El gobierno afirma que es una de las opciones para lograr el desarrollo y afrontar la crisis económica. Otros anteponen su alto riesgo ambiental y sus escasos beneficios económicos para las poblaciones y empresas locales. Un seminario organizado por la Universidad de San Martín reunió a investigadores y referentes políticos para compartir evidencias y reflexiones sobre el tema.
La Argentina tiene los minerales que va a demandar el mundo. Lo que debemos preguntarnos es por qué nuestro país no logra poner en valor ese potencial. Está claro que la actividad tiene que ser ambientalmente sostenible, inclusiva y generar trabajo genuino a nivel local y territorial, además de estar integrada al resto de las actividades productivas y articulada con nuestras pymes”, afirmó el secretario de Minería, Alberto Hensel, durante un seminario que reunió a dos docenas de expositores para debatir sobre las “Visiones sobre el futuro de la minería Argentina”.
La intervención de Hensel fue en el marco del encuentro que organizaron el Centro de Investigaciones para la Transformación de la Universidad Nacional de San Martín, el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovacion y Fundar, una ONG dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo sustentable e inclusivo.
Hoy, el sector minero representa el 0,5 por ciento del PIB -diez veces menos que el promedio regional- y, según detalló Hensel, constituye el quinto complejo exportador. En 2019 sumó ventas al exterior por 3 mil 200 millones de dólares y 2 mil 600 millones durante el año pasado. Una caída del 19 por ciento debido a la aplicación de los protocolos de protección derivados de la pandemia. “La Argentina siempre basó su desarrollo económico en la Pampa Húmeda y el resto de las provincias quedaron relegadas. En nuestra cordillera tenemos otra Pampa Húmeda que puede ponerse al servicio del país y generar oportunidades y trabajo”, dijo el funcionario.
Sin embargo, desde la década del 90, y a medida que se expandieron los proyectos y la actividad minera en distintas provincias, también se incrementaron los conflictos socio-ambientales, al punto que hoy es una de las cuestiones más controversiales que el Estado debe resolver. Están quienes definen la actividad como clave para el desarrollo. Otros la consideran la causa de muchos males; entre ellos: que no aporta los beneficios económicos prometidos en los territorios, que contamina y que, además, perjudica al resto de las actividades productivas en las zonas mineras.
“En los últimos cuarenta años hubo un solo un período con movilidad ascendente en nuestro país. Fue 2003 a 2011. En ese lapso, la pobreza cayó del 70 al 27 por ciento y la desigualdad bajó como no lo había hecho en cuatro décadas. El denominador común fueron las exportaciones de bienes y servicios, que pasaron de 30 mil a casi 100 mil millones de dólares”, puntualizó Daniel Schteingart, director del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo. Schteingart precisó que la minería también contribuyó a ese auge: las exportaciones del sector pasaron del 2 al 5 por ciento del total.
Sin embargo, el análisis sobre cómo impactó el sector -dominado por compañías multinacionales- en el desarrollo de las empresas proveedoras locales, los resultados no son tan alentadores. “Los pocos proveedores que lograron entrar en la cadena de valor lo hicieron en los segmentos menos sofisticados, que nosotros clasificamos como de baja barrera de entrada de mercado, como son los servicios de reparación y perforación, o la provisión de piezas metalmecánicas. En la mayoría de los casos lo hicieron de la manera menos interesante, que es por ventajas de localización, porque están cerca y son baratos, pero no por innovación adaptativa, como sí ocurrió en el agrícola”, aseguró Anabel Marín.
La investigadora del Conicet, a partir de un informe elaborado para el Banco Interamericano de Desarrollo, identificó 63 proveedores en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y Santa Fe. “El sector minero está mega concentrado y, cuando las empresas locales logran contratos, son de corto plazo. Hay muy poca comunicación y esto se manifiesta en la baja participación local en el desarrollo de los proyectos mineros y en la escasa asistencia técnica qwue reciben los proveedores locales. Lo que la literatura de innovación dice que ayudaría al desarrollo de las firmas locales”, agregó Marín.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, la Argentina es el cuarto país en términos de conflictividad minera en la región. En otro trabajo presentado durante el seminario, en esta caso concretado por las doctoras en Ciencias Ambientales Mariana Walter y su colega Lucrecia Wagner, se contabilizaron 38 conflictos socio-ambientales entre 1997 y 2018. El período en el que el volumen de metales extraídos se multiplicó por diez. El 61 por ciento de los casos fueron “preventivos”; es decir: anteriores a la explotación y con una “altísima movilización social”. Un nivel de conflictividad que duplica el promedio mundial.
Walter y Wagner detectaron, además, que más de la mitad de los proyectos fueron cancelados o suspendidos por los conflictos, muy por encima del 25 por ciento que se registra a nivel global. Las investigadoras también advirtieron sobre “un elemento reciente”: la creciente violencia contra los movimientos sociales, algo que también se detecta a nivel mundial. “Los conflictos se quintuplicaron desde 2005 por varios motivos, entre ellos las cuestiones ambientales, los escasos beneficios económicos que deja la actividad y la percepción social de una baja participación en la toma de decisiones”, coincidió Marín. El impacto de estos conflictos es claro: siete provincias prohíben o limitan la minería, y existen 50 ordenanzas municipales que también lo hacen.
Por su parte, la investigadora Julieta Godfrid del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha de Chile presentó datos sobre el monitoreo ambiental ciudadano que obtuvo a partir de comparar la Argentina, Colombia y Perú . El trabajo estuvo centrado en la actividad minera y la cuestión hídrica. Al respecto, Godfrid señaló que en muchos casos se desconfía del acceso equitativo al agua y que en la mayoría de ellos, “aunque la tensión se haya resuelto, el temor por la falta de agua persiste”.
Otra de las preocupaciones relevadas se refiere a la calidad del agua. Para los ciudadanos, pese a los pedidos de información, es “prácticamente imposible” acceder a ella. “También surgió el rol de los estados en el control ambiental. Existe una fuerte desconfianza sobre las instituciones. Se las ve como subordinadas y se las suele percibir con falta de capacidades técnicas y transparencia en los procedimientos”, agregó Godfrid. Al igual que otros expositores, la investigadora chilena destacó que “la ciudadanía no solo busca información, también reclama mecanismos de deliberación y decisión ciudadana”.
Un caso particular lo constituyen las comunidades originarias. “El desarrollo de un proyecto responsable requiere que se implementen algunos pasos. Uno es la consulta previa, libre e informada, lo que implica compartir información en tiempo y forma con las comunidades en el marco de un paradigma de intercultural que tenga en cuenta el cachi yupi; es decir: que el resultado de la consulta sea vinculante y admitido por todas las partes, y que en caso de que las comunidades acepten la minería, el Estado debe estar presente para evitar la desigualdad entre las partes”, explicó Deborah Pragier, coordinadora de la Maestría en Política y Gestión Local en la UNSAM. Su trabajo analizó el caso del litio, que tuvo un panel especial durante el encuentro por su potencial para la transición energética y la conflictividad que genera en los territorios de la puna de Catamarca, Jujuy y Salta.
“Donde hay menos acuerdo es sobre cómo integrar la política ambiental y social, y cómo negociar y trabajar con la sociedad civil. En este sentido, hay que dar un cambio radical, que en la práctica implica exigir mucho más a las empresas en cuanto a transparentar la información sobre las elecciones tecnológicas y organizacionales”, sugirió Marín. Para eso se necesitan capacidades estatales de control que, según el economista Martín Obaya muchas veces no son suficientes.
“Hay un montón de discusiones que pasan por las capacidades estatales. ¿Qué cosas podemos empezar a hacer y no estamos haciendo? ¿Cómo podemos dotar a las provincias, que son las autoridades de aplicación, para hacer bien su trabajo?”, se preguntó Obaya. El especialista recordó que el régimen federal le otorga a las provincias el dominio originario de los recursos. Son la autoridad de aplicación. Además, afirmó que hoy existe un escenario de “fragmentación y desarticulación”, no solo entre niveles de gobierno, sino también al interior de ellos.
“A través de todas las discusiones que se dieron en el seminario quedó en claro que hay un montón de tensiones, pero no hubo posiciones extremas en cuanto si hay que hacer minería a toda costa o no hay que hacerla. Quedó una agenda explicitada que alguien tendrá que recoger. La academia podrá tomar la parte que le toca. A la política le queda por recoger las cosas que tiene por hacer”, sintetizó Obaya.
