Lo que el fuego se llevó

De norte a sur del país, los incendios se han incrementado en los últimos años de la mano de las sequías, el aumento de las temperaturas y el estrés hídrico, fenómenos vinculados con el cambio climático. ¿Cómo impacta en la biodiversidad? ¿Cuánto tiempo y en qué medida se pueden recuperar las especies afectadas? ¿Cómo evitar que se encienda la primera chispa?

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en los últimos años fueron afectadas casi 1 millón y medio de hectáreas en todo el país en zonas con distintos tipos de ecosistemas: bosques, sabanas, humedales, pastizales, palmares, turberas, áreas cultivadas, pasturas implantadas y más. En cada uno de ellos, el fuego impacta de maneras diferentes, afectando no solo a la biodiversidad biológica sino también cultural.

Un grupo de ecólogos y ecólogas que trabaja en la cuenta del río Paraná está relevando distintas áreas afectadas en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos con la intención de generar un modelo que permita prever el impacto de las quemas sobre el suelo y los ecosistemas de humedales. Sin embargo, advierten que para lograrlo todavía necesitan recolectar “muchos más” datos.

“Es importante seguir sumando información para analizar qué puede pasar a largo plazo, porque no solo importa el impacto que tiene el fuego sobre los ejemplares a los que les tocó esta situación, sino también toda la función que cumplen en estos ecosistemas, que son importantísimos porque ayudan a mitigar el cambio climático”, explica la bióloga Ana Paula Cuzziol, integrante del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral.

Entre otras funciones ecosistémicas, los humedales regulan la retención de agua durante las inundaciones y sequías, filtran nutrientes del suelo y retienen elementos que de otra forma se liberan y contribuyen al efecto invernadero. “Es irónico que estos ecosistemas estén ardiendo en plena ola de calor y se pierden cada vez más, cuando en verdad se necesitan cada vez más para amortiguar el cambio climático”, se lamenta Cuzziol.

Desde que comenzaron a recorrer las zonas incendiadas, hacía principios 2020 en pleno inicio de la pandemia, llevan relevados 18 sectores de islas y humedales. El último: la Isla Puente, un área protegida de 72 hectáreas frente de la ciudad de Paraná. A fines de enero pasado, el fuego afectó el 70 por ciento de su superficie.

“Estamos comparando los daños que habíamos registrado en épocas de invierno y primavera con los de este verano, que ecológicamente son más importantes porque estamos un ciclo biológico en el que gran parte de la fauna silvestre está en fase de reproducción y los animales están más activos que durante invierno -precisa Rafael Lajmanovich, también integrante del Laboratorio de Ecotoxicología-. Con relación a las especies leñosas que no están completamente afectadas no sabemos si podrán seguir fructificando, como tampoco si las especies animales que sobreviven a la quema podrán reproducirse o no”.

Durante agosto y septiembre, según el primer análisis de los datos recolectados presentado a fines del año pasado en el Segundo Encuentro Nacional de Restauración Ecológica, los incendios, la sequía y las altas temperaturas afectaron a todas las unidades ambientales que componen los humedales. Los denominados albardones fueron los más dañados (83 %), seguidos por las media-lomas (47%), las depresiones o lagunas internas (17%) y las barrancas (5%).

Los relevamientos indican que la profundidad del suelo quemado varía entre los 2 y los 12 centímetros. Se trata de una cuestión central: de la profundidad del daño depende el tiempo de recuperación. En el caso de los humedales estudiados, el 70 por ciento no registró revegetación entre los 3 y los 4 meses posteriores al evento. La altura de las llamas en especies leñosas alcanzó entre 2,70 y 4,20 metros, mientras que se relevaron un total de 83 especies afectadas de forma directa o indirecta entre plantas, anfibios, aves, reptiles y mamíferos.

“Los efectos podrían ser más graves todavía que lo detectados, porque no solo se queman ejemplares que ya tienen varios años, sino también los bancos de semilla y las nuevas generaciones de animales que todavía no están reproductivos, o que potencialmente tenían la capacidad de reproducirse”, señala Cuzziol. A esto se suma la continuidad de los incendios. “Es el desastre sobre el desastre, lugares que ya estuvieron incendiados en invierno y que se vuelven a incendiar”, agrega Lajmanovich.

La lectura de los especialistas advierte que los ciclos de la naturaleza podrían no ser suficientes para reponerse a dos años de incendios continuos, que se suman a una bajante histórica del Paraná que hace que lugares que habitualmente tenían agua no la tengan, e incrementen así la cantidad de material vegetal pasible de convertirse en llamas.

“En el último relevamiento había muchos animales juveniles muertos, lo que puede impactar en la reproducción de estas poblaciones. Si disminuyen las poblaciones de anfibios, aumentan las de insectos, hay aves que no van a tener qué comer y todo el ecosistema se desbalancea”, dice Lajmanovich. Su mirada señala la necesidad repensar el problemática ambiental desde el concepto de una sola salud: “Los desequilibrios en la naturaleza desencadenan desequilibrios en la salud humana”.

¿Es posible la restauración de los territorios? ¿De qué manera? ¿En cuánto tiempo? Según los datos que los investigadores presentaron en el encuentro nacional de restauración ecológica, solo un escaso número de especies se regeneraron naturalmente en el mediano plazo. La recuperación de especies leñosas es a largo plazo. Por eso sugieren regular la introducción de ganado vacuno en las áreas afectadas y suprimir los incendios intencionales.

“El fuego genera una simplificación de los paisajes y de las unidades de paisaje. Cuando empieza la regeneración, luego del incendio, tiende a haber comunidades mono específicas, diferentes a la diversidad previa”, señala Emilio Spataro, licenciado en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional del Nordeste que monitorea las zonas afectadas por el fuego en la provincia de Corrientes.

Si bien no puede adelantar datos precisos, Spataro coincide en que por la magnitud y la velocidad de los incendios de los últimos tiempos hay riesgo de que las especies y el paisaje no se recuperen. “Depende de la expectativa que tengan los productores sobre esos campos una vez que se apaga el fuego. Si vuelven a un esquema de uso intensivo, incluso en áreas que no estaban bajo producción, vamos a tener pérdida de biodiversidad”, estima Spataro.

El especialista, además, advierte que los incendios terminan generando desmontes encubiertos y apropiación de áreas que eran humedades, bosques o palmares para incorporarlas a la producción. De hecho, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reconoce que el 95 por ciento de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas para la preparación de áreas de pastoreo. “Como lo primero que rebrotan son pastos, aumenta la presión ganadera para utilizarlos como pasturas para ganado, en vez de dejar que se restaure el ambiente natural”, dice Spataro. Al igual que sus colegas de Santa Fe, sugiere establecer zonas de clausura en las cuales no puedan realizarse incendios intencionales por plazos de entre 2 y 20 años.

“Una de las grandes demandas de las redes y grupos socioambientales locales es que se implementen la Ley del Fuego y la Ley de Bosques. En Corrientes, hay zonas que no son bosques pero sí están afectadas por la Ley del Fuego, que impide el cambio de uso del suelo después de un incendio. Sin embargo, el gobierno provincial se opuso a la sanción de la ley y nada hace para implementarla”, recuerda Spataro, que también es parte de la Red Nacional de Humedales.

“En la Argentina tenemos una muy buena legislación ambiental, en muchos casos impulsada gracias a la movilización de la sociedad civil, pero el grado de implementación varía según de qué norma se trate, y hay muchas dificultades y deficiencias en la gestión estatal”, coincide Ana Di Pangracio, abogada ambientalista y directora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Dice que esto ocurre particularmente con la Ley del Sistema Federal de Manejo del Fuego de 2012. Su análisis destaca que se trata de un trabajo coordinado y colectivo que debería encarar la Nación y las provincias, pero que no se está dando.

“Hace poco salió una declaración de emergencia ígnea para todo el país por parte de las mismas autoridades que son responsables de implementar y coordinar la aplicación de esa ley; es decir: ellas mismas se llaman a colaborar, cuando se supone que esa colaboración y coordinación se tendría que estar dando desde el momento que entró en vigor la norma -dice Di Pangracio-. Si la Nación no tiene una autoridad de aplicación clara en materia de fuego en todas las provincias, no puede hacer llegar a las jurisdicciones afectadas en tiempo y forma los materiales para combatir incendios”.

Mientras la situación de emergencia se mantiene, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación anunció la puesta en marcha del primer grupo de cinco torres con cámaras multiespectrales y de video que integran la proyectada Red de Faros de Conservación que comenzó en los deltas medio y superior del Paraná, y que se extenderá a otras zonas del país. El objetivo: monitorear el territorio las 24 horas y alertar de manera temprana sobre la presencia de incendios.

“La medida no es mala, pero no es el tipo de monitoreo que se requiere. No se trata únicamente de la instalación de un artefacto tecnológico porque la Argentina ya cuenta con satélites y otros mecanismos. No hay un problema de información, sino de ejecución, de trabajo con las provincias, los municipios y la sociedad civil para lograr una gestión amplia del ambiente”, afirma Spataro.

Di Pangracio coincide en que la iniciativa no es prioritaria; sin embargo, reconoce que al principio “le dieron la bienvenida” ya que se anunció en el marco de la reactivación de un plan que surgió en 2008, tras otra crisis de incendios en la zona del Delta, y que había sido desactivado por el gobierno de Cambiemos. Se trata del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná, un acuerdo interjurisdiccional que incluye al Gobierno nacional y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. El objetivo: gestionar los humedales de la región con pautas de sostenibilidad en las intervenciones territoriales.

“Lo que más urge es el diálogo interinstitucional y multisectorial para detener de inmediato la práctica de quemas en el Delta y llegar a arreglos de cortísimo plazo con los productores. Por eso promovemos mesas de diálogo. Hay que discutir y consensuar qué medidas de conservación de humedades vamos a implementar”, dice Di Pangracio. La abogada recuerda que esos procesos están incluidos en la Ley General del Ambiente vigente desde 2002, pero que todavía no hubo voluntad política de impulsar una norma que aborde el ordenamiento ambiental del territorio, urbano y rural a nivel nacional.

“En cambio, hubo avances sectoriales como la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques Nativos, pero no en un abordaje integral, y eso es lo que después vemos en el territorio, que no permite prevenir desastres y conflictos socioambientales que están en crecimiento”, concluye Di Pangracio.