El dictado de prisión preventiva para Timerman, D’Elía y Zannini, el pedido de desafuero para CFK implican el cuestionamiento de medidas de gobierno por parte de la justicia, lo que abre el camino para la construcción de un enemigo interno después de poner a la RAM en el lugar de enemigo externo.
Esto está escrito en caliente y son primeras impresiones y preguntas que surgen de un acontecimiento que no por esperable deja de ser impactante., Por de pronto, es la primera vez que se producen dictados de prisión preventiva contra integrantes del gobierno anterior que no se basan en denuncias por corrupción, como sí sucedió en los casos de Boudou y De Vido.
Esta judicialización de medidas de gobierno implica la constitución de un enemigo interno en el mismo momento en que se construye uno externo, que es lo de la RAM, mostrada como una especie de enclave extranjero en territorio argentino. Un enemigo que se resistiría ser argentino (de allí las quejas de que no se atienen a las leyes nacionales), que es de otra etnia, que vendría de Chile y que estaría apoyado por kurdos y colombianos. Más extranjería imposible.
La declaración de guerra a la RAM quedó oficializada ayer por Marcos Peña y Patricia Bullrich- con mandato emanado desde la presidencia- en su reunión con gobernadores patagónicos en la que se decidió la elaboración de un protocolo de colaboración y prevención contra expresiones de violencia política. O sea, cómo se va a reprimir.
Ya resuelto el frente externo, ahora hay que ir a por toda forma de oposición posible que, pese a todos sus problemas, tiene su cara más visible en la ex presidenta. Suena al menos llamativo que el desafuero se pida dos días después de la jura. Lo que, como le gusta decir a la prensa oficial, politiza el caso, lo convierte en zona de debate y decide de antemano y desde la política la culpabilidad o no de Cristina.
El procesamiento y dictado de prisión se basa en la idea de que el memorándum de entendimiento con Irán tuvo como objetivo encubrir a los autores del atentado a la AMIA. Fue una medida de gobierno –muy discutible por cierto- que fue votada por ambas cámaras. Si se aplica cierta lógica, todos los diputados y senadores que dieron su aprobación al memorándum debieran ir también presos o al menos afrontar un procesamiento en su calidad de cómplices necesarios. Una lógica que se verifica en el caso del procesamiento al juez Rafecas por haber desestimado la denuncia de Nisman.
De esta manera ya no son personas –como en los casos del ex vice y el ex ministro- sino todo un sector político y, si llevamos esto aún más lejos, una ideología, lo que se está condenando en términos pretendidamente legales.
La doctrina Carrió- Iglesias (autor del célebre apotegma de que si sos honesto no podés ser kirchnerista) se ha hecho carne en la figura de Bonadio, que opera con la misma lógica paranoica de la diputada y de su mano más que derecha. Una perspectiva que ve todo accionar político opuesto al propio como corrupción, una idea que muchos medios han comprado llave en mano.
Es probable que CFK no vaya presa, al menos por ahora, pero no por eso se terminará esta ofensiva judicial. El oficialismo y sus jueces y periodistas amigos creen que tener un enemigo externo como amenaza en el mismo momento en que Comodoro Py le desbanda el interno es el mejor de los mundos posibles para gobernar sin obstáculos. En un caso galvaniza la tropa propia, en el otro limpia el campo de batalla de las tropas ajenas.
Lo cual trastoca las reglas de la política. No hay adversarios, hay enemigos (los de afuera y los de adentro). No hay aliados sino socios. Todo lo que rodea el episodio de hoy muestra a las claras las dificultades de Cambiemos y sus seguidores para poder lidiar con las incomodidades de vivir en democracia. Bonadio es su principal terapeuta en esta lucha por cambiar las reglas de juego.
Para que todo funcione como se pretende, la política debe ir presa.