La represión y la detención de los delegados del subte es una señal a dos puntas: disciplinamiento social para aplicar el ajuste y demostración de fuerza hacia el establishment financiero y el FMI. De todos modos, el cóctel puede explotar.
El mismo día que el súper ministro Nicolás Dujovne se estrena en el cargo (coordinó una reunión de los nueve ministro del área de Economía, en la que se discutió el ajuste que se propondrá a la oposición para que pase en el Congreso) la Policía de la Ciudad reprimió la huelga de los trabajadores del Subte, quienes reclaman que se reabran las paritarias que inconsultamente y floja de papeles firmó la Unión Tranviarios Automotor (UTA). En esa represión, la fuerza policial porteña detuvo a 16 trabajadores, entre ellos el secretario adjunto del gremio, Néstor Segovia.
Desde hace años que la UTA no representa a los trabajadores del Subte, posición que perdió por abandonarlos a su suerte, siempre, hasta que, hartos, conformaron su propio sindicato.
Ese sindicato es el que hoy el gobierno insiste en desconocer, en lo que es parte de su avanzada política contra la representación sindical (no todo es Moyano). Quienes quieren creer que la policía actuó porque “se estaba cometiendo un delito”, como insinuó el secretario de Seguridad porteño, Marcelo Dalessandro, bueno, pueden dejar de leer ahora.
La decisión de la intervención policial para bajar a las vías, impedir la protesta y llevarse presos a los líderes de la huelga es una decisión política. El discurso oficial que esgrimió Dalessandro es un insulto a la inteligencia. Varias de las mentiras esgrimidas desde el gobierno fueron rápidamente contestadas por el secretario general del gremio de subterráneos, Roberto Pianelli, quien anunció que habrá huelga general del servicio hasta que sus compañeros sean liberados.
Este análisis va a asumir que el conflicto de los trabajadores del Subte es por la reapertura de paritarias porque no está conforme con el 15% que firmó un sindicato que no los representa. Y lo va a asumir así, porque es la realidad, y porque lo que vienen pidiendo desde hace semanas es que el gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta los reciba para dialogar. En un gobierno que pregona el diálogo por todos los medios que tiene a disposición, que son muchos, no parece una locura el pedido de los metrodelegados.
Sin embargo, la decisión oficial es mandar a reprimir la protesta.
El gobierno viene de atravesar una “crisis financiera” provocada por él mismo, para salvar a la Nación de un desastre que, dice, le dejaron hace ¡tres años!, y acude al FMI, que según parece no es el mismo que nos llevó a la debacle del fin de milenio y que estalló en diciembre del 2001 con más del 50% de pobreza y 25% de desocupación.
La promesa, y sólo eso, una simple promesa, le dio alas al gobierno de Cambiemos para avanzar en más ajuste fiscal, congelamiento de jubilaciones y salarios y otras medidas antipopulares. ¿Y por qué antipopulares? No por lo que dicen muchas encuestas (que, vamos a conceder, pueden tener intencionalidad política), sino porque basta salir a la calle para darse cuenta. Si uno asume que la realidad no es la que nos muestran por televisión, diríamos que el Gobierno está en su peor momento desde que asumió.
Pero no puede conceder que se equivocó, y si lo concede es para decir que tuvo una política gradualista porque fue bueno. Claro, los malos son José Luis Espert y Carlos Melconián. El debate entre estos cráneos del liberalismo es si nos matan a tiros o nos matan a trompadas.
Revisar las nefastas políticas que llevaron a esta situación no cabe en la cabeza del gobierno de Mauricio Macri. Tienen muy claro lo que quieren y tienen que hacer. Claro, enfrentan un pequeño problema: la resistencia. Y acá vamos al segundo punto de este análisis.
Resistir, sí, cómo, con quién
Una vez que el gobierno decidió apagar el incendio con nafta, lo que viene son más huelgas, más movilizaciones, más manifestaciones, más represión. Habrá avances y retrocesos en estas peleas, porque tanto los trabajadores como la clase media baja carecen de una dirección política unificada que lleve a la derrota del plan económico y del ajuste.
Con el gobierno de Macri lanzado en esta cruzada, en esta vereda esperan un sinfín de organizaciones políticas y sindicales, cada una con tiempos diferentes y distintas evaluaciones de la situación política. Por ejemplo, no es lo mismo lo que opinan Yasky y Miceli, por el lado de la CTA, que lo que opinan los dirigentes de la CGT, suponiendo que algunos de ellos quieran enfrentar el ajuste.
Entre los partidos políticos, el PJ está decidido a esperar su momento electoral, sus dirigentes conforman diferentes espacios, construyen poder, para estar mejor parados al momento de negociar o disputar en las elecciones internas.
Algunos sectores radicalizados del kirchnerismo y la izquierda son los aliados políticos que hoy tienen quienes quieren enfrentar el ajuste y pelear por sus derechos. En el caso de los trabajadores del subte, algo tan básico como el derecho a discutir los salarios con su empleador.
Son meses difíciles los que se avecinan, habrá una pelea desigual entre el gobierno y sus aliados (varios medios de comunicación, la justicia y las fuerzas de seguridad) enfrentando la resistencia de los trabajadores y de la población en general, que también resiste el tremendo golpe al bolsillo que son los aumentos de los servicios públicos.
Si no sucede ninguna hecatombe política, ése será el escenario en que llegaremos a las elecciones. Crecerán la pobreza, la desocupación y los conflictos. Posiblemente, la resistencia traerá aparejada más violencia institucional. No es casual que el gobierno haya invertido tanto dinero en equipamiento de las fuerzas policiales. Sabía que tarde o temprano se enfrentaría a esta disyuntiva. Al menos en este país, no hubo ajuste que pasara sin represión. Pasó con la dictadura, pasó con Menem y la Alianza, y pasará ahora si el Pro y Cambiemos no revisan su postura.
Será cuestión de recordarle a Mauricio Macri que cuando un bombero decide apagar el fuego con nafta el primer perjudicado es él mismo.