El mismo supremo que avaló la aplicaciòn del 2×1 a los represores y ex abogado del Grupo Clarín es hoy la máxima autoridad jurídica del país. Rozenkrantz,  el hombre que hacía falta para que la Justicia convalide el ajuste.

Carlos Rosenkrantz rompió el hielo y propuso a Elena Highton de Nolasco para vicepresidir el Máximo Tribunal. Highton, como una dama, devolvió el gesto y propuso a Rosenkrantz para presidir el cuerpo. Los ministros Horacio Rosatti y el saliente Ricardo Lorenzetti se limitaron a oficiar de testigos, reducidos a dar consenso a la nueva dupla fuerte de la Corte. Juan Carlos Maqueda, en tanto, votó por mantener la vieja fórmula: Lorenzetti-Highton. Pero no prosperó. La propuesta meramente testimonial del ex senador duhaldista pareció más un decorado que una disidencia en voz alta. El tiempo dirá.

La pareja Rosenkrantz -Highton, que había contraído matrimonio en mayo de 2017, cuando junto a Rosatti firmaron el escandaloso fallo que benefició a los genocidas cívico-militares con el cómputo de 2 años por cada uno en prisión, tenía al fin su torta de bodas: la conducción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Elisa Carrió, a su turno, festejó “el fin de la corrupción en la Corte”. Adrenalina pura.

El texto de la acordada que dio a conocer oficialmente el recambio en la presidencia del Alto Tribunal, publicada apenas dos horas después del cónclave en el Centro de Información Judicial, detalla la reunión. Y recuerda los tiempos de Julio Nazareno, quien en octubre de 2000 definió con su propio voto su reelección al frente de la Corte. Calidad institucional de la República, como le llaman. Con una diferencia: en el año 2000, los jueces que no acompañaron a Nazareno criticaron la autoelección del riojano. El ministro Petracchi llegó al extremo de afirmar públicamente que “la actitud de Nazareno es no ética e irrazonable”. Pero ahora, nada. El Tribunal en pleno bailó el minué.

Es necesario recordar que los dos ministros que conducirán la Corte a partir del 1 de octubre están en ese Tribunal gracias al gobierno. Ambos magistrados le deben expresamente el cargo. No cuesta demasiado adivinar que la devolución de gentilezas consistirá en disciplinar aún más a los magistrados y arrasar con los poquísimos vestigios de independencia judicial que todavía quedan en el sistema de administración de Justicia, no sin antes aplicar en el Poder Judicial el ajuste que el FMI le exige al gobierno: reducción drástica del presupuesto judicial, techo a los aumentos salariales (en 2018, los judiciales percibieron sólo un 20,1 %, que el gobierno cuenta como 25 %, debido a un incremento del 5% otorgado en enero, que correspondía al tramo de aumento salarial pendiente del año 2017), modificaciones regresivas a la ley de jubilaciones con la que se retiran los jueces, y extensión del pago del impuesto a las ganancias, incluidos los trabajadores.

A Rosenkrantz, ex abogado del Grupo Clarín, lo nombró el presidente Macri, primero a través de un insólito decreto de necesidad y urgencia, que se salteaba el mecanismo constitucional previsto para el nombramiento, y luego, cuando volvió sobre sus pasos, tras el debido acuerdo del Senado.

Highton, en tanto, le debe el cargo al Ejecutivo nacional, que no apeló el insólito fallo del juez Enrique Lavié Pico, del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, que hizo lugar a la medida cautelar presentada por la ministra de la Corte en reclamo de evitar su retiro tras haber cumplir los 75 años de edad, como lo establece la Constitución.

Esa disposición que Eugenio Raúl Zaffaroni cumplió rigurosamente, rige desde antes del ingreso de Highton a la Corte, razón por la cual la doctora no puede alegar derechos adquiridos ni aducir que le cambiaron la ley estando en funciones, como en su momento argumentaba Carlos Fayt, quien renunció a los 97 años de edad, el 11 de diciembre de 2015, un día después de la asunción del gobierno que sucedió al de Cristina Kirchner.

Por lo demás, la salida de Lorenzetti en la presidencia de la Corte implica una modificación importante en la línea de sucesión presidencial. Si Macri renunciara antes de tiempo, como se cavila en forma creciente en múltiples ámbitos políticos, la presidencia del país podría caer en manos del flamante titular del Tribunal supremo, el ministro Rosenkrantz, hombre de Clarín. Y todo queda en casa.

De querer entrar por la ventana a la Corte a entrar por la hendija de la ley de acefalía a la presidencia de la Nación. Movilidad social ascendente, según el macrismo.

El error, sin embargo, no fue sólo haberle dado acuerdo en el Senado para su nombramiento, propuesta viciada de origen por la aceptación tácita que el candidato a juez de la Corte hizo del vergonzoso decreto presidencial que lo quiso nombrar en el Tribunal sin pasar por el Poder Legislativo. Hubo otro y es aún más grave: no haberlo enjuiciado políticamente cuando el tal Rosenkrantz sumó su voto al fallo que otorgó a los genocidas el beneficio del 2 por 1.

Entonces –mayo de 2017-, sólo Hebe de Bonafini criticó públicamente y en la Plaza de Mayo, lo que fue vendido como un rotundo éxito popular: la sanción de una ley exprés votada en el Congreso que obligaba a la Corte a no aplicar el 2×1 a los genocidas. Tan a contramano estaba esa ley, que su texto fue propuesto por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, del partido de gobierno, cuyo compromiso público con los derechos humanos es igual a cero. Sintomático.

Hebe sostuvo entonces que las muestras de rechazo popular al fallo de la Corte debían servir para forzar el juicio político a los cortesanos que lo suscribieron, no para la sanción de esa ley, que fue utilizaba por la Corte justamente para lo contrario: evitar las críticas y argumentar que su aberrante fallo se debía a un vacío legal que esa ley venía a resolver. Había suficiente jurisprudencia, incluso de la propia Corte, que justificaba la obligatoriedad de no beneficiar a los autores de crímenes aberrantes e imprescriptibles, cometidos contra la humanidad.

La masiva movilización popular de entonces, convocada bajo la consigna ¡Nunca Más!, fue traicionada. La promoción de Rosenkrantz en la Corte, que en un país normal debería haber sido destituido, es prueba de ello. ¿Cuándo quebraremos el círculo?

Un bueno punto de partida, quizás, sería dejar de convocar al pueblo a movilizarse bajo esa contradictoria consigna, que creó el radicalismo, pronunció el fiscal Strassera, consagró la Teoría de los Dos Demonios, y cimentó el resbaladizo camino de la política de derechos humanos del alfonsinismo. Esa política terminó en la impunidad casi plena (sólo fueron juzgados los comandantes de las tres primeras Juntas Militares; la cuarta, que comandó Bignone no, porque fue la pactó con la Multipartidaria la entrega del poder), el tristemente célebre “Felices Pascuas”, y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los militantes que ingresaron al cuartel de La Tablada. ¿Es que no lo vemos todavía?