Se hacen pasar por manifestantes en las marchas, fichan a militantes de derechos humanos y de organizaciones sociales, lo anotaron todo de Sergio Maldonado mientras estaba embarcado en la búsqueda de su hermano. Hasta creen en la existencia del Plan Andinia, según el cual los judíos pretenden adueñarse de la Patagonia. Son los espías de la democracia.
Los hechos violentos que tuvieron lugar en el marco de las protestas por la reforma previsional el jueves y lunes pasados pusieron nuevamente en discusión la cuestión de los infiltrados. El testimonio que dio la madre de uno de los policías heridos al canal de Noticias A24 dejó involuntariamente al descubierto que su hijo se encontraba trabajando de civil, razón por la cual no tenía protección y terminó herido por sus propios compañeros que probablemente lo confundieron. La presencia de un miembro de la Policía Federal sin identificación y entremezclado con los manifestantes hizo resurgir las sospechas de que se trataba de uno de los tantos agentes que se infiltran en las movilizaciones para fomentar disturbios y para identificar y detener manifestantes.
No es algo nuevo. Hace unos meses, mientras Sergio Maldonado encabezaba la desesperada búsqueda por el paradero de su hermano Santiago, la Gendarmería se encargaba de realizar tareas de inteligencia sobre él. No sobre el destino de Santiago, desaparecido desde la represión del 1 de agosto sino sobre su hermano Sergio y los familiares. El jefe del Escuadrón 35 de Gendarmería de El Bolsón, Fabián Arturo Méndez, había guardado en su celular varios archivos de Word y PDF con información sobre la comunidad mapuche de Cushamen y las manifestaciones en El Bolsón. A esto se sumaban datos sobre el auto de Julio Saquero, querellante en la causa por la desaparición forzada, los informes de Migraciones donde constaban los ingresos y salidas del país del joven desaparecido y otras personas de su entorno, y un mensaje de Whatsapp en el que le informan sobre los movimientos de la familia Maldonado en El Bolsón.
Estos documentos -encontrados en el celular del Jefe de Gendarmería por peritos de la Policía Federal- prueban que aquella fuerza había realizado espionaje ilegal sobre los familiares de Maldonado. No sólo se habían registrado los movimientos de los manifestantes convocados a la plaza Pagano, en el Bolsón, para exigir la aparición con vida de Santiago el 4 de agosto sino que también se había registrado un mensaje del celular de Méndez del lunes 7 donde decía: “Andrea Antico y Sergio Maldonado van a estar en el Centro Cívico. Son matrimonio”. Otra de las conversaciones trasmitidas al celular decía: “Ahí está el hermano de Maldonado, en la ACA. Se juntaron ahí, y pidió que volvieran a organizarse a la plaza. Así que volvieron al lugar de donde salieron. Vamos a ver si vuelven a salir en un rato”. Varios de los documentos encontrados llevaban el sello de CRINEU (Centro de Reunión de Información Neuquén) lo que demuestra que el espionaje funciona de manera centralizada.
Un agente de la AFI en la Patagonia
Este no fue el único caso de espionaje en la región. Dos años antes, un agente de la Agencia Federal de Investigaciones (ex SIDE) llegó a Esquel el mismo día que comenzó la ocupación territorial en Leleque, en el departamento de Cushamen, propiedad de la multinacional Benneton, con el objetivo de conseguir información sobre al menos 30 militantes vinculados al movimiento local No a la mina y a la comunidad mapuche de la zona. El espía de la AFI había sido trasladado especialmente desde Trelew y a través de sus investigaciones recopiló datos personales, videos, declaraciones e incluso registró la identidad de varios de los activistas locales. Esto salió a la luz el 28 de agosto de 2015, en una instancia procesal por la ocupación de los terrenos de Leleque. Ante el tribunal local, la Defensoría Oficial denunció la existencia de un archivo con investigaciones secretas sobre 30 militantes, que nada tenían que ver con el objeto del caso.
Estos datos habían llegado allí porque el mismo espía de la AFI se los había entregado a los fiscales. El escándalo, que sólo tuvo un impacto regional, acabó con los procesamientos del agente de inteligencia y los tres fiscales por parte del juez federal de Esquel Guido Otranto por violación de la Ley de Inteligencia. Según dice la resolución judicial: “En el caso se encuentra probado que sin autorización expresa del Director General o el Subdirector General de la Agencia, el agente XX se relacionó con la fiscal jefe y el fiscal general de Esquel, María Bottini y Fernando Rivarola. Se reunió con ellos la mañana del 28 de mayo de 2015, haciendo alarde de su condición de agente de inteligencia y les ofreció colaboración en la investigación por la ocupación de tierras en Leleque, aportando al respecto diversa información digital. Del mismo modo se ha acreditado que el mismo entabló relación funcional con personal de la División de Investigaciones de Esquel de la Policía del Chubut”. El espionaje había sido ilegal porque no contó con la autorización de un juez y porque esa reunión entre el espía y los fiscales configuró un vínculo prohibido por el artículo 15 bis de La ley de Inteligencia 25.520, que sólo permite al director o subdirector de la AFI entablar relación con cualquier funcionario de los poderes públicos.
Seguridades interiores
La ley fue sancionada en diciembre del 2001 y buscaba regular de manera explícita y pública la actividad de inteligencia que hasta esa fecha se había regido por decretos secretos. Se complementaba con dos leyes anteriores, la de Defensa Nacional y la de Seguridad Interior, que habían buscado diferenciar el papel de las Fuerzas Armadas. De esta manera la seguridad interior quedaba a cargo de manera exclusiva de las fuerzas de seguridad (policía, gendarmería, prefectura) mientras que de las amenazas externas a la soberanía nacional se encargaba el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En este esquema la aprobación de la ley de inteligencia implicaba la diferenciación entre la inteligencia estratégica militar vinculada a la defensa nacional y la inteligencia criminal vinculada a la seguridad interior.
Otra de las novedades fundamentales de la ley era el intento por determinar lo que los organismos de inteligencia podían y no podían hacer. En el artículo 4 se les prohibía expresamente realizar tareas represivas y cumplir funciones policiales o de investigación criminal, salvo que hubiera un requerimiento judicial específico. Se les prohibía obtener y almacenar datos sobre personas por su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política; incluso por su pertenencia a organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas o de cualquier tipo mientras fueran lícitas. Se les prohibía influir de cualquier modo en la situación política, social o económica del país como también en la política exterior o en la vida interna de los partidos políticos.
El espionaje de la Armada
Sin embargo, desde la sanción de la ley han sido varios los casos donde los organismos de inteligencia fueron descubiertos en actividades expresamente prohibidas por la ley, es decir ilegales. Uno de los más resonantes salió a la luz en 2006, cuando un cabo de la marina denunció que en la base de la Armada Almirante Zar de Trelew se estaba haciendo espionaje sobre instituciones vinculadas a los derechos humanos y las comunidades extranjeras, así como fichas con datos personales de distintos funcionarios y cuestiones vinculadas a su ideología y actividades. Entre estos funcionarios figuraba el propio presidente Néstor Kirchner, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y la ministra de Defensa Nilda Garré.
La investigación judicial demostró que no se trataba de una práctica de espionaje realizada en solitario por la base sino que era sistemática y estaba extendida al resto de las dependencias de la Armada como las bases de Ushuaia, Zárate y Puerto Belgrano. Todos los informes eran transmitidos con carácter confidencial a la Direcciónde Inteligencia Naval (DIIA) y al Comando de la Aviación Naval (COAN), que dependían funcional y orgánicamente del Vicealmirante Benito Rótolo, y además a la Central de Inteligencia Principal (CEIP) del Comando de Operaciones Navales (COOP), que se encontraba a cargo del Almirante Jorge Godoy. Como consecuencias de estas investigaciones, en dos juicios realizados entre 2012 y 2015, fueron condenados más de trece marinos por haber violado las leyes de Defensa Nacional y de Inteligencia. La condena incluyó también al almirante Godoy y a su segundo, Rótolo.
El proyecto X de Gendarmería
El otro caso que salió a la luz pública en 2012 fue la base de datos sobre militantes sociales y activistas políticos que había conformado Gendarmería y que fue bautizada como Proyecto X por quienes la descubrieron y denunciaron: el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). La base de datos incluía información sobre todos los dirigentes sociales de todas las villas de la Ciudad y un listado de más de mil organizaciones monitoreadas por la Gendarmería que incluía gremios, organismos de derechos humanos y entidades del campo, entre otras, y que abarcaba todo el país.
La investigación judicial determinó que esta base de datos había sido creada en 2002 y actualizada en 2006 y, según declaró el jefe de la Fuerza Héctor Schenone a la justicia: “(se) utiliza como herramienta de análisis y orientativa en causas judiciales, así como en apoyo informativo a Unidades Operativas, de Investigaciones Judiciales e Inteligencia Criminal”. La Sala I de la Cámara Federal dictaminó que la información recolectada excedía indudablemente aquella necesaria para la identificación de los responsables del corte de calles y que en la mayoría de los casos la información no formaba parte de ninguna causa judicial. Las consecuencias fueron el pase a disponibilidad de varios gendarmes implicados en las tareas de espionaje, aunque denuncias posteriores demostraron que el Proyecto X sigue activo.
Policías camuflados
En mayo de 2013 y por una filtración de datos surgida desde la misma Policía Federal, se supo que el “periodista” de la agencia de noticias Rodolfo Walsh Américo Balbuena era en realidad un oficial mayor de inteligencia de la Policía. Ya desde el año 2002 Balbuena se las había arreglado para infiltrarse en esa agencia de noticias alternativa, que centraba su agenda en historias de fábricas tomadas, movilizaciones estudiantiles, piqueteros, casos de gatillo fácil y demás noticias que los grandes medios no solían cubrir. Desde ese lugar privilegiado, Balbuena se encargaba de pasar información sobre las acciones realizadas por las organizaciones populares. Su accionar se amparaba en la Ley Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina 9021/63 y su decreto reglamentario 2322/67, normas de carácter secreto que datan del gobierno radical de Arturo Illía y del dictador Juan Carlos Onganía, respectivamente. Allí se habilitaba a los agentes reclutados en el Cuerpo de Informaciones a realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo estos decretos habían sido derogados en 2003 mediante una resolución del Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Béliz, quien obligó a que los organismos de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad y Policiales se ajustaran estrictamente a las disposiciones contenidas en las leyes de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional.
Un año después de que el caso de Balbuena saliera a la luz, el periodista Gabriel Levinas publicó, en julio de 2014 en Perfil, la revelación de que había un infiltrado de la Policía Federal en la AMIA llamado José Alberto Pérez. Al año siguiente los periodistas Miriam Lewin y Horacio Lutzky publicaron el libro losi. El espía arrepentido, donde lo entrevistaban y contaban que su infiltración tuvo tanto éxito que llegó a ser dirigente de instituciones judías, se movió por los pasillos de la Embajada de Israel y hasta se casó con una mujer que trabajó de secretaria en distintas organizaciones comunitarias.. En una parte del libro, el espía arrepentido cuenta: “La orden verbal fue si me animaba a hacer ese trabajo de infiltración. Si podía recabar información de los vínculos de la comunidad con grupos de izquierda de Medio Oriente. Y luego sobre los planes del sionismo secretos para llegar a dominar la Argentina con el plan Andinia. La gente que me entrenó pensaba que eso era cierto y que existía esa conspiración.”. El plan Andinia refería a un supuesto plan de la comunidad judía para apropiarse de la Patagonia. Esta teoría conspirativa había sido elaborada por sectores del nacionalismo de derecha argentino y se había convertido en verosímil para un sector importante del Ejército, las fuerzas de seguridad y del nacionalismo.
Estos casos no son los únicos. Desde la vuelta a la democracia han salido más datos sobre infiltrados de otras fuerzas como el Ejército, la Prefectura e incluso la recientemente creada Policía Metropolitana. El balance no puede ser más desalentador. Desde la sanción de la Ley de Inteligencia poco parece haber cambiado en el panorama del espionaje argentino. Las fuerzas armadas y de seguridad continúan realizando espionaje interno sin que exista requisitoria judicial alguna y en abierta violación de la leyes. La misma AFI suele aparecer de vez en cuando metida en algún caso de espionaje interno y la comisión del Congreso que debería controlarla no parece funcionar adecuadamente. Esta situación no se ha modificado ni parece que vaya a cambiar, a pesar de los varios y disímiles gobiernos que han pasado desde el retorno de la democracia. Como bien le recordó un integrante del grupo de Tareas de la ESMA al detenido Víctor Basterra, en diciembre de 1983, antes de liberarlo de su largo cautiverio: “Te vas, pero no te hagas el pelotudo porque los gobiernos pasan, pero la comunidad informativa siempre queda”.
