El viaje de Macri a Madrid repitió la escena de una vieja coproducción argentino-española de los ’90. Demandas empresariales, intentos de seducción y el flashback de las privatizaciones y la fuga de capitales durante el menemismo.

La visita de Mauricio Macri a España se pareció mucho a una remake de una vieja película de cine catástrofe de los años 90. El guión original fue apenas modificado para adaptarlo a los recursos dramáticos del siglo XXI. El presidente de un país latinoamericano -antigua colonia española- visita la vieja metrópolis en busca de lo que llama “inversiones” para el desarrollo de su patria pero en realidad se trata de una maniobra siniestra para obtener dinero urgente a cambio de convertir su territorio en un paraíso de especulación financiera y fuga de capitales.

En la primera versión de la película -aquella de fines del siglo XX- el presidente, encarnado por un actor petiso de incuestionables dotes histriónicas, entregaba a precio vil las empresas estatales a los supuestos inversores, endeudaba a su país a niveles siderales y sumía en la miseria a millones de sus compatriotas. La escena final, luego de un violento crescendo, mostraba a otro presidente -heredero del anterior pero disfrazado con otros ropajes políticos- huyendo en helicóptero desde la terraza de la Casa de Gobierno frente a una plaza bañada en sangre y envuelta en llamas. Para esta nueva versión, los productores -que son los mismos de la primera- eligieron para el papel presidencial a un actor de diferentes características, un tipo irremediablemente parco, de mirada vacía y gestos mecánicos que lo muestran casi como una marioneta de la era robótica, pero poco y nada modificaron de la trama original, aunque el final del film sea todavía incierto.

En su reciente viaje a Madrid, el presidente Mauricio Macri intentó seducir a los grandes empresarios españoles con los mismos argumentos que Carlos Menem utilizó en la década de los ’90 y que dejaron a la Argentina como tierra arrasada por el inagotable apetito de una nueva generación de conquistadores que cambió sus viejos mosquetes por inescrupulosos movimientos financieros. En la reunión que mantuvieron con Macri, los representantes de las 35 empresas más poderosas de España le exigieron que repitiera aquellas mismas condiciones si quería recibir sus “inversiones”.

Entre otras cosas pidieron la aplicación de un plan monetario y fiscal que profundice aún más el ajuste; una batería de medidas tendientes a reducir el costo laboral, al que consideran escandalosamente alto para lograr la rentabilidad que desean; y claro, la famosa “seguridad jurídica”. Sin embargo, lo que más les preocupa -y así se lo hicieron saber- es qué garantías puede ofrecer el gobierno de Cambiemos sobre su continuidad. Porque incluso el saqueo más feroz requiere tiempo si se lo quiere concretar con éxito.

Un repaso del papel que jugaron los gobiernos y las empresas españolas en el vaciamiento de la Argentina en los años ’90 puede ser útil para predecir cómo continuará esta nueva versión de la película si se concretan las “inversiones” en las condiciones que se le presentaron a Macri.

Privatizaciones a la neoliberal

En los 90, las cinco empresas públicas de mayor envergadura de la Argentina pasaron al poder de los capitales financieros españoles. Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) terminó en manos de Repsol, Aerolíneas Argentinas pasó a ser controlada sin desembolsar un dólar por Iberia (y luego fue transferida al grupo español Marsans), La mitad de Entel fue adjudicada a Telefónica de España mediante una licitación que no resiste análisis, Gas del Estado fue comprada por Gas Natural Ban, y Segba terminó dominada por la española Endesa a través de su filial chilena.

Uno de los mayores atractivos de “inversión” en las empresas públicas para los capitales financieros fue la absorción por parte del Estado argentino de la casi totalidad de los pasivos de esas compañías.

En 1992, cuando fue privatizada, Segba tenía un pasivo de 4.820 millones de dólares, de los cuales 4.446 millones (el 92%) fueron absorbidos por el Estado, transfiriéndose sólo 374 millones (8%) a los adjudicatarios españoles.

Otro tanto ocurrió con la empresa de teléfonos Entel: Telefónica de Argentina (de capitales españoles) y Telecom -los “ganadores” de las licitaciones- sólo se hicieron cargo de 380 millones de dólares del pasivo de la empresa, mientas que el Estado asumió los 1.790 millones restantes.

La petrolera estatal YPF acumulaba un pasivo de 11.300 millones de dólares, de los cuales el Estado absorbió 8.540 (75,5%) entre deuda externa con bancos y compromisos con organismos financieros internacionales, mientras que la adquirente Repsol sólo se hizo cargo de 2.800 millones. Como si los beneficios fueran insuficientes, el gobierno menemista condonó una parte significativa de la deuda impositiva de la petrolera.

El pasivo de Gas del Estado antes de la privatización era de 2.600 millones de dólares, de los cuales sólo 947 (35.5%) pasaron a los adjudicatarios españoles mientras el resto quedó a cuenta del Estado.

Pero el caso emblemático fue el de Aerolíneas Argentinas, que fue tasada por el gobierno en 541 millones de dólares, valorando solamente sus bienes físicos y dejando de lado los llamados “bienes intangibles”, es decir, las rutas, la marca y la instalación en el mercado de la línea aérea de bandera argentina. Además, el Estado se hizo cargo de una deuda de 860 millones de dólares, esto es mucho más que el precio de venta. Así, Iberia compró una compañía saneada por 260 millones de dólares a pagar en cinco años, y el 50% restante en bonos de la deuda externa argentina, que en aquel momento cotizaban al 14% de su valor (pero que los españoles hicieron valer al 100%) de su valor nominal. Una operación increíble. “Que Iberia haya recibido a Aerolíneas Argentinas como un regalo del gobierno argentino sólo tiene una explicación: que la administración de Felipe González pagó coimas por un valor de 78 millones de dólares”, denunciaba por entonces la página web de los trabajadores de Aerolíneas.

Menem remató las joyas del Estado argentino y los capitales españoles las “compraron” -coimas mediante- casi sin desembolsar un peso. Pero eso fue apenas el principio de la historia.

Aquellos viejos protagonistas

Las negociaciones que permitieron que los capitales financieros españoles se apoderaran casi gratuitamente de las empresas estatales argentinas tuvieron actores de primer nivel. Del lado español, los sucesivos jefes de gobierno Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP), su vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato (hoy preso en España por delitos económicos) y, en todo momento, el entonces rey en ejercicio Juan Carlos de Borbón. Del lado argentino, el propio presidente Carlos Menem, el ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, y el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), Hugo Anzorreguy, alias El Señor 5, quien se jactaba de tutearse con su amigo Juan Carlos cuando iban a cazar a África o negociaban el desguace argentino en la intimidad de alguna oficina del Palacio Real.

En Los nuevos conquistadores (Akal, Madrid, 2003) quien esto escribe relató con lujo de detalles las maniobras que, con Hugo Anzorreguy y Juan Carlos de Borbón como principales protagonistas, permitieron que Repsol se hiciera cargo una parte minoritaria del paquete accionario de YPF como plataforma para apoderarse del 100% de las acciones de la compañía, incluida la famosa “acción de oro” que dejaba en manos del Estado argentino la decisión final sobre cuestiones estratégicas.

Cuando en enero de 1999, los españoles entraron en el directorio de YPF de la mano del 14,99% de las acciones que habían comprado, instalaron por sugerencia del rey Juan Carlos al yerno de Anzorreguy, Alejandro MacFarlane (hasta entonces hombre de la Side, donde se lo conocía irónicamente como El Señor 2 ½ por su parentesco con el jefe) en una de sus sillas. Su misión, con el nombre de “Caballo de Troya”, consistía en aprovechar su doble condición de hombre del riñón del poder menemista y de representante Repsol para romper con los últimos obstáculos para que la compañía ibérica se quedara con el total de la compañía petrolera argentina (que por entonces también tenía capital accionario norteamericano).

La historia es larga y puede leerse pormenorizadamente en Los nuevos conquistadores, pero finalmente la operación ideada por la dupla Hugo Anzorreguy-Juan Carlos de Borbón y la acción en el terreno de Alejandro MacFarlane dio resultado y Repsol se quedó con todo el paquete accionario de YPF. Al conocer la noticia, María Eugenia Estensoro -hija de José Estensoro, primer interventor privatizador menemista en YPF, que se oponía a la operación y murió en un extraño accidente de aviación- denunció en una nota publicada el 18 de julio de 1999 en La Nación: “Muchos dirán que es la ley del mercado, pero quiero aclarar que éste no es el caso de una empresa asediada y tomada por otra, sino una entrega política, en la que no operaron ni el mercado ni la libre competencia, ni fue una lucha de titanes en la que venció el mejor postor. Esto fue un arreglo, o un negocio arreglado, cocinado por dos personajes políticos del mismo alto nivel: nada menos que el rey Juan Carlos de España y el presidente Carlos Menem”.

Fuga a la española

Con los imprescindibles servicios del rey Juan Carlos de Borbón, en la década de los 90 las empresas españolas “invirtieron” en la Argentina 43 mil millones de dólares. La cifra, si se la mira de manera aislada, hasta resulta interesante. Sin embargo, su contracara es catastrófica: fue mucho más lo que salió del país en el marco de una reinversión casi nula.

A principios de 2001, Maximiliano Montenegro escribió un revelador informe sobre el tema en Página/12. Allí explicaba: “Aún en una economía que atraviesa la recesión más larga de la historia, las empresas privatizadas baten récords de ganancias. También baten récords de remesas de dichas utilidades a sus países de origen. Dicho de otro modo, la levantan con pala… y la cargan en el avión. En los últimos ocho años, de cada peso (1 peso = 1 dólar) ganado en el país las compañías privatizadas giraron 80 centavos a sus casas matrices y sólo reinvirtieron 20 centavos en la Argentina. Más aún, en apenas ocho años, el 55 por ciento que pusieron para la compra de las antiguas empresas públicas ya regresó a sus países de origen en forma de ganancias. De mantenerse la tendencia, a partir de 2004 la cuenta quedará saldada y se habrá ido más plata de la que alguna vez ingresó.”

Por esa misma época, un informe de la Dirección de cuentas del Ministerio de Economía argentino decía sin medias tintas y en el mismo sentido: “La remisión de utilidades al exterior es proporcionalmente mayor que la del resto de las multinacionales que opera en el país. El 80% de las ganancias de las privatizadas fueron transferidas al exterior. (En cambio) para el total de las firmas extranjeras radicadas en el país esa proporción fue del 63%.”

Eso se llama fuga de capitales, también se llama saqueo y, por supuesto, también se llama entrega.

La nueva versión de esta película ya está en marcha, incluso ya se han registrado sus primeras escenas: el pedido de “perdón” del ex ministro Alfonso Prat Gay al empresariado español; el “querido rey” con que Mauricio Macri saludó el viejo monarca lobbista, mascarón de proa de los saqueadores de los ’90; el desplazamiento de Isela Costantini, que era un obstáculo para el nuevo vaciamiento de Aerolíneas Argentinas; la entrega de la devaluada orden del Libertador General San Martín al rey Felipe VI, heredero del cargo y las funciones gerenciales de Juan Carlos I y las promesas de Macri a esta nueva generación de conquistadores financieros ibéricos.

Más allá de la reticencia que mostraron, todo parece indicar que estas escenas fueron del gusto de los empresarios españoles. Así, por lo menos, lo hizo saber al diario La Nación el señor feudal misionero que funge de embajador argentino en Madrid, Ramón Puerta: “En España están enamorados de Macri”.

Claro que, en estos tiempos de discursos devaluados, muchas veces se llama amor a lo que en los hechos es dominio y posesión.

(Publicada originalmente en Revista Zoom)