La provincia del Chaco sigue siendo un foco importante de la pandemia, que va en ascenso. El virus se ensaña particularmente con los quom de Gran Resistencia, previsible población de riesgo dada la discriminación histórica y las condiciones en que viven. Políticas y respuestas que llegaron tarde.
Al cierre de esta nota para Socompa, el viernes pasado, 16 indígenas qom habían fallecido en la provincia de Chaco por coronavirus. Esas 16 muertes significan más del 10 por ciento del total de contagiados en el Barrio Gran Toba, el más golpeado en Resistencia. La pandemia por Covid-19 volvió a poner al desnudo que el olvido histórico es la “normalidad” para los pueblos originarios en esta parte del país, y a la cual no quieren volver.
A pocos puede sorprender que la población indígena del Chaco sea la más afectada por la pandemia. No nos referimos a la que aún resiste en sus territorios ancestrales del Impenetrable, sino a las comunidades qom asentadas en la periferia de una gran ciudad como Resistencia, la capital provincial, en condiciones de hacinamiento y sin acceso a derechos elementales como el agua potable, a viviendas dignas o a una atención sanitaria adecuada. La gran mayoría de ellos debió emigrar de sus lugares de origen forzada por los desmontes, el avance de los agronegocios y por la falta de infraestructura que incentive su arraigo. Los que decidieron quedarse, a su vez, deben lidiar en forma cotidiana con la codicia que despiertan sus tierras, a lo que se suma la atávica discriminación que deben enfrentar de parte de aquellos a quienes ellos llaman “los criollos”.
A este cuadro debe sumarse que las comunidades indígenas arrastran padecimientos por desnutrición y enfermedades crónicas como la tuberculosis y el mal de Chagas, lo que los convierte en uno de los grupos poblacionales de mayor riesgo frente al Coronavirus. No hacía falta ser el epidemiólogo Pedro Cahn para advertir que debía evitarse que el Covid-19 ingresara en barrios con población originaria, así como tampoco debía hacerlo en villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires o de otras grandes ciudades.
¿Cómo se podía evitar? Uno está tentado de responder: ¡Elemental, Watson!, con una campaña de prevención. Sin embargo, pese a que hace ya diez años las tres lenguas indígenas (qom, moqoit y wichí) fueron declaradas “oficiales” en el Chaco, no se escuchó un solo spot de comunicación oficial en lengua qom en medios públicos ni privados. Tampoco se registró ninguna campaña en territorio para informar sobre las medidas de prevención de higiene y distanciamiento social que obligaba a reformular muchas de las costumbres ancestrales de esa comunidad.
Y el covid-19 llegó a los qom
En medio de la imprevisión y de la falta de políticas públicas permanentes orientadas a los pueblos originarios, el Covid-19 llegó a la comunidad qom, luego de desembarcar en la provincia importado en viajes de placer por Europa y Asia. Aunque las autoridades sanitarias del Chaco no lo pudieron confirmar, un joven que concurrió al hospital Julio C. Perrando para una operación de apéndice se habría convertido en el “paciente 0” que permitió el ingreso del Coronavirus en el Barrio Gran Toba. Enclavado en el nordeste de la capital chaqueña, se trata de un complejo que aglutina a los barrios Toba 1 y 2, Camalote, Chelliyí, Cotap, Crescencio López y América, en los que viven alrededor de 8 mil personas.
Ante el hecho consumado, el gobierno del Chaco improvisó una intervención integral en el Barrio Gran Toba, cordón sanitario incluido, y no hizo más que chocar de frente con las barreras culturales del pueblo qom: las organizaciones comunitarias no admitieron que el operativo no tuviera en cuenta sus opiniones. Después de los primeros momentos de tensión se fue construyendo un trabajoso diálogo intercultural en base a la consulta permanente con los referentes comunitarios sobre los protocolos a adoptar. Por esa postura, lograron una serie de compromisos por parte del gobierno provincial y también del gobierno de Alberto Fernández, para la construcción de viviendas, obras para el acceso al agua potable, cloacas y un centro de salud barrial que atienda las 24 horas. Era todo lo que les faltaba antes y que, paradoja mediante, se hizo visible como consecuencia de la pandemia.
De sujetos pasivos a la vuelta del malón
En el listado aséptico de contagios y muertes se encuentran, entre otros, Eugenio Leiva, excombatiente durante largo tiempo invisibilizado por partida doble: por veterano de Malvinas y por indígena. También Juan Rescio, uno de los fundadores del Coro Qom Chelaalapí (Bandada de Zorzales), a quién seguramente se conocerá más a partir de ahora por ser una de las víctimas de Covid-19 que por su arte, que permaneció oculto para quienes sólo ven víctimas cuando miran a los pueblos indígenas. Es que son mayoritarias las ocasiones en que esa lectura “no indígena” refleja a los pueblos originarios en roles meramente pasivos, casi siempre como víctimas indefensas, lo cual no hace más que reproducir el estereotipo y la estigmatización. Las comunidades indígenas también cuentan con organizaciones que resisten, que crean, que pelean por sus derechos.
Hasta hace poco, la narrativa de algunos medios chaqueños y de los mal llamados “nacionales” referían a la Guardia Comunitaria Wichí “Whasek” como un grupo “paramilitar” que respondía a las órdenes del gobernador Capitanich. En realidad, se trata de una organización comunitaria del pueblo wichí que se constituyó en la zona de El Impenetrable para resistir los desmontes, defender sus territorios comunitarios y denunciar el narcotráfico en esa región. En ese sentido, un documento de investigadores del Conicet difundido durante los últimos días señala que “frecuentemente, las coberturas mediáticas que se refieren a los pueblos indígenas actualizan las representaciones dominantes que retoman la dicotomía decimonónica de civilización/barbarie y, a su vez, excluyen las voces de las propias comunidades. Estos discursos hegemónicos asocian constantemente la figura del indígena a un sujeto pasivo y controlado, ligado a lo autóctono, identificado con las artesanías o rituales del pasado. Sin embargo, cuando ese sustrato ‘tradicional’ se articula con demandas sociales y políticas, se lo presenta como desafiante a las estructuras de poder y al orden social, y se hace reaparecer el imaginario decimonónico del ‘malón’, falsa acusación que permea los discursos actuales”.
Postales de la discriminación
Es un lugar común la afirmación de que en momentos de crisis suele brotar lo mejor y lo peor de nuestras taras sociales. De un día para el otro, ser portadores de rasgos indígenas convirtió a cientos de personas en potenciales agentes de contagio de una enfermedad de la que nadie conoce demasiado y para la cual no hay ni vacunas ni tratamientos. Le sucedió al director del Coro Qom Chelaalalpí, Claudio Largo, quién a fines de mayo fue “visitado” por policías y agentes sanitarios para constatar si tenía síntomas de Coronavirus. “Por portación de etnia”, afirmó, luego de hacer la denuncia penal por discriminación. Largo pertenece al pueblo qom pero desde hace diez años vive en Barranqueras y no en el Barrio Gran Toba de Resistencia, donde se produjo el primer gran brote dentro de esa comunidad.
Durante los últimos días, gran parte del país se conmovió por un salvaje operativo policial contra jóvenes qom en Fontana (a cinco minutos del Barrio Gran Toba). En un video viralizado por redes sociales, quedó registrado que los policías golpearon y torturaron a dos varones y rociaron con alcohol y amenazaron con prender fuego a las mujeres, además de abusar de una adolescente de 16 años. El hecho, que provocó un repudio unánime incluyendo el del propio presidente Alberto Fernández, es uno más de los tantos que se suceden en una provincia en la cual la pandemia exacerbó la discriminación siempre latente contra los miembros de los pueblos indígenas. Como consecuencia de ello, diversos organismos del Estado nacional, como la Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Inadi y hasta el Ministerio de Seguridad, tomaron nota del caso. Esa preocupación debiera traducirse en la elaboración de políticas públicas federales tendientes a erradicar la discriminación, el racismo y la violencia institucional contra las comunidades originarias.
Preocupación y respaldo
Durante la última semana, militantes, funcionarios provinciales y hasta el Partido Justicialista del Chaco salieron a respaldar la gestión durante la pandemia del gobernador Capitanich, a quién consideran blanco de una embestida opositora. Destacaron las inversiones realizadas en equipamiento sanitario, insumos y también distintas reivindicaciones de sus gobiernos anteriores hacia los pueblos originarios. Sin embargo, soslayaron un dato objetivo y que no admite demasiada discusión: el Chaco es la tercera jurisdicción con mayor cantidad de casos de Coronavirus del país, muchos más que en las demás provincias del Nordeste. Esto motivó la visita del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de la subsecretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quienes llegaron a Resistencia para “poner el cuerpo” y respaldar a Capitanich, alarmados por el vertiginoso ascenso del número de contagios en el Gran Resistencia, que comprende las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas.
Lo que más preocupa es que el Chaco no logra achatar la curva de infectados. Por el contrario, el número de casos positivos no da tregua pese a la fuerte inversión que realiza el gobierno nacional en infraestructura e insumos y que no se ve reflejada en una mejora de los indicadores. Casi en paralelo, la gestión de Capitanich difundió un polémico informe en el cual daba cuenta que de no haber sido por las acciones adoptadas para afrontar la pandemia, se hubiesen alcanzado las incomprobables cifras de 20 mil contagios y más de mil muertes. Pero la comparación no debe hacerse con números surgidos de una mente fantasiosa, sino con los datos duros de las provincias vecinas: Corrientes (100 casos, sin muertes), Misiones (37 casos, 2 muertes) y Formosa (con un caso reciente). Hasta hoy, el Chaco registraba 1211 casos y 70 muertes.
Entre las principales críticas que se le formulan a Capitanich, se señala su deficiente gestión de los recursos humanos en el área sanitaria y la falta de decisión política para la adopción de medidas más estrictas para restringir la circulación callejera. También cabe subrayar que el hospital Perrando, el más importante de la provincia y de la región, fue foco de varios brotes internos de Covid-19, que también se propagaron a distintos barrios de la ciudad de Resistencia y a localidades del interior provincial. Otro foco importante de contagios fue la clínica de diálisis de la multinacional Fresenius Medical Care, que fue denunciada penalmente por el ministerio de Salud local. De la causa no hay mayores novedades.
¿“Nueva normalidad”?
La foto actual muestra a un gobierno provincial errático que no encuentra la forma de frenar la circulación comunitaria del Coronavirus en el Chaco y que con cada medida que instrumenta acrecienta aún más el malhumor de una sociedad que ya no avizora el día después del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y mucho menos piensa en una vuelta a la “normalidad”. Paradójicamente, el impacto del Coronavirus hizo que muchas de las demandas históricas de los pueblos indígenas sean visibilizadas y obligó a los estados provincial y nacional a asumir una serie de compromisos de reparación de las múltiples deudas que probablemente no hubiese reconocido en tiempos de normalidad.
Brian Pellegrini es redactor especializado en temas de violencia institucional y derechos humanos del portal chacodiapordia.com. Trabajó en emisoras de Resistencia: Radio Municipal, Radio Ciudad y Radio Nacional, a la que ingresó por concurso durante los últimos meses de 2015 y fue despedido al asumir el gobierno de Mauricio Macri. Integra la Coalición por una Comunicación Democrática del Chaco.
