La oferta oficial combina cláusula gatillo, un tope del 20% en cuotas y acuerdos por productividad. La estrategia de Cambiemos incluye seducir a los gremios del transporte. La inflación que no se detiene y la caída del poder adquisitivo de los trabajadores hace que todo sea muy complicado para las aspiraciones del gobierno.

 

Los últimos datos sobre inflación ponen en riesgo uno de los objetivos prioritarios del gobierno: que la mayor cantidad posible de gremios cierren entre esta semana y la próxima las negociaciones paritarias con incrementos salariales del 20% en dos cuotas. Un porcentaje similar a la propuesta hecha a los docentes. Para conseguirlo, el oficialismo ofrecerá la famosa cláusula gatillo. Invocará como antecedente lo acordado por Armando Cavalieri con las cámaras de Comercio y de la Mediana Empresa. En otras palabras: que se discuta la inflación futura, no la pasada.

Los primeros en pasar por el banco de prueba serán los gremios que en la Casa Rosada califican como “amigos”: la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). La idea es que ambos sindicatos ayuden a consolidar la estrategia. La razón es sencilla. Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez (UPCN) –junto con los “independientes” que lidera José Luis Lingieri (Obras Sanitarias)- integran el núcleo dialoguista de la CGT.

La movida es piloteada por Jorge Triaca. En su entorno confían en poder elevar la cantidad de acuerdos por productividad. Hasta hora, sólo tres de cada diez sindicatos aceptaron cláusulas de ese tipo. Un condicionamiento que ata las mejoras salariales a los incrementos de productividad para así reducir costos laborales duplicando tareas, al tiempo que se disminuyen los pagos y beneficios extras. La moneda de cambio: el aumento salarial y la suspensión de los despidos.

La idea es que las cláusulas por productividad se apliquen a  marítimos, navieros, mecánicos y mineros. Una vez más, el gobierno apelará a los antecedentes. Los petroleros de Guillermo Pereyra y Manuel Arévalo,  cerraron un acuerdo de estas características el año pasado. También lo hizo el de los mecánicos de Ricardo Pignanelli (SMATA). En todos los casos se trata de evitar una negociación general que quede en manos del triunvirato cegetista.

La primera reunión formal de la semana será entre Martínez y Gustavo Weis, presidente de la Cámara de la Construcción (Camarco). Los números en danza no deparan sorpresas. Las partes admiten que el número final será muy similar al acordado por Cavalieri. Agregan que, como mucho, la suba podría estirarse hasta el 22 por ciento. El acuerdo sería por 12 meses y, obviamente, con cláusula gatillo. En este caso no se habla del IPC, sino de la canasta básica que mide el Indec, por lo general superior el nivel general de precios minoristas.

En el gobierno se entusiasman con la posibilidad. Señalan que los 400 mil trabajadores de la construcción se sumarían al millón de mercantiles y, muy seguramente, a los empleados públicos nacionales de la administración central representados por UPCN. Este último se trata de un gremio clave, ya que la suba salarial suele replicarse en los entes descentralizados y autárquicos e incluso a las empresas públicas.

Más compleja se presenta la negociación que encarará la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Antonio Caló. Es el mayor gremio industrial. Unos 250 mil trabajadores. En su mayoría muy castigados por las suspensiones y los despidos. El miércoles recibirán al conjunto de las cámaras empresarias: ADIMRA, CAIAMA (pymes), AFAC (autopartistas), CAMIMA (aluminio), AFARTE (electrónicos de Tierra del Fuego) y FEDEHOGAR (línea blanca). Será difícil que Caló y los suyos acepten discutir sólo la inflación futura. Pedirán un 30%. El  5% es por la pérdida de poder adquisitivo de la paritaria de 2016. El resto, por la inflación futura.

La estrategia tiene otra pata que el gobierno considera central. Un acercamiento con los gremios del transporte. Un sector que el oficialismo considera clave por el poder de fuego que suele exhibir en los paros generales. El acercamiento lo ensayó el propio Triaca. Fue durante una reunión que mantuvo con un grupo de sindicalistas de la Confederación de sindicatos del transporte (CATT), que lidera Juan Carlos Smith -también integrante del triunviro cegetista-. El encuentro tuvo un asistente poco usual: el titular de la Afip, Alberto Abad.

No hubo acuerdos concretos. Tampoco reproches cruzados. Fue más bien una reunión técnica. Todos subrayaron la voluntad de acordar. El gobierno se comprometió a tomar medidas. El punto central: que la mayor parte de los trabajadores del sector siguen o volverán a pagar Ganancias. Los gremios advirtieron que por cuestiones técnicas no se cumple la promesa de excluir horas extras y viáticos de los cálculos del impuesto. Conclusión: habrá una mesa técnica. Omar Maturano (Fraternidad), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Roberto Fernández y Mario Calegari (UTA) y Omar Pérez (Camioneros) se retiraron conformes.

Para los jefes sindicales será una negociación compleja de cara a sus representados. Pasado ya el paro general que reclamaron las bases, deberán justificar los números que acuerden. El 6% de inflación acumulada en el primero trimestre habla de una pauta anual que difícilmente se ubique por debajo del 20%.  El desfasaje entre lo que propone el gobierno y lo que dicta la realidad es notorio. Sucedió en 2016. La inflación fue superior al 40%. Muy por encima del 25% anunciado. La inflación está lejos de ser un dato superado.

La dirigencia sindical sabe que de aceptar el modelo que impulsa el gobierno, los salarios volverán a perder frente a la inflación. El año pasado crecieron en torno al 33%. No menos de 6 puntos por debajo de la inflación minorista que mide el Indec. En síntesis: de la conducción sindical dependerá que no se consolide un esquema donde la pérdida de poder adquisitivo consolida una matriz distributiva más regresiva en escenario sombrío.