La autorización del gobierno a las fuerzas policiales para fusilar por la espalda a cualquiera sin temor a la Justicia no es sólo una medida de corte electoral que apunta a mostrar que combate la “inseguridad” sino que surge de las entrañas de su ideología.
Un policía mató a un motochorro que lo asaltó con un arma de juguete”, tituló el diario Clarín este martes, a horas de conocerse la nueva resolución del ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich y que da luz verde al gatillo fácil en la Argentina. “Ocurrió en la colectora de la autopista Panamericana. Los agentes estaban de franco y con uniforme. Es un caso que podría enmarcarse en el nuevo reglamento para los agentes de las fuerzas de seguridad federal, pero que involucró a un policía bonaerense”, agrega el diario. Es que, si bien por ahora, sólo deberán cumplir con la Resolución 956/2018 miembros de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), pareciera que se trata de puros formalismos.
No es la primera vez que el gobierno de Mauricio Macri alienta y defiende a miembros de las fuerzas de seguridad para que disparen contra civiles, en especial si esos civiles provienen de barrios carenciados, algo que, para quienes detentan actualmente el poder, los convierte en potenciales delincuentes.
Sólo por citar algunos ejemplos, el más actual es el que impulsó la Doctrina Chocobar: el del policía Luis Chocobar, que asesinó por la espalda a Pablo Kukoc en La Boca el pasado diciembre, cuando este último intentó robarle una cámara fotográfica a un turista estadounidense. También el caso de Rafael Nahuel en Río Negro a fines de 2017 y el de Facundo Ferreira, de 11 años, quien murió en Tucumán a mediados de este año, luego de recibir un disparo en la nuca por parte de un uniformado.
Esta “nueva” política a la que el gobierno intenta de darle un marco legal, nada tiene de nueva. No emergió de la nada y es ese, quizás, uno de los puntos en los que haya que poner especial atención. ¿Fue el caso Chocobar? ¿Fue el caso Carolina Píparo? ¿Es la influencia de la experiencia Bolsonaro? ¿O acaso es necesario ir más atrás? ¿Qué lleva al gobierno a aplicar sin más, en un contexto de crisis interna, recesión, aumento del desempleo y de la pobreza, una política punitivista?
De hecho, la resolución llegó en la misma semana en la que UNICEF dio a conocer un reciente informe que advierte que casi la mitad de los niños y adolescentes son pobres en la Argentina. El trabajo, enfocado en la medición de pobreza no monetaria fue calculado por Unicef en base a los datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares, considerando las carencias educativas, de protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura y hábitat seguro. El dato duro que arrojó es que el 48 por ciento de los niños, niñas y adolescentes sufren de al menos una de esas carencias y que en la población total ese número es del 38 por ciento. La respuesta del gobierno a este estado de situación pareciera ser la violencia.
Al menos, eso es lo que deja entrever la nueva resolución de Bullrich, que establece que no serán judicialmente cuestionables los fusilamientos que se produzcan cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal, cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas, cuando una persona trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra el agente o contra terceros, o en los que casos que alguien efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma: como cuando estando armado, busque ventaja parapetándose, ocultándose, o mejorando su posición de ataque, cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona, cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves, cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas.
Si bien la nueva medida no tiene la capacidad de modificar el Código Penal ni las disposiciones del sistema internacional de Derechos Humanos a los que Argentina adhiere, tal como explicó en su cuenta de Twitter la abogada Graciana Peñafort, sí actúa como un manifiesto político en el andamiaje institucional por parte del gobierno.
“Existe un aumento del hostigamiento policial tanto en su versión física (violencia que deja marcas en el cuerpo) como en su costado simbólico”, explicó a Página12 Esteban Rodríguez Alzueta, abogado y especialista en violencias urbanas y agregó: “Me refiero a un conjunto de acciones que son fácilmente identificables en el quehacer policial: los traslados a la comisaria, las paradas en la vía pública, los cacheos y las requisas de sus pertenencias generan miedo y vergüenza, en la medida en que van acompañados de gritos, insultos, imputaciones falsas y provocaciones”.
Consultado por el accionar policial frente a la doctrina Chocobar refirió además que “según lo que podemos observar en nuestras investigaciones, eso que los pibes llaman “verdugueo” ha aumentado en los últimos años” y que al mismo tiempo,” hay muchos policías que se sienten respaldados por este Gobierno frente al irrespeto de los jóvenes y, en este sentido, encuentran los argumentos necesarios para sentirse habilitados para actuar con mayores cuotas de discreción”.
Ahora bien, una cosa es que Patricia Bullrich salga a decir “el que quiera andar armado que ande armado” o que el diputado Alfredo Olmedo proponga la consigna “delincuente abatido, policía condecorado”. Otra cosa es la clara demostración de apoyo, como la reunión del presidente Mauricio Macri con Luis Chocobar, o que su ministra de Seguridad reciba a policías absueltos por gatillo fácil, como Carla Céspedes, a quien la justicia absolvió en primera instancia tras haber matado a una ladrón desarmado y por la espalda en 2016, y a Arsenio Narvay, un gendarme que quedó en libertad luego de pasar un año y tres meses en la cárcel, tras dispararle a uno de los dos ladrones que intentaron robarle en 2017. Pero algo muy distinto es la manifestación por escrito y convertida en política de gobierno de una ideología reaccionaria.
Según publicó Página12, el ministro de Justicia, Germán Garavano, encontró un eufemismo para justificar la legalización del gatillo fácil y, de paso, salió a responder las críticas de la diputada Elisa Carrió, que si bien forma parte de la Alianza Cambiemos, calificó de fascista la iniciativa. Garavano dijo que la resolución que habilita a la policía disparar sin más se trata se trata de la aplicación de la “mano justa” y que, por ende, “no debiera ser considerada violatoria de los derechos humanos”. “La categoría de “mano justa” es una combinación que hace el ministro entre la “mano dura” y la “justicia por mano propia”. La primera es la que se le cuestiona a la política del Ministerio de Seguridad y la segunda es la que interpreta que el castigo a un delincuente por fuera de la vía legal es un acto de justicia”, señaló Página12.
Es necesario no perder de perspectiva que la derecha, en tres años de gestión y de cara a las elecciones del año próximo, no sólo ha logrado implementado su plan económico neoliberal, también ha sabido encontrar el espacio para avanzar sin reparos en otros aspectos nodales del entramado social.
El pasado lunes, en una nota publicada en La Política Online, se hace referencia al escenario de cara a 2019. “El Gobierno analizan llevar a Bullrich como vicepresidenta en la fórmula con la que Macri buscará su reelección en 2019. Por eso mismo el presidente comenzó a virar su discurso a la derecha, con la seguridad como eje”, sostiene la publicación. Ese mismo medio y otros dejan entrever que detrás de la ofensiva punitivista está la palabra de Duran Barba y sus encuestadores, que dicen: adelante, el gatillo fácil te dará votos.
En su discurso ante el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) el pasado noviembre, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner refirió que, con la victoria en las urnas de Jair Bolsonaro, “los brasileros firmaron un contrato social con el neoliberalismo”. De ser acertada esa lectura, el interrogante que se abre entonces en nuestro país, tras la implementación del gobierno del gatillo fácil y la mano dura acompañada por políticas económicas de ajuste, es justamente, si los argentinos también serían capaces de hacerlo.
(Fuente: Agepeba)
