La falsa cita de Octavio Paz del presidente Alberto Fernández, cuando afirmó que los argentinos llegamos en barcos, no puede tomarse como una simple gaffe. La historia de la Argentina está plagada de masacres indígenas – pobladores originarios de estas tierras – perpetradas por “blancos” que las declaraciones del presidente parecen negar.
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La irrupción violenta, en horas de la noche, de la policía en la vivienda de un pastor evangélico y dirigente wichí de la comunidad La Pantalla, en Formosa, muestra como el control de la pandemia en el territorio provincial sirve como excusa para reforzar la discriminación y la persecución de las comunidades indígenas.
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Mientras los medios masivos de comunicación baten el parche de las “usurpaciones” de tierras con los casos de Guernica o de la familia Etchevehere, en Formosa el proceso de desmonte irracional de los bosques nativos y la consecuente expulsión de las comunidades originarias que los habitan no tiene quien lo cuente.
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Casi cuatro décadas después de que una inundación del Pilcomayo los expulsara de sus tierras, doce familias indígenas volvieron a sus territorios ancestrales, donde viven casi aislados, de lo poco que les ofrece una tierra ingrata.
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Una comunidad indígena resiste desde hace años los intentos de desalojo de sus tierras ancestrales, perpetrados con el argumento de un título de propiedad falso. En lugar de contemplar sus derechos, la justicia formoseña los criminaliza para apoyar el despojo.
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La criminalización de las protestas indígenas en la provincia tiene la potencia de una política de Estado en cuya aplicación el gobierno y la justicia no tienen desacuerdos. Los casos de las Comunidades wichí Potrillo y Santa Teresa.
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No tenía razón Heráclito con eso de que nunca nos encanutamos en la misma fase.