A la falta de cumplimiento de una orden de suspender desmontes se sumó la denuncia de la asociación ambientalista Greenpeace contra Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de gabinete de Macri, por amenazas.

La resolución de la Provincia de Salta de suspender los desmontes en aquellas fincas donde hace unos años había autorizado la acción en zonas que debían conservarse fue ignorada por tres empresarios, entre los que se encuentra Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, y director de las empresas que integra la familia del presidente argentino, Mauricio Macri.

Pese a la orden, las topadoras de Braun Peña siguieron su paso. Esta actitud se puede entender un poco más si se toma en cuenta lo sucedido en una mediación judicial entre el empresario, sus abogados (que provienen del estudio de su socio, Pablo Clusellas, secretario legal y técnico del gobierno nacional), y la entidad ambientalista, representada por el estudio de Elizabeth Gómez Alcorta (quien defiende a la líder social Milagro Sala). El 8 de marzo, los directivos de Greenpeace, Hernán Giardini, Martín Prieto y Natalia Machain, se encontraron con Braun Peña, quien tras las explicaciones de rigor del encuentro, habría dicho (según el escrito del pedido de Greenpeace ante la CIDH): “Como ustedes hicieron la campaña enfocada en lo personal y dañaron mi imagen, voy a gastarme 2 o 3 palos verdes para joderlos a ustedes”. Su abogado habría añadido: “Tengan en cuenta que, por suerte, estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino imagínense. Es un empresario serio que apuesta por el país”.

Salir de las sombras

Greenpeace volvió a la carga contra Braun Peña cuando el empresario reinició los desmontes en la zona que se ubica en la jurisdicción de Ballivián, en el departamento San Martín. Allí viven 17 familias wichís que desde siempre pidieron la suspensión de la deforestación en una zona donde el monte fue arrasado de tal manera que sólo quedan islotes de vegetación.

Los hechos ocurrieron a fines del año pasado y principios de éste y se realizó una campaña que terminó en una resolución del Ministerio de Ambiente de la Nación que instaba a la provincia de Salta a suspender los desmontes. El gobernador Juan Manuel Urtubey, enojado con la Nación, sacó una resolución suspendiendo los desmontes, que no se cumplió. Ante ello, Greenpeace siguió con la campaña al detectar que, pese a la resolución gubernamental, tres empresarios de los 32 intimados a suspender los desmontes, seguían haciéndolo. Entre ellos, Braun Peña.

El hombre que al menos desde 2006 se encuentra comprando tierras en Salta para él y para los Macri, no había estado tan expuesto como hasta ahora. Una situación que al parecer lo enojó. Y es que, según surge del relato de Greenpeace en la mediación, Braun Peña había dedicado mucho tiempo para convertirse en “uno de los empresarios más ricos del país pero también para estar en las sombras y ser uno de los más desconocidos”. Su apellido, hay que recordarlo, salió también desde las sombras gracias a aquellos que sobreviven en las comunidades alambradas en medio de los desmontes.

Camino al autoindulto

“Estos desmontes deben ser categorizados como desmontes ilegales si tenemos en cuenta que una norma provincial no puede alterar nunca los estándares mínimos de protección ambiental otorgados por las leyes nacionales de presupuestos mínimos (…) Como consecuencia de la ilegalidad de dichas autorizaciones, el proceso de actualización del OTBN (Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos), en la Provincia de Salta debería anular los permisos de desmontes aun no ejecutados para que esas tierras recuperen el valor de conservación anterior. Y recomponer las áreas afectas por los desmontes ya realizados”. Lejos de ser una postura de ambientalistas muchas veces tildados de terroristas por sus reclamos, esta es una consideración que surge del informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). La entidad observa además la intención de autoindulto que la provincia elevó junto a una propuesta de Proyungas. El objetivo apunta a que las superficies desmontadas de manera ilegal con autorizaciones de la Provincia, basadas también en normativas ilegales, sean incorporadas al ordenamiento territorial como áreas transformadas y ya no como desmontes ilegales.

“Las 32 autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 hectáreas y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60%, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas. Estos desmontes deben ser categorizados como desmontes ilegales”.

La conclusión de la AGN es clara. Pero en los procedimientos la provincia parece insistir en su intención de dejar pasar. “Si lo dice la auditoría debería cumplirse”, dijo a VOVE un ex auditor de la provincia. Por el contrario, la Provincia sigue en su búsqueda de una absolución al transformarse en juez y parte de los desmontes que, ya se dijo, son ilegales.

Ser intocable

La impunidad a esta altura parece ser moneda corriente. Ni los límites en una conciliación judicial, ni las órdenes de suspender en base a un informe de la AGN, son ya suficientes para parar las topadoras y los desmontes ilegales que, de hecho, no los hace cualquier ciudadano de a pie. Parece atinado clarificar la protección de quienes incumplen y parecen intocables. Por ello es que frente a la actitud de Braun Peña Greenpeace solicitó que la CIDH inicie un “proceso de monitoreo” y le pida informes al Gobierno “a fin de que este clarifique sus vínculos con las afrentas sufridas y su relación con los agresores”, como así también verifique si adoptará “medidas destinadas a proteger el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos que forman parte de la organización”.