El último paso de las llamas por las sierras de Córdoba agravó una calamidad ambiental de décadas, tras la que asoman la especulación empresaria, la inacción gubernamental y la indiferencia judicial. Las comunidades exigen investigación, resarcimiento y restauración. Para el campesinado sin tierra y sin monte, el futuro se llama éxodo. (Foto de portada: Télam)
“¿Cómo te va en estos días, humano roto y mal parado? Que más, que más, quemás, tu vida ¡Fuego, fuego, mentiras!”
Los Redonditos de Ricota
El pico de incendios registrado en los últimos días en Copacabana, Ischilín, Cerro Negro, Villa Albertina, Ongamira, Charbonier, Copina, San José de la Quintana, Alta Gracia, Salsipuedes, Pan de Azúcar, La Calera, San Roque, Panaholma y Quilino, entre otras localidades serranas, terminó de consumar un desastre ambiental en nuestra provincia: 45 mil hectáreas de bosque nativo quemadas en lo que va del 2020; 42.700 sólo en los últimos dos meses. Es el resultado de la naturalizada “temporada de incendios”, al decir de una de las fuentes consultadas.
También está naturalizada la índole intencional de esta calamidad que arrasa un bosque nativo que hoy apenas ocupa poco más del 3 por ciento del territorio provincial (seguro menos después de un agosto bajo fuego), pero casi nunca aparecen las manos y mucho menos los cerebros responsables. Esta vez, hubo cinco personas detenidas en distintos lugares cercanos a los incendios. Una de ellas, Matías Germán Carballo, fue apresado en Charbonier y acusado como supuesto autor de un frente de fuego en la zona norte de Punilla. Su familia y la Unión de Trabajadores de la Salud, a la que pertenece por ser enfermero y delegado en el Hospital Aurelio Crespo de Cruz del Eje, aseguraron que había acudido al lugar para ayudar a los bomberos. Carballo fue liberado pero sigue imputado por “incendio doloso”. Le tocó ser el chivo expiatorio de esta tragedia.
Foto: Télam.
“Cordobeses, el clima nos castiga por ser un año tan seco y con mucho viento. Estos factores están disparando importantes incendios en distintos puntos de nuestra provincia”, expresó el gobernador Juan Scharetti a través de la red social Twitter. Luego instó a hacer caso a las indicaciones de Bomberos y Defensa Civil, y finalmente aseguró: “A todo lo que materialmente se destruya, los ayudaremos con recursos para reconstruir. Sean casas, alambrados, muebles, animales, etc. Por favor, lo prioritario ahora es proteger los vecinos en riesgo. Reitero, lo material de alguna manera el Estado va a ayudar a reponerlo”.
Estas declaraciones motivaron el rechazo entre la ciudadanía afectada o preocupada por los incendios. Por atribuir la causa exclusivamente al clima, cuando se trata de incendios intencionales, y aunque fuera sólo el clima, los factores como la falta de lluvia y de humedad en los suelos son problemas derivados del modelo del monocultivo que el gobierno provincial defiende; por lamentar como una fatalidad lo que desde el Estado que conduce debería haber contribuido a prevenir; por prometer una reparación material que promesas incumplidas anteriores vuelven dudosa, y que además contiene un antropocentrismo irracional, ya que pretende que el ser humano puede fácilmente reconstruir lo que a la naturaleza le ha llevado siglos crear.
Tras el fuego, la protesta
Con algunos focos de incendio todavía activos y otros en guardia de cenizas, el Gobierno provincial declaró la emergencia agropecuaria. Desde las organizaciones ambientalistas, como las que integran la Coordinadora por la Defensa del Bosque Nativo (Codebona), rechazan esa declaración, incluso de una eventual emergencia ambiental porque facultaría al poder Ejecutivo a pasar por encima de las leyes. En cambio, hablan de urgencia ambiental y reclaman que se cumpla la Ley provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Nº 9.814/10) y la ley nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331/07) y que se lleve a cabo un plan de restauración socioambiental, entre otros planteos.
El sábado 29 de agosto hubo movilizaciones en protesta por los incendios y la inacción oficial en más de una treintena de localidades de las sierras de Córdoba y en Córdoba capital. Estos fueron sus reclamos:
-Responsabilizamos a cada intendente de las zonas afectadas y al gobernador Schiaretti por el desastre ambiental generado y la desidia.
-Exigimos que las tierras afectadas sean declaradas Reserva y Patrimonio Natural, Cultural e Histórico, para luego ser reforestada.
-Exigimos prevención del Gobierno y Justicia ante tantos ecocidios.
-Exigimos la inmediata actuación de las Fiscalías Públicas para tomar declaraciones a Jefes de Bomberos y evitar presiones ilegales para silenciar los delitos.
-Pedimos que se cumpla la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo 9814 preservando como bosque a perpetuidad todas las zonas incendiadas.
-Pedimos la efectivización del Ordenamiento Ambiental Territorial y la actualización del mapa de la ley 9814 de acuerdo al principio de progresividad y garantizando la participación ciudadana.
-Plan de manejo del fuego con presupuesto acorde, sistema de alerta temprana y educación ambiental.
-Calidad de equipamiento, formación y retribución a los Cuerpos de Bomberos.
-Resarcimiento a familias campesinas y efectivización de la Ley de Agricultura Familiar.
-Por una agenda ambiental que incluya participación ciudadana real.
-Exigimos políticas ambientales efectivas que prioricen la Vida y no los intereses económicos empresariales. No existe «desarrollo sustentable con especulación inmobiliaria».
—Esto no es violar la cuarentena, sino una emergencia y una urgencia, social, ambiental y cultural. Estamos quemando nuestro único hogar, el único lugar que tenemos para vivir y la única fuente de calidad de vida. Además, tenemos que cuidar de dónde vienen nuestros alimentos –dijo una vecina durante la manifestación en Villa Carlos Paz, para luego pedir un minuto de silencio “por las zonas que se han quemado y los seres vivos que han sido damnificados”.
150 mil hectáreas perdidas en 12 años
A partir del registro Cambios del Bosque a Nivel Global 2013, el biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Lisandro Agost realizó una investigación para evaluar el cambio de cobertura arbórea de Córdoba durante el periodo 2000-2012. En una síntesis publicada por Leandro Grosshauss en el portal UNCiencia se indica que “de las 12 millones de hectáreas de superficie cubierta con bosque nativo que poseía la provincia a principios del siglo XX, actualmente solo quedan 594 mil hectáreas, una cifra que cada año sigue reduciéndose, a pesar de que la sanción de la Ley Nacional 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques, redujo considerablemente la tasa de desmonte desde 2012”.
Foto: Télam.
Además, el estudio determinó que del total de un millón y medio de hectáreas cubiertas con árboles que existían hacia el año 2000, y que representaban un 9,07 por ciento del total provincial, hasta el 2012 –año de sanción de la ley– hubo una pérdida de 151.054 hectáreas de bosque. Las 594 mil sobrevivientes representaban sólo un 3,6 por ciento de la superficie provincial. En muchos casos, en las zonas rojas donde el desmonte está prohibido, fueron pasto de las llamas.
“Los incendios son la nueva topadora del siglo XXI”, dijo el biólogo y docente Cristian Schneider en un conversatorio virtual realizado en estos días. En esa charla titulada ¿Qué hay detrás de los incendios en Córdoba?, Laura Cavallero, investigadora del Conicet en la Agencia de Extensión Rural Villa Dolores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), planteó: “Esto mostró la ausencia del Estado en la coordinación territorial, y lo que está pidiendo a gritos es un ordenamiento territorial. Además, Córdoba ni siquiera integra el Plan Nacional de Restauración del Bosque Nativo”. Los especialistas calculan que luego de los últimos incendios el bosque nativo ocupará menos del 3 por ciento del territorio de la provincia.
Hace un año y también en época de fuego en las sierras, en Bajo el Mismo Sol, el programa de Fabiana Bringas por Radio Nacional Córdoba, uno de los pocos espacios en medios de Córdoba donde se informan y denuncian los problemas del medioambiente y los recursos colectivos, Guillermo Galliano, presidente de la fundación Mil Aves, manifestaba: “Quiero dejar algo en claro a la audiencia. No es como nos quiere vender el Gobierno de Córdoba, que es un señor endemoniado con una caja de fósforos, porque es un piromaníaco desquiciado. No es un señor que fue a ver el rally y se olvidó el fuego prendido. No es la señora que barrió hojas y se le fue el fuego. No son cuatro niñitos jugando en una choza. Los incendios son intencionales en su gran mayoría. En camino a Falda del Carmen y Falda del Cañete había bosque nativos, ahora hay countries, y cuántos incendios consecutivos hubo en ese lugar antes”.
El lucro y la impunidad
Periodista especializado en medio ambiente y ciencia, editor y redactor de Sala de Prensa Ambiental, Daniel Díaz Romero describe la criminalidad e impunidad de los responsables del fuego en las sierras: “Los incendios forestales están entre los principales problemas socio-ambientales de la provincia de Córdoba, que vienen sucediendo desde hace décadas entre mayo y octubre. La única forma de que se desaten de manera natural es por el impacto de un rayo, algo poco habitual. El 98 o 99 por ciento de los incendios son intencionales y tienen autores intelectuales y materiales. Con resultado ambiguo, sólo se persigue a los autores materiales; los intelectuales pocas veces han sido nombrados por la Justicia. Es sabido que empresarios de la corporación inmobiliaria, la agroindustria o la minería mandan algún peón con un bidón de combustible y un encendedor, y así se desatan. En los últimos tiempos los cordobeses empezamos a ser conscientes de que estos incendios tienen varias patas que los sostienen: la política, la económica y la judicial”.
Respecto al costo ambiental y humano, Díaz Romero explica a Desafíos Urbanos que “no se trata solamente de cómo afecta la biodiversidad o el paisaje, que son muy importantes, sino que va mucho más allá y tiene que ver con cómo afecta al último relicto de la cultura campesina que queda en el norte de Córdoba, con que las cenizas contaminan el aire que respiramos incluso a cientos de kilómetros del lugar donde se produce el incendio, con que las primeras lluvias de septiembre van a lavar el suelo, se va a perder mucho suelo fértil y ese cauce también va a contaminar el agua de los ríos. Son múltiples perjuicios que no solamente afectan a plantas y animales, sino también a los seres humanos que vivimos cerca y no tan cerca de las regiones incendiadas”.
“Si miramos imágenes satelitales, podemos ver que en gran parte de las zonas donde hubo incendios algunos años después terminan estableciéndose barrios cerrados o establecimientos relacionados con el agro, la ganadería o la minería. Ya dejó de ser una sospecha: hay intereses económicos detrás. Y hay una gran responsabilidad del Estado provincial, que ha desplegado una política ambiental pasiva, indiferente a este problema. El Poder Judicial y el Gobierno saben perfectamente quiénes son y por qué desatan estos incendios”, concluye el periodista.
Tras el fuego, la migración
El ingeniero agrónomo Miguel Barreda, técnico en la Agencia de Extensión Rural Cruz del Eje del INTA, describe el contexto económico y social de los incendios en el norte cordobés, donde “más que modelos productivos, ha habido modelos extractivos, y la tasa de uso y deterioro del monte y el suelo ha sido mucho más alta que la posibilidad de una renovación sustentable”. “El proceso histórico en la zona del límite entre los departamentos Ischilín, Cruz del Eje y Punilla ha sido siempre ganadero y extractivo de leña para los hornos de cal –señala–. La diversificación productiva no fue una herramienta asumida por los productores y el sistema colapsa año tras año, por la sequía, el cambio climático y los incendios, quitándole rentabilidad a los productores familiares, precarizándolos y poniéndolos cada vez más al borde de las migraciones, lo que creemos va a ser uno de los efectos primarios después este desastre eco-sistémico”.
Foto: Télam.
Ese éxodo campesino a centros urbanos será la más probable consecuencia del “inevitable colapso de los sistemas ganadero, forestal, de la peperina y la palma, de las que viven mucha gente que posee saberes ancestrales. Incluso, ni siquiera va a ser sustentable el manejo de la apicultura en las zonas por donde pasó el incendio, lo que ha dado por el piso a cualquier expectativa productiva a mediano plazo, porque la reestructuración eco-sistémica va a ser muy difícil. Por ahora, lo que se propone es la organización de los habitantes de la zona en los consorcios de lucha contra el fuego, como el caso modelo del Champaquí, donde la gente que habita el lugar va manejando los incrementos de los pastizales”, señala Barreda.
“La temporada de incendios ha venido a incorporarse como una temporada más, como las de vacaciones, pesca y festivales en nuestra Córdoba –añade–. Vemos con mucha preocupación la secuencia que viene después de estos incendios. El proceso de inserción del capitalismo extractivo en estos lugares, luego de que suceden estas cosas, es terrible. El incendio no es ni más ni menos que expresión y consecuencia de manejos que van pensando hacia dónde van los mercados. Y queda en el aire la pregunta de hasta dónde el mercado inmobiliario no tiene que ver en las intencionalidades: pasar de vender hectáreas a vender metros cuadrados y un paisaje a los sectores pudientes de nuestra sociedad”.
Fuente: Desafíos Urbanos
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