Este año, muchos países pobres terminarán en default. Los que lo eviten recortarán gastos sociales, o se endeudarán aún más. El G20 y el FMI suspendieron sus vencimientos, pero no los acreedores privados. Así, el alivio solo beneficiará a los fondos de inversión. La propuesta de los autores: una moratoria integral, quita nominal y un mecanismo de recompra de deuda pública a cargo del FMI.

Mientras la pandemia por el Covid‑19 hace estragos, más de un centenar de países de ingresos bajos y medios todavía tienen una deuda pública que en conjunto implica vencimientos por unos 130 mil millones de dólares durante este año. La mitad de esa deuda corresponde a créditos tomados con acreedores privados. Con buena parte de la actividad económica suspendida y la recaudación fiscal en caída libre, muchos no podrán evitar el default. Otros juntarán sus escasos recursos para pagar a los acreedores, recortando gastos imprescindibles en salud y prestaciones sociales. Otros tratarán de patear la proverbial piedra hacia adelante, apelando a más endeudamiento en un momento en que parece fácil debido a la abundante provisión de liquidez que inyectan los bancos centrales de todo el mundo.

En los años ochenta, durante la llamada década perdida de América Latina, hasta la más cercana crisis griega, sobran penosos recordatorios de lo que sucede cuando los países no pueden hacer frente a sus obligaciones. Una crisis global de deuda en este momento dejará a millones de personas sin empleo y provocará inestabilidad y violencia en todo el mundo. Muchos buscarán empleo en otros países y se saturarán los sistemas de control fronterizo y gestión de migraciones en Europa y Norteamérica. Otra costosa crisis migratoria desviará la atención de la necesidad urgente de hacer frente al cambio climático. Emergencias humanitarias como esta son cada vez más frecuentes.

Esta pesadilla es evitable, pero hay que actuar de inmediato. Los orígenes de la crisis de deuda que se avecina son fáciles de entender. La flexibilización cuantitativa aumentó la deuda pública de los países de ingresos bajos y medios -constituida en su mayor parte en la forma de bonos soberanos- a más del triple desde la crisis financiera global de 2008. Los bonos soberanos conllevan más riesgo que la deuda oficial con instituciones multilaterales y organismos de ayuda de los países desarrollados. Esto es así porque los acreedores privados pueden liquidar los bonos de un momento al otro y provocar al hacerlo una profunda depreciación monetaria, además de grandes alteraciones económicas.

En junio de 2013, los autores de este artículo nos preguntábamos: “¿Están unos mercados financieros con estrechez de miras y en colaboración con los gobiernos, también con estrechez de miras, preparando el terreno para la próxima crisis de deuda externa del mundo?”. Ha llegado el momento de la verdad. En marzo pasado, las Naciones Unidas pidió un alivio de deuda para los países menos desarrollados. Varios miembros del G20 y el Fondo Monetario Internacional suspendieron los vencimientos de este año y pidieron a los acreedores privados hicieran lo mismo.

Previsiblemente, estos pedidos han caído en oídos sordos. Por ejemplo, un consorcio de acreedores privados de África que acaba de formarse ya rechazó la idea de un pequeño alivio general para los países pobres. De modo que buena parte, o acaso la totalidad, de los beneficios del alivio provisto por los acreedores institucionales irá a manos de acreedores privados que se niegan a hacer algo similar.

En efecto: los contribuyentes de los países acreedores volverán a rescatar a los actores privados que asumieron riesgos excesivos y dieron préstamos imprudentes. El único modo de evitarlo es una moratoria integral de deudas, que incluya a los acreedores privados. Pero sin una acción decidida de los países en los que están suscritos los contratos de deuda es difícil que los privados acepten un arreglo de esta naturaleza. De modo que los gobiernos deben apelar a la doctrina de “necesidad y fuerza mayor” para imponer una moratoria integral de vencimientos.

Dos claves para una salida ordenada

Sin embargo, esto no resolverá el problema sistémico que supone el endeudamiento excesivo. La situación demanda una urgente y profunda reestructuración de las deudas. La historia muestra que para muchos países, una reestructuración insuficiente y tardía sólo prepara el terreno para otra crisis. La larga lucha de Argentina para reestructurar su deuda con acreedores privados recalcitrantes, cortos de miras, testarudos e insensibles muestra que las cláusulas de acción colectivas pensadas para facilitar esas reestructuraciones no son tan eficaces como se esperaba.

La mayor parte de las veces, a una reestructuración inadecuada le sigue una nueva reestructuración antes de que pasen cinco años, con enorme sufrimiento de la población del país deudor. A la larga, también los acreedores salen perdiendo. Felizmente, hay una alternativa, aunque es poco utilizada: la recompra voluntaria de deuda soberana. Estas operaciones son habituales en el sector corporativo y resultaron eficaces en los noventa en América Latina. También en el caso de Grecia. Tienen, además, la ventaja de que evitan las duras condiciones típicas de los acuerdos de canje de deuda.

El objetivo principal de un programa de recompra sería aligerar la carga de la deuda, al obtenerse un descuento significativo –una quita- del valor nominal de los bonos soberanos, y así minimizar la exposición al endeudamiento con los acreedores privados. Además, el programa también se puede usar para promover objetivos sanitarios y climáticos, exigiendo que los países beneficiados apliquen a la creación de bienes públicos el dinero que hubieran debido emplear para el pago de vencimientos.

Como explicamos en un artículo publicado por el Center for Economic Policy Research, el mecanismo multilateral de recompra podría estar a cargo del FMI, que puede usar recursos ya disponibles, como los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos, y fondos complementarios de un consorcio de países e instituciones multilaterales. Los países que no necesiten toda su asignación de Derechos Especiales de Giro -las unidades de cuenta del FMI- podrían donarlos o prestarlos al nuevo mecanismo. Incluso se podrían obtener más recursos con una nueva emisión de DEG, una necesidad evidente. Para garantizar la máxima reducción con un nivel dado de gasto, el FMI podría celebrar una subasta, anunciando que sólo recomprará una cantidad limitada de bonos.

Sin embargo a futuro, se necesita también un mecanismo de reestructuración de deuda predecible y regulado. Para esto se podría tomar como modelo la legislación estadounidense referida a la quiebra de gobiernos municipales, más específicamente su Capítulo 9. Esto estaría a tono con las recomendaciones que dio después de 2008 la Comisión de Expertos de las Naciones Unidas sobre las Reformas del Sistema Monetario y Financiero Internacional.

La objeción usual a estas propuestas es que destruirían el mercado internacional de capitales. Pero la experiencia muestra lo contrario: no se puede sacar agua de las piedras. Reestructuración habrá sí o sí, la pregunta es si será ordenada. Nuestras propuestas ayudarían a lograr este objetivo y fortalecerían el mercado de capitales. En última instancia, la cuestión no es el funcionamiento del mercado de capital, sino el bienestar de la gente en los países en desarrollo y emergentes. Se necesita un alivio de deuda ahora mismo, en la mitad de la pandemia. Debe ser integral -incluir a los acreedores privados-, ir más allá de una mera suspensión de pagos. Las herramientas ya existen, solo hace falta voluntad política.

Nota publicada originalmente en Project Syndicate