El modelo del totalitarismo corporativo plutocrático que encarna el gobierno de Cambiemos requiere de la creación de “enemigos” bien discriminados para alcanzar su fin último: disciplinar a toda la sociedad.

Santiago Maldonado desapareció cuando la Gendarmería Nacional irrumpió ilegalmente y a los tiros en terrenos de la Pu Lof de Cushamen. Su cuerpo apareció casi ochenta días después en el río Chubut –río arriba, a contracorriente de donde se lo vio entrar en el río para escapar a la represión -. Desde el gobierno y sus medios aliados se lo trató de hippie, tatuador, revoltoso vinculado a una inexistente guerrilla mapuche. Les faltó calificarlo de “subversivo”, aunque seguro que tuvieron la palabreja en la punta de la lengua; les faltó decir que se ahogó porque se metió a nadar sin saber.

A un mes de la desaparición de Maldonado, el 1° de septiembre, la policía realizó una redada indiscriminada en la zona de Plaza de Mayo, cuando ya el acto en reclamo de la aparición de Santiago había terminado. Muchos de los detenidos ni siquiera habían participado del acto, pero se los mantuvo incomunicados y se los procesó. Cuando los llevaban detenidos, la policía los amenazó con “hacerlos desaparecer”.

Rafael Nahuel murió de un disparo de 9 milímetros por la espalda cuando el Grupo Albatros de Prefectura realizaba una cacería humana en tierras aledañas al Lago Mascardi. Días antes, las fuerzas de seguridad habían irrumpido en la comunidad Lafken Winkul Mapu y se habían llevado detenidos a mujeres y niños. A los chicos les precintaron las manos. Ayer, el gobierno trató de instalar que se habían encontrado armas en el lugar.

Tanto en el caso de Santiago Maldonado como en el de Rafael Nahuel, el gobierno – a través de diferentes funcionarios de primera línea – dijo que tomaba como “verdad” la versión de las fuerzas de seguridad, que la justicia investigara pero que las cosas eran – y son – así.

Al escribirse estas líneas Milagro Sala sigue en la cárcel de Alto Comedero a pesar de la decisión de la Corte Suprema de restituirle la prisión domiciliaria que le fue cortada arbitrariamente, contra un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También al escribirse estas líneas están detenidos desde hace días Julio De Vido y Amado Boudou. Hoy se sumaron a la lista Luis D’Elía, Carlos Zannini (detenido de madrugada, como en otros tiempos oscuros), Héctor Timerman (con domiciliaria, porque está gravemente enfermo) y Fernando Esteche. Todos estos últimos por la causa del Memorándum con Irán, votado por las dos Cámaras del Congreso Nacional. En todos los casos, abusando de la figura de prisión preventiva. Y como frutilla de un postre siniestro, marche un desafuero para CFK.

Los periodistas que no le gustan al gobierno son desplazados; los medios opositores son asfixiados económicamente u obligados a cambiar la línea editorial mediante amenazas impositivas y judiciales. Los jueces y fiscales que no se disciplinan con el gobierno reciben presiones y amenazas, se los suspende o se los somete a simulacros de fusilamiento en el Consejo de la Magistratura, cuya conformación va en contra de lo dispuesto por la Constitución Nacional.

La policía reprime sin freno y con desmesura, la Justicia detiene sin ley, los medios hegemónicos calumnian, operan y bastardean para engañar a la opinión pública. Gobierno, Justicia y Medios son las patas del trípode que sostiene las políticas de lo que el ex juez Eugenio Zaffaroni definió hace unos días como totalitarismo corporativo plutocrático, un sistema que “pretende configurar un modelo de sociedad con un 30% de incluidos y un 70% de excluidos. Para eso requiere contener a los excluidos, lo que hace formateando subjetividad mediante sus corporaciones de medios masivos y, necesariamente, con represión”.

Para poder concretarlo, al gobierno le resulta indispensable la creación de “enemigos” que justifiquen sus atropellos a los ojos de la sociedad. Entonces, los mapuches son guerrilleros con apoyo del terrorismo internacional;  los pobres y los jóvenes son, por lo menos sospechosos; las protestas sociales son criminales; los opositores políticos –aún en estos tiempos de bajísima calidad de toda la oposición – son corruptos y venales.

Todos ellos son enemigos; a todos ellos es necesario encarcelarlos, perseguirlos, reprimirlos y, llegado el caso, matarlos impunemente. Criminalizados por los medios, buena parte de la sociedad termina justificando ese accionar que aniquila los derechos de esos “enemigos”. Así, la espiral represiva y violatoria de los derechos humanos sigue ganando intensidad. Y le sirve al gobierno como escarmiento y como ejemplo. Ojo, que a vos también te puede pasar.

Porque esos enemigos inventados que se encarnan en los pobres, los indígenas, los díscolos y los disidentes no son el verdadero enemigo del gobierno que encabeza Mauricio Macri. El verdadero enemigo es la inmensa mayoría de la sociedad argentina, a la que pretende disciplinar.

Y para disciplinarla necesita de este Estado policial que ya está en marcha. El terrorismo de Estado está ahí, a la vuelta de la esquina, a un pasito nomás.