La teoría del “gendarme malo”

Desde Bariloche. Como válvula de escape, el  gobierno trabaja para circunscribir la responsabilidad a unos pocos gendarmes a los que “se les fue la mano”. Se prepara un operativo mediático con Lanata a la cabeza  para sustentar esa versión, mientras Angelici realiza una misteriosa visita al Sur.

No voy a tirar ningún gendarme por la ventana”, prometió el 16 de agosto pasado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante el Senado. Había sido convocada para dar las primeras explicaciones, 15 días después de la desaparición de Santiago Maldonado. La inactividad del Gobierno de la Alianza Cambiemos en torno al caso, había sido clara hasta ese momento. Y lo siguió siendo hasta más allá de cumplido el primer mes de la desaparición del joven. Ya con cientos de miles de personas en las calles, una negativa repercusión internacional, y el hecho impactando en las encuestas, el Ejecutivo de Mauricio Macri empezó a evaluar que piezas sacrificar para intentar explicar o justificar lo sucedido.

En ese camino, el primer y más débil eslabón es el del “gendarme malo”, violento, al que, en el marco del operativo “se le fue la mano” y golpeó hasta matar a Santiago. Esa versión exculparía de la responsabilidad -según la mirada del Gobierno- al Jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, y a su jefa, la ministra Bullrich.

Para instalar la hipótesis, el Gobierno recurrió a sus más afiladas espadas comunicacionales: en las últimas horas, Jorge Lanata estuvo en la localidad de El Bolsón, y el informe para su programa de este domingo rondaría en torno a la teoría del “gendarme malo”.

En esa sintonía, un funcionario de menor rango corrió con la responsabilidad de verbalizar los que el Gobierno de Mauricio Macri pretende instalar: el Coordinador de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete, Hernán Iglesias Illa, aseguró que “lo peor que podría haber pasado es que algún gendarme suelto le haya pegado a Santiago Maldonado sin saber que lo estaba hiriendo gravemente”.

Es que caídas las operaciones del puestero acuchillador; de los testigos en Entre Ríos y Tierra del Fuego; del viaje subrepticio de Santiago a Chile; y el autosecuestro por parte de los mapuches, sólo le resta al Ejecutivo buscar un chivo expiatorio lo más lejos posible de Macri.

Espíritu de cuerpo

Sólo un par de Jefes de los escuadrones de Gendarmería involucrados en la represión del 31 de julio y el primero de agosto declararon, hasta el momento, ante el Juez Guido Otranto. Negaron, por supuesto, participación directa en el hecho, descartaron el secuestro de Santiago, y hasta explicaron que, técnicamente, no llegaron hasta la costa del río donde, los testigos aseguraron haber visto cómo se llevaban a una persona.

Hasta el momento no fue posible dar con filmaciones -si es que existen- del procedimiento de Gendarmería dentro del territorio mapuche recuperado. La explicación oficial: el gendarme que se encargaba de la filmación del despeje de ruta fue herido de un piedrazo y, llamativamente, nadie asumió ese rol cuando se violentó la Comunidad.

Se espera para esta semana que la Justicia convoque a declarar a más de una treintena de efectivos, a partir del pedido expreso del Defensor Federal de Esquel, Fernando Machado, quien interpuso el primer hábeas corpus por la desaparición de Santiago.

En el expediente, en tanto, está comprobado que se lavaron dos camionetas, supuestamente utilizadas durante el operativo de represión en la comunidad Cushamen, según planteó la abogada de la familia de Santiago, Verónica Heredia. En las últimas horas, además, consideró “gravísimas” las “adulteraciones descubiertas en los libros de registro secuestrados a Gendarmería, consistentes en borrones con blanqueador, hojas rotas, papeles pegados con cinta y tachaduras”.

La abogada cargó contra la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, porque “tuvo esas pruebas un mes y no hizo nada”.

Es que la reciente apertura del secreto del sumario, permitió a la familia de Santiago y su representación legal acceder al expediente y poder detallar esas irregularidades en el proceso.

La última de las medidas dispuestas por el Juez Guido Otranto -el mismo que ordenó el despeje de la ruta 40, el último día de julio- fue concretar un mega rastrillaje en el pu lof en Resistencia Cushamen, con buzos, drones y fuerzas federales -no la Gendarmería, en este caso-, para intentar dar el cuerpo de Santiago o alguna pista sobre su presencia en el lugar.

Otranto no tuvo hasta el momento la misma vara para medir el concepto de “territorio sagrado”: a principio de enero de este año ordenó el ingreso de fuerzas federales al pu lof en Cushamen, en el marco de un violento operativo que terminó con varios mapuches heridos; dio la orden de despeje de la ruta 40 que, entre el 31 de julio y el 1 de agosto culminó con un nuevo ingreso al territorio y la desaparición de Santiago; y dispuso de tres rastrillajes en el lugar con fuerzas federales, sin aviso a los habitantes del lugar. En cambio, por considerarla propiedad privada, hasta el momento no promovió una investigación sobre el funcionamiento de un destacamento policial y de fuerzas federales en un puesto de la estancia Leleque, propiedad de Benetton. En ese lugar, sospechan los integrantes de la comunidad mapuche, se alistaron las fuerzas de seguridad que intervinieron en el operativo que terminó con el secuestro de Maldonado.

Bajo la mira de la abogada de la familia están los efectivos de los escuadrones de Gendarmería 36 de Esquel, 35 de El Bolsón y 37 José de San Martín. Pero también la responsabilidad política de Noceti, presente en el lugar, y protagonista, un día antes de una reunión con los responsables de Seguridad y Jefes policiales de las provincias de Chubut y Río Negro. Acabar con la resistencia mapuche y la recuperación de territorios -personalizadas en el RAM-, y actuar bajo la figura de “flagrancia”, fueron las dos órdenes directas.

La fiscal Ávila secuestró computadoras y celulares personales de 65 gendarmes -44 de El Bolsón, 12 de José de San Martín y 9 de Esquel-, aunque se supone que fueron más de 130 los efectivos que estuvieron en el lugar. Treinta y uno de ellos habrían ingresado al pu lof.

Pensando en Roca

El Juez Guido Otranto vive momentos de extrema exposición. No es la primera vez. Su participación en el juicio de extradición de Facundo Jones Huala -realizado entre agosto y septiembre del año pasado-, lo puso en el centro de las miradas. Su decisión de declarar “nulo” el juicio, le valió la crítica del poder político chubutense -el Gobernador Mario Das Neves presentó un pedido de juicio político por “mal desempeño”-, pero también la sospecha de que algunas relaciones de índole personal y afectivo influyó en el proceso. Así lo sostienen desde la comunidad mapuche, cuyos integrantes sospechan que esa vinculación personal pudo haber violentado los lógicos códigos de información y estrategia judicial compartimentada entre los partícipes de un juicio o expediente.

En todo caso, Otranto -que lleva la causa por desaparición forzada y fue quien ordenó el desalojo de la ruta 40, el 31 de julio-, ya piensa en su futuro: se inscribió para participar del concurso para cubrir una vacante en el Tribunal Oral Federal de General Roca, en la provincia de Río Negro.

Otranto habría obtenido el mejor de los puntajes en los exámenes escritos de ese concurso, aunque ese paso no le garantiza lograr el puesto. La selección incluye el análisis político del Consejo de la Magistratura, y en ese ámbito inevitablemente será evaluada su actuación y su exposición en el caso de Santiago Maldonado.

 

Angelici en Bariloche

Salvo que los tiempos políticos de la búsqueda de Santiago modifiquen la decisión, durante el mes de septiembre se llevará a cabo en Bariloche el juicio de extradición contra Facundo Jones Huala.

La Justicia Federal definió que ese proceso se realice en Bariloche, argumentando que Jones Huala fue detenido en un área de esa jurisdicción, el pasado 27 de junio.

El Juez a cargo de la causa es Gustavo Villanueva, quien en realidad subroga el Juzgado de Bariloche, vacante desde que Leónidas Moldes fue designado como integrante del Consejo de la Magistratura nacional.

Así, Villanueva tendrá a su cargo ese juicio que podría concluir con la decisión de extraditar a Jones Huala a Chile, donde se lo acusa de tres delitos.

En ese contexto, la Justicia Federal de Bariloche está viviendo momentos de exaltación: los ojos del país se enfocarán en esta ciudad y en la resolución de un caso sobre el que los medios concentrados han edificado una nueva teoría de los dos demonios: el Estado versus la guerrilla mapuche, apoyada por las FARC, el IRA y militantes kurdos.

Llamó la atención que, en ese marco, el principal operador del Gobierno nacional en la Justicia Federal, Daniel Angelici, haya visitado Bariloche. Desde su entorno y desde el Ejecutivo de la Alianza Cambiemos descartaron, en diálogo con el autor de esta nota,  que esa presencia haya estado vinculada al proceso judicial en marcha.

Sin embargo, la presencia no pasó desapercibida en los pasillos de los juzgados federales. “Acá no vino, pero no sabemos con quién se reunió”, fue una de las definiciones de una fuentes consultada por este medio.

En todo caso, el poder juega en el límite con aquella máxima de “ser y parecer”, y en Bariloche todo es desconfianza sobre cómo los intereses de la política nacional influirán en el proceso judicial que marcará la agenda de las próximas semanas.

(Fuente: http://enestosdias.com.ar/1226-la-teoria-del-gendarme-malo-la-valvula-de-escape-del-gobierno )