Roque y Pablo habían sido detenidos arbitrariamente el sábado, cuando Prefectura los capturó y acusó de intentar robar un arma arriba de un colectivo, en un montaje que no resiste el más mínimo análisis.

Decenas de militantes de la organización villera La Poderosa esperaban en la mañana del lunes en las escalinatas de Tribunales la liberación de Roque y Pablo, los dos vecinos de la Villa 21 de Barracas que el sábado por la noche fueron detenidos bajo la acusación de haber intentado robar un arma a la Prefectura arriba de un colectivo de la línea 70.

Pasadas las 13 horas, y ante la notable ausencia de medios de comunicación nacionales, Roque Azcurraire (fotógrafo de la revista La Garganta Poderosa, órgano de comunicación de la agrupación) y su cuñado, Pablo, fueron liberados por la jueza Carina Nancy Rodríguez, designada a fines de 2017 por pedido del Ejecutivo Nacional en el Juzgado Criminal y Correccional 29 de la Capital Federal.  Rodríguez mantenía detenidos a los dos hombres sin ninguna prueba, basándose exclusivamente en el relato de la fuerza que, en el momento de la detención, había organizado una verdadera noche de terror para los vecinos de ese barrio porteño.

Poco antes de la liberación de Roque y Pablo, la agrupación se enteró del cambio de carátula que se había impuesto a la causa: de tentativa de robo se pasaba a “robo en banda y en poblado”, un agravante en la calificación a la que Nacho Levy, referente de la Poderosa, calificó de “surrealista” porque sucedió, según Levy, “cuando se dieron cuenta de que los médicos legistas no encontraban ninguna lesión entre los prefectos y muchas lesiones entre nuestros compañeros y cuando se dieron cuenta de que no pudieron incautar ni siquiera un palo de escoba como arma de los agresores y la única arma incautada es la escopeta de la Prefectura con la que dispararon en la casa de Iván Navarro, principal denunciante en la causa por la que seis prefectos están ahora acusado con prisión preventiva”.

La historia de la liberación de Roque y Pablo tiene un principio posible en su detención a palazos el sábado por la noche.  Un rato antes de que los prefectos destrozaran a patadas la puerta de la casa, Maru, pareja de Roque, fue arrastrada y secuestrada durante más de una hora y sometida a la tristemente célebre práctica de “dar un paseo”, sin detención oficial y sin motivos, con la sola intención de amedrentamiento. Simultáneamente, en la casa de la familia, a la hermana de Roque, Jesi, la manosearon, insultaron y amenazaron como parte del procedimiento.

Pero esta historia tiene otros principios posibles: el salvajismo de la Prefectura tiene su origen en el hecho de que se está llevando a cabo el primer juicio oral a fuerzas de seguridad de escala nacional que dependen del Ministerio de Seguridad de Patrcia Bullrich por torturas ejercidas por miembros de esa fuerza contra Ezequiel Villanueva e Iván Navarro, militantes también de esa agrupación.

El viernes próximo, en el marco de esa causa por la que hace más de un año que seis prefectos se encuentran con prisión preventiva, declarará el padre de Iván, frente a cuya casa se realizó el sábado la puesta en escena represiva.

“La cuestion de fondo ­-dice Levy­- es que Patricia Bullrich sigue promoviendo estos operativos que son ilegales pero no son extraoficiales porque responden claramente a una bajada de línea que va de la mano de la doctrina Chocobar y tantas salutaciones que hacen al concepto de Reprimir por las dudas para contener en el territorio lo que su política pública no ha querido o sabido contener”.

Estas prácticas de amedrentamiento son habituales en la villa y son las que motivaron a La Poderosa, junto a los vecinos del barrio, a organizar el Control Popular a las fuerzas de seguridad. Uno de los jóvenes que participa de ese dispositivo le contaba a Socompa, en las escalinatas de Tribunales, que consiste en recorrer el baño por las noches para detectar abusos policiales. “Entre abril y mayo detectamos más de mil casos de abusos sólo en la villa 21 con testimonios audiovisuales y denuncias concretas, pero los jóvenes del barro no hacen oficial la denuncia porque tienen miedo de las represalias”. Entre esos mil casos, hubo al menos seis casos de torturas como golpizas indiscriminadas o practicas humillantes que van desde obligarlos a cantar una canción determinada con la pistola en la cabeza hasta mantenerlos durante horas abajo de la lluvia. También se comprueba una nueva vuelta de tuerca en la crueldad institucionalizada:  el Levantamuertos, que consiste en arrojarle al detenido gas pimienta en los ojos cuando está maniatado, para que se retuerza y ni siquiera se pueden refregar los ojos. Roque denunció que le hicieron esta práctica aberrante el domingo en el viaje a la comisaria 30.

Por ese motivo, dice Levy, el coraje de Iván y Ezequiel convirtió a la causa contra la Prefectura que en algo tan importante que determina la brutalidad con que esa fuerza se movió e inventó un delito inverosímil.

El cambio de carátula, dice Levy, supone que toda la villa 21 se volvió una gran banda delictiva en la que nuestros compañeros Roque y Pablo tenían la misión determinante de tener un domicilio privado. Ese fue su delito. Todos los culpables de este gran hecho delictivo que es vivir en una villa este viernes nos vamos a movilizar en defensa propia para dar cuenta de la ridiculez en que pueden caer cuando cuentan con el aval por acción u omisión de los grandes medios de comunicación”.

En virtud de las declaraciones testimoniales, tanto Roque como Pablo se convirtieron también en querellantes, en una nueva causa que se suma a las miles de denuncias contra las fuerzas que, por algún motivo curioso, se siguen llamando de seguridad.