Con la presencia de más de mil delegados, este 10 de marzo múltiples organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena se reunirán para discutir propuestas y demandas. La agenda: propiedad de la tierra y las semillas, concentración en las cadenas de comercialización, medio ambiente, biodiversidad.
La agricultura familiar, campesina e indígena, como así también el sector perteneciente a la pesca artesanal, tiene sus urgencias frente a los avances desmedidos del sector siempre avasallante de la agroindustria y convocan al Congreso Nacional por la Tierra, la Producción y Nuestra Casa Común. El inicio será el viernes 10 de marzo con una Feria Federal de la Agricultura Familiar y la Pesca Artesanal de la Nación Argentina, frente al Congreso de la Nación, desde las 9 hasta las 14. En el espacio pública se extenderán cien puestos de pescado fresco, verduras y hortalizas agroecológicas, chacinados, lácteos y envasados a precios populares.
Desde esa misma tarde y hasta el domingo 12, las actividades se desarrollarán en el Centro Recreativo Nacional (CERENA), en avenida Fernández García, los Bosques de Ezeiza. El objetivo es unificar propuestas y acuerdos en el sector. Lo ejes convocantes serán Tierra y Territorio, Producción, Comercialización y Agregado de Valor y Cuidado de Nuestra Casa Común. Allí se abordarán aspectos relacionados con el cuidado del ambiente, el modelo productivo con perspectiva de género, y la posesión y distribución de la tierra como medio de vida y no como una mera mercancía o inversión, propia del modelo hegemónico liberal. Tal como se expone en uno de los documentos convocantes, “muchas de las familias de la agricultura familiar, campesina e indígena no contamos con el capital necesario para acceder a la compra de insumos, equipamiento y tecnología, necesarias para generar un salto cualitativo y cuantitativo en la producción de alimentos. También encontramos dificultades en el acceso a programas de financiamiento y líneas de crédito por el bajo nivel de formalización que tenemos en el sector. Muchas unidades productivas no hemos logrado colocar nuestros productos en el mercado, porque ese mercado está concentrado en manos de unos pocos”.
La convocatoria la realizan las organizaciones campesinas, de la agricultura familiar, la pesca artesanal, ambientalistas, de pueblos originarios, espacios de investigación y académicos, eclesiásticos y sectores productivos, entre los que se destacan el Frente Agrario Evita, la Federación Nacional Campesina, el Frente Agrario Octubres, la Federación Rural para el Arraigo y la Producción, el Movimiento Plurinacional Madre Tierra, la Federación Argentina de Pesca Artesanal, la organización 25 de Mayo – Tierra Mía y Ava Gcuaraní entre otras. Ya confirmaron su presencia más de mil delegados, por lo cual la mayoría de las organizaciones e instituciones del sector estarán representados para abordar las discusiones y propuestas posteriores de los puntos trazados en el mismo documento, como la posible modificación de la ley de semillas.
En ese aspecto el documento dice que: “En Argentina, desde el 2012, se viene discutiendo una posible modificación de la Ley de Semillas impulsada por el sector de las grandes corporaciones, que propone que se deba pagar regalías por el uso de las semillas y las mejoras genéticas que tienen e impidiendo que los y las agricultoras puedan hacer uso de sus propias semillas. Debemos exigir que se sancione una Ley de Protección a la Semillas Nativas y Criollas”.
En lo referido al sector de la pesca artesanal agrega: “En los últimos años, este colectivo también ha sufrido un gran impacto, llegando hoy a la situación de tener ríos depredados con muy bajo volumen de peces afectando el sustento de vida de muchas familias pescadoras. Las especies tienen ciclos de reproducción y tiempos que deben respetarse para poder seguir garantizando su existencia”. Tampoco se deja de lado el tema que involucra a la ganadería campesina: “En el caso de los animales, también es necesario diversificar la genética y multiplicar variedades criollas adaptadas a los distintos ambientes de nuestro país. Para ello necesitamos que las políticas de investigación y desarrollo se focalicen en estas variedades/razas que nos permita producir más y mejor, respetando nuestra diversidad cultural”.
Desde el recientemente creado Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, se alienta la realización de este encuentro que pone sobre la mesa y visibiliza las problemáticas, obstáculos y avances de este sector que aporta el 75% de los alimentos que se consumen en los hogares argentinos. Tal como se proclama desde el inicio del documento: “Las/los campesinos criollos y originarios; obreros/as rurales; pequeños/as productores de la agricultura familiar; chacareros/as chicos y medianos; colonos/as, pescadores/as; producimos frutas y hortalizas, granos y cereales, cultivos ancestrales, ganado mayor y menor, avicultura, apicultura, pesca artesanal, y también desarrollamos productos elaborados, dando valor agregado a la producción primaria.
Sin embargo, muchas de las familias de la agricultura familiar, campesina e indígena no contamos con el capital necesario para acceder a la compra de insumos, equipamiento y tecnología, necesarias para generar un salto cualitativo y cuantitativo en la producción de alimentos. También encontramos dificultades en el acceso a programas de financiamiento y líneas de crédito por el bajo nivel de formalización que tenemos en el sector. Muchas unidades productivas no hemos logrado colocar nuestros productos en el mercado, porque ese mercado está concentrado en manos de unos pocos”.
En las propuestas a discutir y en busca de soluciones no se deja de lado el tema de la posesión de la tierra que atañe a la ejecución de la Ley de reparación Histórica de la Agricultura Familiar, ni tampoco a los desastres climáticos y sociales que provoca la concentración de grandes extensiones en manos de unos pocos. “En nuestro país avanza un modelo extractivista asociado al agronegocio, la mega minería, la extracción de petróleo y gas, de manera indiscriminada, sin un ordenamiento territorial planificado y sin participación y consulta con los pueblos que habitamos los territorios dónde desarrollan ese modelo arrasador. Este modelo ocasiona desmontes y quemas ilegales, pérdida de biodiversidad y de ecosistemas, desertificación de los suelos, contaminación de ríos y mares, sobreexplotación de los recursos naturales, y emisión de gases de efecto invernadero. Este modelo ha mostrado consecuencias ambientales negativas, pero también consecuencias sociales y económicas que afectan a toda la población en general, y a los más humildes en particular. Sufrimos la falta de agua potable, los aumentos de temperatura, las sequías e inundaciones, las enfermedades asociadas a la contaminación y al uso de agrotóxicos”.
