Además de blanqueo de dinero ilegal, supresión de identidad, falsificación de documento público y uso indebido de información reservada, delitos en los que las autoridades y candidatos de la alianza Cambiemos estarían incursos, ha comenzado a preocupar el origen de una enorme cantidad de dinero.
La investigación que Juan Amorín ha venido divulgando en El Destape sobre el turbio financiamiento de la campaña bonaerense de Cambiemos para las elecciones legislativas de 2017, no sólo involucra a las principales autoridades partidarias –como la gobernadora María Eugenia Vidal– y a sus candidatos Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña, Héctor Toty Flores, Guillermo Montenegro, sino que hace temer por el verdadero origen de esos fondos y el grado de vinculación de los misteriosos aportantes con el manejo de los asuntos públicos.
Desde luego, las autoridades del PRO simulan demencia y atribuyen la denuncia a maquinaciones kirchneristas, actual versión de la bestia negra peronista post 1955, responsable absoluto de todos los males de la Patria, incluido el rebrote de la epidemia de parálisis infantil de 1956.
Los fondos reservados
Lo que había comenzado por el uso inconsulto de los nombres de numerosos beneficiarios de planes sociales para fingir aportes y de paso afiliarlos al Pro, lo que de por sí conforma por lo menos tres delitos serios, se reveló como parte de una operación mucho más vasta, que abarca los 135 partidos bonaerenses e involucra a la totalidad de candidatos de Cambiemos en cada uno de ellos, quienes en muchos casos figuran aportando cantidades de dinero que difícilmente estuvieran en condiciones de haber atesorado. Es evidente –y así lo ha manifestado más de uno de los damnificados– que en la mayoría de los casos se les ha usurpado la identidad a fin de blanquear dinero de origen turbio que, por lo menos, sería fruto de la evasión impositiva y la malversación de caudales públicos.
Además de blanqueo de dinero ilegal, supresión de identidad, falsificación de documento público y uso indebido de información reservada, delitos en los que las autoridades y candidatos de la alianza Cambiemos estarían incursos, ha comenzado a preocupar el origen de esa enorme cantidad de dinero.
Durante un programa televisivo el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández conjeturó que provendría de los fondos reservados de la SIDE, eliminados en el transcurso del último tramo del gobierno de Cristina Kirchner y repuestos por el presidente Macri casi en el mismo momento en que nombraba al frente de esa secretaría a su íntimo amigo, el representante de futbolistas Gustavo Arribas. La conjetura tendría asidero, pues sin ir muy lejos, ese fue el origen del dinero usado en abril del 2000 por la dupla Flamarique-Santibáñez, con la anuencia del presidente De la Rúa, para sobornar senadores oficialistas y opositores y váyase a saber cuántos integrantes del secretariado de la CGT de entonces que, por boca de su secretario general Rodolfo Daer, apoyó la sanción de la ley de “precarización laboral”.
Efectivamente, los fondos reservados de la SIDE pudieron ser el origen de los fondos de procedencia inconfesable usados para financiar la campaña electoral bonaerense de Cambiemos en el año 2017, pero difícilmente pudieran haberlo sido de la campaña de Cambiemos en 2015, de la que –Juan Amorín y el diario Diagonales comprobaron– la del 2017 sería una réplica casi exacta. Y muchísimo menos, los fondos reservados de la SIDE pudieron haber financiado en el año 2011 la campaña electoral del PRO en Santa Fe, con un mecanismo muy similar al usado en provincia de Buenos Aires en 2015 y 2017, y que el PROsantafesino no consiguió explicar. En consecuencia, en los últimos días la justicia de Santa Fe encontró culpable de corrupción al ex candidato a gobernador Miguel Del Sel, condenándolo a inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis meses, señal de que los jueces de Santa Fe no calibraron la auténtica gravedad del delito.
Un mecanismo absurdo
Si en 2015 y 2011 la SIDE del Pro conducida por Arribas no pudo haber financiado la campaña ¿quién o quiénes lo hicieron? ¿Cuál es el origen de ese volumen de dinero “negro” que la supresión de identidades y la falsificación de documento público tenían por objeto justificar?
Se sospecha –y así han de haberlo conjeturado los jueces de Santa Fe– que podrían provenir de la evasión de impuestos de importantes empresarios. De ser así, el mecanismo resulta absurdo, puesto que esos empresarios no obtendrían ventaja alguna de la donación de dinero que, aun siendo malhabido, se encontraba en su poder, ya fuera en cajas de seguridad o cuentas off shore en Panamá, Bahamas, Caimán o Montevideo. En tales casos, el modo de blanquearlo –vale decir, de reintroducirlo en los circuitos legales– se lleva a cabo mediante autopréstamos disfrazados de créditos bancarios o, ya más expeditivamente, por medio de oportunos banqueos impositivos, tal como hicieran en 2017 Gianfranco y Mariano Macri y otros parientes y amigos del señor presidente.
El aporte anónimo de dinero negro no reporta ningún beneficio a quien pretenda lavarlo, si es que pretende eso y no crear una “deuda de honor” que contraería el beneficiado, y que el anónimo aportante se cobraría con favores futuros. Para lavar dinero mediante el aporte a campañas electorales, lo más indicado sería el mecanismo inverso, en mayor medida tomando en cuenta que la donación a partidos políticos, cooperadoras, clubes, sociedades de fomento y cualquier entidad de bien habilitada para emitir recibos, es deducible del impuesto a las ganancias. Entonces, usted, dueño de una fábrica, una carnicería, una import-export que ha subfacturado durante un período de tiempo, generando así una cantidad equis de dinero negro, no va a hacer una donación anónima sino que, por el contrario, la hará pública, aunque exigiendo un recibo por un monto mayor al que ha aportado. Así, si usted aportó 100 pesos lo hará públicamente aunque a cambio de un recibo por 200 (que le permite “aumentar” gastos y pagar un poco menos de impuesto a las ganancias). El problema del beneficiario –pongámosle sólo a modo de ilustración, el PRO santafesino o el Cambiemos bonaerense– no será entonces el de tener que inventar aportantes falsos (como ha sido el caso) sino el de inventar gastos falsos a fin de justificar qué se ha hecho con esos 100 pesos inexistentes que figuran en sus cuentas como parte de la donación recibida del señor industrial, carnicero o exportador.
Los favores recibidos
En el caso de empresarios dedicados a industrias o comercios legales existe siempre una proporción entre el volumen de dinero blanco que manejan y la cantidad que han burlado a las autoridades impositivas. Sólo cuando esa proporción se rompe es preciso recurrir a procedimientos extraordinarios, como las cuentas off shore, los autopréstamos o la violación de la ley extendiendo los beneficios de los blanqueos impositivos a sus amigos y parientes, que es sólo uno de los modos de decir “a usted mismo”. Por lo general, se recurre al incremento artificial de la cuenta gastos o directamente se usa el dinero negro para operaciones negras, como el pago de salarios a trabajadores no registrados, sobresueldos o sobornos y coimas a funcionarios, jueces y/o legisladores.
Puede deducirse, según se ha visto, que es harto dudoso que el financiamiento de estas tres campañas del PRO procediera de dinero negro de empresarios en condiciones de justificar la mayor parte de sus ingresos, quienes hubieran utilizado el mecanismo inverso. Y descartando por lo menos en dos de esas tres campañas el uso de fondos reservados de la SIDE, el origen debería buscarse en actividades ilícitas de alta facturación. Una de ellas, la que se tiene más a la mano o, de acuerdo a la peculiar idiosincrasia nacional, repugna menos a la sensibilidad popular, sería la malversación de caudales públicos. Para el caso de las campañas electorales santafesina de 2011 y bonaerense de 2015, el Estado esquilmado por el Pro habría sido el de la ciudad de Buenos Aires, gobernada hasta 2011 por Mauricio Macri y desde entonces por Horacio Rodríguez Larreta. Ya para 2017, las posibilidades de Cambiemos de obtención de recursos ilícitos a expensas del Estado se habían incrementado en forma sideral e iban desde el uso de fondos reservados de la SIDE a apropiarse tanto los recursos de ciudad y provincia de Buenos Aires como al propio Estado nacional.
Fuera de la coima y la malversación de caudales públicos, las otras actividades que devengan dinero negro sin el correspondiente correlato de dinero blanco son el tráfico ilegal de armas, la trata de blancas y las varias formas de narcotráfico, todas las cuales requieren de alguna clase de amparo frente a las posibilidades represivas y punitivas del Estado. Respaldo que bien merece la inversión, a modo de soborno anticipado, de grandes sumas de dinero en las campañas electorales de candidatos y partidos amigos dispuestos a hacer la vista gorda.
En este panorama, vale preguntarse si el del intendente de Paraná Sergio Varisco, sospechado de lavado de dinero e imputado de transporte y comercialización de estupefacientes, es un caso aislado o un modus operandi ya sistemático de Cambiemos que la investigación de Juan Amorín no ha hecho más que empezar a revelar.
