Sea cual fuere el futuro, en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones  dan por descontado que el ganador es el celular. En el ámbito local, los jugadores son pocos y muy poderosos. El negocio, multimillonario.

La clave al día de hoy pasa por el control de la red 4G. Para tener una idea: en Europa, Estados Unidos y Japón, el 50% de los usuarios de telefonía móvil accede a contenidos de internet a través de equipos móviles. Se espera que para 2019 lo hagan siete de cada diez. La Argentina, aunque rezagada, no escapa a una tendencia que engloba las comunicaciones, el entretenimiento y las noticias.

Desde el gobierno aseguran que la convergencia tecnológica (1) entre medios y telefonía sienta las bases de un modelo competitivo. Eluden decir que en el mejor de los casos se tratará de una competencia acotada a poco más de media docena de compañías. Algo muy parecido a un reparto del mercado. Prometen, eso sí, que habrá despegue tecnológico, mejores servicios e inversiones. También hablan de transparencia. Sin embargo, una mirada crítica señala que luego de desmontar con dos decretos y un puñado de resoluciones administrativas la estructura legal heredada, el marco normativo que habilitó el cuádruple play (2) se definió en una negociación que sólo tuvo en cuenta los intereses del sector empresario. El camino inverso al debate que precedió a la extinta ley de medios audiovisuales.

Las industrias hasta hoy divergentes de los medios y las telecomunicaciones encontraron en Cambiemos condiciones favorables que reproducen las delineadas hacia fines de la década del ’80, cuando Carlos Menem avanzó con la privatización del servicio de telefonía y de los Canales 11 y 13. Desde entonces, con los más y los menos de la década kirchnerista, las compañías de ambos sectores desarrollaron sus negocios en condiciones que les permitieron obtener beneficios extraordinarios.

El concepto de ámbitos privilegiados de acumulación, planteado por la socióloga Ana Castellani en Recursos públicos, intereses privados, permite una aproximación al tema. “A diferencia de otras experiencias históricas, caracterizadas por una relación de reciprocidad y enraizamiento entre el Estado y los empresarios, el sector privado se beneficia con constantes y diversas transferencias del sector público sin garantizar un incremento de la productividad, la ampliación del capital fijo y la realización de innovaciones tecnológicas”. La consecuencia ha sido, en líneas generales, la consolidación de posiciones dominantes no innovadoras sustentadas por el accionar estatal.

En el mejor de los casos, la opción de la élite empresarial fue la importación tardía de tecnología. En ese sentido, las telefónicas son un ejemplo. El lobby, la colonización de sectores de la administración pública y la corrupción se constituyeron en prácticas habituales. Castellani agrega una más: la colusión, que permite llegar a acuerdos tácitos e informales entre empresarios y funcionarios en procura de garantizar privilegios. La investigadora localiza el origen del proceso en la gestión de Adalbert Krieger Vasena como ministro de Economía. El nacimiento de la famosa “patria contratista”. Algunos de estos rasgos quedaron en evidencia en la forma en que se resolvió la convergencia criolla.

En semejante contexto no es de extrañar que Cambiemos borrara del temario cuestiones largamente debatidas como el alto peso que exhiben los capitales extranjeros, el fuerte grado de concentración de la propiedad  y la centralización de la producción de contenidos e información. El espíritu que guía la iniciativa es claro. La nueva regulación no estable límites a la concentración. Un punto en el que todos los jugadores parecen acordar. Los contenidos son mercancías y la optimización de las ganancias es la meta excluyente. En esa búsqueda, los protagonistas seguramente seguirán intentando consolidar sus posiciones hegemónicas.

Las consecuencias de la convergencia no son inocuas. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que difícilmente puede ser calificada como propiciadora de políticas intervencionista, advierte sobre los efectos que los altos grados de concentración tienen sobre los precios de los servicios y la calidad de las noticias. Ni siquiera las leyes sobre competencia, que persiguen objetivos económicos, pueden garantizar que la propiedad sea plural. Por esta razón es que los países desarrollados adoptan reglas especiales que establecen límites a la propiedad dentro de una misma plataforma, o bien entre distintas plataformas (3).

Nivelar la cancha

La convergencia auspiciada por Cambiemos modificó radicalmente las reglas del juego en los sectores donde se mueven el Grupo Clarín y las telefónicas. Las disputas son muchas y muy relevantes. Cada uno de los protagonistas procura sumar negocios. Obviamente, ninguno está dispuesto a ceder los que considera propios. La pulseada más notoria es que el mantienen la televisión en sus diversas modalidades -abierta, la paga y satelital- con las telefónicas que brindan servicios móviles y fijos, además de conexión a internet. El primer grupo liderado por Héctor Magnetto. El segundo, por Telefónica.

El gobierno se defiende de las críticas. Aduce que la convergencia auspiciada busca zanjar diferencias. La opacidad en que se desarrollaron las tratativas juega en contra de la versión oficial. El encargado de acercar posiciones fue Mario Quintana. Antes del dictado del decreto que habilitó el cuádruple play recibió a los directivos del Grupo Clarín y de Telefónica. Les pidió que se pusieran de acuerdo. Intentó convencerlos de la conveniencia de que se autorregularan. No hubo caso. Luego de la fracasada negociación que mantuvieron el presidente de Telefónica, Federico Rava, y el sobrino de Magnetto, Pablo Casey, el gobierno decidió avanzar.

Cambiemos insiste en que la idea es “nivelar la cancha”. Extraña forma de hacerlo. Durante el kirchnerismo, las telefónicas pagaron unos de 1.500 millones de dólares para operar bandas del espectro radioeléctrico que les permiten brindar 4G. El Grupo Clarín se las llevó gratis. Vale la pena un repaso. La movida arrancó en setiembre de 2015, cuando Cablevisión compró Nextel por 178 millones de dólares. La adquisición quedó aprobada por el DNU que en diciembre de 2015 disolvió la Afca y la Aftic. La operación se completó en octubre pasado con la compra por 138 millones de dólares de las firmas Trixco, Skyoline, Nitizen y Callbi, que tenían bandas del espectro otorgadas para el servicio fijo de transmisión de datos. La compra se hizo a través de Néxtel.

En Telefónica amagan desde hace tiempo con judicializar la disputa llevando su planteo al Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Dicen que si el multimedio pretende brindar servicios 4G debe hacer un pago adicional. ¿La razón? Que el nuevo uso que se le dará a las frecuencias incrementa en forma sustancial el valor original de las licencias originalmente otorgadas. La respuesta del Grupo Clarín es que la ley 27.078, conocida como Argentina Digital, los habilita a pedir el cambio en el uso sin realizar desembolso alguno.

Las miradas, ahora, están puestas en lo que ocurra en las próximas semanas. Sólo resta esperar que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) emita la autorización con el dictado de resoluciones administrativas que fijarán las condiciones en las que operará el Grupo Clarín para desplegar su red 4G. Mientras esto ocurre, algunos legisladores de la oposición advierten que la decisión que benefició al multimedios siembra inseguridad jurídica porque mediante normas de jerarquía inferior, como decretos y resoluciones, introduce cambios en las reglas de juego.

Por el momento, la intervención de la Embajada de España y del gobierno de Mariano Rajoy contuvo a Telefónica. La pulseada, sin embargo, deja en claro dos cosas. La primera: que para crecer cada contendiente busca capturar una porción del mercado del otro. La segunda: que la convergencia no se resuelve con franquicias para que uno o varios operadores crucen las fronteras que ya desdibujó el avance tecnológico. Se podría agregar una tercera cuestión: que el apuro de Cambiemos por satisfacer los deseos del Grupo Clarín dejó de lado el interés público y las necesidades sociales, y ni siquiera tiene en cuenta la lógica económica y las potencialidades tecnológicas.

De ahora en más

El decreto que habilitó el cuádruple play establece que las empresas de telecomunicaciones podrán brindar televisión paga por cable desde enero de 2018 en ciudades con más de 80.000 habitantes. El Grupo Clarín, en tanto, podrá ofrecer telefonía móvil en 3G y 4G. El decreto, de paso, legalizó la situación de Direct TV, que brindaba servicio de internet por satélite hasta ese momento sin autorización. Ahora, lo hará por derecha. Según Cambiemos, la competencia arrancará en 2018.

Lo dicho: la competencia será acotada. No habrá nuevos jugadores. Al día de hoy, el mercado de la telefonía móvil se reparte entre Claro (Carlos Slim) con el 34%; Movistar (Telefónica) con el 32%; y Personal (Telecom) con el 31%. El Grupo Clarín, mediante Nextel  tiene ya el 2%. El negocio de la banda ancha fija repite la división en tercios: Cablevisión (28%), Telefónica (27%) y Telecom (26%). La televisión paga por cable sigue en pocas manos: Cablevisión, del Grupo Clarín, concentra el 40%. Le siguen Direct TV (AT&T) con el 30%, y muy de lejos Supercanal (Grupo Vila-Manzano) con el 7%. Hay otros jugadores, pero son muy pequeños. En telefonía fija el panorama es similar: Telefónica tiene el 45% del mercado y Telecom el 30%.

Párrafo aparte merece la situación de Telecom. La firma opera en telefonía móvil y fija, y además brinda conexión a internet. La compañía, dominada por el magnate mexicano David Martínez –dueño del Fondo Fintech-, participa con el 40% en Cablevisión. Hasta ahora, Martínez fue un aliado estratégico de Magnetto en sus cuitas con Telefónica. Sin embargo, la adquisición de Nextel por parte del Grupo Clarín abrió grietas entre ambos. Pasaron de socios a competidores y volvieron las tensiones que datan de cuando Martínez coqueteaba con el kirchnerismo en la disputa con los fondos buitre. Su intención era que le aprobaran su ingreso a Telecom. La operación debió esperar la llegada de Cambiemos para ser aprobada.

Desde el oficialismo señalan que si bien el Grupo Clarín podrá entrar en el muy lucrativo negocio de la telefonía móvil 3G y 4G, deberá competir en la televisión por cable con Telefónica, su principal rival, que apunta a brindar el servicio en las grandes capitales de provincia. Córdoba, Mendoza y Rosario son sus primeros objetivos. Sus ejecutivos afirman que hacia mediados del año próximo estarán en condiciones de hacerlo. Admiten, sin embargo, que el Grupo Clarín les lleva ventaja en la producción de contenidos. No obstante, Telefónica y Telecom también consiguieron un beneficio singular: la reserva para uso exclusivo de la red propia por 15 años (4). Un premio nada menor que estable una barrera de acceso para otras firmas.

Magnetto, va de suyo, no se quedó atrás. Obtuvo lo que se conoce como interconexión asimétrica (5). En otras palabras: un precio de referencia para que los nuevos jugadores –léase Nextel- puedan utilizar por cuatro años la red de las empresas que ya brindan telefonía celular. El decreto, además, permite por cuatro años el uso de las antenas para el roamming (6) entre compañías. De esa forma quienes no tengan antenas suficientes –léase Nextel- lograrán alcance nacional hasta que tengan las propias.

Nada es neutro

Los especialistas señalan que la convergencia traerá consigo un nuevo modelo productivo con amplia repercusión en el plano social. Mucho de eso puede verse ya en el panorama local. Aunque con cierto retraso con relación a los países más desarrollados, la fragmentación y segmentación de los contenidos puso en retroceso a las marcas periodísticas tradicionales. Gigantes de la industria, como Google y Facebook, ganaron un centralidad omnisciente. No producen información, pero organizan el tránsito. Sus algoritmos no son neutros. Funcionan como editores de escala global.

En el plano local, la centralidad de unos pocos actores dominantes agudiza la tendencia global. Ante esta situación, los modelos regulatorios suelen responder con retraso. Pero no por ello dejan de proponer esquemas normativos que guíen los procesos. La idea es siempre la misma: generar un ambiente propicio para los negocios, alentar la innovación, propiciar la competencia y evitar los abusos de poder; al tiempo que se amplían las redes y se protege a los usuarios. Ninguna de estas cuestiones, al menos hasta el momento, aparece en el radar de Cambiemos.

(1)    El término convergencia alude a la posibilidad de que mismo servicio funcione mediante diversas plataformas; a la situación en que diferentes tipos de redes adopten la misma plataforma; o a la posibilidad de que diferentes servicios y plataformas se integren dentro de un mismo paquete. También refiere a la unificación de los soportes de producción y distribución.

(2)    El cuádruple play es la oferta comercial de los operadores de telecomunicaciones para dar a los usuarios llamadas desde teléfonos fijos, acceso a Internet, televisión digital y telefonía móvil.

(3)    Cross-ownershipslimits. El término se refiere a las limitaciones a la posibilidad de que diversas fuentes de información que a su vez se transmiten por distintas plataformas pertenezcan a una misma empresa o grupo empresario. En 1975, la FCC de Estados Unidos introdujo limitaciones, que se actualizaron en sucesivas revisiones.

(4)    Una visión crítica indica que la prerrogativa más que alentar la competencia apunta a garantizar el retorno de las inversiones. Se trata de un tramo crítico de la red porque es el segmento que permite acceder al cliente para brindar servicios de TV por cable e internet de alta velocidad.

(5)    El argumento oficial es que de lo contrario las telefónicas le podrían cerrar el paso a cualquier nuevo operador; en este caso el Grupo Clarín. Es de notar de que ninguno de los actores solicitó la inclusión tal regulación a la comisión redactora de la ley de convergencia.

(6)    El mecanismo permite que el cliente puede desplazarse e ingresar al sistema desde diferentes puntos de accesos, incluso fuera del ámbito local de su prestador.