Las fuerzas políticas que dicen representar a los sectores populares deben desprenderse de la inercia que es propia de un sistema social extremadamente poderoso que no está dispuesto a resignar lo más mínimo. Porque bien vale subrayar que acceder al gobierno no es acceder al poder.
Si se pretende alcanzar una economía que pueda satisfacer a todos, no se puede esperar que eso se produzca linealmente, por un simple evolucionismo. Se deben tocar intereses que son los que se benefician con lo existente. Se deben por tanto realizar diversas vueltas de tuerca que sacudan el status quo y den por sentado los pilares para un nuevo rumbo. Esto es algo que se sabe, no es necesario machacar tanto en ello. De lo que se habla poco es de los obstáculos que lo impiden.
El gobierno nacional haciéndose cargo de producir esos cambios propuso entre otras cosas, la expropiación de Vicentín y el impuesto a las grandes rentas. En poco tiempo ambas propuestas cayeron en saco roto. Algunos hablaran de tibiezas o de cómo los grandes medios manipulan la opinión pública. Si esto fuera nuevo, podría llamar la atención.
Durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) acontecieron no pocas veces situaciones similares que convendría siempre tenerlas en cuenta. El conflicto con el campo en 2008 a pocos meses de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, comenzó a marcar la agenda de una oposición que siempre estuvo alineada con los intereses que sostienen el status quo.
Papel Prensa: inicio de la concentración mediática.
En 2009 se logró sancionar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aunque llevarla a la práctica haya sido casi una quimera. No resultaba importante sólo por la democratización de las voces sino por poner entre las cuerdas la propiedad ultra monopólica de los principales medios nacionales.
En 2010 surgió el debate sobre la empresa Papel Prensa. En agosto de ese año la presidenta CFK presentó el informe Papel Prensa: La verdad, en el cual se detalla cómo la empresa fuera apropiada de manera irregular durante la última dictadura cívico militar. Recuperarla implicaba facilitar a todos los medios impresos del país conseguir papel a un precio accesible y no sólo un perjuicio para los apropiadores que siguieron manteniendo un privilegio, al que accedieron gracias a maniobras llevadas adelante, enmarcadas por delitos de Lesa Humanidad.
Casi todas las medidas a favor de destrabar el anclaje del capitalismo dependiente en la Argentina fueron sometidas a la imposición de cautelares judiciales que impedían que avancen, más una ofensiva mediática que ellos mismos tildaron de “periodismo de guerra”. Cuando se señala que hay que tocar intereses para permitir que la economía pueda avanzar, la mayoría de las veces se trata de grandes propietarios que no solamente fueron beneficiados por la dictadura, sino que a su vez fueron sus socios civiles.
L a Sociedad Rural, los diferentes grupos económicos que se beneficiaron con la estatización de la deuda privada, -la circular A251 del 17 de noviembre de 1982 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuando lo presidía de facto Julio González del Solar- más algunos sectores políticos y el Poder Judicial, constituyeron la pata cívica de la última dictadura.
Desde 2002 nucleados principalmente en la AEA (Asociación Empresaria Argentina), junto a la Rural y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) que realiza su clásico coloquio anual constituyen el principal lobby corporativo argentino. El verdadero poder económico nacional asociado a diversas ramificaciones del capital financiero y comercial que fluctúa por el mundo.
Un poder que no es afectado por las sucesivas crisis que padece el pueblo argentino sino que a su vez se beneficia de ellas. La llegada de Mauricio Macri al gobierno en 2015 lo muestra a la perfección. La protección a todos esos sectores económicos más la fuga indiscriminada de capitales, – para ellos resulta un gran negocio- implica para el país dejar una economía extremadamente frágil.
Macri, el gobierno y el poder económico.
Si uno se detiene a observar las diferentes medidas económicas llevadas adelante a partir de 1983 en ocasión de la vuelta de la Democracia podrá percatarse que salvo los desendeudamientos y la recuperación parcial de YPF en 2012 nunca fue posible destrabar la economía que se heredó de la última dictadura. Es más, la mayoría de las medidas llevadas adelante – principalmente durante el gobierno de Carlos Menem (1989-99)- profundizaron ese cauce.
Se pueden ampliar los derechos democráticos (Leyes de Divorcio o Matrimonio Igualitario) pero tocar intereses económicos implicará seguir girando en una inercia casi indeleble. Industrializar la ruralidad, cambiar la matriz productiva, institucionalizar el modelo de inclusión social, durante los gobiernos de Cristina, terminaron siendo buenas consignas. Entonces es cuando nos preguntamos cuáles son las trabas.
El sistema democrático que se inauguró en 1983 no parece demasiado permeable a soportar los cambios que demanda la sociedad. Tanto el Poder Judicial como la corporación mediática heredados de la dictadura, son integrados sin que ello produzca demasiado conflicto. A su vez es un régimen político que demostró su labilidad con la crisis de diciembre de 2001 generando una grave crisis de representatividad.
Desde 1983 a hoy tenemos así dos etapas. Una que concluye en 2001 y otra que emergió principalmente desde 2003 hasta la actualidad. Dos etapas que ocupan casi dos décadas cada una y en las que se pueden establecer algunas diferencias. A partir de la crisis de 2001 era necesario restablecer la legitimidad de la política y dar algunos pasos importantes en la recuperación económica y social, a partir del desguace neoliberal de la década anterior.
Si se lo ve correctamente, la política de DDHH inaugurada por Néstor Kirchner implicaba no sólo la reivindicación de los caídos durante la dictadura, sino terminar con la teoría de los dos demonios -que había dominado durante los 80- y así poder avanzar también sobre las responsabilidades civiles durante el genocidio. Planteado de esa forma se transformaba en una palanca para recuperar un sistema democrático en el que ya no tendrían protección los viejos dinosaurios de antaño.
Ese proceso que se abre en 2003 no será lineal sino que estará marcado por enfrentamientos que se comenzaron a visibilizar a partir del conflicto de la 125 en 2008, pero que ya estaban bien presentes. Cuando la derecha habla de democracia o república siempre se refiere al sistema que se inició en el 83 culminando en 2001, y su programa es que lo que comenzó a partir de 2003 no se dispare para otro lado y vuelva a ser lo anterior. Es una lucha que sigue con final abierto. Hoy oponerse a la reforma de la Justicia es una muestra de ello.
En 1983 se recupera la democracia.
Lo que principalmente se debate en torno al funcionamiento de la democracia es qué lugar deben ocupar los socios civiles de la dictadura. La derecha argentina tiene bien claro cuál es ese lugar y si bien durante el gobierno de Macri (2015-19) no pudo alcanzar una hegemonía sobre el conjunto de la sociedad, se percibe claramente que lo seguirá intentando.
Las fuerzas políticas que dicen representar a los sectores populares deben desprenderse de la inercia que es propia de un sistema social extremadamente poderoso que no está dispuesto a resignar lo más mínimo. Porque bien vale subrayar que acceder al gobierno no es acceder al poder.
En una próxima nota que será la continuación de ésta, se hará principal referencia al sistema democrático que se inició en 1983 y que fuera diseñado casi en exclusiva por la pata civil de la dictadura, que fue quien organizó por aquel tiempo un acuerdo con ciertos sectores políticos. Sus avatares y su colapso en 2001 y la posibilidad de reformulación a partir de 2003. También los diferentes enfoques sobre cómo salir de la crisis de representatividad con la conformación de un nuevo bipartidismo.
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