El femicidio de Lucía Pérez Montero, el 8 de octubre de 2016 en Mar del Plata, desencadenó el primer Paro de Mujeres contra la violencia machista y la precarización de la vida realizado en la Argentina. Luego vino un juicio atravesado por la justicia patriarcal y una lucha que aún no termina.

El violento femicidio de Lucía Pérez Montero desencadenó un hecho histórico en Argentina: el primer Paro de Mujeres contra la violencia machista y la precarización de la vida. La jornada incluyó un cese de actividades de una hora y movilizaciones en todo el país. Miércoles Negro se llamó a la larga marcha que se organizó en la ciudad costera y que pronto encontró eco en ciudades como Barcelona, París, México, Brasil, Colombia, Chile y Roma.

El 8 de octubre de 2016 Matías Farías y Juan Pablo Offidani, llevaron a la sala de salud de Playa Serena a Lucía. La adolescente llegó muerta. A Farías y Offidani los apresaron un día después en una camioneta Fiat Strada gris donde se encontraron 38 gramos de cocaína y 250 de marihuana. En el juicio oral Offidani y Farías fueron condenados por tenencia de drogas con intención de ventas.

Las irregularidades del procedimiento

A medida que fue pasando el tiempo la escena del femicidio de Lucía se convirtió cada vez más en un espectáculo mediático. Sin ningún tipo de pruebas y sin diálogo con el cuerpo forense, la fiscal María Isabel Sánchez instaló en los medios de comunicación la hipótesis del “empalamiento y la muerte por reflejo vagal”. Lucía había tenido una muerte dolorosa, un dolor capaz de matarla, y ese dato no podía serle indiferente a nadie. Las imágenes de Lucía inundaron los medios de comunicación y las redes sociales.

La ausencia de la Fiscal y del Ministerio Público en las primeras diligencias del caso complicaron toda la escena del femicidio. La primera autopsia, a cargo de la doctora Claudia Carrizo, también dejó entrever irregularidades: “Lo que reveló la audiencia del Ateneo médico fue que la plataforma donde se reposó a Lucía para las pericias estaba contaminada, sucia. Hay fotos donde se ve cómo Lucía tenía polvo en algunas partes de su cuerpo, y eso no fue periciado. Había muchas declaraciones que eran contradictorias entre sí y nunca llegaron a ser pruebas”, relató Alejandra Gauna, abogada de la Defensoría del Pueblo de la provincia Buenos Aires.

Según Pablo de la Colina, subsecretario de Salud del municipio de General Pueyrredon, el cuerpo de la joven llegó ya sin vida. Fue el mismo funcionario quien completó el certificado de defunción. Sin embargo, la casilla donde debía colocarse la causal de muerte, estaba incompleta.

“La coordinadora del Centro de Salud, Luisa Sendra, al serle entregado el certificado de defunción, le consulta al doctor De la Colina qué hacer y éste le indicó destruirlo, aunque la coordinadora siguió los procedimientos legales para anularlo ya que le pareció un accionar negligente por parte del subsecretario”, afirmó Gauna.

Justicia misógina

Durante el juicio, el abogado de la familia de Lucía citó a dos especialistas en género. Una de ellas fue Laurana Malacalza, Directora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Desde el comienzo de las investigaciones, el Observatorio fue el organismo que exigió que se analicen las pruebas y se redacte el fallo desde una perspectiva de género. Es decir con una visión que pusiera el eje en la relación de dominación histórica de los varones respecto de las mujeres.

Durante su presentación en el juicio, Malacalza recorrió las estructuras históricas de la violencia machista y explicó, categórica y pedagógicamente, porqué las relaciones desiguales de poder entre los géneros ponen en riesgo la vida de las mujeres. Ante la exposición de la magistrada, el juez Pablo Viñas cuestionó si esa estructura histórica a la que Malacalza se refería era una teoría personal. “¿En qué se fundamenta para afirmar que hoy en día sigue habiendo esa distinción de género que usted menciona?”, preguntó el juez ante las afirmaciones de Malacalza. Aldo Carnevale, el segundo de los tres jueces, también aportó al relato de su colega: “¿No le parece un poco retrógrado ese pensamiento? Hemos tenido una presidenta mujer, tenemos una gobernadora mujer, acá mismo hay abogadas mujeres, una defensora también mujer. ¿No le parece que esa distinción de género ya no es un dato de la realidad?”.

Nada de lo que siga después de esa pregunta puede parecerse siquiera a la justicia.

La violencia como acto enunciativo

La antropóloga Rita Segato sostiene que en las nuevas configuraciones a las que ha llegado el patriarcado ya no es suficiente hablar de desigualdad: lo correcto sería hablar de dueñidad. Los varones son los dueños de la tierra, de la riqueza y de los medios de producción. También son los dueños de los cuerpos de las mujeres. El abuso sexual y la violación, antes que un acto delictivo, es un acto enunciativo sostiene Segato. El mensaje va dirigido a la cofradía de hombres, para reafirmar esa identidad, para robustecer la masculinidad. También es un mensaje para las mujeres: marca territorios, dibuja límites, convierte a las calles en tenebrosas y a la sexualidad en una fuente de peligro; porque allí donde debería haber placer, deseo y libertad, muchas veces sólo se encuentra el final de todo.

Rendirse jamás

Marta Montero y Guillermo Peréz nunca dejaron de pedir Justicia. La lucha feminista, movilizada en las calles, tampoco.

En agosto del 2020, la sala Cuarta de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires decidió anular aquel fallo del Tribunal Oral N°1 de Mar del Plata. Juan Pablo Offidani y Matías Farías deberán ser sometidos nuevamente a juicio y responder por el femicidio de Lucía. La participación de Alejandro Maciel quedará impune ya que, como anunció la defensa, falleció en junio de este año.

La decisión de la Cámara de Casación marca un hito en la Justicia argentina. Su principal argumento se focaliza en el androcentrismo del derecho al descartar el eventual abuso sexual argumentando la personalidad fuerte de Lucía, con carácter, determinada y por ende, no vulnerable. “El Tribunal se basó en prejuicios de sexo, guiando su razonamiento en base a estereotipos e ideas preconcebidas. Se infirió el eventual consentimiento, aludiendo a la personalidad de la víctima, a la poca diferencia de edad con el agresor y a su pasado sexual. Estos estereotipos son meras afirmaciones dogmáticas desprovistas de sustento fáctico”, sostiene el fallo.

En la actualidad los jueces Gómez Urso y Viñas, siguen ejerciendo en los tribunales marplatenses. Carnevale pidió la jubilación adelantada y se la concedieron. Las novedades sobre el fallo de la Cámara de Casación aceleraron el pedido de destitución y el Jury de enjuiciamiento por mal desempeño de los tres magistrados, que ya tiene un jurado conformado desde 2019.

La mamá de Lucía hoy forma parte del colectivo “Familias Sobrevivientes de Femicidios” una organización que acompaña los reclamos de justicia de casos que quedaron impunes o no fueron caratulados como femicidios. También se creó la “Campaña Nacional Somos Lucía”, desde donde se cuentan los días de impunidad y el Observatorio de Violencia Patriarcal “Lucía Peréz”, el primer padrón autogestionado y público de femicidios, travesticidios, muertas por aborto clandestino y desaparecidas.

La sentencia del tribunal marplatense dejó en claro que el entramado patriarcal también se teje en el sistema judicial. Que la incorporación de la perspectiva de género más que un cartel o una consigna es una necesidad impostergable.

Ahora queda una sola certeza, que más que una certeza es una brújula: no hay que parar hasta cambiarlo todo.

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