El acuerdo del Gobierno nacional con el FMI implica la profundización durante 2023 del severo ajuste fiscal ya en marcha. Una perspectiva sombría que volverá a impactar en los planes sociales, las jubilaciones y las pensiones; además de reducir las transferencias no automáticas a las provincias. El Ejecutivo argumenta falta de recursos. Sin embargo, según enfatiza el autor de este artículo, nada hace para recuperar al menos una parte de las divisas fugadas por las grandes empresas y muchos particulares.

La Argentina es un país rico. Cuenta con agua potable -está físicamente encima del tercer acuífero del planeta-, produce alimentos -se el décimo exportador mundial de granos y el tercero en soja-, está en camino a conseguir el autoabastecimiento energético con potencial de convertirse en exportador neto de combustible en un par de años, y tiene, además, reservas en litio y minerales raros. A todo esto se suma una población educada, disciplinada en el trabajo y en la austeridad, y con capacidad de alcanzar los más altos niveles en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

Sin embargo, el país tiene como condicionante un sector hegemónico de la sociedad, de conducta rentista y parasitaria, que instrumenta la deuda externa para propiciar la fuga de capitales en su propio beneficio al transferir su pago al conjunto de la sociedad.

La deuda externa en diciembre de 2015 ascendía a 222.703 millones de dólares. El 60% de era intra sector público -en poder de la ANSeS, de los bancos oficiales y de los fondos fiduciarios locales, entre otros-; el 9% era deuda contraída con organismos internacionales -sin contar el FMI al que se le había pagado todas las acreencias en enero de 2006-; y un 31% con el sector privado.

En diciembre de 2019, la deuda había trepado a 320.630 millones de dólares. El 40% era intra sector público; el 22,7% con organismos internacionales -mayormente con el FMI, por el equivalente a 45.400 millones de dólares-; y un 37,3% con el sector privado.

En síntesis: la deuda se incrementó durante el gobierno de Cambienos en más de 100.000 millones de dólares; al tiempo que desmejoró sensiblemente su distribución, sobre todo por la perentoriedad de los plazos.

A eso debemos sumar que el gobierno de Alberto Fernández no solo no investigó la deuda en un gesto de servilismo dedicado a los sectores dominantes de la sociedad, sino que paga sus intereses con el presupuesto nacional y se financia colocando títulos de deuda del Tesoro Nacional en pesos, pero ajustables por la devaluación del dólar oficial y/o por inflación. Deuda que alcanza los 15,6 billones de pesos -unos 85.000 millones de dólares-. A su vez, el Banco Central (BCRA) inmoviliza la creación de dinero colocando encajes remunerados -Pases pasivos, Leliq y Notaliq- por 10,6 billones de pesos -unos 58.000 millones de dólares-.

El gobierno, continuando en lo económico y en lo jurídico lo hecho por Cambiemos, no dudó en suspender en septiembre de 2020 el cuarto tramo del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en realizar un fuerte ajuste del gasto público en 2021 y, con el acuerdo firmado en enero de 2022 con el FMI, se dio a la tarea de profundizar el ajuste fiscal con el objetivo de juntar los pesos con los que compra las divisas para pagar la deuda externa, provocando así una inflación, la más alta en tres décadas años, que erosiona el poder adquisitivo de las jubilaciones, las pensiones y de los salarios en general, lo que explica que la tasa de pobreza se ubique en torno al 40%.

Con los datos de inflación informados por el Indec en noviembre, el gobierno acumuló en sus primeros 36 meses de gestión una inflación del 300%, mientras que el tipo de cambio oficial avanzó en la misma proporción al pasar de $ 62 a $ 183,50 en el mismo lapso, dinámica que pocos salarios consiguieron empardar.

Peor aún, la distribución del ingreso se torna cada vez más regresiva. Según el Ministerio de Trabajo, la remuneración promedio sujeta a aportes se ubicó en octubre pasado en 174.436,90 pesos, apenas por encima de la Canasta Básica Total que releva el Indec para una familia integrada por dos adultos y dos menores en edad escolar, que quedó en el mismo mes en 139.737 pesos. Datos que implican que de los 12.600.000 trabajadores registrados, gran parte percibe remuneraciones por debajo de la línea de pobreza. Obviamente, una porcentaje  todavía mayor si se tienen en cuenta las remuneraciones de los trabajadores informales.

Perspectivas 2023

El FMI, al aprobar la revisión de las metas del tercer trimestre 2022, reiteró que el Gobierno nacional deberá bajar el déficit fiscal del 2,5% del PBI de este año al 1,9% en 2023. La diferencia, que se estima en unos 430.000 millones de dólares, debería lograrse mediante:

La reducción del gasto en asistencia social y en jubilaciones y pensiones; como así también a través de menos planes Potenciar Trabajo y evitando moratorias impositivas.

Con la continuidad del recorte de los subsidios energéticos.

Y la reducción de las transferencias no automáticas a las Provincias.

En sus consideraciones, el FMI afirma que “la consolidación fiscal debe continuar en 2023 y contener las presiones de gasto”, señala que “la consolidación está sustentada principalmente por una reducción en los subsidios y una racionalización de la asistencia social”. Más claro, imposible.

Paradójicamente, Fernández aseguró en su campaña que aumentaría de inmediato entre un 15% y un 20% las jubilaciones y los salarios para “encender la economía”. Lo financiaría, explicó, reduciendo los intereses que el BCRA paga por las Letras de Liquidez. Sin embargo, llegado al poder, una de sus primeras iniciativas fue la derogación de la Ley 27.426 de “movilidad jubilatoria”, sancionada en diciembre de 2017 y que actualizaba en forma trimestral los haberes mediante una fórmula que tomaba el 70% de la inflación minorista y el 30% de la evolución del salario promedio del sector formal.

A lo largo de 2020 dispuso subas por decreto y “bonos” para las jubilaciones más bajas; y desde 2021 aplicó la Ley 27.609, por la que el ajuste combina el 50% de la recaudación de la ANSeS y el 50% de la variación de los salarios del sector formal, sometido a un techo anual según la “recaudación previsional por beneficiario”, pero sin incluir la inflación, que se incrementó en un 300%, muy por encima del ajuste realizado a las jubilaciones y pensiones.

Hablamos de fuertes ajustes en el gasto social porque las jubilaciones y pensiones nacionales, que abarcan a 7.200.000 beneficiarios, representó este año el 41% del gasto total. De allí la necesidad del gobierno de reducir ese porcentaje en un presupuesto que va ser de menos del 20% del PBI, lo que lo hace el más bajo de los últimos 20 años, cuando todos los planes sociales representan apenas el 0,9% del PBI.

La reducción del déficit primario del 0,6% del PIB se verificará en un contexto en el que el gobierno, desde el tercer trimestre de 2020, ajusta permanentemente el gasto. En 2020, el ejecutado de la Administración Nacional fue del 25,96% del PBI. En 2021 se redujo al 24,43%. Este año, sin tener los números finales, ya se observa que a noviembre pasado, y comparando con igual lapso del año pasado, la evolución del gasto primario fue un 7,47% menor.

Dentro de ese gasto, las erogaciones en jubilaciones y pensiones se redujeron en un 9,08%; los subsidios al transporte en un 13,23%; los subsidios al gas, electricidad, agua en un 34,16%; y las transferencias a las provincias en un 27,08%.

Lo único que siempre crece, ejercicio fiscal tras ejercicio fiscal, es el pago de los servicios de la deuda, que en los 11 primeros meses de este año alcanzaron los 982.777 millones de pesos, el 6,28% sobre el total del gasto que acumuló la Administración Nacional, cifra que es similar a toda la obra pública del presupuesto nacional de 2022.

Es más, el ministro Sergio Massa ponderó la licitación de las obras de extracción, transporte y distribución del gas de Vaca Muerta bajo el denominado Plan Gas Ar, que se adjudicó a las empresas Pampa Energía (Grupo Midlin, Blackrock, y Joseph Lewis), Tecpetrol (Grupo Techint), y Pan American Energy (Bridas y British Petroleum). El argumento: la necesidad de recurrir al capital privado porque el Estado nacional no cuenta con los fondos para hacerlo.

Sin embargo, Massa no dice que Pampa Energía compró en los cuatro años de gestión de Cambiemos 903 millones de dólares, pese a que sus balances solo pueden justificar poco más de la mitad de esas compras. Tampoco dice que el grupo Techint, dueño de Tecpetrol, compró en igual período 782 millones de dólares y tampoco puede justificar ni siquiera la mitad de lo adquirido. Finalmente, Pan American Energy adquirió en la gestión de Macri 98,4 millones de dólares y la lectura de sus balances no demuestra cómo lo hizo, ni dónde detrajeron los fondos.

En síntesis

Antes de pagar la deuda externa como estamos haciendo, sujetándonos al plan del FMI, se debe investigar la deuda para que la paguen los que la fugaron. Este es el sentido que tiene el proyecto de ley del Frente de Todos que ya tiene media sanción del Senado y dictamen de mayoría en las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

El proyecto propone la creación de un fondo en dólares para la cancelación de la deuda con el FMI, que se constituiría con las cuentas en el exterior no declaradas al fisco. El 20% provendría de las multas a las empresas que reconozcan la evasión, el 35% de las que declaren sus activos en los primeros 6 meses de vigencia de la norma, y el resto de las cuentas que se encuentren pasado el plazo.

Históricamente, el endeudamiento externo financió la fuga de capitales. Los dólares de la deuda externa no beneficiaron el desarrollo del país, sino que fueron apropiados por unos pocos, quienes los fugaron por diferentes mecanismos opacos o ilegales, sin pagar el impuesto a las ganancias y bienes personales.

Los objetivos del proyecto son claros. Primero, que el país pueda resolver la crisis de deuda que generó Cambiemos sin resignar el objetivo de crecimiento con inclusión social e industrialización. Segundo, dotar de racionalidad, previsibilidad y certidumbre a los actores económicos, que en el futuro sabrán a que el Estado fiscaliza y controla la evasión y la fuga, además de contar con los medios para multarlos. Tercero y último, contribuir al combate global contra el ocultamiento de activos.

Quienes fugaron divisas de la Argentina y no las declararon han perjudicado a todos los contribuyentes. Quienes más han dañado al país con la evasión y la fuga deben hacer su aporte para volver a lograr la soberanía económica.