El 22 de abril se realizó la Marcha Global por el Clima y una de las principales consignas fue la necesidad de una transición energética justa. En esta entrevista, la economista e integrante de Jóvenes por el Clima Ana Julia Aneise explica los pilares del “trilema energético”, subraya la importancia de impulsar el cambio con desarrollos técnicos e industriales de origen nacional y advierte que el mundo se va a empezar a cerrar con criterios ambientales.
El pasado 22 de abril, en el Día de la Tierra, se realizó en diversas partes del mundo la Marcha Global por el Clima. En la Argentina hubo movilizaciones en numerosas ciudades con consignas como “Cambiemos el sistema, no el clima”, “No hay planeta B” y “Justicia ambiental es justicia social”. Uno de los reclamos que suelen repetirse se relaciona con la necesidad de encarar una transición energética justa; es decir: ir hacia una matriz con un mayor porcentaje de fuentes renovables no contaminantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, posibilitar un acceso más equitativo a la energía sin profundizar la brecha de desarrollo entre los diversos países.
¿De qué forma hay que encarar el proceso desde un país como la Argentina? Para poner en debate la cuestión, TSS-Unsam conversó con la economista Ana Julia Aneise, investigadora en la organización Fundar e integrante de Jóvenes por el Clima. “Los cambios tecnológicos que introduce la transición energética suponen oportunidades para el desarrollo productivo de nuestro país, sobre todo porque además de tener importantes recursos eólicos y solares, también tenemos un sistema de ciencia y técnica muy fortalecido”, señala la especialista.
-¿Por qué es importante y urgente que la Argentina realice una transición energética?
-Es importante porque sabemos que la principal causa del cambio climático son los gases de efecto invernadero que provienen de la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, la urgencia es más global que local. La Argentina explica entre un 0,7 y un 0,9 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático. Por lo tanto, por más que hagamos la transición energética a fuentes renovables o fuentes bajas en carbono, el futuro del cambio climático está sujeto a lo que pase con los principales países emisores, como Estados Unidos, China, India, Rusia y los países europeos. Entonces, sí es importante, pero hay que poner en perspectiva que nuestro país no es definitorio en términos del futuro ambiental del planeta. En términos económicos, sabemos que van a crecer las imposiciones a los países cuyos productos tengan una huella de carbono alta. Por ejemplo, si producís usando combustibles fósiles, para trasladar tus bienes a través de camiones o al tener fábricas que usan combustibles fósiles, que es el caso de la Argentina, se pueden empezar a cobrar impuestos según esa huella de carbono. Esto es algo que va a empezar a incorporarse en Europa a partir de 2023 y tiene que ver con lo que se llama competitividad climática de las exportaciones. Por otro lado, también hay fondos de inversión que empiezan a decir que no van a apostar por negocios petroleros, o que no van a invertir en países que no tengan ciertos compromisos climáticos. El mundo se va a empezar a cerrar con criterios ambientales.
Aunque el monto dependerá del mix que se elija y de los instrumentos adoptados, la Secretaría de Energía calcula que serán necesarios entre 10 mil y 14 mil millones de dólares para alcanzar una participación de entre el 20 y el 30 por ciento de fuentes renovables en la matriz eléctrica hacia 2030.
-Más allá de tratar de aumentar la proporción de fuentes renovables en su matriz energética, ¿qué dimensiones debe tener en cuenta un país como la Argentina al encarar una transición?
-Para pensar esto resulta útil el concepto de trilema energético, elaborado por el Consejo Mundial de Energía y que hace referencia a tres pilares que deben permanecer equilibrados: seguridad energética, equidad energética y sostenibilidad ambiental. La seguridad energética tiene que ver con la gestión eficaz del suministro de energía, la fiabilidad de la infraestructura y la capacidad de satisfacer la demanda energética actual y futura. La equidad refiere a la accesibilidad a un precio justo para toda la población. Y la sostenibilidad ambiental implica la eficiencia energética y el desarrollo del suministro de energía a partir de fuentes renovables y bajas en carbono. En un informe reciente, la Secretaría de Energía señaló que en nuestro país se debería agregar una cuarta dimensión: el desarrollo tecnoindustrial, que tiene que ver con crear y ampliar las capacidades tecnológicas e industriales vinculadas con las energías renovables. Este equilibrio cuadrado conlleva un costo y un importante requerimiento de divisas. Aunque el monto dependerá del mix energético que se elija y de los instrumentos adoptados, los cálculos de la Secretaría de Energía para sus escenarios REN 20 y REN 30 (NdE: una participación del 20 y 30 por ciento de renovables en la matriz eléctrica hacia 2030) estiman que solo la inversión en nueva potencia eléctrica ascendería a entre 10 mil y 14 mil millones de dólares. A eso hay que sumarle otros costos, como el de la cuarta central nuclear que comenzaría a funcionar en 2031, las inversiones en transporte eléctrico, las inversiones en litio e hidrógeno, entre otras.
-Si bien requiere grandes montos, invertir en el desarrollo tecnológico y en la producción de energías renovables podría ser una buena palanca para el desarrollo económico del país, ¿no?
-Sí, la idea es procurar que sea una palanca para el desarrollo en términos de innovación, encadenamientos productivos, generación de empleo y exportaciones. Para eso, es importante tratar de maximizar el componente en pesos de la inversión, conseguir financiamiento a tasas accesibles y movilizar el ahorro nacional detrás de este proyecto. La clave para compatibilizar la necesidad de divisas de corto plazo con los objetivos de la transición energética en el mediano y largo plazo estará en función, en última instancia, del ritmo y de la velocidad que adopte la transición. Esto requerirá una planificación mínimamente consensuada entre las dos principales coaliciones políticas, información transparente de cara a la sociedad y mucha participación pública para dotar de legitimidad a los proyectos.
-¿Qué oportunidades representa la transición energética para países desarrollados?
-Las economías centrales conciben la crisis ambiental como una oportunidad para impulsar una transferencia masiva de tecnología a los demás países. Es decir, adoptan la catástrofe climática como un gran catalizador de negocios. Con frecuencia atan el financiamiento de proyectos de energías renovables a la adquisición de su tecnología por parte del país que recibe el préstamo. Esto, sumado a las crecientes barreras comerciales con criterios ambientales, los condicionamientos crediticios basados en el cumplimiento de compromisos climáticos y las exiguas transferencias financieras completan un cuadro en el que los esfuerzos hacia la reducción de emisiones están signados por la competencia en lugar de la cooperación.
-¿Y qué oportunidades representa este escenario para países semi periféricos como la Argentina? ¿Disponemos de capacidades instaladas y tecnologías propias para producir y distribuir renovables?
-Los cambios tecnológicos que introduce el ciclo de transición suponen oportunidades para el desarrollo productivo, sobre todo porque además de tener importantes recursos eólicos y solares, también tenemos un sistema de ciencia y técnica muy fortalecido. También tenemos empresas en el sector, como IMPSA o INVAP, que si bien han sufrido muchas idas y vueltas a lo largo de la historia, tienen la potencialidad, con una buena política de desarrollo productivo, de generar un desarrollo que les permita hacer crecer su participación en una potencial matriz exportadora en la que empiece a tener más peso el sector energético. De todas maneras, en la Argentina hay un punto importante: tenemos la segunda reserva de gas natural no convencional y la tercera de petróleo no convencional en el mundo. Ahí hay un incentivo enorme para hacer una explotación de esos recursos, sobre todo por el potencial económico que tienen para resolver la restricción externa en nuestro país, que es un tema muy recurrente. Frente a eso, creo que tenemos una dicotomía ambiente-desarrollo bien clara. Si bien a nivel global muchas veces esa dicotomía no existe porque los costos de mitigar el cambio climático son menores que los costos que vamos a tener que afrontar si se producen las peores consecuencias del cambio climático, a nivel local esa dicotomía existe, y el caso de Vaca Muerta es un claro ejemplo donde no tenemos todavía claro cómo vamos a reemplazar esos recursos por fuentes renovables, sin que eso implique la importación de tecnología en el corto plazo. Por eso es que cabe cuestionar un poco lo de la urgencia. Para mí, el ritmo tiene que ser lento. Es un proceso complejo, no lineal, que se tiene que dar de forma progresiva, teniendo en cuenta el escalamiento de capacidades nacionales y de empresas locales, que es lo que el programa RenovAr no tuvo tan en cuenta y fue uno de sus defectos.
-¿Qué rol debería jugar el gas natural en la transición energética en nuestro país?
-En nuestro país, el gas natural representa una parte importante de la matriz energética, y eso es positivo porque nuestro porcentaje de carbón es muy poco significativo. Así que en ese sentido el gas está siendo un combustible de transición. Creo que lo que se pone en juego es cuál va a ser la proyección del gas en relación a nuestras exportaciones, si efectivamente se va a invertir en una planta de licuefacción que permita exportar GNL al exterior, o si va a ser para consumo interno. En el segundo caso, no creo que podamos hacer una utilización de todas las reservas de gas, o tal vez sí, pero a lo largo de mucho tiempo. Son diversas posibilidades que están abiertas. Pero creo que en la Argentina no se pone tanto en cuestión si el gas es un combustible de transición o no a nivel local, sino que hoy la discusión está más que nada centrada sobre si lo vamos a exportar o no debido a la potencialidad de Vaca Muerta.
-¿Qué tipo de políticas se podrían impulsar para aprovechar las oportunidades económicas, ambientales y sociales que brinda la transición energética?
-El anuncio de inversión en hidrógeno verde de la empresa australiana Fortescue sería una buena oportunidad para generar contratos que requieran que la infraestructura para la producción de hidrógeno verde tenga que tener un cierto porcentaje de componentes nacionales. Eso podría traccionar para que IMPSA u otras empresas que tengan capacidad de escalamiento puedan crecer. Atar la inversión a esos requerimientos es algo que se suele hacer en muchos sectores. Después, hay una política que está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Productivo en relación a calefones solares, que creo que es muy promisoria porque no tiene un gran requerimiento de divisas e implica el acceso a un servicio más eficiente y más barato para muchas personas que no tienen acceso a la red de gas. Hay muchos ejemplos de políticas que se pueden implementar. Creo que lo fundamental es establecer cuál es el ritmo de transición que se quiere llevar adelante, en qué etapas, cuánto va a ser el componente nacional en energías renovables que se va a incorporar a la matriz e ir acompañando el camino con las inversiones necesarias. También se necesitan redes de alta tensión que trasladen la electricidad desde donde se produce, que en el caso de las energías renovables muchas veces son puntos lejanos del país. Esa es una infraestructura que también implica grandes inversiones. También se puede pensar en una adjudicación específica de fondos, por ejemplo, destinando parte de las regalías petroleras de los proyectos offshore a financiar la transición energética.
“La incorporación de la sociedad al debate sobre la transición energética depende de que la discusión crezca, que tenga mayor anclaje. En ese sentido, la marcha del 22 de abril fue una demostración de que eso está sucediendo”, afirma Aneise.
-¿Cómo se puede incorporar de forma más activa a la sociedad y sus necesidades en este proceso de transición energética?
-Creo que la incorporación de la sociedad tiene depende de que la discusión crezca, que tenga mayor anclaje. En ese sentido, la marcha del 22 de abril fue una demostración de que eso está sucediendo porque una de sus principales consignas fue que haya una transición energética justa. También hay políticas que acompañan a los consumidores que quieren empezar a hacer una incorporación de renovables, como la Ley de Generación Distribuida. Pero esto también enfrenta dificultades porque para amortizar las inversiones, por ejemplo en paneles solares, se necesita un determinado precio de la energía que hoy en día con los subsidios no genera una cuenta muy conveniente. Por eso, las decisiones a nivel individual hoy tienen más que ver con elegir otras formas de consumo, como usar el transporte público y la bicicleta, o comprar electrodomésticos con eficiencia energética, que con la incorporación de renovables en nuestro día a día que, por ahora, es algo un poco más complejo.
