La investigación y el juzgamiento de esta operación transnacional de terrorismo de Estado en los distintos países de la región es un espejo de lo que cada uno de ellos ha avanzado en el terreno de los Derechos Humanos. Los casos de Paraguay y Argentina en uno y otro extremo.

Es una reflexión a más de 40 años de los sucesos, no una crónica. Pues mucho se ha hablado y escrito. Incluso parcialmente, es cosa juzgada. Pero siempre, es preciso volver sobre el nudo gordiano, siempre esquivo. Por su propio carácter. Militar, secreto, encubierto, transnacional, terrorista e ilegal, la Operación Cóndor, sumó todas las tipologías penales de los crímenes de lesa humanidad. Todas. Y generó respuestas políticas y jurídicas nunca antes pensadas, como el carácter imprescriptible y de delito continuado de la desaparición forzada de personas por la propia Naciones Unidas, internalizadas luego por muchos Estados.

Automotores Orletti, uno de los CCD del Plan Cóndor. (Foto Claudia Conteris).

Esta operación secreta no fue la única, ni la primera ni la última del terrorismo de Estado en nuestra común región sudamericana, llevada a cabo con conocimiento, saber hacer, y encubrimiento del gendarme de la región y el silencio de muchos de sus aliados transatlánticos con el pedigrí de contar con democracias de doscientos o trescientos años de antigüedad. Una gran democracia imperial, que eligió controlar todo un continente durante la guerra fría, con mecanismos militares terroristas, a través de colonizados dictadores y sus bloques cívico-militares, a la vez que impuso modelos de disciplinamiento y subordinación político-económica.

La denominación de la Operación Cóndor, surgió de las investigaciones e informaciones de primer nivel de la periodista Stella Calloni y otros. Pero hasta el día de hoy, ella se esfuerza en diferenciarlo respecto de un “plan”. Fue una “operación”, militar encubierta, ilegal, transnacional, terrorista, insiste con tenacidad.

Por parte de sus planificadores, fue concebida para contener preventivamente, la contraofensiva de una sobredimensionada Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), que transformaría la larga Cordillera de los Andes en una gran Sierra Maestra, en uno, dos o tres focos de insurgencia del tipo vietnamita. Cada país un foco. Pero, para sus víctimas y sobrevivientes, fue un gran colador para evitar el exilio, el refugio, el asilo de cientos de miles de militantes dictatoriales revolucionarios, democráticos y sus familiares, para devolverlos a la boca del lobo de sus países de origen, extraerles al límite de la vida toda la información posible de sus camaradas, descabezar generaciones enteras de dirigencias reales y potenciales, y de ser posible, darles un destino final argelino: en el fondo del mar o bajo tierra.

En tribunales penales argentinos la Operación Cóndor se juzgó y se condenó como plan sistemático con todos los agravantes posibles. Fue conocida por años como la “Causa 1504”, tramitada ante el TOF 1, a la que se sumaron otras, para llegar a la sentencia en 2016, a través de 5.000 folios de descripción sistemática del terror. Hoy documento público y de libre acceso en la red. Ella sigue su camino por las instancias superiores y las investigaciones continúan. El último recurso de la defensa del 4 de mayo de 2018, tuvo resultado negativo.

Automotores Orletti, hoy sitio de la Memoria. (Foto: claudia Conteris).

Si bien en el ámbito jurídico y de la investigación, la Operación Cóndor tuvo vigencia entre los 1975 y 1980, fue posible rastrear en testimonios y documentos de estado, pruebas de que existieron cooperaciones transnacionales terroristas encubiertas antes y después de esas fechas icónicas de inicio y final, en algunos casos denominados para su mejor comprensión como “pre Cóndor”. Y con posterioridad, si bien pudieron no estar en algunos casos “todos los socios”, por lo menos fue posible identificar cooperación entre binomios.

En el caso del Paraguay, está muy documentado que la estructura operacional del capítulo paraguayo del Cóndor, estuvo activa hasta 1989, año del golpe militar “democratizador” bajo el paraguas y andarivel del Consenso de Washington. A pesar de no existir en el Paraguay ninguna ley de amnistía o de obediencia debida o de punto final; a pesar de haberse redactado una nueva Constitución Nacional; a pesar de que el estado paraguayo ratificó todas las convenciones y tratados en materia de derechos humanos; a pesar de ser integrante del Consejo de Derechos Humanos; y a pesar de ser uno de los primeros veinte en ratificar y depositar su aprobación a la Convención Contra la Desaparición Forzada de Personas. A pesar de los pesares. En ámbito jurisdiccional penal paraguayo, no ha sido condenado un sólo efectivo militar que integró la Operación Cóndor.