En los últimos días, las denuncias de los jueces Carzoglio y Violini sobre amenazas y filtraciones perpetradas por el poder político y los medios que le responden ponen en blanco sobre negro lo que es una verdad subterránea en la Justicia y la política de la Argentina.

Carpetazos, presiones, amenazas, filtraciones, operaciones mediáticas. El martes a la noche, casi tapado por los micrófonos de los movileros, el juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, rompió con una tradición de eufemismos para denunciar con palabras crudas lo que le estaba ocurriendo desde que llegó a sus manos el pedido del fiscal bonaerense Sebastián Scalera para que dictaminara la detención de Pablo Moyano por integrar “una asociación ilícita”.

Al sacar a la luz su caso particular, el juez no hizo otra cosa que describir las herramientas con que el gobierno de la Alianza Cambiemos utiliza para manejar a la Justicia cuando ésta no se alinea con sus objetivos. En otras palabras, el de Carzoglio no es un caso excepcional sino uno más entre decenas o cientos. La única diferencia radica en que el juez, lejos de amilanarse, lo denunció.

Cuando el juez se paró frente a las cámaras, hacía pocas horas que había rechazado por “endeble” el pedido de Scalera, en un dictamen que fue filtrada rápidamente para reforzar la maniobra de criminalización del juez desobediente.

Conviene repasar brevemente las denuncias de Carzoglio, que comenzó diciendo que “es necesario desenmascarar acá algunas actitudes”.

  • Dijo que fue presionado por “la campaña de prensa especialmente llevada a cabo por el grupo Clarín – La Nación”.
  • Identificó a los periodistas Eduardo Feinmann, Jorge Lanata, Luis Majul y Adrián Ventura como caras visibles de la campaña periodística en su contra.
  • Dijo que la filtración no pudo tener otro origen que la Fiscalía General de Casación de Lomas de Zamora, ya que empezó a circular por las redes apenas minutos después de qué Scalera conociera el texto de la resolución.
  • Denunció que recibió dos amenazas de muerte en el teléfono de su casa -en ambos casos atendido por su esposa – a las 11.10 y las 11.20 de la mañana. Es decir, veinte minutos y media hora después de que la Fiscalía conociera su decisión de rechazar la detención del dirigente del gremio de los Camioneros.
  • Explicó que quiénes realizaron las amenazas -no sólo dirigidas a él sino también a su esposa – conocían que su mujer tiene un problema de salud y aclaró que ese dato sólo era conocido por la Procuración provincial que dirige Julio Conte Grand, a la que responsabilizó. En otras palabras, dijo que la información que utilizaron quienes los amenazaron telefónicamente sólo pudo provenir de lo más alto del Poder ejecutivo provincial.

Antes de seguir, vale la pena detenerse un momento en la actitud de algunos de los movileros de los medios hegemónicos cuando el juez habló de las amenazas. Directamente intentaron confundirlo con sus peguntas o, por lo menos, que a través de ellas le quedara al público la sensación de que Carzoglio había sido amenazado antes de tomar la decisión de no detener a Pablo Moyano y que, por lo tanto, su resolución podía ser el resultado de estas amenazas. El juez no cayó en la trampa y dejó claramente establecido que las amenazas se produjeron después, por lo que éstas no podían de ninguna manera provenir de gente cercana a Moyano sino de aquellos que estaban descontentos con su fallo.

Por otro lado, la acusación de Carzoglio a la Procuración por filtrar sus datos personales adquirió mayor verosimilitud pocas horas después, cuando el juez de la Cámara de Casación en lo Penal de la Provincia de Buenos Aires, Víctor Violini, reiteró lo que había denunciado hace ya algunas semanas: que la Procuración había filtrado información de un caso muy sensible para el gobierno bonaerense y la policía de la provincia. “Lo relatado por el Juez Carzoglio confirma lo que dije hace unos días en el programa @JusticiaPrimera: las presiones al Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo de la Pcia. de Bs. As. encarnado en la persona de Conte Grand existen y son intolerables”, tuiteó y luego lo repitió en varias entrevistas periodísticas.

De este modo, Carzoglio y Violini pusieron en palabras públicas lo que es una verdad subterránea sobre los mecanismos de presión del gobierno de Cambiemos sobre la Justicia, y que se reproduce también en su manera de “trabajar” a buena parte de la oposición política. A algunos los seduce con prebendas, a los díscolos los somete con carpetazos, amenazas, campañas mediáticas y denuncias falsas.

No es poco que dos jueces hayan puesto el cuerpo y la cara para sacarlo a la luz. Sobre todo, porque ambos saben que el gobierno buscará hacerles pagar sus desobediencias. A Carzoglio seguramente le espera un jury donde se buscará destituirlo, Violini denunció que intentan armarle una causa trucha y no descarta que lo metan preso.