Una declaración frente al tribunal que juzga, más de cuatro décadas después, siete crímenes de lesa humanidad cometidos en La Plata por el grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria.
A veces el violento oficio de escribir, como lo llamaba Rodolfo Walsh, te lleva a los tribunales. Es la última audiencia con testigos del juicio que investiga siete de los más de setenta crímenes cometidos por el grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en La Plata. Es lunes y ayer hubo elecciones. Tengo sueño y se hace larga. Soy el último en declarar.
No es la primera vez que me siento en esta sala de audiencias de los tribunales platenses, en el viejo Hotel Provincial. Aquí declaré en los juicios por la verdad sobre la desaparición de mi compañero de militancia Gabriel Galíndez, en mayo de 1977, cuando el Ejército se lo llevó de una casa que ya no era segura. Carlos – yo por entonces sólo lo conocía por su nombre de guerra- estuvo meses secuestrado hasta que los genocidas hicieron aparecer su cuerpo baleado a quemarropa diciendo que había muerto en un enfrentamiento.
El salón aún conserva algunos recuerdos de sus viejos lujos hoteleros: las arañas, las molduras, las puertas fuertes y altas. Se trata de lujos gastados, casi borrados por el uso cotidiano de una dependencia pública.
Me siento frente a los integrantes del Tribunal Oral Federal de La Plata. Es extraño, los jueces Pablo Vega, Alejandro Daniel Esmoris y Germán Castelli vienen de afuera, casi no conocen la ciudad. Los tres son subrogantes en un juicio donde costó constituir el tribunal. La ausencia del juez Carlos Rozanski es una presencia fuerte que ha sobrevolado el desarrollo del juicio. Su renuncia – luego de sufrir innumerables presiones – fue un tiro, otro más, contra la Justicia.
A mí derecha se distribuyen los fiscales y los abogados de las querellas; a la derecha están sentados los abogados de la defensa y los dos acusados: Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi. Tengo sensaciones encontradas cuando los miro; no quisiera mirarlos pero sé que tengo que hacerlo. Miro esos ojos que han visto morir acribillados a más de setenta cuerpos vivos e indefensos. Miro a esos asesinos que los mataron. Sólo después de hacerlo, hablo.
Relato lo que durante casi siete años hemos investigado con Alberto Elizalde Leal sobre los crímenes de la CNU platense. Reconstruyo la historia de ese grupo de la ultraderecha peronista creado por el latinista Carlos Disandro, el hombre que le regaló el concepto de “sinarquía internacional” a Juan Domingo Perón. Explico que la CNU fue en sus inicios un grupo de choque universitario nacido en La Plata y que se extendió hacia Mar del Plata y otras ciudades. Que se integró como un engranaje del terrorismo de Estado previo al golpe del 24 de marzo de 1976 cuando Victorio Calabró se hizo de la gobernación de la Provincia de Buenos Aires; que a partir de octubre de 1975 empezó a actuar bajo las órdenes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército; que después del golpe el grupo de tareas siguió participando de la represión ilegal hasta que los propios militares le pusieron freno por su tendencia a actuar por la libre, desoyendo las órdenes.
Tomo agua, pido que me vuelvan a llenar el vaso de plástico, la boca se me ha ido secando al hablar. Relato lo que, con Alberto Elizalde Leal, hemos podido averiguar sobre los crímenes que se ventilan en el juicio. Nombro a las fuentes que puedo, me niego a nombrar a las demás. Hablo de testimonios, de documentos, de víctimas, de asesinos, de zonas liberadas por la policía bonaerense, de órdenes del gobernador Calabró, de secuestros nocturnos, de torturas, de fusilamientos. Hablo del terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad.
A su entender, ¿no se trataba de tensiones dentro del peronismo?, me pregunta más o menos el juez Esmoris.
Tensiones tienen los matrimonios, le contesto. No había tensiones, era la aplicación de la doctrina de seguridad nacional.
Pero había sectores del peronismo en pugna, me dice (creo que insistiendo para escuchar algo que quiere escuchar).
No, las víctimas de la CNU no fueron sólo militantes peronistas de izquierda. Mataron militantes de otras organizaciones de izquierda, docentes, estudiantes, sindicalistas, delegados de fábrica. No hubo dos sectores en pugna, lo que hubo fue terrorismo de Estado, le contesto.
Los abogados defensores casi no preguntan. Buscan un par de pelos en la sopa pero no los pueden encontrar.
Todo ha terminado. Han pasado casi dos horas y pido nuevamente agua. Han pasado casi siete años desde que Elizalde y yo empezamos a investigar los crímenes de la patota. Han pasado más de cuatro décadas desde que se cometieron esos crímenes.
Sólo queda esperar los alegatos y el fallo del tribunal. ¿Será Justicia?