La deuda pública es el mecanismo privilegiado de ingreso de divisas para facilitar la fuga de capitales y los secretos fiscal, financiero y bursátil, pergeñados por los grandes beneficiarios de los gobiernos de facto, la garantía de impunidad.

El 21 de mayo de 2020, el Banco Central (BCRA) publicó el informe “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019”. El documento demuestra que de la deuda tomada durante la gestión de Cambiemos -que superó los 100 mil millones de dólares- solo 24 mil millones se utilizaron parta pagar deuda externa, incluidos los 9 mil 300 millones que se le pagaron a los fondos buitres encabezados por NML Capital y Elliot Management Corporation.

Sin embargo, hubo otra parte de la deuda en divisas, unos 86 mil 200 millones -que incluyen el crédito del FMI por 44 mil 560 millones-, que los tomó el Tesoro nacional y a través del BCRA se lo vendió a los bancos, los cuales los compraron para sí o para sus clientes.

No es todo. El informe precisa que 6.693.605 personas y 85.279 empresas adquirieron los 86 mil 200 millones, y que los 100 mayores compradores -que fueron las empresas- adquirieron 24 mil 679 millones. El BCRA nunca reveló los nombres de esas firmas. Sí lo hizo el “El Cohete a la Luna” en la nota del 24 de mayo de 2020 titulada “Los 100 de Macri”.

El listado no fue desmentido por el BCRA. Tampoco por las empresas que nunca pensaron que el BCRA le iba a reclamar a los bancos el detalle de los compradores, razón por la que esas firmas no pueden demostrar en sus balances de dónde sacaron los recursos para comprarlos.

Se trata de posesión neta de divisas. No de pagos ni de cobros. Es decir: tenencias que compraron y que deberían estar en poder de la firma teniendo en cuenta que en esos años fue legal la compra de divisas, ya que en diciembre de 2015 Cambiemos eliminó el programa de consultas de operaciones cambiarias de la AFIP, levantó paulatinamente las restricciones para, finalmente, en agosto de 2016, liberar sin ningún límite las operaciones en el Mercado Único y Libre de Cambio constituido por los bancos y los compradores de divisas.

Cabe aclarar que las empresas deben presentar sus memorias y balances anuales ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) -dado que cotizan en Bolsas de Comercio- y ante la AFIP -de acuerdo a las normas internacionales de información financiera e impositivas locales-. En esos estados contables deben exhibir un cuadro denominado “Estado de Flujos de Efectivo Consolidados”.

Se trata de una información clave. Allí debe constar el aumento neto de efectivo. Ese cuadro combinado con el de Activos y Pasivos en moneda extranjera arroja la información de cuántos dólares fueron adquiridos por la empresa en el ejercicio fiscal. Haciendo ese estudio se observa que la empresa que más dólares compraron en el período 2016-2019 fueron:

Telefónica Argentina (Movistar), subsidiaria de Telefónica de España: 1.248 millones de dólares

Pampa Energía (Marcelo Midlin, Joseph Lewis, Blackrock): 903,8 millones

Telecom (Grupo Clarín): 647,5 millones de dólares.

Grupo ARCOR (Luis Pagani) a través de Arcor Saic y Bagley Argentina: 360,7 millones.

Holding Techint (Paolo Rocca) a través de tres Tecpetrol Ternium y Transportadora Gas del Norte: 547 millones.

Ninguna de ellas, al igual que el resto de 100 primeras, puede demostrar en sus estados contables de dónde provinieron los recursos en efectivo para comprar las divisas.

Dada la sospecha fundada de evasión fiscal, la AFIP -para cumplir sus misiones y funciones- debería investigar los movimientos bancarios, tanto los que se relacionan con la compra de dólares para probar el origen de los fondos como los relacionados con las transferencias en divisas y sus destinos. Además debería fiscalizar los saldos contables en dólares al final de cada ejercicio y verificar en qué cuentas bancarias -nacionales y/o offshore- estaban esas tenencias.

Si la AFIP investigó los movimientos bancarios no lo sabemos. El secreto fiscal manda. Tampoco sabemos si hizo algo para recuperar al menos una parte del dinero evadido. Así las cosas, el país afronta y afrontará los pagos de la deuda con los acreedores privados -que comenzará a amortizarse en el segundo semestre de 2024- y con el FMI con los recursos públicos y los giros que el propio organismo giró y seguirá girando en el marco del acuerdo alcanzado, siempre y cuando se cumplan con las condicionalidades que exige y exigirá ante cada vencimiento por los próximos diez años.

Es es la razón por la cual la vicepresidenta sostuvo en durante el Día de la Bandera que: “…del Banco Central te dicen: no se puede informar hay secreto bancario. Los de la Comisión Nacional de Valores te dicen: no, hay secreto bursátil. Y la señora AFIP te dice: no, hay secreto fiscal. Entonces los que tienen y los que han tenido la sartén por el mango y el mango también están de fiesta. Muchachos, este es un Estado estúpido, un Estado donde no se articula la información que tiene el Banco Central con la información que tiene la CNV con la información que tiene la AFIP para poder desarticular y desarmar la estafa, porque han estafado a la Argentina. La han estafado y todos tienen miedo. No, que no puedo hacer eso porque hay secreto… Sí, es cierto que existe el secreto, pero tampoco hay voluntad ni actitud de cambiar las cosas para desarmar lo que ha constituido una verdadera estafa de los argentinos”.

Algunas aclaraciones

El secreto fiscal data de 1932, cuando se sancionó la Ley de Procedimiento Tributario (Nº 11.683) en la dictadura de Agustín P. Justo, norma modificada para hacerlo más estricto en el texto ordenado de 1978.

El secreto bursátil data de 1968. Se trata de la Ley de Oferta Pública de Títulos Valores (N°17.811) sancionada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.

El secreto financiero, estipulado en los artículos 39 y 40 de la Ley de Entidades Financieras (Nº 21.526) data de 1977, también sancionada en dictadura, en este caso durante el período de Rafael Videla.

Cabe entonces preguntarse: ¿Cómo es posible que un gobierno democrático, en un marco de endeudamiento sideral, no puede suspender con un Decreto de Necesidad y Urgencia el cumplimiento de los secretos pergeñados por los grandes beneficiarios de los gobiernos de facto?

La pregunta cobra todavía más relevancia cuando se sabe que la deuda pública ha sido el mecanismo privilegiado de ingreso de divisas para facilitar la fuga de capitales y, por ende, la constitución de activos externos por parte de grandes capitales que actúan en el proceso de producción y circulación local. Más todavía cuando esas empresas -que operan en sectores críticos de la economía nacional- presionan para devaluar nuestra moneda y de esa manera valorizar un dinero fugado que cuando retorna, si retorna, compra por la mitad lo que vale el doble.

No es extraño entonces que esos mismos actores presionen por una devaluación que a todas luces les conviene, pero que no hace falta. El tipo de cambio vigente es competitivo. Lo demuestra el fuerte superávit comercial, incluso pese a que los grandes importadores adelantan sus compras en el exterior y los grandes exportadores frenan sus ventas.

Lo que hay que hacer

Ni bien asumió, el gobierno de Alberto Fernández envió el Congreso la Ley 27.541 de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva. La norma declaró la emergencia en casi todos los órdenes. No así la Emergencia Cambiaria, que le hubiera permitido al BCRA cumplir con su misión de preservar las reservas internacionales, en lugar de rifarla para que las grandes empresas adelanten importaciones. O peor todavía, vendiendo dólares al tipo de cambio oficial a las empresas que el mismo BCRA analizó en “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019”. Los que compraron dólares y los fugaron.

En pocas palabras: lo que el gobierno debería hacer es instrumentar la Emergencia Cambiaria mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia en el marco de la fundada sospecha de evasión fiscal, al tiempo que elimina los secretos bancario, fiscal y bursátil. En síntesis: poner en práctica un ejercicio más decidido de control estatal sobre los grandes capitales.