Recorte de subsidios, suspensión de pensiones, deudas que se van acumulando, aumentos irrisorios a docentes, dineros que no alcanzan para garantizar los mínimos cuidados que requieren las personas con discapacidad. El ajuste en su cara más despiadada.
Son cerca de las once de la mañana en los alrededores de la quinta presidencial de Olivos. La avenida Maipú está cubierta de personas en sillas de ruedas, con bastones, con dificultades para moverse, personas acompañadas de sus familias y de trabajadores de la salud, algunos con pecheras azules que dicen #NoAlAjusteEnDiscapacidad. Hay estacionados decenas de micros escolares, de los clásicos color naranja. Hay alegría por el éxito de la convocatoria. Hay abrazos, saludos, lágrimas. Y un mensaje que intenta (¿lo logrará?) esquivar a los policías anti disturbios, trepar los muros de la residencia oficial y decirle al jefe de Estado, como dice Andrea, “Macri, ¡con los discapacitados no!”.
Del brazo de su hija Isabel, ella es una de los tantísimos manifestantes que llegaron a la protesta del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de las Personas con Discapacidad. Sufre en persona una de los problemas que el Foro denuncia: desde enero de este año la Nación transfirió a las provincias el servicio de transporte; las gobernaciones, sin tiempo, preparación ni presupuesto, adeudan hasta siete meses de pagos. “El transportista que lleva a Isabel a sus tratamientos me dijo que está poniendo plata de su bolsillo para el gasoil, pero si el mes que viene no cobra ya no va a poder venir a buscarla”, cuenta Andrea. Y explica, como si hiciera falta, que “estos chicos necesitan continuidad en la terapia, una demora o retraso genera un retroceso, pierden todo lo que pudieron haber avanzado”.
Pierden. Los chicos con discapacidad pierden.
“Basta de ajuste, señor Presidente, se la está agarrando con las personas que más los necesitan”, dice Mónica, mamá de Oriana. Explica que el centro de tratamiento al que concurre su hija hace dos años que acumula partidas adeudadas. “Yo no sé cómo aguantan, les sobra paciencia y amor para los chicos pero no tienen un peso, con los que nos cuesta vivir a todos, imaginate”. Pero no se necesita imaginar sino escuchar a Paula, terapista ocupacional, que describe la curva de aumento del salario que recibieron del Estado los trabajadores del área: “cero de aumento en 2017, cero de aumento en 2018, 5% este año”. Cuenta que el centro donde ella ejerce su profesión no solo acumula deuda desde hace dos años sino que el 2019 recibió partidas reducidas en un 20%.
Reducir una partida es mucho más que una planilla de EXCEL para mostrar con orgullo a los funcionarios del FMI. Dice Paula que reciben 140 pesos por paciente para tres comidas por jornada, comidas que –como corresponde- debieran ser saludables y equilibradas. El INDEC, según su canasta básica alimentaria, considera que una persona debe destinar 3.880 pesos mensuales para no caer en la indigencia. Son unos 129 por día. Un poco menos que indigentes, así considera el Estado a las personas con discapacidad. En el trabajo de Paula tuvieron que elegir: ya no atienden ni dan de comer todos los días.
Pierden. Los chicos con discapacidad pierden.
¿Y si los más descartados prueban disfrazarse de verde con la cara de Washington?
Sólo la última semana, el Banco Central derrochó 300 millones de dólares por día de sus reservas para contener al dólar. Y con el mismo propósito dilapida casi 60 millones de pesos diarios en intereses de LELICS a tasas del 72%. Pero no hay plata, parece. Por eso, y con razón, Jorge, el papá de Belén, no entiende hasta dónde piensa llevar el Gobierno la situación. Su hija vino a la protesta tocando un redoblante. Hasta el corpulento oficial de Infantería se enterneció, o eso al menos se adivina en sus ojos a través del breve espacio de la cara que deja libre el pasa montañas. Jorge no quiere hablar mucho, y señala al cartel que lleva Miguel. No lo sostiene, en rigor. Está enganchado en la silla de ruedas del joven, que según explica su mamá, tiene espina bífida desde pequeño. “No es caridad, son nuestros derechos”, aparece escrito en la cartulina.
Cuenta la mamá de Agustina que, por suerte, a su hija no le tocaron la pensión. Pero dice que conoce casos de personas a los que le arrebataron el beneficio sin causa alguna, del grupo de los 170 mil afectados por el Gobierno. Hay disposiciones judiciales que, por goteo, reparan lentamente el daño causado. Pero la mayoría de las personas con discapacidad enfrenta otro obstáculo. Esther agrega que ella recibió la cédula para revisar el certificado médico obligatorio, que le otorga un plazo de 60 días para entregar el documento a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Si no lo hace, pierde el beneficio. “Es una carrera interminable, hay que ir a centros públicos, donde el personal muchas veces no está capacitado, previo trámite vía internet”. El Foro advierte que, si llegara a haber algún inconveniente durante ese proceso, primero cae la pensión y después la ANDIS ve qué es lo que se puede hacer.
A esta gente que está en la calle todo le cuesta el doble, el triple y más. Por venir a la marcha faltaron de nuevo al taller, al comedor, a la huerta, a los juegos recreativos, al salón de lectura, a su espacio de dignidad.
Pero esta vez ellos eligieron el sacrificio.
Ayer, hoy y –ojalá no- mañana, otros decidieron, deciden y decidirán por ellos. Son los auténticos carecientes, esos a los que le falta lo único que no pueden comprar: la empatía por el otro, la mirada y el servicio hacia el más vulnerable. Son los que consideran a las personas por su capacidad de producción o renta, sacerdotes del oráculo de la meritocracia.
(Y el esfuerzo que hay que hacer y las vueltas que hay que dar para morderse la lengua y atarse las manos frente al papel, para no escupirle a los canallas los insultos que largamente merecen)
Explíquenle a Daniela que su hija Donatella puede perder sus derechos. Que alguien venga a darle una respuesta, a ella que ya dio la suya:
“¿Qué le pido al Presidente? Sensibilidad”.
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