“Esperamos una clara sanción contra el Estado”

Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, los dos abogados ambientalistas que denunciaron al Estado argentino ante la CIDH por el hostigamiento a los mapuches de Esquel que derivó en la desaparición forzada de Maldonado, explican las razones y los alcances de su demanda.

Los abogados ambientalistas Fernando Cabaleiro y Carlos Chuzo González Quintana denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el sistemático hostigamiento a la comunidad mapuche en Pu Lof, Cushamen, que derivó en la desaparición forzada de Santiago Maldonado el 1 de agosto pasado. La CIDH los convocó a una audiencia de trabajo que se realizará en Montevideo, Uruguay el próximo 25 de octubre en la que se tratará la desaparición del joven artesano por Gendarmería. Allí estarán presentes, su hermano Sergio Maldonado, Verónica Heredia (abogada de la familia), dos integrantes de la comunidad y representantes legales del Estado.

Entrevistados por Socompa, Cabaleiro y González Quintana cuentan sus viajes al territorio y el trabajo in situ. Las presentaciones ante la Comisión y la ampliación de la denuncia por violación a los derechos humanos mapuches en el marco de la causa por la desaparición de Maldonado.

La represión inicial del 10 y 11 de enero encontró a Carlos González Quintana trabajando en el Sur, en el armado de una acción de amparo ambiental contra el proyecto Laderas y el loteo que el magnate Joe Lewis pretende desarrollar en el Faldeo del cerro Perito Moreno, en la localidad de Mallín Ahogado, Río Negro. La noticia del ataque contra la comunidad -perpetrado por Gendarmería, bajo órdenes del desplazado juez federal Guido Otranto- le llegó de inmediato. Dos mujeres se acercaron al acampe donde se encontraba: pedían a gritos un abogado de derechos humanos. “De inmediato dejé el lugar y me fui con ellas para brindarles acompañamiento e intervención profesional”, recuerda Quintana. En El Maitén se encontró con la comisaría sitiada y miembros de la comunidad que pedían por los diez detenidos y los comuneros heridos en territorio ancestral. Chuzo fue de los primeros en recorrer los calabozos. “Se encontraban en condiciones inhumanas, las peores que uno pueda imaginarse, la cárcel semejaba un campo de concentración: celdas de dos por dos, sin baño, ventanas ni luz. Sólo un ventiluz desde donde me habló una de las mujeres detenidas a quien le habían quebrado la muñeca” explica el abogado, integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH  Córdoba). Se trata de Ivana Huenelaf, integrante de la Red de Apoyo a la Comunidad Mapuche y una de las víctimas del maltrato policial al que fueron sometidos los originarios tras la cacería desatada en la Pu Lof. Huenelaf contará días después que mientras los trasladaban encapuchados, tirados en el piso de la camioneta, uno de los policías les aseguró que “los harían desaparecer”.

Junto al colega Darío Ávila (querellante en la causa por las fumigaciones ilegales en el barrio cordobés Ituzaingó Anexo, juicio que condenó al dueño del campo y al aeroaplicador), interpusieron la primera denuncia por violación a los derechos humanos de los mapuches ante la CIDH, actuando de oficio para evitar posibles dilaciones en la intervención del organismo. A lo largo del año sobrevinieron nuevos viajes al sur, algunos solventados gracias al aporte de un fondo de lucha proveniente de decenas de asambleas y organizaciones sociales que posibilitaron afrontar los gastos de viáticos y estadía.

Con los pies en el barro de la historia

En septiembre, Cabaleiro y González Quintana volvieron por quinta vez a territorio mapuche. Estuvieron en Bariloche, Esquel y El Bolsón y recolectaron los testimonios que forman parte de su trabajo in situ presentado a la comisión. Allí concluyen que “hay ante todo responsabilidades penales, no solamente de una treintena de gendarmes -en especial una decena de ellos- que ingresaron al territorio ancestral mapuche con dispensa judicial para acribillar a jóvenes, con cartuchos de perdigones de plomo, que tienen capacidad para matar a una persona, tal como consta en las fotos tomadas por los comuneros de la Pu Lof. De esta agresión se presume que fue víctima Santiago Maldonado, según estos testimonios y los de funcionarios judiciales y del gobierno nacional”. Los letrados sostienen: “La conclusión que se presenta ante la CIDH es que Santiago Andrés Maldonado fue desaparecido forzadamente por la Gendarmería Nacional y que hay responsabilidad exclusiva del Estado argentino”.

– ¿Cuál es el objetivo del trabajo realizado en conjunto y la serie de presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

Cabaleiro: -Nuestro objetivo es abordar la problemática de los pueblos originarios en el país. La desaparición forzada de Santiago Maldonado se da en el contexto de un reclamo de la comunidad mapuche en el sur argentino que veníamos trabajando y acompañando desde enero de 2017 cuando fue ferozmente reprimida como corolario de todo un proceso de hostigamiento y persecución. Proceso que aún continúa, por eso también continúa nuestro trabajo. El objetivo es claro: que cese dicho proceso implementado y auspiciado por el gobierno nacional y provincial, con el acompañamiento de los poderes judiciales jurisdiccionales respectivos. Cuando sucedió lo del 1 de agosto ya estaba abierto un caso ante la CIDH, justamente por la represión de enero. Esa misma noche la denunciamos y mencionamos que un joven llamado Santiago Peloso -así conocían en la comunidad a Santiago, con su apellido materno- había sido llevado por Gendarmería. Los días subsiguientes fuimos aportando pruebas, fotos, notas periodísticas, las respuestas que daba el gobierno a los medios a través de la ministra de Seguridad, que eran inadmisibles, y daban cuenta de que estábamos, sin dudas, ante un caso de desaparición forzada de persona.

Los dos objetivos primarios se lograron: que la CIDH otorgue la medida cautelar -que obliga al Estado –  y que se designe una audiencia de trabajo. Ahora falta el tercero, que se bifurca a su vez, en dos y es que aparezca Santiago y hasta que ello no ocurra, que en todo momento el Estado se abstenga de amedrentar, hostigar, perseguir y estigmatizar a los comuneros y comuneras de la Pu Lof, testigos directos de su desaparición.

– La CIDH respondió cada uno de los requerimientos que presentaron en estos nueve meses de trabajo. ¿Qué expectativas tienen de la audiencia de trabajo convocada por la comisión en Uruguay los próximos días?

Cabaleiro: -A la audiencia en Montevideo vamos principalmente en el marco de la reunión de trabajo convocada  para tratar la desaparición de Santiago, pero también exigiremos que se tomen medidas para que el estado deje de perseguir a la comunidad y que se garanticen los derechos humanos indígenas. Esto, sin perjuicio de que hablamos de una política de estado que se da en el sur argentino y en todas las zonas del país donde habitan pueblos originarios.

González Quintana: -Decidimos cada una de las presentaciones para contrarrestar el blindaje judicial, mediático y político en torno al conflicto territorial mapuche. Santiago Maldonado no es el primer y único desaparecido: la desaparición forzada de Santiago representa el hecho más grave de una escalada represiva por parte del estado. Él estaba allí, en territorio recuperado, como parte de un grupo de apoyo no mapuche en solidaridad con los reclamos indígenas. Pero los originarios desaparecidos son cerca de doscientos. No existen datos oficiales ni estadísticas y la política represiva se agudiza en torno a la entrega territorial. Esperamos una sanción ejemplificadora por parte de la CIDH contra el estado argentino.

Los llaman “abogados sin corbata” y dicen presente en cada causa invisibilizada de aquellos que se oponen a la entrega de los recursos naturales y el despojo de los bienes comunes. Son parte de la generación que aún grita “Nunca Más” mientras una fuerza del Estado desaparece personas.