“Faltó más realidad y menos simbolismo”

Con esta entrevista, Socompa da inicio a una serie destinada a repasar las políticas de Derechos Humanos entre 2003 y 2015 a través de las miradas de sus principales protagonistas y analistas. Se trata de miradas complejas y en ocasiones polémicas y contrapuestas que, quizás, sirvan para que el lector encuentre, al leerlas, un mapa de las posiciones que atravesaron –y aún atraviesan – el tema.

León Carlos Arslanián presidió el pleno de la Cámara Federal porteña que juzgó a las juntas militares en 1985, fue ministro de Justicia de la Nación (1989-92) y dos veces ministro de Seguridad bonaerense. Su destacada experiencia y pericia técnica en la Justicia, especialista en el tema de seguridad aporta una perspectiva ineludible a la comprensión de la organización social y política nacional.

– ¿Cómo definiría su trabajo entre 2004/2015? ¿Sintió que le ha faltado alguna herramienta para desempeñarse mejor o está satisfecho de su desempeño durante ese periodo?

– Durante 2004 y fin de 2007, desempeñé las últimas funciones públicas en el Estado, en calidad de ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Después, desde comienzos de 2008 no tuve funciones en organismos estatales, pero sí una acción vinculada a organizaciones de derechos humanos. Entre 2004 y 2007, la situación que me tocó vivir fue la de un período complejo en una circunstancia compleja y en una geografía compleja. Porque, uno de los ámbitos donde más se manifiesta la violencia institucional, ha sido la provincia de Buenos Aires, en todos los tiempos. En particular en el ámbito de dos de las organizaciones más importantes de la provincia: la policía y las instituciones carcelarias. Fui con la finalidad de llevar adelante un programa de reformas muy profundas, en el ámbito de la seguridad y específicamente en el ámbito policial. Y esas reformas consistieron en erradicar un anacrónico modelo de organización policial; luchar contra un fenómeno muy grave que es la corrupción policial y contra otro grave fenómeno instalado, que es la violencia policial. Esos fueron los ejes de mi gestión y mi programa de gobierno. Señalo como ámbito de gran complejidad y plagado de dificultades la provincia de Buenos Aires, porque durante la dictadura militar 1976 a 1982 las instituciones policiales fueron cooptadas por las fuerzas militares y utilizadas para la represión del denominado terrorismo de Estado. Además se utilizaron la totalidad o la casi totalidad de las fuerzas policiales para mantener personas detenidas clandestinamente, sometidas a tormentos, para finalmente ser ejecutadas. De modo que el primer grave problema fue que en las instituciones policiales había permeado profundamente una cultura, que era la cultura de la muerte. De la violencia y de la violación crasa a los derechos humanos. Como el fenómeno era profundo, en el sentido de haber permeado todos los estamentos de la institución policial, llevar adelante un proceso de transformación o de cambio resultaba una gran complejidad. La primera dificultad con que nos encontrábamos era que esas personas ni creían en la democracia ni tenían la cultura de la democracia y tenían las manos manchadas de sangre o de violencia.

Quiere decir que hubo un proceso complejo en el sentido de hacer una purga muy grande. Establecer investigaciones en las áreas más contaminadas. Seleccionar los elementos a partir de los cuales se podía empezar a hacer una reconstrucción de valores que permitiese impostar valores de una democracia naciente. Y llevar adelante el plan de reforma con la impronta de una policía al servicio de un Estado democrático social de derecho. Fue un esfuerzo titánico.

Tuve un apoyo político por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, pero no lo tuve en el gobierno nacional. Los funcionarios de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner utilizaron para ocupar funciones públicas en el área de seguridad a personas no idóneas que no solamente no llevaron a cabo un proceso de reformas, como el que yo menciono, sino que fueron complacientes con esta situacion y conniventes, en el sostenimiento de cuadros policiales que deberían haber sido erradicados.

– ¿Cómo percibe que se posicionó el Estado entre el 2004/2015?

– Tuvo una cierta duplicidad. Por un lado, revindico mucho todo lo que tuviese que ver con una política de derechos humanos, fundamentalmente por la revisión del pasado inmediato. En la anulación de los indultos dictados por el Gobierno de Menem, y la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que cancelaban la persecución penal a personas que habían sido involucradas entre las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Con gestos que acompañaron esta decisión como descolgar el cuadro de Videla del Colegio Militar de la Nación. Y fundamentalmente, establecer una alianza con los sectores sociales más dinámicos. Estos tres periodos tuvieron una apertura muy grande hacia los sectores de las organizaciones de derechos humanos. Incluso de cooperación, hubo cuadros de estas organizaciones en lugares estratégicos vinculados con esos valores.

– ¿A la luz de la actualidad, que sugerencia haría a los responsables del área de derechos humanos en este periodo?

– La recomendación que hubiese hecho a su momento: más realidad y menos simbolismo. Menos política simbólica y mucho más acción, en el sentido de haber tenido un diseño judicial más apropiado para poder resolver los casos judiciales. De modo que no estuviésemos todavía, hoy en día, después de más de 30 años de juicios y de distancia con los hechos perpetrados, llevando adelante enjuiciamientos que resultan anacrónicos.

– ¿Por qué razones el Estado debe revindicar a las víctimas que él mismo ha vulnerado?

– Una cosa es un gobierno y otra cosa son los Estados. El Estado es una unidad y es permanente, los gobiernos son transitorios y cambiantes. Bajo distintos gobiernos, el Estado fue autor, partícipe y responsable directo de crímenes abominables. En los cambios de gobierno no logran ni van a lograr, de ninguna manera, borrar las ofensas y los crímenes, porque la responsabilidad que designa el Estado como el responsable es jurídica e internacional. Más allá que le quepa a los distintos gobiernos en los períodos en que administraron este Estado. A mí me parece que el Estado tiene la suma de los poderes concentrados en sí: el poder político, el poder de la fuerza, el poder policial, y su función fundamental es ejercerlos para el bien del ciudadano, para la seguridad y la tranquilidad pública. Y no en contra del ciudadano ni en contra de las personas.  En consecuencia, esta responsabilidad es inmutable y ese Estado deberá cumplir con todas sus responsabilidades.

– ¿Qué clase de reparación debe ofrecer el Estado?

-Las primeras reparaciones son Verdad y Justicia. La segunda reparación, en consecuencia de Verdad y Justicia, es la compensación o la reparación material de los daños causados a las víctimas y a los familiares de las víctimas. En tercer lugar, la función docente que debe cumplir hacia el futuro en materia de vigencia clara de los derechos humanos. Esto lleva a la obligación de cambiar la doctrina de las fuerzas militares, las fuerzas policiales y las fuerzas penitenciarias. Adecuar su programa de formación a las exigencias del catálogo de derechos humanos, en orden a las garantías individuales. Y cuando hablo de los derechos humanos, hablo no solamente de los de primera y segunda generación, sino también de los de tercera y cuarta generación. Esto es, la obligación que tiene un Estado respecto de los ciudadanos que han confiados en él: el bien común, el derecho a una vejez digna, a prestaciones de salud, a viviendas y a condiciones de vida dignas. Estas, son las condiciones que tiene un Estado, y son los compromisos que asumió el Estado Argentino internacionalmente. Al suscribir convenios en materia de derechos humanos, no solamente el Pacto de San José de Santa Rica sino las demás convenciones internacionales.

– ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentó la lucha por los derechos humanos en Argentina, entre el 2004 y el 2016?

– En materia de las necesidades de revisar el pasado, impuestas por el gobierno durante ese periodo, fueron realmente saludables y cumplieron objetivos de distintas naturaleza. Pero creo que no se avanzó lo suficiente en materia de instalación en la comunidad de una cultura de los derechos humanos. Y no se avanzó nada, o casi nada, en el tema de la supresión de violencia institucional producida por la fuerza policial. Hay una sola forma, para mí, de organización política compatible con los derechos humanos: un Estado democrático que se hace cargo de cumplir y satisfacer esos objetivos, de administrar el país de suerte tal que no haya procesos de concentración de riqueza, procesos de fortalecimiento de las elites de poder, porque esto va en desmedro de segmentos importantísimos que viven en indigencia y en villas miseria.

El problema de las villas miseria en el conurbano bonaerense es un fracaso de las políticas de derechos humanos en Argentina. Se creyó acá que derechos humanos era simplemente condenar los militares represores olvidándose que derechos humanos son también cloacas, servicios públicos, trabajo digno, respeto por las condiciones de vida y policías democráticas con compromiso social. Los derechos son para atrás y para adelante y esto es un trabajo que deben darse un gobierno y un Estado. Mientras se está juzgando a los que mataron no se puede permitir que haya cárceles donde torturan porque es un contra sentido. No tendría coherencia, no podemos abandonar así un segmento de la realidad, el pasado nos apesadumbra y luchamos contra él, pero el presente nos azota y el futuro nos acecha.

– ¿Qué ganaron y que perdieron los organismos de derechos humanos enfocados en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia entre el 2004/2015?

– Los organismos han tenido una apertura y una participación significativa en la formulación de políticas públicas. Se les dieron grandes espacios educativos. Si esto ha sido suficiente o no, es una cuestión opinable. Se han hecho significativos progresos, pero los progresos han tenido un valor más simbólico que otra cosa. Los juicios todavía están dando vueltas y no se terminaron. Se dejaron libradas las cosas a su propia suerte: a los jueces reticentes, y a no estimular la acción judicial en los tiempos que la Verdad y la Justicia demandaban. Por otro lado, no se hicieron reformas a las instituciones policiales, no les impusieran, valores y criterios axiológicos, que permitiesen ponerles contención al ejercicio del poder. Esto conspiró en contra de la adecuación a un nuevo sistema democrático. Esto sigue siendo materia pendiente, porque si bien, a los programas de enseñanza que tienen las Instituciones Policiales se les pone un capitulillo sobre derechos humanos, en la práctica no se los controla ni se los sanciona. Y en materia carcelaria, la situación es más grave todavía: se sigue practicando la tortura, los apremios ilegales, en cárceles que no cumplen la finalidad resocializadora. El sistema penal, se ha endureciendo, fortaleciéndose con el simbolismo de penas más drásticas. Se han abandonado los estándares de un derecho penal mínimo, compatible con la vigencia de las garantías constitucionales democráticas.

– ¿Qué consecuencias ha tenido la fragmentación de los organismos de derechos humanos?

– Malas, porque la fragmentación siempre significa debilitamiento. La fragmentación significa: dispersión de las consignas, y también multiplicidad de objetivos, no todos coincidentes. Yo creo que eso ha sido un proceso negativo que debería haber sido reconducido en el poder ejecutivo.

-¿Cuáles fueron las fragilidades y las fortalezas de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina durante los años que gobernó el kirchnerismo?

-Se avanzó mucho en la recuperación de la Memoria porque, esto está asociado en los procesos penales donde se han ventilado responsabilidades, aclareciendo los hechos en particular. No puedo dejar de señalar la importancia que ha tenido el gobierno de Alfonsín en cuanto se propuso revisar el pasado, a su manera o con sus características, pero fue una decisión política que había que tomar. Y debemos mencionar la importancia de la CONADEP, que recibió las denuncias de las víctimas y de los familiares. La Cámara Federal Penal que integré tuvo a su cargo el juzgamiento de estos hechos atroces y aberrantes. De modo que esto fue un gran ejercicio de visibilización de los hechos del pasado con la instalación fuerte de la necesidad de Verdad y de Justicia. El período de gobierno de Carlos Menem, durante el cual se canceló la persecución fue muy malo porque mostró que no había ni convicción, ni fortaleza, ni continuidad dentro del Estado democrático nuevo. Estas banderas son levantadas fuertemente por Néstor Kirchner cuando llega al poder, instala en la sociedad la necesidad de ver el pasado y de establecer responsabilidades. Ese periodo y esa decisión fueron muy importantes a los fines de recuperar las políticas de revisión vinculadas a la continuidad democrática.

– ¿Qué obtuvieron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner con la reivindicación de la Memoria la Verdad y la Justicia?

– Quedó una gran adhesión popular, reflejada en los resultados electorales que tuvieron tanto  Néstor como Cristina Kirchner. Tuvieron un gran consenso y un fuerte acompañamiento de los sectores sociales más dinámicos. Si tuviéramos que apreciar cual fue el desempeño de los gobiernos entre el 2004 al 2015, en materia de derechos humanos, tendríamos que hacer un balance muy positivo.

– ¿Qué le restó?

– El tema no era solamente la revisión del pasado, era además una proyección sobre el presente y el futuro. Faltó vigilancia sobre el desenvolvimiento de las fuerzas que ejercen la violencia institucional, las policías no fueron reformadas y los delitos de lesa humanidad siguieron cometiéndose. Llamaría un fracaso que la fuerza moral de estos juicios no se proyectara hacia delante. Tampoco logró, del todo, instalar una sólida cultura de derechos humanos, que no deje persistir esta fantasía de que el endurecimiento del sistema penal es el antídoto contra el crimen o el delito. Eso es una deuda y eso es lo que está atravesando Argentina hoy.

– ¿Qué papel tuvieron los juicios?

– No han ayudado porque no hemos logrado trasladar la fuerza moral subyacente en la necesidad de los juicios con la verdad y la persecución, por el desempeño y el comportamiento del Estado hacia delante. Hay un germen que no ha sido debidamente combatido. De ahí la necesidad de un ejercicio cultural de difusión de valores, y de docencia respeto de la violencia que nos viene de dictaduras anteriores y que todavía no hemos logrado neutralizar.

– ¿En qué punto los organismos de derechos humanos internacionales y ciertas normativas de derechos humanos Internacionales, han favorecidos los avances? ¿Y en qué perspectivas los han obstaculizado?

-Nos han acompañado en el sentido de convenciones internacionales, de los cuales Argentina ha venido tomando parte y que forman parte de nuestro bagaje jurídico. Pero este no es un problema de carácter normativo. Creer que los problemas que tenemos, los podemos resolver a partir de normas internacionales es un error y nos puede conducir al fracaso y a la repetición de los hechos. Porque nosotros tenemos la batalla que tenemos que dar en la Argentina, la cual es cultural. Es la batalla por las ideas, por la democracia; Es la batalla por derechos humanos que no son simplemente las garantías personales del individuo frente al Estado sino son las demandas del individuo frente al Estado en su rol social. Todavía estamos con cuestiones de políticas de carácter neo liberal que entran en contradicción con caminos o senderos que debemos recorrer. Si nosotros no estamos en condiciones de dar trabajo digno, vivienda digna, alimentos dignos a nuestra población es porque no estamos convencidos. No practicamos ideas, que refuercen estos valores, es como si fuese un tema que nada tiene que ver con la problemática de los derechos humanos y tiene que ver simplemente con la elección de tal o tal política de Estado. Y mi percepción es que el compromiso ha quedado demasiado limitado a un segmento que es buscar la verdad, buscar la justicia respeto del pasado.

 

*León Carlos Arslanián presidió el pleno de la Cámara Federal porteña que juzgó a las juntas militares en 1985, fue ministro de Justicia de la Nación (1989-92) y dos veces ministro de Seguridad bonaerense. Extendió su labor en el ámbito regional (Veedor Internacional en el juicio llevado al ex Presidente de Perú, Alberto Fujimori (2008); fue Conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el 2002 hasta el 2016; miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Arslanián buscó reformar las fuerzas de seguridad en Argentina y ha sido miembro del Consejo Académico del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de la Seguridad. Es Autor del anteproyecto de creación del Observatorio Nacional del Delito y la Violencia (2010); Presidente de la Fundación “Por Nuestros Hijos”, dedicada a la investigación criminológica y el conflicto social (desde 1989); Director del Portal de Seguridad (www.portalseguridad.org) desde 2010; integrante del Jurado para la designación de miembros del Cuerpo de Investigadores Judiciales, creado por la ley 14.424 en el 2014 y Co-fundador del Acuerdo para la Seguridad Democrática, junto con el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), ONG’s y diferentes partidos políticos (desde 2009). Por otra parte, coordinó la comisión asesora por la reforma Penal entre el 2001 y el 2004 y es co autor del anteproyecto de Código Penal con Eugenio Zaffaroni, Federico Pinedo, Ricardo Gil Lavedra y María Barbagelata que se presentó en 2014.