Los dueños de Jujuy

Detrás del empecinamiento mostrado por el gobierno de Gerardo Morales y su Poder Judicial adicto para mantener presa a la dirigente social se esconden los dictados quienes realmente mandan en la provincia.

La resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordena la liberación de Milagro Sala –todavía no cumplida en el momento de escribir estas líneas – no sólo puso entre la espada y la pared al gobierno provincial de Gerardo Morales sino que provocó un fuerte desgaste en la imagen internacional del gobierno de la alianza PRO-UCR que encabeza Mauricio Macri.

Después del entusiasmo inicial por el encarcelamiento de Sala, que vieron como un ejemplo de disciplinamiento de la protesta social, con el correr de los meses en la Casa Rosada empezaron a mensurar los costos de la maniobra político-judicial de Morales y a buscar una salida lo más airosa posible. No lo lograron. Morales se mantuvo firme en su posición, que no es producto solamente a cuestiones ideológicas sino que responde a los intereses cuasi feudales del poder económico concentrado de la provincia de Jujuy.

“Jujuy, indudablemente, se utilizó como laboratorio de prueba para las políticas represivas que ahora se empezaron a aplicar en otras provincias y a nivel nacional, es decir, ilegalización, judicialización y represión. Pero también tiene una impronta local en una campaña de demonización de Milagro Sala, la Túpac y la Red de Organizaciones Sociales, generadora de miles de puestos de trabajo y obras para los trabajadores y los más pobres, y las aspiraciones de sectores económicos fuertes, sectores conservadores de la sociedad y de la política tradicional, que aspiran a restaurar el orden que garantice al establishment los privilegios”, dice Fernando Acosta, secretario de Interior de la CTA Autónoma Nacional y miembro de ATE de Jujuy.

El poder en las sombras

Son cuestiones que no cambian con los gobiernos. De una manera poco evidente para los ojos porteños, no son pocas las continuidades, en lo que hace a temas de fondo, que se pueden encontrar entre la gestión del UCR-Cambiemos Morales y la de su antecesor, el justicialista Eduardo Fellner. En Jujuy se los identifica como instrumentos del mismo poder, el poder económico real de la provincia.

Si hay cambios en el estilo de gestión no tiene tanto que ver con ellos sino con las relaciones con los gobiernos nacionales. “Morales avala íntimamente el proyecto neoliberal de Cambiemos y sus métodos, que aplica con pasión. Está convencido que está bien echar a los trabajadores del estado provincial que sean, o le parezcan, kirchneristas o militantes de ATE, que es legítimo usar a la justicia y a la fuerza pública para resolver todo tipo de cuestiones, y que es necesario erradicar todo lo que huela a Milagro Sala, kirchnerismo, trabajadores informales y pobres. El apagón y la manipulación informativa en Jujuy es alarmante, en gran medida porque acá apenas hay un medio alternativo digital. Si Fellner respetaba y favorecía a los poderes fácticos hasta el punto en que las políticas nacionales se lo permitían, ahí estaba su freno, las alianzas de Morales con el poder real son más obvias, de modo que su juego es y será más crudo”, dice Gabriela Alejandra Karasik, antropóloga por la UBA y doctora en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán. Investigadora del CONICET y profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy.

Un club de pocos

Un trabajo realizado por el profesor Benito Aramayo para la Diplomatura de Economía Social muestra a las claras el altísimo grado de concentración de la economía jujeña, donde el 82% de la facturación de la industria manufacturera se reparte entre sólo seis grandes empresas: Ledesma S.A. (de la Familia Blaquier), Minera el Aguilar S.A. (perteneciente a Glencore S.A., de capitales suizos), Minetti S.A. (propiedad de Holcin S.A., también de capitales suizos), Ingenio Rio Grande S.A. (Grupo Carcagno-Jorge), Cooperativa Tabacalera de Jujuy (controlada por los grandes tabacaleros asociados a China) y Aceros Zapla S.A. (grupo Taselli). Según el Censo Industrial  realizado en el año 2014 facturaron 4.549,4 millones de pesos. Como contrapartida, según el mismo censo, las 801 pequeñas y medianas empresas que representan el 99% del total de la industria manufacturera jujeña facturaron 1.009 millones de pesos, un 18% del total.

El grado de concentración se repite de manera casi calcada con la propiedad de la tierra, donde cinco grandes terratenientes se dividen el 45% del total de las tierras con valuación fiscal para el pago del impuesto inmobiliario rural: Ingenio Ledesma S.A. (157.556 hectáreas), Ingenio La Esperanza S.A. (64.219), Minetti S.A. (30.000), Ingenio Río Grande S.A. (26.563) y Forestal del Norte S.A. (24.700).

“El problema de fondo de Jujuy es su estructura económica extraordinariamente monopólica y de concentración de la tierra. De esa estructura se deriva la estructura ocupacional con mayoría de la Población Económicamente Activa en situación de desocupación y marginalidad. El gobierno de Morales no  pretende cambio alguno de esa estructura,  en la medida en que al igual que el gobierno de Fellner responden de la misma manera al poder real que encarnan las empresas y terratenientes, es decir que hay continuidad absoluta”, explica Aramayo.

De acuerdo con datos de 2015, sobre 770.000 habitantes, Jujuy tenía una población económicamente activa de 320.00 personas. La actividad privada daba empleo a 72.000 personas, de las cuales 22.500 (un 45%) estaban en negro. Por su parte, los estados nacional y provincial tenían 84.200 empleados registrados. Los subocupados y desocupados ascendían a 110.000, de los cuales 75.000 no tenían acceso a la Asignación Universal por Hijo.

Desde entonces, la situación no ha hecho más que agravarse. “En general, el gobierno de Morales, es una enorme profundización de las peores políticas del gobierno provincial anterior. Las políticas económicas están dirigidas a otorgar negocios a empresas ‘amigas’, manteniendo los beneficios a los grandes empresarios con intereses en la provincia, especialmente Blaquier, del Ingenio Ledesma, los otros Ingenios azucareros, las empresas mineras (fundamentalmente en el litio, donde aparecen miembros de ambos gobiernos como vinculados a esa actividad minera), la empresa de energía y futuros negocios donde ingresarían grandes capitales multinacionales. Esto, se hace con mayor endeudamiento con el Estado Nacional, a través de ATN o adelantos de coparticipación y autorizaciones para crecimiento de deuda. Por el otro lado, se achica la participación de los trabajadores en el presupuesto, con sueldos a la baja, peores condiciones de trabajo, y la eliminación de obras para cooperativas que generaron la pérdida de  miles de puestos de trabajo”, dice Fernando Acosta.

“Jujuy es una sociedad muy desigual económicamente y jerarquizada socialmente. La actividad económica se concentra en pocas ramas, varias de ellas dominadas por grandes empresas, como Ledesma, y el juego de los grandes negocios tiene pocos actores. Es claro que el conflicto con la Túpac fue también, entre otras cosas, un conflicto por el control de la obra pública, y la eliminación de las Cooperativas de Vivienda que hoy les deja el camino libre a las constructoras privadas. Y las actuaciones del gobierno de Morales en relación a los conflictos gremiales en la empresa Ledesma son de una transparencia vergonzante” agrega la antropóloga Karasik.

La conclusión, para Acosta, es clara: “El poder real en Jujuy es, desde hace más de un siglo, el Ingenio Ledesma. Atravesó todos los gobiernos. La diferencia, puede estar que Fellner ya no le garantizaba los privilegios y la impunidad, por las luchas populares. Entonces buscó en Morales la mano dura que le restituya o fortalezca, esos intereses, privilegios e impunidad”, dice.

Ideología y criminalización

La concentración económica y la desigualdad social se reflejan también en un discurso que, fuertemente sostenido por el blindaje mediático – tanto a nivel nacional como provincial – tiene la eficacia de articularse con un sentido común arraigado desde siempre en la sociedad argentina. En este contexto general, las características cuasi feudales de la sociedad jujeña lo potencian de una manera obscena. En la práctica se traduce en la criminalización lisa y llana de pobres, disidentes y marginados.

“Desde que asumió Morales la policía es más violenta y de un modo más público, las políticas de ensañamiento con la Túpac y demás vienen siendo más desembozadas, y la persecución a las organizaciones y a la juventud en los barrios es generalizada. Pero creo que lo que hace la diferencia es que esas políticas siguen contando con el apoyo mayoritario de la población de Jujuy (de todos los sectores sociales), que aplauden el orden y los palos, que los negros y los bolivianos sean puestos en su lugar, que la fuerza pública se aplique como guste, porque ‘los jujeños somos derechos, somos civilizados, no como esos negros’”, concluye Karasik.

El interrogante sobre si Jujuy fue desde el principio un laboratorio de pruebas para una escalada represiva a nivel nacional que cada día se torna más evidente sigue abierto. Lo que va quedando más claro es que el empecinamiento del poder económico y sus amanuenses políticos en mantener presa a Milagro Sala hace rato que dejó de ser aplaudido en la Casa Rosada.