integrado de arreglo de diferencias. Esto significa que si un país no respeta sus obligaciones en materia de derechos de propiedad intelectual puede que se le impongan sanciones comerciales. Una seria amenaza.

El FMI, el Banco Mundial y las grandes potencias utilizan toda su influencia, especialmente por su calidad de acreedores, para obligar a los países en desarrollo reacios a respetar el acuerdo ADPIC. Más aún. La Unión Europea, Estados Unidos y otras naciones ricas consiguieron acuerdos bilaterales que ofrecen una protección de sus patentes todavía más estricta que las “normas mínimas” definidas en el ADPIC: son las normas “ADPIC más”. Desde 2020, en el seno del comité ADPIC de la OMC, varias potencias -entre ellas la Unión Europea, el Reino Unido y Japón- se oponen al levantamiento temporario de las patentes sobre las diferentes vacunas contra el Covid-19.

Por su parte, el gobierno de Joe Biden, que había anunciado en mayo de 2021 que era favorable al levantamiento temporario de dichas patentes, hasta ahora no ha hecho nada para hacer avanzar el tema. La razón principal reside en que esas patentes son la fuente de enormes beneficios para las grandes farmacéuticas privadas, una industria protegida y favorecida por los gobiernos, que les permiten abusar de su posición.

Como escribe Peter Rossman: “Las farmacéuticas financiarizadas deben considerarse como organizaciones que gestionan sus operaciones en términos de un conjunto de activos financieros más que activos físicos. Sus principales activos financieros son las patentes. Generan el 80 por ciento de sus beneficios”. Rossman recuerda que en 1980, Estados Unidos adoptó una ley que autorizaba a las pequeñas empresas y universidades patentar sus invenciones desarrolladas con fondos públicos. “Antes, esas invenciones y/o descubrimientos iban automáticamente al gobierno, que los concedía bajo licencia a fabricantes de productos genéricos, o estaban directamente introducidas en el dominio público. Ahora, las universidades y los emprendedores están integrados en un complejo de conocimientos dirigido por las empresas. La transferencia de tecnología transformó la investigación pública en patentes privadas” [1].

Rossman agrega que “las empresas están cada vez más financiarizadas, reduciendo los gastos ligados a sus capacidades de producción, a los empleados e incluso a la I+D con el fin de liberar liquidez para distribuir entre sus accionistas bajo forma de dividendos y realizando recompras de acciones [2]. En dos de las mayores empresas, Pfizer y Johnson &Johnson, los gastos por recompra de acciones y reparto de dividendos entre 2006 y 2015 superaron sus ingresos netos totales. Ambas apuntaron hacia el mercado de préstamos para financiar los crecientes rendimientos de los inversores y sus altos ejecutivos, utilizando los activos de propiedad intelectual como garantía. Entre 2006 y 2015, Pfizer pagó 131 mil millones de dólares a sus accionistas, al tiempo que invertía 82 mil millones en I+D [3].

En el contexto de la pandemia

Desde la extensión de la pandemia, el debate sobre las patentes se volvió fundamental. En el seno de la OMC, sesenta y dos países -liderados por India y Sudáfrica- propusieron en octubre del año pasado la renuncia a las obligaciones de los Estados miembros con respecto al acuerdo ADPIC, y que esa determinación se aplicara a todos los productos necesarios para la prevención, el confinamiento y el tratamiento del Covid-19. La propuesta quedó bloqueada en la OMC, especialmente por la posición de la Comisión Europea, que rechazó adherirse a la opinión del Parlamento Europeo, aunque éste había votado dos veces a favor de la retirada de las patentes sobre las vacunas [4]. En septiembre pasado, 105 países apoyaban la propuesta [5].

La doble desigualdad

Es una cuestión vital. Si se mantienen las patentes, una gran parte de la población de los países del Sur global que desee vacunarse no lo podrá hacerlo en plazos razonables. En agosto último, menos del 2 por ciento de los 1.300 millones de habitantes de África tenían la pauta de vacunación completa. En Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá era del 60 por ciento. A junio de 2021, de las 2.295 millones de las dosis administradas en el mundo, un cuarto fue aplicado en los países del G7, donde vive solamente el 10 por ciento de la población mundial.

Según los datos recogidos por investigadores de la Universidad de Oxford, en septiembre pasado, apenas el 2,1 por ciento de la población de los 27 países más pobres había recibido una dosis contra la Covid-19 [6]. Solo el 0,3 por ciento de los 5.760 millones de dosis se aplicaron en los países de ingresos bajos [7]. En un informe titulado “Una doble dosis de desigualdad”, Amnistía Internacional denunció el comportamiento de AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer: “Esas seis empresas, al mando del despliegue de vacunas contra la Covid-19, alimentan una crisis de derechos humanos sin precedentes al negarse a renunciar a sus derechos de propiedad intelectual y compartir su tecnología” [8].

Covax no es la solución

Los gobiernos de los países del Sur global deberán endeudarse si quieren ver a su población vacunada. Las iniciativas del tipo Covax son totalmente insuficientes y consolidan la influencia del sector privado. Covax está codirigido por tres entidades: 1) la Alianza Gavi, una estructura privada en la que participan empresas y Estados; 2) la Coalición para las Innovaciones sobre la Preparación para las Epidemias (CEPI), otra estructura privada en la que participan compañías y Estados; y 3) la Organización Mundial de la Salud.

Entre las empresas que financian e influyen en Gavi se encuentran la Fundación Bill & Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, Blackberry, Coca Cola, Google, la Federación Internacional de Comercialización de Productos Farmacéuticos, la CaixaBank, el UBS, Mastercard, Visa, el constructor de motores para aviones Pratt & Whitney, Procter & Gamble, Unilever, Shell, Spotif, TikTok y Toyota, entre otras [9]. Casi las mismas que influyen en Covax, a las que se debe sumar la CEPI, fundada en Davos en 2017 en ocasión del Foro Económico Mundial.

La composición de la iniciativa Covax dice mucho sobre la renuncia de los Estados y de la OMS a responsabilizarse de la lucha contra la pandemia en particular y con respecto a la salud pública en general, dos renuncias que son una y se enmarcan en el neoliberalismo que inunda el planeta desde los años 1980. Desde entonces, la ONU y sus agencias especializadas sufrieron una fuerte involución. Remitieron cada vez más a la iniciativa privada dirigida por un número restringido de grandes multinacionales. Los gobiernos aceptaron que esas grandes empresas se vean asociadas a sus decisiones y salgan favorecidas en las opciones elegidas [10].

Hace más de veinte años que los investigadores y los movimientos sociales especializados en el ámbito de la salud propusieron que las administraciones públicas invirtieran suficiente para producir medicamentos eficaces y vacunas contra los virus de nueva generación ligados al aumento de las zoonosis. Una gran mayoría de Estados prefirió remitir el problema al sector privado permitiéndole el acceso a los resultados de investigaciones realizadas por organismos públicos cuando, en realidad, lo necesario era invertir directamente en la producción de vacunas y tratamientos en el marco de un servicio público de salud.

La iniciativa Covax no constituye en absoluto una solución. Covax prometió suministrar antes del final de este año 2 mil millones de dosis a los países del Sur que las pidieran y estuvieran asociados a la iniciativa. La realidad es otra. A principios de septiembre último, solo 243 millones de dosis fueron enviadas al Sur [11]. El objetivo quedó relegado al primer semestre del próximo año.

Ninguna de las grandes potencias del Norte cumplieron sus promesas. Por ejemplo: la Unión Europea se comprometió a librar 200 millones de dosis a los países más pobres, pero hasta ahora solo envió unos 20 millones, como reconoció hace días Clement Beaune, encargado de los Asuntos Europeos dentro del gobierno francés [12].

El Grupo de Acceso a las Tecnologías contra la Covid-19 (C-TAPpor sus siglas en inglés) es otra iniciativa decepcionante tomada por la OMS. Incluye a los mismos protagonistas que Covax. Fue creada para poner a disposición la propiedad intelectual, los datos y los procedimientos de fabricación, alentando a las firmas farmacéuticas poseedoras de patentes a conceder a otras compañías el derecho de producir vacunas, medicamentos o tratamientos, facilitando así la transferencia de tecnología. Hasta hoy, ningún fabricante compartió sus patentes y/o sus conocimientos por medio del C-TAP [13].

Frente a los fracasos de Covax y C-TAP, los firmantes del manifiesto “¡Acabemos con el sistema de patentes privadas!”, lanzado en mayo último, señalan que ambas iniciativas “fracasaron no solo debido a su falta de adecuación, sino, sobre todo, porque responden al fracaso del sistema actual de gobierno mundial por parte de iniciativas en las que los países ricos y las multinacionales, a menudo bajo la forma de fundaciones, tratan de remodelar el orden mundial a su gusto (…) La filantropía y las iniciativas público-privadas en pleno auge no son la solución, menos todavía frente a los retos planetarios en un mundo dominado por Estados e industrias guiadas solamente por la ley del mercado y el máximo beneficio” [14].

Los colosales beneficios de las Big Pharma

Los ingresos brutos y los beneficios netos que acapara las Big Pharma gracias a las patentes son escandalosos. Según Amnistía Internacional, tres de las seis firmas más grandes que producen vacunas anticovid -BioNTech, Moderna y Pfizer- obtendrán unos 130 mil millones de dólares hasta fines de 2022. El monto es dos veces y medio el PBI de la República Democrática del Congo. Otras comparaciones: equivale a 2/3 del presupuesto 2021 de la Unión Europea; o bien 10 veces el presupuesto de salud de India del año fiscal 2020-2021 [15].

Aproximadamente, el costo de producción de una dosis anticovid varía entre 1 y 2 euros. Los gobiernos del Norte la compran a un precio entre 10 y 20 veces mayor [16]. Así es como Pfizer vende una dosis al Estado de Israel por 23 euros y a la Unión Europea por 19,50. Hay que señalar, además, que el precio pagado por la Comisión Europea por cada dosis de Pfizer pasó de 15,50 a 19,50 euros entre fines de 2020 y el verano de 2021. La vacuna de Moderna, que costaba 19 euros, pasó a 21,5 euros [17]. Aumentos que se producen cuando los costos de producción están disminuyendo, ya que cuando se incrementa la producción, el costo unitario se reduce.

La acción puede producir resultados positivos

La industria farmacéutica quiere hacernos creer que sus patentes y beneficios son indispensables para la investigación y la salud humana. Sin embargo, el proceso de Pretoria, en 2001, demuestró lo contrario: Son capaces de aceptar cientos de miles de muertos con tal de defender sus beneficios y sus patentes. Sudáfrica había votado en 1997 una ley que le daba la posibilidad de hacer importaciones paralelas de licencias obligatorias o bien usar genéricos frente a la urgencia del Sida. Los 39 mayores grupos farmacéuticos mundiales atacaron la norma en 1998. Según el Big Pharma, la ley contravenía los derechos de exclusividad conferidos por las patentes.

Una vigorosa movilización de organizaciones sudafricanas, extendida a todo el mundo por campañas de petición y denuncia -en particular por Médicos sin Fronteras, Aides y Act-Up- demostró que 400 mil sudafricanos fallecieron de VIH al estar privados de un tratamiento antiviral desde el bloqueo de la ley. Ante el escándalo mundial, los laboratorios se vieron obligados a retirar su denuncia en pleno proceso. En esa ocasión, el derecho a la salud prevaleció sobre el derecho de las patentes [18]. Un ejemplo a seguir en estos tiempos de Covid.

Notas

[1] Vacunas / Patentes – Transnacionales y Covid-19. Derechos de propiedad intelectual contra derechos humanos.

[2] Las recompras reducen la cantidad de acciones en circulación y eso aumenta el beneficio por unidad. Las recompras aumentan la remuneración de los ejecutivos. Entre 2006 y 2015, las 18 mayores farmacéuticas de Estados Unidos distribuyeron el 99% de sus beneficios a los accionistas, la mitad en forma de recompras. Abordé la cuestión en el artículo: Éric Toussaint, “La montaña de deudas privadas de las empresas estará en el corazón de la próxima crisis financiera” (13 de abril, 2019., 15480).

[3] Las cifras citadas por Rossman provienen de Lazonick et al.: “US Pharma’s Financialized Business Model” (Institute for New Economic Thinking, julio de 2017).

[4] Miguel Urbán Crespo, Beatriz Ortiz Martínez: “Que por primera vez haya un texto europarlamentario exigiendo suspender las patentes condiciona a la UE”.

[5] Amnesty International, “Covid-19. Il est temps que les États qui bloquent la proposition de dérogation à l’Accord sur les ADPIC appuient la levée des restrictions” (1 de octubre 2021).

[6] “Our World in Data, Coronavirus (Covid-19) Vaccinations – Statistics and Research”. (Nuestro mundo en datos, coronavirus (Covid-19), vacunaciones, estadísticas e investigaciones). La Universidad de Oxford, que elabora esta web, muestran algunos ejemplos de países donde el porcentaje de vacunación es inferior al 2% en septiembre de 2021: 1,6% de la población en Zambia, 1,6% en Níger, 1,5% en Somalia, 1,5% en Malí, 1,4% en Sudán, 1,4% en Camerún, 1% en Yemen, 0,69% en Madagascar, 0,58% en Chad, 0,57% en Tanzania, 0,11% en la República Demócratica del Congo.

[7] EURACTIV.fr, “Covid-19 : les laboratoires pharmaceutiques empêchent un accès au vaccin équitable, selon Amnesty International” (22 septiembre 2021). En castellano, se remite a la nota [8].

[8] Informe de Amnistía Internacional del 22 de septiembre de 2021 sobre la industria farmacéutica y la vacunación anticovid. Aquí, versión completa en inglés.

[9] GAVI, Donors profiles (Lista de donantes).

[10] En el momento en que se escriben estas líneas se da por finalizada una Cumbre alimentaria convocada por las Naciones Unidas. Las grandes empresas del agroalimentario fueron invitadas y tuvieron un rol importante en tanto parte del problema y no de la solución a la crisis alimentaria y la crisis ecológica. Véase CCFD-Terre Solidaire; Food system Summit: alerte sur un sommet coopté par le secteur.

[11] Véase la página 5 del informe de Amnistía Internacional.

[12] Europa ante la Covid. ¿Cuántas dosis han prometido los países de la UE a Covax? Por ahora la UE solo ha librado 20 millones de dosis.

[13] Idem. Nota [10].

[14] Extracto del manifiesto “Acabemos con el sistema de patentes privadas”.

[15] Esas comparaciones son responsabilidad del autor.

[16] Mathilde Damgé, “Covid-19: comprendre le prix d’un vaccin, de la recherche au flacon” (Le Monde,  9 de junio de 2021).

[17] La crisis del coronavirus: Pfizer y Moderna incrementan el precios de las vacunas para Europa (El país).

[18] Fred Eboko, “¿Le droit contre la morale? L’accès aux médicaments contre le sida en Afrique” (Revue internationale des sciences sociales 2005/4 (n° 186), páginas 789 a 798. En español: “Cómo la crisis sanitaria del sida en África acabó con el tabú de la suspensión de patentes de medicamentos”.

(Traducción de Griselda Piñero)

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