El análisis del recorrido que llevó a la aprobación en Brasil de la importación de trigo HB4, de la empresa Bioceres, permite analizar la toma de decisiones de los organismos de Estado, las advertencias sobre su impacto en la salud, el financiamiento con deuda pública para empresas privadas y la falta de voluntad política para promover la soberanía alimentaria.
Después de un tiempo prolongado de debate, Brasil aprobó la importación de harina derivada del trigo transgénico HB4, desarrollado por la compañía argentina Bioceres. La firma de biotecnología festejó la decisión y consideró que otros destinos de exportación podrían tomar la misma decisión, a pesar de que la propia Mesa de Enlace advirtió que los destinos habituales del trigo argentino no aceptan el cereal con modificación genética. El trigo HB4 —un nombre que no parece corresponder a una semilla— se presenta como tolerante a la sequía y al glufosinato de amonio, y fue elaborado en conjunto con la Universidad Nacional del Litoral.
A grandes rasgos, el evento consiste en insertar a la planta de trigo el gen HB4 del girasol, el diseño con un gen exógeno la transforma en una planta transgénica. Esa transgénesis la hace resistente a la falta de precipitaciones y, de esta forma, mejora su rendimiento frente a las sequías. Si bien la aprobación vino de la mano de la agencia de bioseguridad CTNBio de Brasil, el evento transgénico tiene la oposición de la cámara de molinera de trigo brasileña Abitrigo, que adelantó que pedirá que se convoque un comité nacional de bioseguridad para revisar la decisión. Antes de la aprobación, Abitrigo había amenazado con no comprar más trigo argentino.
El 9 de octubre del 2020, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 41/2020 del Ministerio de Agricultura, que aprobó la “semilla”, respondiendo al pedido de autorización previa del Instituto de Agrobiotecnología de Rosario (Indear S.A.). Indear pertenece a Bioceres, empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, y que tiene como accionistas más conocidos a Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman.
Incluso antes de que Brasil —el principal importador de trigo argentino— aprobara la harina derivada del HB4, en la Argentina ya existían cerca de 55.000 hectáreas sembradas con el trigo transgénico HB4, gracias a convenios no comerciales con agricultores. A mediados de este mes, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3 ordenó al Ministerio de Agricultura que haga pública toda la información sobre la aprobación del trigo HB4 y abra un proceso de participación ciudadana y pidió a la empresa Bioceres que presente la documentación.
La ciencia digna, preocupada por el trigo transgénico
El avance de este nuevo evento transgénico preocupa a muchos sectores, no solo ambientalistas, sino también a sectores de productores y del mundo científico, que alerta que el trigo forma parte de la dieta diaria de los argentinos. Cerca de 1400 científicos del Conicet y de 30 universidades públicas nacionales expresaron, en una carta abierta dirigida al gobierno nacional, el rechazo a este evento y cuestionaron la nueva semilla, que, alertan “impactará directamente en la mesa de los argentinos, porque el trigo es la base del pan”
Los científicos argentinos alertan que el evento transgénico “remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentaria”.
En otro fragmento, el documento del colectivo de científicos indica: “Es indudable que el actual modelo productivo hegemónico de la agroindustria concentra capital, profundiza la desigualdad económica y social, genera el deterioro de la salud de las comunidades y de los ecosistemas y acelera la pérdida de biodiversidad, amenazando la seguridad alimentaria y dejando a su paso territorios devastados ambiental y socialmente”. La carta lleva la firma de científicos del Conicet, investigadores de casi todas las universidades públicas de Argentina e investigadores del INTA.
Peligro: ¡Glufosinato de amonio!
La semilla de trigo HB4 —resultante de una investigación de Raquel Chan, la bióloga especializada en biotecnología vegetal del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral-Conicet— es resistente al glufosinato de amonio, un herbicida que el biólogo Andrés Carrasco había denunciado una década atrás como el nuevo componente químico que reemplazaría al glifosato y que es 15 veces más tóxico.
“Lejos de estar eliminando los agroquímicos se están introduciendo nuevos ya que algunas malezas generaron resistencias al glifosato. El glufosinato de amonio resulta, sin lugar a dudas, más tóxico que el glifosato y altera la síntesis de neurotrasmisores porque es un bloqueante de un aminoácido importante para el sistema nervioso”, aseguraba Carrasco en una entrevista concedida a este periodista años atrás.
Carrasco contaba con investigaciones publicadas en revistas internacionales donde se demostraban las malformaciones congénitas probadas en exámenes con ratones que, entre otras cosas, sufrían malformaciones en el rostro y muertes celulares en el tejido nervioso. Los trabajos de Carrasco demuestran la peligrosidad de estos componentes.
Vista aérea del Instituto de Agrobiotecnología de Rosario que pertenece a Bioceres, la empresa que tiene como accionistas a Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman.
De hecho, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) incluyó al glufosinato de amonio en una lista de 22 sustancias no permitidas. Desde el 13 de noviembre de 2013, la Unión Europea dispuso la prohibición de la extensión de la licencia de comercialización del pesticida, que Bayer-Monsanto presenta bajo el nombre fantasía de Liberty.
La AESA afirmó que el pesticida al que el trigo HB4 es resistente representa un riesgo al ambiente y a la salud humana, no estando asegurada su inocuidad alimentaria. En su reporte, la entidad de seguridad alimentaria alerta además que dicho componente representa un riesgo grave para los niños de corta edad: se identificaron altos riesgo para los mamíferos y para los trabajadores que lo manipulan, aún cuando usen los elementos de protección correspondientes.
El informe de la entidad europea, publicado en 2005, hizo que Bayer retirara su glufosinato Liberty del mercado, a pesar de que había concluido una nueva planta industrial para fabricarlo en Alemania y exportarlo a países fuera de la Unión Europea.
A pesar de todas estas indicaciones y teniendo en cuenta el principio precautorio vigente en la Ley General de Ambiente, que ordena que ante el peligro de daño grave o irreversible de la salud o el ambiente se debe restringir el uso, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) —entidad encargada de regular las actividades relacionadas con Organismos Genéticamente Modificados (OGM)— de uso agropecuario, lo aprobó.
En junio de 2017, una nota publicada en la revista MU bajo el título “La corrupción transgénica”, reveló que de los 34 miembros que posee esta entidad, 26 pertenecían a las mismas compañías que producían las semillas o eran científicos con conflictos de intereses. Un dato adicional es el mecanismo de aprobación por la que pasan los eventos transgénicos en nuestro país: solo con los informes que presentan las mismas empresas que lo producen.
Deuda de todos, beneficios para pocos
Las noticias relatan que el trigo transgénico es un desarrollo nacional como parte de una colaboración público-privada durante más de 18 años entre Bioceres y un grupo de investigación del Conicet, liderado por Raquel Chan. Es parte de la verdad. Esas noticias nada dicen de lo que denuncia la doctora en Economía y Magíster en Sociología y Ciencia Política Karina Forcinito: gran parte de las investigaciones producidas por Bioceres se realizan con fondos que aporta el Estado nacional y que hoy forman parte de la impagable deuda externa.
Forcinito, investigadora y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, asegura sobre los fondos del Conicet que financian las innovaciones de Bioceres: “Pudimos corroborar que el origen de estos desarrollos económicos tienen que ver, por un lado, con el financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica —que es el corazón del financiamiento de proyectos de innovación en Argentina— que financió 17 proyectos a Bioceres, llegando a solventar entre un 60 y un 70 por ciento con deuda proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, que pagamos todos nosotros”.
Forcinito, en diálogo con este periodista, es clara: parte de la deuda externa, que hoy se presenta como impagable y que condiciona no solo nuestro desarrollo sino la vida de muchos argentinos, se utiliza para financiar proyectos de grandes multinacionales y empresas nacionales, que por su envergadura no necesitan ser subsidiadas, atentan contra la vida del ambiente y la salud de nuestros cuerpos.
Laboratorio de Rutinas Biotecnológicas del Instituto de Agrobiotecnología de Rosario.
Nada de lo aquí invertido genera beneficios sociales sino privados, como lo expresa Karina Forcinito: “Con ese endeudamiento, la empresa tomó una innovación que hizo el Conicet, conjuntamente con la Universidad Nacional del Litoral, a partir de salarios pagados por el Estado argentino y financió la introducción de esa innovación a las semillas de trigo de alta resistencia presentadas por la firma”.
Bioceres no es una pequeña y mediana empresa, por el contrario en su consorcio participa la poderosa Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid): el corazón del poder económico del país. El presidente de la empresa es el ingeniero agrónomo Gustavo Grobocopatel. Como se pregunta Forcinito: “¿Qué necesidad hay de subsidiar el desarrollo tecnológico de estas empresas con deuda externa?”
México, una muestra de voluntad política
Mientras que muchas voces sostienen que el modelo de producción transgénico como única forma para saciar el hambre en el mundo: una enorme mentira, pues después de 30 años de extractivismos y eventos transgénicos la población hambrienta aumentó, en otras latitudes se libran victoriosas batallas.
En octubre de este año, el Poder Judicial de México rechazó todos los amparos presentados por algunas de las mayores empresas agroindustriales del mundo, que buscaban acabar con la suspensión de la siembra de semillas genéticamente modificadas en territorio mexicano.
Después de ocho años, la Suprema Corte de Justicia de México falló contra las compañías Monsanto, Syngenta, PHI y Dow y el alimento nativo por excelencia en ese país, el maíz, no podrá ser producido modificando su estructura genética. Las semillas alteradas no podrán tampoco ser vendidas en el país azteca
En la resolución los jueces admitieron una llamada “medida precautoria” que suspendió la siembra de maíz transgénico hasta que se resuelva el juicio. Como en México intentaron avanzar sobre el maíz, acá invaden el trigo: base de la dieta alimentaria argentina. El fallo judicial acompañó la decisión tomada el último día del 2020 por el presidente, Juan Manuel López Obrador, que decretó la prohibición de la siembra de maíz transgénico y el uso del glifosato en 2024 por considerarlos perniciosos sobre la salud y el medio ambiente. Una muestra de voluntad política para modificar el modelo del agronegocio.
