Mientras nombra en áreas estratégicas a funcionarios sin los menores antecedentes en el tema discapacidad, el gobierno pretende, con su lenguaje buena onda, disolver en la sociedad la responsabilidad que le cabe en el tema. Al mismo tiempo, reduce las pensiones por invalidez, aunque primero dice que los afectados llamen a un número telefónico, luego que revisará caso por caso. Si pasa, pasa.

Hace pocos días, desde la Presidencia de la Nación, se lanzó un Plan Nacional de Discapacidad que planteó el propósito de lograr “una Argentina inclusiva, donde todas la personas tengan la oportunidad de desarrollarse y crecer”.

Un dechado de buenas intenciones, un plan grandilocuente y faraónico, casi una utopía.

Al frente de la conducción de este plan, desde el mes de junio se encuentra Javier Ureta Sáenz Peña, quien asumirá la presidencia de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis).

Según LinkedIn, Ureta Sáenz Peña cuenta con los siguientes títulos, especializaciones y cargos en su haber: Environmental Engineering por la Pontificia Universidad Católica Argentina ‘Santa María de los Buenos Aires’, Secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Coordinador General de Gestión Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Director General de Reciclado en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Asesor Ambiental en la Secretaría de Hábitat e Inclusión, Ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un funcionario capacitado para el cargo que hoy ocupa Sergio Bergman, en la Comisión que tendrá por objeto el asesoramiento para la integración de las personas con discapacidad.

Consultado por el lanzamiento del Plan Nacional de Discapacidad, Javier Ureta Sáenz Peña dijo: “El plan es difícil de transmitir en un solo proyecto. Es muy abarcativo, pensado para que todo el proceso productivo argentino tenga el driver de la discapacidad integrado. Mucha articulación con la áreas de la responsabilidad civil y de la comunicación desde el Estado”.

¿Qué significa “tener el driver de la discapacidad integrado”?

Googleo “driver” y encuentro: controlador de dispositivo o manejador de dispositivo es un programa informático que permite al sistema operativo interaccionar con un periférico, haciendo una abstracción del hardware y proporcionando una interfaz para utilizar el dispositivo.
¿A quién le habla este funcionario? Me pregunto cuántas personas comprenden lo que dice Ureta Sáenz Peña. Cuántas saben lo que es un driver, cuántas tienen el acceso informático necesario para saberlo.

El plan -sostienen-, se basa en tres ejes rectores: la inclusión, la heterogeneidad y el compromiso comunitario que buscan la participación plena y efectiva de las PCD, para que se atiendan las problemáticas individuales e involucren a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. Promueve -afirman- una plena cobertura y acceso a la salud, con especial énfasis en las personas de mayor vulnerabilidad social y garantiza -arriesgan-  la sostenibilidad y calidad de las prestaciones médicas.

Entonces, en espera de la primera medida que vehiculice este plan, nos encontramos esta semana con la noticia de la suspensión de pensiones por discapacidad.

“Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, reconoce el funcionario y da un ejemplo: “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”, declaró Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.

Sobre Badino, LinkedIn informa que es Director en MBA de la UTN de Mendoza. Busco la sigla “MBA” y encuentro que se trata de una Maestría en Administración de Negocios.

Me pregunto qué sabe el señor Badino sobre personas con discapacidad. Me pregunto si el señor Badino sabe qué dice cuando afirma que una persona con síndrome de Down podría trabajar si lo deseara. Como todo lo que este gobierno sostiene, en este país cada uno tiene lo que merece.

Pienso: soy una simple profesional de la salud que trabaja desde hace diecisiete años con niños con discapacidad. Niños que serán jóvenes y adultos. Claro que esos futuros jóvenes y adultos podrían trabajar pero, que esto suceda, no implica una cuestión de deseo, como Badino y el gobierno que lo designó en ese puesto, quieren hacerles creer a la gente. Para que un joven o adulto con discapacidad pueda trabajar, primero, debe acceder a todos los servicios de salud y educación que necesite, sin restricciones, durante toda su vida; después, debe tener la posibilidad de recibir la capacitación laboral adecuada a sus posibilidades y particularidades; por último, debe tener el derecho de ingresar en un medio de trabajo que atienda a la diversidad.

Badino, yo y todos, sabemos que el estado no puede garantizar ni por asomo que una persona con discapacidad acceda a todo lo anteriormente enumerado. Nunca pudo, históricamente. De ser así, tal vez, seríamos un país escandinavo. Entonces, como no hay garantías, que haya subsidios que, de algún modo, “compensen” la falta de capacidad del estado.

Quienes trabajamos con personas con discapacidad, quienes estamos involucrados y comprometidos en este trabajo, sabemos que para llegar al mundo laboral, antes, es absolutamente necesario el cumplimiento de garantías y derechos. Quienes sabemos esto, no alcanzamos los espacios políticos que permitirían generar cambios. Quienes sí los ocupan, no conocen esta realidad. De los dos funcionarios de gobierno designados para llevar adelante políticas de discapacidad, uno, es especialista en negocio; el otro, en medio ambiente. Ninguno en salud o educación, campos que, en el área de discapacidad, son indisolubles y fundamentales.

En el mes de mayo, se publicó en los diarios un manifiesto titulado “Ustedes y nosotros”, firmado por Presidencia de la Nación, bajo el membrete del Plan Nacional de Discapacidad.  El texto pone en el lugar del enunciador a las personas con discapacidad, En él, se advierte una variedad de conceptos corridos de eje y algunas contradicciones:

Mientras se afirma “Somos millones, y cuando sumamos a nuestros parientes y a nuestros amigos que nos ayudan a vivir, somos más que cualquier otro grupo que puedan nombrar”, se quita la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges perciban pensión o jubilación. También a personas con dificultades para manejarse de manera autónoma en caso de que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, cuyo familiar tenga un ingreso formal de $ 21.000. Entonces, ese grupo humano que rodea, que forma parte del entorno social, familiar de la persona con discapacidad, ¿es un grupo inclusivo o determina su exclusión del beneficio?

Donde dice “Nosotros somos iguales a cómo serían ustedes si les pasara algo” debería decir “Nosotros somos iguales a ustedes”. La aclaración, oscurece.

“Hay que cambiar ahora mismo las leyes, los edificios, el ancho de las puertas, las veredas, los asientos de los colectivos, los espacios de los aviones, las reglas obsoletas, los trámites del Estado, todos los baños públicos, las normas de las escuelas, los juegos de las plazas, los trabajos, los hoteles alojamiento…” Da la sensación de que el párrafo está dirigido, casi excluyentemente, a personas con una discapacidad motora. Existen otras formas de discapacidad, además de la motora: visual, auditiva, intelectual. Podríamos hacer una clasificación exhaustiva considerando las características de cada caso;  no tiene sentido. Si consultamos a una persona ciega o sorda, o con dificultades intelectuales, seguramente nos daría una extensa lista de cosas a cambiar y ninguna de ellas serían las mencionadas en el texto.

De cualquier modo, más allá de especificidades y detalles, hay un mensaje explícito en el manifiesto: la culpa es nuestra. Ese “nuestra” no se refiere a quienes membretean la publicación, sino a nosotros, quienes la leemos. Nosotros, la sociedad: “Si no nos ven en la calle, si creen que somos menos de lo que somos, es porque muchos de ustedes nos obligan a refugiarnos en nuestras casas”. “Hay que cambiar mil cosas, pero antes tienen que cambiar profundamente ustedes porque aunque nosotros somos humanos completos muchos de ustedes no creen que sea así.” “Hagan su parte. Ustedes y nosotros somos personas iguales con destinos distintos. Es hora de que nos reciban abiertamente y vivamos juntos en el mismo mundo.”

¿Qué nos dice la presidencia, entonces? La responsabilidad es nuestra. Nadie lo niega, nuestra sociedad no está preparada para convivir no solamente con la discapacidad, sino con la diversidad en general. Pero dejarnos la exclusividad a la sociedad es, al menos, canalla. Porque, señores, el gobierno nos representa y es ese gobierno, que se ocupa de las cuestiones de estado, quien se debe ocupar del desarrollo social. ¿Cómo? Con políticas, término del que nuestro gobierno actual huye como de un espectro. Con políticas de estado. Estado que desde diciembre de 2015, se ha ido retrayendo y retirando de cuanto sector social pudo, por iniciativa de los funcionarios de este gobierno, minimizándolo, pretendiendo volverlo ínfimo e insignificante.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, comunicó el miércoles la disposición de una línea 0-800 para aquellos que consideren errónea su baja de la pensión por discapacidad puedan hacer su reclamo ¿Sabrá la ministra lo que implica la cotidianeidad de una persona con discapacidad y su familia? Tratamientos, transporte, medicamentos, escuelas, centros, maestras integradoras, enfermeros, asistentes, acompañantes, niñeros (sí, los padres de los niños con discapacidad trabajan o tienen actividades que no siempre coinciden con los horarios escolares o institucionales), pañales, internaciones, estudios, consultas médicas, terapias, elementos ortopédicos y una lista infinita de etcéteras. Todo este dispositivo requiere de una periodicidad que, en ocasiones, es diaria, en otras,  quincenal; a veces, mensual. ¿Sabrá la ministra que no hay cuerpo que resista esta dinámica sin un subsidio que lo sostenga? ¿También tienen que reclamar por un derecho por teléfono?

¿Hay personas que se sacan provecho de estos beneficios cuando no les corresponde? Sí, pasa. Es el riesgo de las políticas públicas, siempre hay alguien que saca ventaja. Pero es el precio a pagar para que todos los que realmente lo necesiten, accedan al cumplimiento de sus derechos. Si no, no es una política pública, es la implementación para casos particulares y aislados. Estamos hablando de un Ministerio de Desarrollo Social, de una Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales y de una Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad. Políticas públicas, masivas, de gran alcance.

Para los casos aislados estamos los particulares.

De lo público, el Estado es responsable.