Anoche María Eugenia Vidal debió retroceder y firmar un acuerdo con los trabajadores de Astilleros Río Santiago. Pero la movida para destruir la empresa no se detiene. Hay negocios oscuros y temores políticos en la avanzada de Cambiemos contra una empresa emblemática.
Luego de una toma de más de doce horas del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires por parte de los trabajadores de Astilleros Río Santiago, el gobierno provincial firmó con ellos un acta-acuerdo en la cual se compromete a “dar respuesta a los reclamos planteados”, el principal de los cuales es la compra y entrega de insumos para que la empresa pueda continuar con su producción.
Sin embargo, la ofensiva del gobierno de Cambiemos contra esta empresa emblemática de la producción nacional que Mauricio Macri dijo que quiere “dinamitar” está lejos de detenerse. Pese al acta-acuerdo firmada por las autoridades provinciales, esta mañana varios medios hegemónicos publicaron un mismo artículo -con algunas variantes de redacción que dan cuenta que los editores de cada uno de ellos metieron mano para que no pareciera el mismo – donde, entre otras cosas, se “denuncia” que el astillero “está funcionando con un estándar de producción muy bajo” y que “les cuesta a los bonaerenses 3.500 millones de pesos por año”.
El artículo también repite, en sus diferentes versiones, una declaración del ministro de Economía de la Provincia, Hernán Lacunza, donde intentó justificar el recorte de recursos para Astilleros. “Ya que en la Provincia no sobra nada, la gobernadora (María Eugenia) Vidal nos pidió que asignemos bien los recursos y nosotros queremos administrar con responsabilidad los fondos de los bonaerenses”, dijo. Y luego de esa introducción planteó que se podrían universalizar los comedores escolares y brindar el almuerzo a todos los alumnos de primaria y de los jardines de infantes de toda la provincia de Buenos Aires.
Es cuestión de ir por partes, como diría el bueno de Jack. Cuando una empresa no produce o produce con “un estándar muy bajo” nunca es decisión de sus trabajadores, sino de sus dueños y/o directivos. Astilleros Río Santiago es una empresa del Estado y, por lo tanto, sus niveles de producción son, en primera instancia, responsabilidad del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En otras palabras, si no produce es porque el gobierno de María Eugenia Vidal así lo quiere.
En caso de que esta obvia explicación no fuera suficiente, el documento firmado anoche entre los delegados de Astilleros y el gobierno provincial lo reconoce implícitamente. En su primer párrafo el acta dice: “Entrega de gas y oxígeno para la continuidad de las obras en ejecución”. Es decir que, primero, hay obras en ejecución, lo que significa que el astillero tiene trabajos en marcha; y segundo, que es el gobierno de la Provincia el encargado de entregarle los insumos, lo que significa que, si tiene la producción detenida por falta de recursos, eso no es responsabilidad de los trabajadores sino del Estado que es propietario de la empresa. Se trata, ni más ni menos, que de una clásica maniobra de vaciamiento.
Esta es apenas una de las tantas falacias que es sencillo desmontar de la virulenta campaña que el gobierno ha desatado con el auxilio de sus medios afines contra los trabajadores de Astilleros Río Santiago. Una campaña a la que, por supuesto, no le falta el repetido lugar común berreta que Cambiemos utiliza para destruir. En este caso, estuvo a cargo del ministro Lacunza cuando dijo que el dinero que supuestamente se desperdicia en un astillero que no produce alcanzaría para universalizar los comedores escolares en la Provincia. Una vez más se mezclan peras con manzanas para vender fruta podrida: una cosa no tiene que ver la otra. Y a esta altura ya se debería saber que cuando Cambiemos dice que con una cosa se puede hacer otra está mintiendo. Basta recordar todos los jardines de infantes que iba a construir el gobierno de Macri con la plata de fútbol para todos.
Un obstáculo para negocios turbios
Detrás de la movida de los gobiernos nacional y provincial para la destrucción Astilleros Río Santiago existen claros intereses económicos y políticos.
Se trata de una empresa capaz de construir lo que hoy el gobierno está comprando mucho más caro en el exterior. Como señaló el colega Daniel Arias en un artículo publicado por Socompa el gobierno de Mauricio Macri cerró una operación para comprar a Francia cuatro buques L’Adroit OPV 90 (de patrullaje marino), los cuales hoy se encuentran en desuso por parte de la Marina de ese país dado que las reemplazó por naves tecnológicamente más complejas y con mayores capacidades armamentísticas.
El costo de la operación es de unos 300 millones de euros, cuando fabricadas por Astilleros Río Santiago costarían poco más de la mitad. “Estas embarcaciones también se podrían construir sin ningún problema en el país, en el Astillero Río Santiago, si hubiese la decisión política de hacerlo”, explicó ayer, durante la toma, el titular de ATE-Ensenada, Francisco Banegas.
No es el único negocio del gobierno para el cual la capacidad productiva de Astilleros es una molestia. “Se compraron cinco lanchas de patrullaje a Israel por un costo de 49 millones de dólares sin tener en cuenta que en el Astillero Río Santiago se podrían construir esas patrullas por menos de la mitad del valor abonado a los israelíes”, dijo también el dirigente sindical.
No hace falta profundizar más para saber quién gana y quién pierde con estas operaciones. O quiénes se quedan con la diferencia.
Un modelo de resistencia
Pero los negocios de los Ceos en el gobierno no son la única razón por la cual la dupla Macri-Vidal quiere destruir Astilleros Río Santiago. La potencia, la organización y la conciencia de clase demostradas por sus obreros y empleados en la resistencia a los ataques del gobierno es una señal de alarma para una gestión que busca la desmovilización y el sometimiento de los trabajadores al salvaje modelo neoliberal que está instrumentando en la Argentina desde diciembre de 2015.
La de los trabajadores de Astilleros Río Santiago es una historia de lucha que ha dejado marcas indelebles en los últimos 50 años de la Argentina. Basta recordar su papel -junto a los trabajadores de Propulsora Siderúrgica – a la cabeza de las movilizaciones contra el Rodrigazo en julio de 1975 para reconocer la vigencia de esa tradición en las luchas de los últimos días que llegaron a su punto más alto con la toma del ministerio de Economía.
Por eso el gobierno de María Eugenia Vidal debió retroceder anoche y firmar un acta con el compromiso dar respuesta a los reclamos. Si cumplirá o no es algo que está por verse, pero la cosa se le estaba yendo de las manos frente a trabajadores fuertemente movilizados y dirigentes que no estaban dispuestos a venderlos por treinta monedas.
Porque desde el gobierno, la lucha de los trabajadores de Astilleros Río Santiago es vista como un ejemplo peligroso que puede reproducirse en otros ámbitos. Y eso le da miedo, porque se trata de una lucha firme y caliente que nada tiene que ver con la tibieza que sabe regalarle el triunvirato de la CGT.
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