Toda ecología es política

Las movilizaciones sociales contra la megaminería, los agrotóxicos y la contaminación industrial son algunos de los ejemplos en los que se basa la socióloga e investigadora Gabriela Merlinsky para sustentar el concepto que le da título a su libro más reciente: Toda ecología es política (Siglo XXI). Aquí, una entrevista con la autora y un fragmento del libro.

Nos falta mucho para tomar el relevo de la cuestión social en clave ambiental y para eso necesitamos acercarnos a esos grandes cambios a los que asistimos en el siglo XXI que tienen que ver con las movilizaciones sociales por el ambiente”, argumentó la investigadora durante la presentación virtual del texto en la que estuvo acompañada por los sociólogos Gabriel Kessler y Maristella Svampa, y la docente y activista mendocina María Teresa Cañas.

“La pregunta que plantean los propios actores sociales es si el crecimiento económico puede ser un criterio de valor equivalente a la defensa del agua y a la salud de las personas. Esa es una pregunta que atraviesa todo el libro”, adelanta la autora, investigadora del Conicet en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

-¿Cómo definiría el campo epistemológico que delimita para el libro: la ecología política?

-Al considerar el ambiente como un terreno político, dialogo con un campo de estudios y de discusión epistemológica que combina la economía política con diversos enfoques de las ciencias sociales y, muy especialmente, la historia ambiental. Si necesitamos una ecología política es porque existen formas pretendidamente apolíticas de entender lo ambiental, o incluso de negar la cuestión, como el negacionismo climático o el predominio de un credo económico que dice que tenemos que ser exportadores de naturalezas baratas. No podemos confinar lo ambiental a la consideración exclusiva de los expertos y, para ello, necesitamos entender que está profundamente relacionado con nuestra vida cotidiana y las posibilidades concretas de reproducción de la vida a futuro.

-Hay una idea muy fuerte en relación con la economía, la política y el ambiente, que recurre al concepto de Jason Moore del “capitaloceno”.

-Lo que se llama civilización, es decir los procesos de intercambio entre sociedad y naturaleza en el curso de los diez últimos milenios, se ha desarrollado en una época y en un espacio geográfico sorprendentemente estables. A diferencia de ese largo período de más de diez mil años denominado Holoceno, en esta nueva era, el Antropoceno, los cambios de origen humano han sobrepasado en importancia el papel mismo de las fuerzas naturales-geológicas y son responsables de alterar profundamente el sistema terrestre. Partiendo de que los humanos no modifican los sistemas ambientales en tanto especie homogénea sino como actores sociales y culturales genérica y geográficamente diferenciados, es importante entender que son las relaciones sociales de producción y consumo las que han generado estos cambios. Esta aceleración ha sido contemporánea a la expansión del capitalismo en todo el planeta. De ahí que Moore hace referencia al capitaloceno para mostrar que el capitalismo no es solo un sistema económico, es también un modo fundamental de alteración ecológica que busca la explotación mundial de las naturalezas baratas para penetrar fronteras de ganancias potenciales.

-¿Cómo seleccionó los ejemplos de acción política en favor de la ecología?

-En América latina hay un acervo muy importante de experiencias que unen el activismo ambiental, la producción de conocimientos y la creación de modos de gestión colectiva de lo común. Esto trae formas novedosas de entender el problema ambiental, que plantean alternativas al modelo del capitalismo extractivo y que muestran formas de convivencia con las especies no humanas. Quise mostrar algunos casos que tuvieron y tienen mucha resonancia, como el conflicto del Riachuelo en nuestro país, las disputas por la implantación minera en Cajamarca (Perú) o la defensa del Parque Nacional el Tepozteco en México. Son grandes momentos políticos de revisión de los modelos de desarrollo, que llegan a los tribunales, que desestabilizan la acción rutinaria de diferentes niveles de gobierno, que cuestionan la falta de regulación y control estatal de actividades potencialmente peligrosas para el ambiente y la salud de las personas. También quise mostrar diferentes vertientes del ambientalismo popular, con ejemplos que nos muestran una comprensión de la justicia no solo en términos distributivos, sino como un asunto en el que está implicado el reconocimiento, los procedimientos para hacer efectivos esos principios de justicia. Se trata de maneras novedosas de relacionar la justicia social con la justicia ambiental.

-¿Por qué los íconos de la lucha ambiental en Argentina son las movilizaciones contra las pasteras en Gualeguaychú y contra la contaminación del Riachuelo?

-Tiene que ver con mis investigaciones sobre la construcción social y política de la cuestión ambiental. Cuando empecé, acompañaba a organizaciones sociales en la cuenca baja del Riachuelo. Por esa época, inicios de 2000, había un programa del Gobierno porteño destinado a revitalizar la zona sur, que incluía la recomposición ambiental del Riachuelo. Sin embargo eran propuestas muy cosméticas, en esos territorios hay problemas muy graves de salud, niñas y niños con plomo en sangre, falta de acceso al agua segura, tasas de mortalidad infantil muy altas, y esto muestra que es necesario responder de manera estructural al problema. Si bien el tema ingresó en la agenda pública porque hubo una denuncia de las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia, al día de hoy la recomposición ambiental del Riachuelo implica hacer frente a la complejidad de problemas de escala metropolitana que afectan a varios millones de personas e involucran desigualdades en el acceso a la ciudad; todo ello hace que sea un asunto de muy difícil resolución. Por eso necesitamos empezar a pensar en clave de desigualdades socio-ambientales. Por otra parte, fue la movilización por la instalación de las pasteras en el río Uruguay lo que generó condiciones políticas para que la cuestión de la degradación ambiental del Riachuelo pudiera entrar en las noticias y en la agenda institucional. La discusión sobre el impacto de las actividades de empresas trasnacionales en la vida local y la actividad económica en una pequeña localidad como Gualeguaychú, en Entre Ríos, se transformó en 2004 en un conflicto binacional cuando los manifestantes cortaron el puente que permite circular entre Argentina y Uruguay. Pero sin el antecedente de este conflicto la Corte no habría intervenido en el caso Riachuelo.

-A partir de iniciativas como la Cumbre contra el cambio climático y activistas como Greta Thunberg, ¿puede la ecología ingresar en la agenda pública?

-La visibilidad extraordinaria que tiene Thunberg permitió abrir una conversación en la que participan movimientos de todo el mundo y también, de forma notoria, organizaciones de jóvenes. Aquí aparecen, al igual que sucede con el feminismo, formas de participación política que reclaman reconocimiento y que afirman el derecho a definir el problema desde una perspectiva estructural, que no se contenta con soluciones de compromiso. Las y los jóvenes protestan y hacen huelgas porque ven que hay un desentendimiento institucional y un débil compromiso con la descarbonización y la reducción de las emisiones. Los movimientos de justicia climática están abriendo un espacio extraordinario para la discusión. Las y los jóvenes desenmascaran la estrategia de negación y bloqueo sostenida durante décadas por la industria de los combustibles fósiles y nos dicen que ya no se puede procrastinar y minimizar el riesgo. Basta de vivir en un estado de anestesia que multiplica las condiciones de riesgo futuras. Para salir del negacionismo, nos dicen, hay que replantear las relaciones de producción y consumo. Pero también hay una agenda que se constituye en cada región y en cada país. El cuestionamiento al agronegocio y el papel de los pesticidas en la salud, el debate por la soberanía alimentaria, la discusión por los impactos de la minería a cielo abierto, las movilizaciones por la defensa de los humedales son también formas de acción colectiva que tienen una importante influencia en la agenda pública.

Ecofeminismo, un rol fundamental

A partir de la experiencia de las madres de Ituzaingó en Córdoba, que se unieron para denunciar los efectos de los agrotóxicos, y de la presencia de la docente María Teresa Cañas, integrante de la Asamblea Mendoza por el Agua Pura, la socióloga Gabriela Merlinsky examina el rol fundamental que tienen las mujeres en las movilizaciones en favor del ambiente.

-¿Cuál es la capacidad de presión que tiene el ecofeminismo?

-Este sistema mundializado, globalizado, dependiente del uso de enormes cantidades de materia y energía, que asimismo implica la generación de daños acumulativos, se sostiene, sin embargo, en una sutil cadena que enlaza tareas y trabajos, muchos de ellos pagos y otros no remunerados. Entre esas tareas, las más esenciales, las vinculadas al sostenimiento y reproducción de la vida, están en manos de las mujeres. Las diferentes vertientes de los feminismos territoriales y los ecofeminismos cumplen un papel fundamental al señalar esa relación estrecha entre los cuidados y la vida, y le agregan un ingrediente más: las interdependencias que hacen posible el cuidado son también las que defienden el ambiente entendido como lo común.

-De algún modo, se trata de una extensión del rol de cuidado…

-En las movilizaciones como la de las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que luchan desde hace 20 años por combatir un modelo basado en plaguicidas que dañan la salud, hay una redefinición del rol socialmente asignado a las mujeres como cuidadoras, que gana sentido político al transformar ese sentido y tomarlo como base para una movilización por los derechos humanos y el derecho a la salud. En los conflictos ambientales las mujeres logran poner en el centro de la disputa pública esta cuestión del valor diferencial de la vida y su potencial político refiere a que no se trata de disputas de género en abstracto; por el contrario, se definen en relación con la justicia ambiental, autodeterminación de los pueblos, la soberanía alimentaria y la salud comunitaria entre otros asuntos.

Leer un fragmento de Toda ecología es política.

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