El gobierno busca abrir nuevas áreas para que sus amigos hagan negocios  y decidió habilitar la construcción de emprendimientos hoteleros dentro de los Parques Nacionales. Una trama económica que está por detrás de la represión a los mapuches y la muerte de Rafael Nahuel.

El 22 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el decreto 368/19, mediante el cual el presidente Mauricio Macri avanzó arteramente sobre la autarquía de la Administración de Parques Nacionales, con el principal objetivo de allanar el camino para la concreción de determinados negocios privados en zonas de parques nacionales.

El artículo N° 6 de la Ley 22351 de Parques Nacionales establece que “La infraestructura destinada a la atención del visitante de los Parques Nacionales y Monumentos Naturales se ubicará en las Reservas Nacionales. De no ser posible prestar desde éstas una adecuada atención, la que se sitúe, con carácter de excepción, en los Parques Nacionales se limitará a lo indispensable para no alterar las condiciones del estado natural de éstos. A tales fines y siempre que resulte justificado en virtud de un interés general manifiesto, el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de la Administración de Parques Nacionales que exprese que no significará una modificación substancial del ecosistema del lugar, podrá acordar, mediante Decreto singular, autorización para construir edificios o instalaciones destinados a la actividad turística, y, en tal caso, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar -con todos los mencionados recaudos- concesiones de uso, de hasta treinta años.”

Mauricio Macri no vio ninguna necesidad de borrar el artículo. Ni siquiera modificó su redacción. Con la remanida excusa de modernizar el Estado, desconcentrar la toma de decisiones y simplificar procesos burocráticos, asignó las competencias de este artículo de la Ley al Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo sustentable, Rabino Sergio Bergman. Es decir, al bajar el rango de la decisión sobre cómo deben otorgarse estas concesiones, en la práctica y con la habitual lógica de mercado que el gobierno usa para administrar el Estado, Macri le bajó el precio a un negocio que se hará a costa de nuestros parques nacionales. ¿Por qué lo hizo? Necesitaba acelerar, simplificar y abaratar la entrega de concesiones para inversores que están interesados en aprovechar el concurso público “Oportunidades Naturales”. Este programa pretende habilitar la construcción y concesión hasta por 30 años (y sin pagar nada al Estado por 5 años), de emprendimientos de infraestructura hotelera y gastronómica de élite dentro de 19 de nuestros parques.

La aplicación del artículo 6 de la Ley tal como estaba tornaba engorroso el trámite para una entrega que debe concluir antes del fin del mandato presidencial. Ahora, con la sola firma del secretario que gusta disfrazarse de árbol, más la anuencia de los otros ex CEOS que integran el actual directorio de Parques Nacionales, podrán habilitar en cada parque la concesión de hasta 30 unidades turísticas, que pueden ser: Camping con comodidades (en la actualidad se conoce como “Glamping”, una fresca conjunción de las palabras camping y glamour), Ecolodge, Cabañas, Hosterías, Servicios gastronómicos y otras iniciativas. Eso sí, sólo podrán ubicar 16 unidades por hectárea y la zona gastronómica debe ser una sola para todos.

La oferta internacional, que se parece más a un remate que a un concurso, tiene un sugerente subtítulo “Escenarios de una belleza única para el desarrollo de servicios turísticos en la naturaleza”. Lo complementa con un pintoresco párrafo en el que se explica el sentido filosófico de la propuesta: “Descubrí de Norte a Sur, en el Litoral de los grandes ríos, entre selvas de altura y valles encantados, bajo un cielo de mil estrellas, entre antiguos paisajes que parecen de otro planeta, en las serranías del Centro y atravesando bosques como de cuentos, con lagos turquesas custodiados por cumbres emblemáticas, rodeados de glaciares, por caminos que llevan hasta el fin del mundo, el lugar para tu próxima inversión: Argentina, destino de naturaleza.”

Tal como lo señalan los propios trabajadores de Parques Nacionales en un comunicado “en el mundo desde hace tiempo se evita hacer construcciones dentro de las áreas protegidas por el gran impacto que generan, y se fomentan en sus alrededores para dar oportunidades de desarrollo a las comunidades vecinas”. Este concurso público permitirá diversificar un nicho de negocios muy seductor para ciertos capitales privados: el turismo de élite. En la web oficial explican que “se trata de brindar prestaciones de hospedaje con servicios personalizados e instalaciones confortables integradas a la identidad cultural y regional donde se emplazarán, fomentando el contacto con el entorno natural. Su arquitectura debe integrarse con el medio ambiente que rodea utilizando materiales sustentables para su construcción, con una impronta contemporánea”. O sea, instalaciones de descanso para ricos indirectamente subsidiadas por todos los ciudadanos argentinos mediante exenciones impositivas y cánones ridículos, pero que sean cool.

 

Si bien el repudio de los trabajadores de Parques Nacionales aún no ha podido trascender el ámbito de las redes sociales y algunos medios locales o regionales, ya despertó el rechazo de un puñado de senadoras nacionales que lo plasmaron en un proyecto de declaración ingresado a la cámara alta el pasado 30 de mayo.

¿Quién administra Parques Nacionales?

La Administración Nacional está integrada por un presidente y un vice, más un vocal por cada uno de los ministerios o secretarías de gobierno que tienen injerencia en la cuestión, a saber: secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; secretaría de Turismo, ministerio de Defensa y ministerio del Interior. Es de suponer que los funcionarios afectados a tan noble tarea de proteger estas áreas del patrimonio natural y cultural de todos los argentinos deberían tener los suficientes antecedentes para la función. Pues parece que no.

Veamos lo que dice la web oficial de Parques Nacionales. El presidente es Eugenio Bréard, un hombre de negocios que fue vicepresidente de la filial argentina de la tabacalera Phillip Morris y también fue presidente de la Corporación Antiguo Puerto Madero, un millonario negocio inmobiliario nacido al calor de la década menemista.

Quien secunda a Bréard sí tiene una relación con la cuestión ambiental. Se trata de Emiliano Ezcurra, que fue director de Campañas de la multinacional ecologista Greenpeace y dueño de la fundación Banco de Bosques, que trata de “salvar” bosques nativos en riesgo mediante la búsqueda de financiamiento voluntario.

El vocal designado por la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable es el licenciado en Comercialización Pablo Galli, egresado de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), con posgrados en las universidades estadounidenses de Chicago y Columbia, que entre sus múltiples roles de CEO y director cuenta haber sido decisor en las empresas Pepsicola, Telefe S.A., Canal 9 y Capital Intelectual S.A. e integrante de Managing Partner de Newlink Group en Argentina, “empresa dedicada a la consultoría estratégica y comunicaciones en América Latina con fuerte énfasis en las industrias de Turismo, Tecnología, Finanzas y Alimentación”.

La secretaría de Turismo nombró a Roberto Brea, un licenciado en Administración de Empresas de la UCA, que fue directivo en varios grupos inmobiliarios y actualmente ocupa la presidencia de la farmacéutica Laboratorios Andrómaco S.A.

El ministerio de Defensa de la Nación delegó la tarea en el arquitecto Gerardo Bianchi, quien entre 1980 y 1992 tuvo a cargo la dirección y ejecución de Obras en la Casa Central y en los Parques Nacionales Los Glaciares, Tierra del Fuego, Los Alerces, Calilegua e Iguazú, entre otros. En 1992, tras desempeñarse como arquitecto en la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, abandonó la función pública y se dedicó de lleno a la actividad privada.

El representante que se designó en representación del ministerio de Interior que conduce Rogelio Frigerio es Luis E. Giménez Tournier, un Máster en Administración de Negocios que fundó y gerencia actualmente la empresa Omnigraphics Argentina S. A., además ser socio director en Inalambrik S. A., una compañía dedicada al desarrollo de software mobile.

Como se ve, es muy difícil advertir en ese perfil de directores planes de políticas públicas destinadas a garantizar la preservación en función social y científica de nuestras reservas naturales para el conjunto de las generaciones actuales y venideras.

Fueron dejando sus huellas

Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, varias son las señales de alerta que se encendieron para poder advertir la trama de lo que hoy ocurre en distintos Parque Nacionales de la Argentina:

  • Los intentos de expulsión violenta de comunidades originarias que pretenden resguardar su relación con la naturaleza, lejos de cualquier interés de aprovechamiento económico. Ejemplo de esta nefasta decisión fue el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido tras una manda de desalojo pedida por el Parque Nacional Nahuel Huapi.
  • Un acelerado interés en la promoción para designar patrimonios de la humanidad o maravillas naturales a sitios que pueden ser altamente promocionados para el ecoturismo y su aliado preferido, el turismo exclusivo o de élite. Esto se logra generalmente con el acuerdo de dirigentes y empresarios locales, pero sin los mecanismos mínimos de consulta a las comunidades aledañas a los parques.
  • Un marcado desinterés por los avances de interacción social, económica y política que se habían logrado con organizaciones propias de los pobladores de los parques nacionales, que están allí incluso desde antes de la creación de los mismos.
  • La reducción de recursos presupuestarios para el desarrollo normal de la tarea de los guardaparques.
  • Una creciente restricción al uso de zonas de acampe libre, senderos públicos y accesos al disfrute de zonas de alto interés para el conjunto de los ciudadanos, independientemente de su condición económica. Esto tiene variaciones en los diferentes parques y muchas veces cuenta a su favor con un bienintencionado afán conservacionista de los responsables administrativos territoriales de los mismos y la desidia o desinterés de los responsables políticos de comunidades cercanas.

 

 Sin dudas hay muchos elementos más para señalar respecto a esta grave situación. Hay serias y fundadas denuncias realizadas por los trabajadores de Parques Nacionales de todo el país. Pero la principal denuncia debe necesariamente surgir de las propias comunidades que interactúan permanentemente con estas áreas de conservación. Son sus ciudadanos y sus autoridades las que deben empezar a frenar definitivamente este nuevo intento por entregar al usufructo de unos pocos privados vinculados al poder un bien que nos es común a todos.

 

Fuente: Enestosdías.

 

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