Novena entrevista de la serie destinada a repasar las políticas de Derechos Humanos entre 2003 y 2015 a través de las miradas de sus principales protagonistas y analistas. Se trata de miradas complejas y en ocasiones polémicas y contrapuestas que, quizás, sirvan para que el lector encuentre, al leerlas, un mapa de las posiciones que atravesaron –y aún atraviesan – el tema.
Eduardo Salvador Barcesat, fue convencional nacional constituyente participó en la histórica reforma de la Constitución Nacional, donde se declaró la supra legalidad de tratados y Convenciones internacionales de los derechos humanos en la constitución Argentina. Luego de haber sido experto en derechos humanos de la UNESCO, durante el periodo menemista, y una larga trayectoria de defensor de los derechos a lo largo de la sucesión de estados autoritarios y dictatoriales en Argentina, hoy enseña filosofía del derecho en varias universidades, tal la UBA y de la universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Desde la creación del instituto Arturo E. Sampay y en una prolífica producción bibliográfica, se determina su militancia para restablecer una aplicación de los derechos en consonancia con una realidad que percibe profundamente disociada de la justicia argentina.
– ¿Cómo definiría su trabajo, con quien conto para hacerlo y como se preparó para asumirlo?
– Siempre he tenido un ejercició liberal de la profesión desde mi graduación en 1962. Mi primera defensa, fue en 1966, bajo otra dictadura, la llamada Revolución Argentina, como abogado de la liga Argentina por los derechos del hombre. Luego a poco de producirse el golpe de Estado de la última dictadura cívica militar, ejercí la coordinación del cuerpo jurídico nacional de abogado por la liga. Luego fui co presidente de la Liga y siempre he sido vinculado a ella, también ejercí las defensas de Madres de Plaza de Mayo, particularmente cuando se persiguió a Hebe de Bonafini durante el menemismo y algunas otras causas que ha tenido. Recién en el 2011, fui convocado y ocupe tres funciones, como asesor del ministro de agricultura para redactar una ley de Tierra, casi simultáneamente fui asesor de la jefatura de Gabinete con Aníbal Fernández y consultor externo de la procuración del tesoro de la Nación (abogado jefe del Estado). Particularmente ante los tribunales CIADI para recuperar el predio de la sociedad Rural (fraudulenta adquisición que sigue todavía en trámite). Cuando se terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, volví al ejercicio de la profesión.
– ¿Qué es el Estado hoy? ¿Cuál es su balance?
– Creo que hubo un indubitable vuelco positivo, porque desde los primeros discursos del presidente Néstor Kirchner, se habló de hacer una política de Estado y de no abandonar sus convicciones al ingresar a la casa Rosada. Recibió con un afecto muy especial a las organizaciones de Victimas del Terrorismo de Estado, y se declaró hijo de las Madres de plaza de mayo. Quienes estuvieron en todos los actos públicos, ocupando un lugar de privilegio en el palco, les dio ayuda para que tuvieran sede, y que la universidad de la Madres tuviera su lugar. En definitiva, fue un hombre que colaboro intensamente con las entidades y los organismos de derechos humanos. Señalo el cambio de la integración de la corte Suprema de Justicia de la Nación, posibilitando un periodo, diría, de la década de las luces, en cuanto a derechos humanos, no solamente en cuanto a derechos civiles y políticos, sino también en cuanto de derechos económicos, sociales y culturales con la AUPH, la incrementación por los haberes jubilatorio (*la Asignación Universal por Hijo entró en vigor en 2009, la reforma de la AFJP, en 2008), así como, por ejemplo las políticas de subsidios en los transportes públicos y una lucha por democratizar la comunicación. La ley de medios es una ley ejemplar (*2008), lamentablemente que no ha logrado tener una vigencia y la aplicación ameritada por el esfuerzo que llevo estudiarla, redactarla y sancionarla.
En esta mejoría corresponde también la ley de defensa nacional sobre las tierras rurales, atacada por el actual gobierno, mediante un decreto que la destruyo. Por otra parte, la reestructuración de la deuda externa, fue muy eficaz y beneficiosa para la Argentina. En principio, era partidario de examinar la validez del pago de la deuda externa con lo que se llama “auditorias populares de la deuda pública”, como en Ecuador, pero debo decir que lo que se logró en Argentina, cuantitativamente fue mucho más (Ecuador se quitó de encima el 30% de su deuda y la Argentina logro más del 60% de quita). Los pagos comprometidos por el Gobierno argentino, fueron cumplidos religiosamente, los únicos demorados, lo estuvieron por el fallo del Juez Griesa. Hubo un precedente muy valioso en 2014, con un fondo buitre (Claren Corporation) que había obtenido la sentencia favorable del Juez T. Griesa. Vinieron a la Argentina para intentar cobrarlo, pero la procuradora general de la Nación, declaro que esa sentencia era nula y lesiva del orden público constitucional argentino y la corte lo reprodujo por unanimidad. Después de eso, el gobierno impulsó una iniciativa internacional, para la restructuración de la deuda Soberana de los pueblos, la cual fue aprobada en Naciones Unidas, con una mayoría absoluta. Dos meses después estos principios fueron convertidos por el Congreso en “ley de orden Público”, pero todo se tiro por la borda a partir de 10 de diciembre 2015.
A fines del 2015, un grupo de abogados constitucionalistas, formamos el instituto Arturo Enrique Sampay (constitucionalista de la constitución, durante Perón, en 1949, derogada por la Revolución Argentina en 1955). Nuestro propósito es observar y cumplir con la actual constitución que sigue siendo la reformada en 1994, con aspectos muy positivos (entre los cuales están los Tratados internacionales de derechos humanos) y otros no. En virtud de lo cual, la Argentina, ratifico el mayor número de tratados de derechos humanos internacionales y los ha convertido en cláusula de rango constitucional. Nos hemos propuesto trabajar para una nueva constitución, porque la del 94, estableció que no se podía tocar la parte dogmática de la constitución (el capítulo 1 es del año 1853 y no corresponde en absoluto a la realidad del país). Así como, hacer un poder Judicial representativo y republicano, porque el que tenemos no es ni representativo ni republicano (con un poder aristocrático y vitalicio para contrarrestar los posibles desvíos demagógicos y populistas de los poderes políticos). Nuestro poder judicial ha sido en general un factor de retraso y de legitimación de la usurpación del poder político, y nunca un garante de la constitución nacional. Creo que la Corte suprema de Justicia, de mayor prestigio, fue la que estuvo durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero se fue desmoronando. Ahora estamos frente a una corte que ha cometido varias miserabilidades (no solo el 2/1 a criminales de lesa Humanidad, sino también entre otros con la anulación del poder de democratización del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por vía de una acordada, derrumbando este paquete de medidas que se llamó la democratización del poder Judicial. Ahora hay que restablecerlo por vía de una asamblea constituyente para que ninguna Corte Suprema se sienta autorizada a modificarlo.
– ¿Qué sugerencia haría a los responsables del área de derechos humanos durante este periodo?
– El mayor reproche que haría a ese periodo, es el de no haber encarado una nueva Constitución para consolidar los derechos y los avances, así como la igualación y la inclusión social que habían tomado forma incipiente pero que había que consolidar y profundizar. Siempre he sostenido, según las reflexiones de Marx y de Athusser: para que un proceso social se profundice hace falta su profundización (me refirió al concepto de la reproducción ampliada). Es decir los avances sociales no se mantienen si no se profundizan, retroceden. Creo que la nueva constitución hubiera sido, desde el punto de vista institucional, un paso previo a modificar los códigos civil y comercial y el proyecto de reforma penal, como se hizo en Argentina. Primero se hace la constitución y luego los códigos que le están subordinados. En dos ocasiones la ex presidenta reconoció que debió haberse propiciado una nueva constitución para una profundización del proyecto. Que contemple la integración de Latinoamérica y el Caribe y la tutela de los recursos y riquezas y naturales del continente americano. Hay que hacer una obra de ingeniería social que ponga en contacto la necesidad con la satisfacción social de esa necesidad: eso es política de derechos humanos. En mi cátedra considerando la filosofía del derecho humano, busco formar abogados con vocación y capacitación para la defensa de estos derechos y apartarlos de la fundamentación iusnaturalista. Mostrar que los derechos humanos no son inherentes a la persona humana, se logran por la lucha con antagonismos y representan un instrumento de la libertad Humana.
– ¿Por qué razones el Estado debe revindicar las victimas que el mismo ha vulnerado?
– El derecho está lleno de ficciones: las dos ficciones más importantes son que el derecho nace de un contrato social (esto no existió nunca) y la segunda ficción es que el derecho es obligatorio porque todos conocen la ley (ni los mejores abogados conocen todas las leyes). La ficción del contrato social es una demostración del peso pernicioso que ha tenida la idea de contrato en la humanidad y lo transmite a todo (el matrimonio, etc.).Luego existe otra ficción que es de la continuidad jurídica del Estado: “si el Estado ha cometido lesiones, el Estado debe reparar”, pero no es el mismo Estado, él que ha cometido lesiones, y él que repara. En los crímenes de la dictadura y las indemnizaciones a las víctimas, paga el Estado siguiendo con la ficción de su continuidad jurídica. La Responsabilidad, y las reparaciones deberían recaer sobre los autores de los crímenes. He trabajado mucho en una clausula maravillosa en la reforma de la constitución de 1994: el artículo 36 (deber de obediencia a la supremacía de la Constitución, que condena el golpe de Estado como acto insanamente nulo; que condena aquel ejercicio del poder político como insanamente nulo; establece la responsabilidad penal y patrimonial imprescriptible; califica en consecuencia los infames traidores a la patria, determinandoles la inhabilitación para ocupar cargo público bajo estado de derecho).
– ¿Qué relaciones existieron entre el Estado argentino y los organismos de derechos humanos entre el 2003-15?
– Creo que fue el mejor periodo de relaciones entre entidades de derechos humanos y el Estado. No digo que se ha satisfecho todo, ni remotamente. Pero hablo de la audibilidad del gobierno, dando cabida para el debate de lo que faltaba con una secretaria de derechos humanos, dirigida por un hombre con una afiliación y un compromiso ejemplar como el Doctor Eduardo Luis Duhalde y su subsecretario Rodolfo Mattarollo. Quien llevó adelante la convención Interamericana sobre la prevención y sanción de la desaparición forzada (*la convención sobre la desaparición forzada de personas en el marco de la convención Interamericana fue adoptada en 1994, y se sanciono en el año 95. Trabajo en conjunto de la APDH y organismos de derechos humanos con Marta Vásquez y Mattaralo). Los logros de esta época son notables y únicos en la historia institucional Argentina.
– ¿Qué vulneraciones los organismos de derechos humanos padecieron entre el 2004/15 en Argentina?
– Creo que no se logró todo el apoyo de estructuras, para que los juicios fueran más rápidos y efectivos (por la resistencia en el poder judicial que, en buena medida, proviene de la dictadura). Alfonsín confirmó el 90 % de sus integrantes, heredados del Proceso dictatorial, de modo que fueron los mismos jueces que juzgaban e impartían justicia antes y después. Un tremendo error. Significando que la mayor dificultad no provenía de la política del gobierno sino de los obstáculos estructurales, posicionales e ideológicos de los jueces que tenían a su cargo las investigaciones y las sanciones de estos hechos. La modificación y la transformación fueron muy lentas y graduales y no llego a completarse.
– ¿Qué papel ha tenido la fragmentación de los organismos de derechos humanos en Argentina en esa etapa?
– Las existencias de divergencias de enfoques siempre generaron la fragmentación de los derechos humanos. Algunos se constituyeron naturalmente diferenciados, porque respondían a la condición de víctimas y Familiares de Víctimas. La primera existente era la Liga Argentina, luego se sumó el SERPAJ y luego la liga se dividió en dos: la Liga y la asamblea permanente por los Derechos Humanos, después nacieron el CELS y los Ex Detenidos desaparecidos. Las Madres se dividieron, se separaron Abuelas de Plaza de Mayo y luego Hijos. Hay reivindicaciones y necesidades propias que pueden justificarlo pero que convierten el movimiento en Argentina, en un abanico quizás demasiado extenso. También diría que “la fragmentación”, como dividirse, es un proceso natural en la izquierda Argentina. Unirse por los grandes reclamos. pero después… Habría que examinar la correlación entre la dispersión entre los partidos de Izquierda y la dispersión en los organismos de derechos humanos.
A veces también uno se aparta del lugar de origen (como mi caso con la Liga) para trabajar con mayor amplitud y mantener sin embargo un compromiso con los derechos humanos.
– ¿Cuáles son las fragilidades y las fortalezas de la lucha por la memoria, la Verdad y la Justicia en Argentina entre el 2004/2015?
– La fortaleza es haber recuperado la labor de verdad y justicia. Las debilidades son de tener un poder judicial anclado con la complicidad con el pasado y también una insuficiencia teórica para abordar estos crímenes en los juicios. Además hubo un escaso apoyo a los cuerpos jurídicos que tenían a su cargo estas causas. Intentamos conformar un cuerpo homogéneo de abogados pero no lo logramos, de modo que los juicios salieron adelante gracias al compromiso de una generación nueva de abogados de derechos humanos con un especial entusiasmo y capacidad.
– ¿Qué piensa que el gobierno obtuvo con la reivindicación de la Memoria la Verdad y la Justicia?
– Obtuvo una bandera de unidad en Latinoamérica. Con todas sus insuficiencias, el modelo Argentino y la praxis en materia de los derechos humanos, fue la mejor del Cono Sur. Argentina tuvo una actitud rectora que inspiro a Nicaragua, Guatemala y Salvador. Fue un logro importante. Creo además que se abrió paso a una lucha efectiva para los derechos económicos, sociales y culturales. Es mucho lo que falta pero por primera vez, se pensaba que no era solo cuestión de cortar cabeza, o abollarla, y enjaularla sino también pensar en educación, trabajo, salud y dignidad.
– ¿En que han ayudado los juicios?
– Creo que el momento decisivo fue que en los juicios además de apuntar a los autores materiales militares, se apuntó hacia la responsabilidad de los civiles involucrados. Entender el plan económico de la Dictadura es lo que ahora está en crisis y busca despenalizar los empresarios relacionados con esto. Y paradigmáticamente dentro de los cuales está la familia Macri.
– ¿Los organismos y ciertas normativas de derechos humanos internacionales, han favorecidos los avances?
– Sí. Desde el gobierno de Alfonsín, se ratificaron con muy poca reservas los más importantes tratados de derecho internacional de derechos humanos (los dos pactos de Naciones Unidas y a la convención Interamericana de Derechos Humanos). Recordemos las tres cláusulas que ingresaron en 1994 con una emoción hasta las lágrimas: la reparación histórica a los pueblos Originarios (las gradas de la Universidad de Santa Fe, donde se realizaba el debate estaban pobladas de los representantes de los Pueblos originarios, y fue apoteótico); los tratados internacionales de derechos humanos, así como las de la vía Jurídica de Tutela de derechos humanos. Con lo cual me refiero al Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data que se votó por unanimidad con una sola abstención, la del Ingeniero Álvaro Alsogaray. Me recuerdo la conmoción irrepetible con una expresividad poco común y como la gente que se abrazaba.
– ¿Y en qué perspectivas los han obstaculizado?
– En general fue una actividad siempre de colaboración, yo mismo fui llamado a participar en algunas ocasiones (acerca de porqué y como negarse a la extradición del chileno acusado de terrorismo contra Pinochet) y en varias otras ocasiones. Había vasos comunicantes muy fluidos.
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