Un oscuro día de injusticia

El TOF 1 de La Plata calificó como delitos de lesa humanidad a los secuestros y asesinatos cometidos por la Concentración Nacional Universitaria y condenó a prisión perpetua a Carlos Castillo (a) El Indio, pero amparándose en tecnicismos absolvió a Juan José Pomares (a) Pipi, el acusado que contaba con mayor cobertura política.

Es un fallo de acuerdo con los tiempos políticos que corren/ dieron una de cal y una de arena/ lo condenaron al Indio porque no tenían más remedio pero aprovecharon esa condena para tener más margen y salvarlo al Pipi/ es una barbaridad pero al final uno termina hasta aliviado porque los consideraron crímenes de lesa humanidad. Estas fueron algunas de las frases que se escucharon ayer en medio del dolor y la indignación de los familiares de las víctimas  e integrantes de organismos de derechos humanos reunidos en el hall del primer piso de los tribunales federales que funcionan en el edificio del viejo hotel provincial de La Plata.

No habían pasado más de diez minutos desde que el presidente del  TOF N°1, Germán Castelli, había arrancado primero aplausos y después una avalancha de gritos de indignación  al leer el fallo que condenó a prisión perpetua a Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y al mismo tiempo absolvió “por el beneficio de la duda” a Juan José Pomares (a) Pipi en el juicio al que fueron sometidos ambos por siete secuestros y cuatro asesinatos cometidos por la banda peronista de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria que actuó en La Plata como parte del aparato terrorista del Estado entre mediados de 1974 y mayo de 1976.

Castillo y Pomares estaban acusados de homicidios agravados y calificados, torturas, secuestros, robo y violación de domicilio, cometidos en tres operaciones parapoliciales realizadas por la CNU el 12 de febrero, el 4 de abril y el 19 de abril de 1976.  La causa incluyó el secuestro y posterior asesinato de Carlos Antonio Domínguez, presidente del Partido Justicialista de La Plata y dirigente gremial de los trabajadores del hipódromo de esa ciudad, cometido el 12 de febrero de 1976; el secuestro y asesinato de los militantes montoneros Graciela Martini y Néstor Hugo Di Notto, crimen perpetrado la madrugada del 4 de abril de 1976 y del que sobrevivieron milagrosamente otros dos integrantes de la tendencia revolucionaria del peronismo; y el secuestro y asesinato de Leonardo Miceli, integrante de la comisión interna de una empresa que prestaba servicios tercerizados en Propulsora Siderúrgica, cometido la noche del 19 al 20 de abril de 1976. Esa misma noche también fueron secuestrados y asesinados Carlos Satich, compañero de Miceli en la misma empresa, y el militante gremial peronista Horacio Urrera, crímenes que llamativamente no fueron incluidos en la causa.

También  quedaron fuera de la instrucción –que llevó durante años y morosamente el ex juez Arnaldo Corazza – más de noventa secuestros y asesinatos cometidos por el grupo de tareas de la CNU platense entre 1974 y 1976. También eludieron la acción de la Justicia la casi totalidad de los autores materiales e intelectuales de esos crímenes.

Esperando el veredicto

Desde muy temprano las caras de muchas de las víctimas del grupo de tareas de la CNU platense parecen mirar a los que van llegando desde medio centenar de carteles colgados de las rejas que rodean el frente del viejo Hotel Provincial. Sobre la calle ocho, unas diez personas trajinan para instalar la radio abierta que buscará hacer público que allí se realiza un juicio por crímenes de lesa humanidad.

En el hall del primer piso, Ariel Suárez da instrucciones a su equipo para que acomoden la cámara y los equipos de sonido. Está realizando un documental sobre el proceso que se les sigue a dos de los asesinos de su madre, Luisa Marta Córica, militante de la Juventud Peronista y delegada de los empleados del Hipódromo de La Plata, secuestrada, torturada y fusilada por la CNU en abril de 1975. Se lo nota nervioso y emocionado, dividido entre el trabajo que se propuso hacer y la expectativa por el fallo. Espera que este proceso abra las puertas de otro donde se juzgue a los asesinos de su madre.

Daniel Hugo Pastorino, sobreviviente de su secuestro y testigo del juicio, camina incansable desde el hall al enorme balcón que se asoma a la calle 8. Es una de las pocas personas que vivieron para contarla: cuando la CNU secuestraba casi no había posibilidad de salvación. Pastorino y Úrsula Barón, secuestrados en abril de 1976, siguieron con vida porque uno de los integrantes de la patota – que conocía al hermano de Úrsula – le exigió a Castillo que los soltara. Barón también declaró en el juicio, donde brindó un testimonio desgarrador de esa noche y de la muerte de Carlos Hugo Dinotto y Graciela Martini, la pareja que fue secuestrada con ellos. Rodolfo Fiandor salvó su vida al arrojarse desde el baúl de un Ford Falcón y correr a campo traviesa entre una lluvia de balas cuando lo llevaban para fusilarlo junto a Carlos Domínguez. Quedó traumatizado para siempre e, incluso vuelta la democracia, vivió muchos años en una voluntaria semiclandestinidad. Luego de muchas vacilaciones, declaró en la instrucción del juicio contra sus victimarios pero murió antes de verlos sentados en el banquillo de los acusados.

Los familiares y compañeros de las víctimas de “la masacre de La Plata” se van sumando en una de las esquinas del hall, cerca de las puertas que dan al balcón. Entre el 4 y el 5 de septiembre de 1975, la CNU secuestró y asesinó a ocho militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) que estaban participando de actividades de solidaridad con los obreros de Petroquímica Sudamericana en una planta de las afueras de La Plata. Aunque estas muertes no fueron incluidas en el juicio, el grupo no faltó a ninguna de las audiencias, dando apoyo a las otras víctimas y con la esperanza de que el fallo del tribunal permita que esta causa también llegue a juicio.

Falta todavía para el momento de escuchar las palabras finales a las que tienen derecho los acusados cuando el cronista recibe una verdadera sorpresa. Durante los seis años de trabajo que llevó la investigación de La CNU. El terrorismo de Estado antes del golpe, tanto él como Alberto Elizalde Leal trataron de hablar cara a cara con una persona. Aunque en más de una ocasión les hizo llegar información o la corrección de algún dato a través de terceros, nunca se prestó a hablar personalmente. Ahora, en el balcón del tribunal, esa persona se acerca y se presenta. La conversación se prolonga casi una hora, quedan en volver a hablar.

De regreso en el hall se lo puede ver al abogado de Pomares conversando muy animado con uno de sus acompañantes. Viste una remera negra que deja ver un tatuaje en su bíceps derecho, pero lleva bajo el brazo un saco que seguramente se pondrá cuando comience la audiencia. Se ríe, relajado. Mala señal.

El llorón y el psicópata

Los acusados entran a la sala del tribunal y los custodios les quitan las esposas. Pomares acomoda su cuerpo largo en la silla, sin levantar la cabeza. Esa ha sido su actitud corporal durante todo el juicio. Y la única vez que habló su puso a llorar. Castillo mira, soberbio e imperturbable como siempre.

Los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris entran cuando ya todo está preparado. Son poco más de las diez de la mañana y es el momento en que los acusados hablarán por última vez ante el tribunal.

Los guiones de los discursos no cambian, aunque esta vez Pomares no llora sino que se conforma con victimizarse nomás. “Soy absolutamente inocente”, dice. “No soy el que algunos quieren que sea”. Esos algunos son, claro, las víctimas, sus familiares, aquellos que con grandes costos emocionales revivieron sus tragedias cuando dieron testimonio.

Castillo también sigue fiel a sí mismo. Desafía, desprecia y termina con una amenaza: “Los hombres y mujeres de buena voluntad que con la ayuda de dios, fuente de toda razón y justicia, que solo deseamos habitar este suelo para vivir y trabajar en paz, solo podemos prometerle a nuestros hijos, a sus hijos y a los hijos de nuestros hijos, más sangre, más dolor y más lágrimas”, (sic) dice.

Los jueces vuelven a retirarse, formalmente para una última deliberación después de escucharlos. En realidad se trata de una formalidad. A esta altura en todos los juicios los fallos ya están cocinados y escritos, sólo falta servírselos al público. Pero hay que esperar.

La hora de ¿la verdad?

Cuesta entrar a la sala de audiencias para escuchar el veredicto. Testigos y periodistas primero (el cronista entra en esa doble condición). El resto del público, más numeroso que a lo largo de todo el juicio, deberá seguir la lectura del fallo por la pantalla y los altavoces instalados en el hall. Muchos periodistas que no han tenido la previsión de acreditarse, también.

Sentado en un banco de la quinta fila, a la derecha del cronista, Pablo Gershanik se revuelve inquieto. Es el hijo de Mario Gershanik, pediatra platense asesinado en su casa por un grupo de tareas conjunto de la Triple A y la CNU, con el Indio Castillo y Aníbal Gordon a la cabeza. Lo mataron delante de Graciela, su mujer, que tenía a Pablo, de apenas meses, en brazos. La casa quedaba a una cuadra de la Jefatura de la Bonaerense. Hubo gritos, hachazos y tiros durante más de quince minutos, con la calle cortada por autos sin identificación. Ningún policía se acercó siquiera a ver qué pasaba. “¿Qué pensás que va a pasar?”, le pregunta Pablo al cronista, que no se atreve a dar una respuesta. Lo mismo le pasó más temprano, cuando se encontró con Alicia, la hermana de Mario, en el hall. No pudo contestar.

A la izquierda, en dos bancos, están distribuidos los familiares y compañeros de las víctimas de “la masacre de La Plata”. Cuando el juez Castelli empiece a leer el fallo apoyarán todos sus manos, una sobre la otra, casi en un gesto de comunión.

Los primeros puntos del veredicto arrancan aplausos. Los jueces han decidido calificar a los crímenes cometidos por la CNU como de lesa humanidad. Los puntos siguientes, bien técnicos, generan inquietud. Lo que más preocupa al cronista – y ve lo mismo en el rostro de Marta Vedio, abogada de la querella – es que sus señorías decidieron desestimar los reconocimientos fotográficos que los testigos hicieron durante la instrucción. Una medida que, sin duda, favorece la situación de Pomares.

Van siete minutos de lectura del fallo cuando llega la condena a prisión perpetua para el Indio Castillo y la sala (y más allá el hall) estalla en aplausos. Durarán muy poco. Un minuto después, el juez Castelli lee que el tribunal ha resuelto otorgarle el “beneficio de la duda” al Pipi Pomares por lo que lo absuelve y ordena “su inmediata libertad”.

Hay gritos, hay llantos, hay puteadas. Los jueces se retiran luego de ordenar el desalojo de la sala. Pero nadie quiere irse: se gritan los nombres de las víctimas, se promete que a los asesinos olé-olé-olé-olá-a-dónde-vayan-los-iremos-a-buscar. Siguen los llantos y los abrazos. Alicia Gershanik se abraza al cronista que, impotente, sabe que no podrá consolarla. La policía, con mucha delicadeza y cuidado, logra finalmente que la sala quede vacía. La indignación, las puteadas, las primeras reflexiones y los llantos seguirán en el hall, donde nadie escuchará el resto del fallo que leerá Castelli en la sala sin público.

“Los jueces dictaron una sentencia pseudo salomónica, acorde a los tiempos políticos que soplan. La absolución de Juan José Pomares es una señal muy preocupante de cara a lo que viene. No obstante, hay que señalar que las tropelías de la CNU a partir de hoy dejan de ser tales y se reconocen como crímenes de lesa humanidad. Con esa convicción vamos a recurrir a Casación y a recorrer todas las instancias que sean necesarias hasta lograr Verdad y Justicia”, le dice al cronista Marta Vedio, abogada querellante.

“Es un fallo acorde a la época, donde la valoración de la prueba que hicieron los jueces no se condice con el reconocimiento de que son delitos de lesa humanidad. Pero hay que destacar un par de cosas. La primera, es ésa, son crímenes de lesa humanidad los que cometió la CNU, es decir que los hizo al amparo del Estado. La segunda, Castillo fue condenado. La tercera, la absolución por beneficio de la duda de Pomares se da a partir de la anulación de los reconocimientos de primera instancia por valoraciones técnico jurídicas, pero no se pone en duda a los testimonios. Por eso todos los hechos se consideran probados. Obviamente genera enojo,  pero era previsible por la protección política y judicial con que contó Pomares desde el inicio de la causa”, explica otra de las abogadas de las querellas, Guadalupe Godoy.

Alicia Bellingieri, testigo de contexto y experta del Archivo Provincial de la Memoria, se acerca al cronista aferrada a una idea: “Es importante que los hayan considerado delitos de Lesa Humanidad, existía la posibilidad de que no lo hicieran”, dice.

En casi todas las conversaciones, la idea que se repite una y otra vez es la misma. La jugada de los jueces fue condenar a Castillo, que era insalvable, y con el colchón de credibilidad que les dio esa condena decidieron salvarlo a Pomares.

Son poco más de las dos de la tarde. Afuera brilla un sol que encandila al salir de un tribunal donde se acaba de vivir un oscuro día de (in)justicia.