Montado por el Ejército en Campo de Mayo, fue el Centro Clandestino de Detención más grande del país, por el que pasaron entre cuatro mil y siete mil desaparecidos. Aunque se cree que su suelo puede estar sembrado de cadáveres, el gobierno quiere transformarlo en Reserva Ambiental.
Unas zanjas abiertas por el Equipo Argentino de Antropología Forense son prueba de que la justicia cree que ese suelo podría estar sembrado de cadáveres. Serían el abono para unos cardos gigantes, de más de tres metros de altura, que crecen en los bordes del bosque nativo. Fuera del caminito hay espinillos, talas, yuyos y malezas de todo tipo y algunos eucaliptus y casuarinas enormes plantadas por el hombre. Por una de ellas, señalada con precisión por un fugitivo, es que pudo ubicarse este sitio conocido como El Campito, donde hace 40 años estuvo el centro clandestino de detención y exterminio más grande de los cuatro que funcionaron en Campo de Mayo, y el mayor del país durante la última dictadura. Con menos fama que la Esma, por esa guarnición del ejercito pasaron entre 4 y 7 mil desaparecidos. “No sabemos con precisión, son cálculos aproximados porque los registros los tienen ellos”, dice en referencia a los militares el ex preso político y abogado José Schulman, dirigente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el decano de los organismos en el país. El presidente Macri y su ministro de defensa Aguad firmaron el pasado 16 de noviembre el decreto 1056/2018 que convertirá las dos terceras partes de sus 3.800 hectáreas en una Reserva Ambiental urbana para conservar “la diversidad biológica y el patrimonio cultural de la Nación”. Salvando la distancia, como instalar una cervecería en las barracas de Auschwitz para que no se pierda esa tradición.
Iris Avellaneda, también dirigente de la Liga y querellante en las causas por delitos de lesa humanidad en esa guarnición, encabezó la semana pasada la segunda visita de familiares de víctimas de la represión al antiguo CCD tras el decreto presidencial. Iris fue secuestrada junto a su hijo Floreal Avellaneda el 15 de abril de 1976 por un grupo de tareas que buscaba al padre, un delegado fabril comunista que logró escapar por los techos. Tras torturarlos en la comisaría de Villa Martelli, a ella le llevaron a Olmos y luego fue blanqueada aunque estuvo presa hasta la restauración democrática. Pero al Negrito, que no tenía 16 años, lo llevaron a El Campito. El fiscal Julio Strassera contó luego que su caso fue el que más lo conmovió en la galería del horror ventilada en el histórico Juicio a los Comandantes de 1985. Según los sobrevivientes, el pibe, militante como su padre, no entregó información y hubo especial ensañamiento. Su cuerpo fue encontrado un año después junto a otros siete cuerpos en la costa uruguaya. Tenía el cuello partido pero la autopsia reveló que la causa de muerte había sido una tortura medieval: el empalamiento. Luego los militares uruguayos desaparecieron el cadáver.
“Quiero parecer fuerte pero no puedo. Aun busco sus huesitos para poder velarlos”, se quebró Iris tras la ceremonia multiconfesional que oficiaron el cura católico de la opción por los pobre Eliseo Marenco y el pastor metodista Fernando Suárez. Tras las plegarias y lectura comparada de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y citas bíblicas, los presentes encendieron velas y cantaron canciones de Víctor Heredia y León Gieco. Las letanías a cada suplica fue la frase “Danos Memoria, Verdad y Justicia”. Luego se dieron el abrazo de la paz y gritaron los nombres de sus seres queridos, presentes, ahora y siempre.
Por lo que aquí paso, el entonces jefe de Instituto Militares y máxima autoridad durante la dictadura, el general degradado Santiago Omar Riveros, ya recibió media docena de condenas a prisión perpetua que comenzó a cumplir en el penal de la guarnición. Incluye condenas por el robo de bebés tras partos clandestinos en el Hospital Militar del cuartel. Hoy tiene 95 años y la justicia rechazó aplicarle el recurso del 2 x1 pese a que está detenido desde el 2007.
El Campito es el corazón de las tinieblas. Para llegar allí hay que ser vaqueano. Ingresando por la Puerta 8 de Campo de Mayo, se sigue por la ruta 8 que desemboca en Puerta 4, de Bella Vista. A mitad de camino se desvía por la avenida interna General Idedate, que corta casi al medio la guarnición. Une la ruta 8 con la ruta 2002, que va desde San Miguel a Don Torcuato. Se pasa frente a la Escuela de Artillería y el Penal Militar, y unos dos kilómetros adelante está el Polígono de Tiro, una referencia ineludible. Del otro lado de la avenida hay una tranquera con custodia militar y un kilómetro adelante hay que dejar los coches y se inicia una caminata hasta llegar a un viejo portón de alambre. Los soldados, jóvenes nacidos después de los años negros, son correctos y cordiales, y lo abren siguiendo la orden del Juzgado Federal 2 de San Martín, que tiene a su disposición el sitio y autorizó la visita.
Una picada en medio del bosque desemboca 500 metros adelante en una pequeña construcción semidestruida de dos habitaciones, sin puertas ni ventanas. Ningún cartel la identifica pero se sabe que allí funcionó una guardia de acceso al CCD. Se supone, también operó para interrogatorios. Una foto pegada en un poste evoca a Cacho Scarpatti, un jefe montonero que llegó allí en 1977 con ocho tiros en el cuerpo y dos años después pudo escapar para relatar por primera vez desde España lo que había vivido. Siguiendo la picada, a 100 metros se encuentra la casuarina con marcas de alambrado perimetral que el sobreviviente identificó con precisión para ubicar el lugar donde estaba el galpón de madera donde se alojaban a los detenidos-desaparecidos antes de resolver su situación. Generalmente un vuelo de la muerte desde el campo de aviación del ejército cercano u otra más fulminante. Algunas ruinas de material excavadas muestran lo que serían los contornos de la precaria instalación.
Muchos de los visitantes de El Campito creen que sus familiares pueden estar enterrados debajo de esa espesura que el monte, cercano al rio Reconquista, va cubriendo. En la división de tareas del terrorismo de Estado, mientras al a Esma iban los militantes montoneros secuestrados, a Campo de Mayo iban los militantes del ERP, de la izquierda y dirigentes sindicales de base, como los de Ford, Astarsa, Tensa y Mercedes Benz. Una bandera especial recordó a esos obreros en la recorrida.
Son las dudas que acechan a Ana Bianco, cuya hermana Alicia militaba en la izquierda armada y fue secuestrada-desaparecida a comienzos de 1977. Su secuestro llevó a la mamá de ambas, Mary Ponce de Bianco, a unirse al grupo inicial de las madres de Plaza de Mayo que fue secuestrado el 8 de diciembre de 1977 en la puerta de esa iglesia de la Santa Cruz. Arrojada en un vuelo de la muerte, el mar devolvió su cuerpo y sus restos están enterrados con los de sus once compañeros de martirio en el solar del templo. Pero de su hija no se supo nada. Las mismas dudas embargan a Tatiana Sfiligoy Ruarte Britos, hija de la militante del ERP Mirta Britos, secuestrada en Villa Ballester, y supuestamente detenida en El Campito. La semana pasada visitó por segunda vez el Campito desde el decreto de Macri, que amenaza con hacer desaparecer lo que queda de esa historia.
Algunos nietos recuperados se unieron a la caminata convocados por la Abuelas. Leyeron una nota enviada a la jueza Bence en la que reclaman que el futuro Parque Nacional garantice “la preservación de todos los sitios de memoria” y “la realización de las investigaciones judiciales pertinentes y la conservación de la memoria de lo allí acontecido durante el terrorismo de Estado”. Admiten que en Campo de Mayo “no existieron fosas comunes” como se encontraron en cementerios adyacentes. Pero aluden a las referencias de testigos sobre enterramientos “cerca de arboledas, precisamente en áreas sobre las que el decreto no especifica qué se va a hacer y donde podrían estar los restos de nuestros familiares desaparecidos”. Exigen una medida cautelar que proteja la zona “antes de promover cualquier espacio de reserva y/o esparcimiento”, para que puedan concluir “las investigaciones pendientes”. Que se siga el ejemplo de la ex ESMA o La Perla, en Córdoba y que se establezca allí, donde funcionó el centro de detención y exterminio más grande del país, un espacio de memoria.
