Fiesta, qué fantástica esta fiesta

Desde hace tiempo – y con creciente frecuencia ahora que empezó la campaña electoral – el gobierno alude a unos supuestos “70 años de fiesta”, una “pesada herencia” para justificar la marcha desastrosa de las variables más importantes de la economía. Un pantallazo a vuelo de pájaro por el período histórico en cuestión permite ver qué hay de falso en ese argumento, pero también si encierra alguna pequeña verdad.

“…fueron 70 años de fiesta, no salís en tres.”

  Mauricio Macri en LU5 radio Neuquén

Uno de los caballitos de batalla en el discurso macrista para justificar la marcha desastrosa de las variables más importantes de la economía, especialmente en lo que hace a la dramática caída de la demanda global, la desinversión privada y estatal y el endeudamiento externo, es recurrir a una supuesta “pesada herencia” de un pasado de derroche y gasto por parte del Estado.

Como toda pieza discursiva que pretende credibilidad, alguno de sus aspectos debe contener por lo menos una brizna de verdad o verosimilitud para ser efectiva. En los setenta años a los que alude Macri se da ese roce tangencial de lo real con lo afirmado y es apoyatura basal para la difusión del credo neoliberal. Es indudable que la economía argentina ha visto alternarse períodos de expansión y crecimiento con etapas de crisis y estancamiento. Tales situaciones han tenido una constante que aparece al final de cada ciclo de expansión y es la crisis del sector externo, o sea la falta de divisas para garantizar la provisión de los equipos, maquinarias y materias intermedias que la economía necesita para crecer, diversificarse y aumentar la productividad media del sistema. Un pantallazo a vuelo de pájaro por el período histórico en cuestión es muy ilustrativo al respecto.

A fines del primer gobierno peronista la situación económica era problemática por la conjunción de factores climáticos que hicieron fracasar las cosechas y el deterioro de los términos del intercambio comercial, sumados a la escasez de reservas, consumidas en los primeros años.

La inflación, que había trepado al 30 % en 1949 y continuaba su tendencia alcista fue otra de las razones que motivaron el lanzamiento –en febrero de 1952- de un Plan de austeridad que apuntaba a controlar el crecimiento de los precios y recuperar el equilibrio del sector externo.

Los instrumentos fueron la restricción al consumo, el fomento de la capacidad de ahorro y el aumento de la productividad. Según Mario Rapoport en Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003), “Las principales medidas consistieron en la creación de la comisión Nacional de Precios y Salarios, el control de precios y la extensión de la duración de uno a dos años de los contratos de trabajo. Se ligaban además los aumentos de las remuneraciones al aumento de la productividad, se practicaba una política de contención del gasto público y se estimulaban la producción y la exportación agropecuaria y la inversión extranjera”. El plan, que puede considerarse un plan de estabilidad pragmático con algunas connotaciones “ortodoxas” tuvo un éxito relativo que logró bajar la inflación a niveles aceptables y recomponer el sector externo a partir de un giro notorio en la política del IAPI que pasó a subsidiar la producción agropecuaria en un “retorno al campo”, histórico proveedor de las divisas que el país necesitaba.

El giro del gobierno hacia una política económica signada por el ajuste se sintetizó muy bien en las palabras de Perón en el Congreso de la Productividad: “Tenemos que frenar la carrera desenfrenada hacia la obtención de mejores salarios. Tenemos que buscar una dedicación constante de los obreros a sus tareas.”

Derrocado el gobierno popular por la Revolución Libertadora, desmontados los mecanismos de intervención estatal y derogada la Constitución de 1949, una de las primeras medidas del nuevo gobierno es la firma de un acuerdo con el FMI para “estabilizar” la economía. De ahí los procesos de ajuste, los planes de estabilidad y las medidas anti inflacionarias se hacen cíclicos.

Arribado al poder en 1958, ese mismo año, en diciembre, el presidente Frondizi anuncia su Plan de Estabilización y Desarrollo, monitoreado por el FMI y ejecutado por Álvaro Alsogaray. El Plan determinó, desde diciembre de 1958 hasta mayo de 1959 una devaluación del 134%, un aumento del costo de vida del 107%, un crecimiento del salario de sólo el 59% mientras los precios agropecuarios se disparaban un 237%.

Pese a la capitulación frondicista ante los sectores liberales, los militares lo expulsan del poder y tras un breve interregno de José María Guido que había asumido por la Ley de Acefalía, el cordobés Arturo Illia fue elegido presidente en elecciones con el peronismo proscripto. Illia recibe una economía con un alto nivel de endeudamiento (más de dos mil millones de dólares) y una fuerte recesión económica agudizada por la política monetaria fuertemente restrictiva que había adoptado su antecesor en el gobierno. El ministro Eugenio Blanco se opuso a las recetas ortodoxas del FMI y optó por una política expansiva en lo monetario y salarial, lo que no cayó muy bien en los círculos financieros internacionales (el presidente del Banco Central, Félix Elizalde, habló del “horror” que le transmitieron las autoridades del FMI por las medidas adoptadas) y fue seguramente una de las causas que se sumaron para que la reacción de la derecha expresada por las FFAA golpistas lo derrocaran en junio de 1966.

El advenimiento de la autoproclamada Revolución Argentina, con el general Onganía a la cabeza, implicó un retorno pleno al ideario liberal: el plan Krieger Vasena, lanzado en marzo de 1967, hizo su presentación con una devaluación del 40%, la suspensión de las convenciones colectivas, la sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos, el congelamiento de salarios por dos años y un acuerdo general de precios con empresas líderes de la producción y comercialización.

Hay que decir que el plan logró algunos resultados: hasta 1969 hubo una reactivación de la producción, se logró un modesto incremento del PBI, la inflación se ubicó por debajo del 10% anual y la balanza de pagos tuvo posiciones superavitarias. Pero a partir de 1969, la situación económica, social y política sufrió un vuelco importante a medida que la lucha anti dictatorial se hacía cada vez más intensa. Agotado el ciclo militar y ante el repudio masivo a sus políticas, el peronismo entró en escena nuevamente en 1973.

La primavera camporista asistió a la implementación del plan Gelbard, el Pacto Social apoyado en la CGT y la CGE con un importante consenso social y político que sostuvo su vigencia hasta octubre de 1974 en que –ya muerto Perón y con Isabelita en la presidencia- Gelbard es reemplazado por Alfredo Gómez Morales que ya había comandado el plan de austeridad de 1952, citado más arriba. Con Gómez Morales se inicia otro ciclo de ajuste, mediante una devaluación del 65% que impactó fuertemente en el nivel salarial. Pese a retomar la senda de la ortodoxia, al no obtener resultados positivos, Gómez Morales fue reemplazado por un hombre de López Rega, Celestino Rodrigo.

Rodrigo se hizo tristemente célebre por la instrumentación de un plan que incendió el país con una devaluación del 160% para el dólar comercial y del 100% para el financiero. La inflación anual se disparó a tres dígitos y la debacle económica sumó su aporte a una situación donde la conflictividad social y sindical, el crecimiento de la actividad represiva y la parálisis del gobierno maduraban las condiciones para la reaparición de los militares.

Instaladas en el poder en marzo de 1976, las FFAA llevan adelante un plan, pergeñado por sus mandantes civiles en la persona de Alfredo Martínez de Hoz, que implicaba una reconfiguración total del país en el marco de las tradicionales recetas que el liberalismo había intentado imponer cada vez que –por la fuerza o por elecciones- pudo llegar al poder. Las consecuencias fueron las de siempre y la caída del salario real, la redistribución regresiva del ingreso, la concentración y extranjerización de la economía, la entrega del patrimonio nacional y el endeudamiento externo se extendieron a niveles nunca vistos en nuestro país. Baste decir que el endeudamiento externo pasó de US$ 7.000 millones a US$ 42.000 con el beneplácito y control del FMI que había impuesto en 1976 y 1977 sus condiciones para “asistir” a la Argentina.

La historia post dictadura es más próxima y conocida: tras el fracaso del gobierno de Alfonsín que había intentado tímidamente con Bernardo Grinspun negociar mejores condiciones con el FMI, y con el país sumido en la híper inflación, un peronismo transmutado, de la mano de Menem, en garante de los nuevos postulados económicos del Consenso de Washington volvió al poder en 1989. Sería aburrir al lector explayarse sobre los diez años de menemismo que significaron nuevamente la destrucción de fuerzas productivas, desocupación y miseria. Sus continuadores del gobierno de la Alianza no cambiaron de libreto y coronaron su breve mandato con la firma del Mega canje que lejos de proporcionar el “blindaje” que se anunciara, fue el antecedente inmediato del estallido que en diciembre de 2001 eyectó del gobierno a De la Rúa y su gobierno.

Durante el gobierno de transición de Eduardo Duhalde la Argentina firma un acuerdo con el FMI en enero de 2003 con el objetivo de refinanciar la deuda externa en default desde 2002 que ascendía en ese momento a US$ 120.000 millones de dólares. Ésa fue la última vez que se recurrió al FMI hasta que en setiembre de 2018 el gobierno de Mauricio Macri firmó un acuerdo de stand by de US$ 57.000 millones, llevando la deuda externa a más de US$ 320.000 millones.

Durante los doce años de gobiernos kirchneristas no se recurrió al FMI, se saldó la deuda con el organismo, se renegoció en términos favorables la deuda privada defaulteada con una importante quita y se mantuvo una política soberana sobre las principales variables internas y externas de la economía. Sería redundante enumerar aquí los resultado positivos de las políticas expansivas adoptadas con respecto a la demanda global, pero hay que indicar que a mediados de 2012 la economía comenzó a mostrar problemas, como el retorno de niveles no deseables de inflación, aparición de síntomas de contracción en algunos sectores industriales, empeoramiento relativo de los niveles de pobreza e indigencia que hicieron necesaria la ampliación de la ayuda social, y problemas en el sector externo que hicieron necesaria la adopción de un virtual control de cambios. No es intención de estas línea ahondar en la evolución de las variables económicas del período kirchneristas, sólo ilustrar lo que este breve repaso histórico quiere demostrar: que distintos gobiernos, de diferente definición ideológica y sustento social han tenido que recurrir en momentos de dificultades económicas ora a instrumentos “intervencionistas”, ora a instrumentos de corte ortodoxo e incluso a combinaciones de los mismos, para sortear dificultades ligadas al sector externo y el valor de la moneda.

Estas medidas, bajo gobiernos de orientación liberal son inevitablemente medidas que significan traslación de ingresos intra y extra clases sociales y el sector externo en un sentido regresivo para las clases subalternas y sectores nacionales. Bajo gobiernos de signo popular, los instrumentos de intervención económica son favorables al desarrollo, el crecimiento de los salarios y la mejora en las condiciones de vida de los más postergados. No obstante, es posible afirmar que ningún instrumento económico que no ataque de fondo las raíces que determinan el fluctuante ciclo económico argentino puede lograr la estabilidad en sentido progresista del aparato productivo nacional.

No es posible aislar de la realidad del capitalismo dependiente argentino las oscilaciones periódicas de su ciclo económico. Su debilidad histórica, su sector externo todavía dependiente de las exportaciones de origen agropecuario, su producción y comercialización oligopólica, sus asimetrías espaciales, su deficiente infraestructura energética y de transporte, su baja tasa de inversión reproductiva y su relativo atraso científico y tecnológico lo hace muy vulnerable a las variaciones de la economía mundial y a la dinámica de sus propias limitaciones estructurales.

La engañosa afirmación de Macri –que no pocos ciudadanos aceptan alegremente- sobre la “fiesta” de los 70 años debido al despilfarro populista y al intervencionismo estatal se apoya entonces en un hecho real, las crisis cíclicas y la inestabilidad de la economía argentina. Pero lo no dicho, lo no aparente, es que esas crisis son el producto inevitable de un sistema que su gobierno, más que nadie, se encarga de consolidar.

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