Terrorismo de Estado en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega ingresó en una nueva fase represiva: la criminalización de la protesta social y la implantación del terror. El último objetivo: periodistas y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. El Chipote, la cárcel que construyó Somoza para torturar disidentes, encierra hoy a los nietos de la revolución sandinista.

La continuidad e intensidad del despliegue represivo obliga a un balance provisorio. Según los organismos nicaragüenses de derechos humanos, la represión estatal acumula un saldo de 545 asesinatos y 674 presos políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabiliza 300 muertos. El régimen de Ortega admite 199 y 273 detenidos a los que califica como “golpistas” y “terrorista”. Los muertos son todos civiles.

Las investigaciones y los testimonios preliminares confirman ya la existencia de un plan represivo orquestado desde el Estado mediante el accionar de paramilitares y la sistemática violación de las garantías más elementales. Las conclusiones permiten establecer responsabilidades y afirmar la existencia de crímenes de lesa humanidad. En Nicaragua hay terrorismo de Estado.

Desde Managua, Mónica Baltodano [1] explica que la demolición del Estado de Derecho tiene sus raíces en el pacto que cerró Ortega en el ’98 con el entonces presidente Arnoldo Alemán. El objetivo: repartirse el poder mediante la reforma de la Constitución y de la Ley Electoral. El pacto se perfeccionó en 2014 con una nueva reforma constitucional que le facilitó a Ortega la reelección indefinida y el control de los todos los poderes del Estado.

Baltodano, al igual que otros militantes sociales, es víctima del hostigamiento del régimen. Ella y su familia están amenazadas. Su hermano, Ricardo Baltodano, está privado de la libertad acusado del delito de terrorismo. Fue detenido el 15 de septiembre por unos treinta efectivos policiales sin orden judicial y lo mantuvieron incomunicado durante quince días.

La quita arbitraria de la personería jurídica a nueve organizaciones no gubernamentales y la toma por asalto de varios medios de comunicación críticos constituyen el último capítulo de una larga serie de atrocidades escritas desde abril a sangre y fuego por la Policía Nacional y los grupos de choque que siembran el terror en las zonas urbanas y rurales del país.

El accionar represivo, sin embargo, viene de lejos. Arrancó en 2007 con una progresiva anulación de los mecanismos de participación ciudadana y la drástica reducción de los espacios para la acción política y social. El germen de la revuelta cívica que se disparó en abril de este año.

En 2017, Ortega inició el primer año de su tercer mandato. “Meses antes había copado la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral. En ese momento, además, le quitó la presentación legal al Partido Liberal Independiente, lo que dejó fuera de juego a la Coalición Nacional por la Democracia, la principal fuerza opositora”, recuerda Baltodano.

Desde que estallaron las protestas populares en abril, el régimen acentuó las medidas de control. Uno de sus objetivos: las redes sociales. Aunque no consiguió regular su uso, eliminó los accesos inalámbricos gratuitos que había colocado en plazas y espacios públicos para impedir que los manifestantes se mantuvieran en contacto. Un dato menor, si se quiere.

Cierre de medios y de ONGs

El mismo día en que la policía clausuraba y saqueaba medios críticos, Ortega firmaba el decreto-ley que disolvió formalmente nueve organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Les quitó la personería jurídica. Algunas fueron allanadas en forma violenta y quedaron ocupadas por la policía. El listado lo integran el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Hagamos Democracia, el Centro de Investigación de la Comunicación, la Fundación Popol Na, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, la Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de las Segovias.

“El cinismo de Ortega no tiene límites. Las quitas de las personerías se concretó mediante un decreto-ley del Ministerio de Gobernación que incautó nuestros bienes para constituir un fondo destinado a la atención y reparación de las víctimas del terrorismo”, dice Baltodano.

-El orteguismo ordenó el cierre de varios medios de comunicación. ¿La ofensiva es nueva?

-No. Ya se venía dando en algunos departamentos del interior contra radios pequeñas, algunas comunitarias, como Radio Darío, que fue objeto de ataques y sus instalaciones quemadas. Lo que pasa es que ahora la escalada alcanzó a medios con mucha audiencia. Cayeron en la volteada la revista digital Confidencial y los programas de televisión Esta noche y Esta semana. Y no estamos hablando de medios alternativos. El Confidencial está financiado por dos sociedades anónimas y su director es Carlos Fernando Chamorro, el hijo de la ex presidenta Violeta Chamorro.

-¿Cómo describiría el accionar del gobierno?

-El orteguismo despliega una tarea sistemática de hostigamiento. Con Ciento por ciento noticias, que es un canal de televisión, llegaron al extremo de rodearlo de paramilitares para agredir a los periodistas. Incluso agredieron a invitados y funcionarios de la OEA.

-¿Siempre son paramilitares?

-No siempre. Los grupos de choque suelen actuar en combinación con la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. A Ana Quirós, una militante feminista que llevaba viviendo tres décadas en Nicaragua, le retiraron la ciudanía, la arrestaron y la pusieron en la frontera con Costa Rica. En este caso actuó la Dirección de Operaciones Especiales, que  tomó por la fuerza la sede del Centro de Información de Asesoría en Salud que ella presidía.

-¿Con qué argumentos?

-Los de siempre. Incumplir obligaciones legales, alterar el orden público, desestabilizar el país y afectar la seguridad ciudadana.

-¿Cuál es la situación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos?

-También lo cerraron. Es una entidad que tiene treinta años y un enorme prestigio. Lo mismo que su directora, Vilma Núñez de Escorcia, una de las ciudadanas más probas y valientes de mí país, además de una notable jurista que ocupó la presidencia de la Corte Suprema e integró la Comisión de Ética del Frete Sandinista de Liberación Nacional cuando la revolución era una verdadera revolución.

-Da la impresión que el régimen se ensaña con quienes militaron en el sandinismo…

-Se ensaña con cualquier opositor. Pero también con nosotros. Nos considera peligrosos. Jaime Wheelock, por ejemplo, fue uno de los nueve comandantes de la revolución y lideró la insurrección final contra Somoza. Durante la década del ’80 fue ministro de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria. Después de la derrota electoral del FSLN en 1990 participó en las negociaciones por los acuerdos de transición. A mediados de los ’90 dejó el FSLN y fundó el Instituto para la Democracia que Ortega mandó a cerrar.

-¿Y la fundación que usted dirigía?

-Popol Na nació hace veintiocho años para promover el desarrollo municipal y crear conciencia crítica. También actuamos en el campo de los derechos humanos y en la preservación del medio ambiente. Ninguna de las organizaciones afectadas tuvimos la más mínima posibilidad de argumentar una defensa. Nos cerraron con excusas legales. Sostienen que no presentamos los documentos que exige la ley. Pero la verdad es que lo hicimos y no tenemos las constancias porque el Ministerio de Gobernación nunca nos entregó los certificados.

Pruebas que queman

La Reserva de Biosfera Indio Maíz es una de las mejor preservadas de Nicaragua. Recostada sobre el Río San Juan, en el suroeste del país, abarca unos 3.200 kilómetros cuadrados. El 3 de abril, se declaró un incendio que finalmente calcinó 6 mil hectáreas de selva virgen. La ONG ambientalista Fundación del Río alertó sobre las dimensiones del desastre, señaló la inacción del gobierno e inició una campaña para denunciar lo sucedido. Una semana después, miembros de la fundación fueron advertidos por funcionarios sobre una posible cancelación de su personería jurídica.

La represalia se hizo efectiva la semana pasada, luego de que el Ministerio de Gobernación les negara por primera vez en veintisiete años las constancias legales que requiere la entidad para su funcionamiento. “Asumimos que se trata de presiones políticas por nuestro accionar en defensa del sureste de Nicaragua, por las denuncias que realizamos sobre la deforestación de la reserva y por las acciones de conservación en la zona del Lago Cocibolca”, precisó Amaru Ruíz, presidente de la fundación.

Desde la Red Local, una ONG que aglutina a veintitrés entidades civiles entre las que está la Fundación del Río, advierten que al menos otras cinco organizaciones están en la misma situación.

Menos suerte tuvieron Medardo Mairena y Pedro Mena, integrantes de la frustrada Mesa de Diálogo por el Movimiento Campesino Anti Canal. Los apresaron el 13 de julio en el Aeropuerto Internacional Augusto Cesar Sandino cuando se dirigían a una reunión en California. Ambos fueron trasladados a El Chipote. Mairena está acusado de terrorismo y del asesinato de cuatro policías.

Vivir escondido

Los primeros tres asesinatos de manifestantes se produjeron cuando los estudiantes de la Universidad Nacional Agraria, la Universidad de Ingeniería, la Universidad Politécnica de Nicaragua, la Universidad Centroamericana y la Universidad Nacional Autónoma de León salieron a protestar y fueron reprimidos por la Policía Nacional. Fue en abril. A partir de ahí, la rebelión se extendió a otras universidades y departamentos, como León, Rivas, Bluefields, Estelí, Masaya, Granada, Camoapa, Matagalpa, Ocotal y Carazo.

“El panorama en las universidades es terrible. Ortega se dio a la tarea de controlarlas. Lo hizo corrompiendo al movimiento estudiantil y a las cúpulas del claustro docente. En Nicaragua no hay autonomía universitaria. Esa es una de las razones por las que el movimiento estudiantil estalló. Lo alumnos están cansado de la opresión que ejercen los profesores y los líderes estudiantiles adictos al orteguismo. No hay libertad de cátedra. Nadie que sea crítico puede ingresar en las universidades públicas”, explica Baltodano.

-¿Y en las privadas…?

-Son muy escasas y algunas tienen temor a perder las subvenciones del Estado.

La vida de muchos estudiantes cambió desde entonces. Los que se atrincheraron y fueron expulsados a balazos viven hoy escondidos en casas de seguridad y rotan de domicilio para evitar ser detenidos. Son los que se rebelaron contra el régimen, pero también contra la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, el brazo partidario de Ortega en las universidades públicas.

En mayo volvió a recrudecer la protesta. Hartos de elecciones amañadas y de los discursos oficialistas de muchos docentes, los estudiantes volvieron a ocupar las instalaciones universitarias. La toma de la Universidad Nacional de Nicaragua duró varios días. Al caer la noche empezaron los ataques de las “caravanas de la muerte”. Las mismas que siembran el terror en los barrios. Camionetas Hilux cargadas de paramilitares dispararon ráfagas contra las barricadas.

La represión dejó dos muertos y decenas de heridos. Siete meses después, la UNAN-Managua retomó las clases en medio de estrictas medidas de seguridad y vigilancia. Los alumnos afirman que no están dadas las condiciones para la reinserción académica. Además denuncian que decenas de profesores fueron despedidos y que circulan listas de alumnos no gratos. Entre las denuncias recibidas por el CIDH se destaca el caso constatado de Marco Novoa, un estudiante de la Universidad Americana de 25 años secuestrado y torturado en una cárcel clandestina durante una semana por un grupo paramilitar.

Operación limpieza

Es lo que siguió a la represión generalizada de abril. Comenzó en los barrios orientales de Managua en la segunda semana de junio. Sus pobladores fueron sorprendidos durante la mañana por la Policía Nacional y un ejército de civiles. De poco valieron barricadas y cascotes. Los testigos aseguran que las fuerzas de choque asaltaron el vecindario con armas de puño, fusiles AK47, ametralladoras PMK, lanzacohetes RPG-7 y escopetas.

La represión había para entonces ampliado su campo de acción con órganos más letales y efectivos: los grupos paramilitares. Las redadas, además de sembrar el terror, buscaban objetivos específicos. Los detenidos eran trasladados a destinos desconocidos, o bien a las casas del FSLN. Luego de ser sometieron a tratos inhumanos eran trasladarlos a El Chipote.

Los informes señalan que el modus operandi se repitió en Matiguás, Rio Blanco, Potosí y Jinotega. También en Masaya, donde la represión se ensañó con los barrios indígenas de Monimbó y Sutiava. El saldo: cuatro jóvenes asesinados en León. Uno de ellos, Mario Antonio Martínez Peralta, de 18 años, ultimado por múltiples impactos de bala. Su cadáver quedó irreconocible. Martínez fue privado de la vida en el sector conocido como La Pintora. Los testigos narran que fue interceptado y ejecutado por los ocupantes de un vehículo color blanco y dos patrullas de la Policía Nacional.

“Estamos en un estado de excepción; una suerte de estado de sitio y ley marcial sin que se haya decretado medida alguna de ese tipo por parte de los órganos competentes”, afirma Baltodano.

-¿Cuál es el rol del Poder Judicial?

-El Tribunal de Apelaciones de Managua, que es el que recepta los recursos de amparo, ha tenido hasta el momento una postura ambigua. Ahora mismo estamos uniéndonos todas las ONGs afectadas para coordinar una ofensiva judicial. Esto va a poner a prueba la independencia de los jueces.

-¿Es optimista?

-Es imposible. La justicia está totalmente dominada por el orteguismo. Algunos todavía le dan el beneficio de la duda. No es mi caso. Lo que va a quedar probado ante el mundo es que el Poder Judicial nicaragüense es solo una oficina más donde manda Ortega. Todos los poderes están controlados en forma autocrática, peor que en una monarquía. Los jueces son verdaderos sicarios del régimen. Se sabe de antemano que el acusado no solo será condenado sino también fulminado con condenas absurdas de veinte, treinta y hasta de noventa años de prisión.

Terror y criminalización

“Uno de los rostros más perversos de la represión es el estado de terror que sofoca la protesta. Su complemento es el marco jurídico que la criminaliza”, dice Baltodano. El 20 de julio, en un trámite express, el orteguismo aprobó la llamada Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Un largo eufemismo para penalizar a críticos y desmovilizar a la sociedad.

“El Poder Judicial es un actor más de la represión”, agrega Baltodano. Quienes batallan a diario en los tribunales aseguran que el Ministerio Público de Nicaragua  -del que dependen los fiscales- ha demostrado una absoluta complicidad con el régimen. Los abogados defensores detallan que una de las prácticas habituales consiste en obstaculizar el derecho de acceso a la justicia a los familiares de los asesinados y detenidos. La estrategia le permite al aparato represivo eliminar evidencia y bloquear las denuncias.

-¿Qué rol juega en este contexto el Ministerio Público?

-Es una de las instituciones más brutales y desprestigiadas. Está dirigido por Ana Julia Guido, una mujer que viene de la Policía Nacional. Y esta es una característica para subrayar. Ortega colocó en los principales cargos a jefes retirados de la policía y del Ejército. Las fiscalías son los lugares donde se fabrican los expedientes con los que acusan a manifestantes y líderes de la oposición. Los fiscales que no han querido caer en la bajeza de firmar esos expedientes armados por la policía renunciaron. Al día de hoy, las fiscalías no han procesado a un solo responsable por los asesinatos que vienen cometiendo las fuerzas policiales y paramilitares; y esto a pesar de que mucha gente se animó a llevar denuncias y aportó evidencias.

-Es una institución secuestrada…

-Todas las instituciones están secuestradas. El Estado ni siquiera responde los pedidos de informes de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, de las 417 acusaciones concretas por las fiscalías ninguna involucra a miembros de las fuerzas represivas. Además, ninguno de los familiares de las personas asesinadas en el contexto de las protestas fue notificado de la existencia de investigaciones judiciales.

Lo dicho: la represión estatal y paraestatal tiene objetivos específicos. Entre ellos, los abogados de las víctimas. Desde el inicio de la crisis, la Iniciativa Nicaragüense de Defensores de Derechos Humanos atendió 181 denuncias. Muchos abogados y activistas debieron abandonar el país para proteger sus vidas. Un caso emblemático: el de Francisca Ramírez, conocida como Doña Panchita, la presidenta del Consejo en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, una entidad que logró visibilizar la lucha de los campesinos.

La ofensiva incluye también a los empleados estatales que se muestran reacios a aceptar las órdenes del régimen. Es el caso de los médicos que se negaron a dejar sin asistencia a los heridos por la represión. Según la Asociación Médica Nicaragüense, unos 300 trabajadores, entre médicos de diferentes especialidades, enfermeras y personal administrativos de distintos hospitales, fueron despedidos.

Estado de excepción

Lo advirtió hace pocos días Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH a través de su cuenta en Twitter: “En Nicaragua se consolida un Estado de Excepción con decretos policiales o actos legislativos que intentan mantener una ‘apariencia de legalidad’ para medidas que restringen y afectan los contenidos esenciales de los derechos humanos”. Abrao alertó también que tras la represión “se intenta eliminar todas las voces disidentes”.

“En agosto comenzaron con los despidos arbitrarios de empleados públicos por el solo hecho de mostrarse críticos hacia el gobierno o por haber expresado en la redes sociales alguna simpatía con los manifestantes. Al que no va a las marchas convocadas por el oficialismo lo despiden sin más. A los empleados públicos les han impuesto la obligación de rotondear; es decir: pararse en las rotondas de las avenidas y fingir el apoyo al régimen”, señala Baltodano.

En su última aparición pública, durante una marcha oficialista convocada para conmemorar el asesinato de Somoza bajo el lema “muerte al somocismo”, Ortega pronunció uno de sus discursos más violentos. Culpó a los manifestantes de los asesinatos cometidos por la represión y amenazó a los que se resisten a claudicar: “No nos provoquen, no jueguen con fuego”, lanzó enfurecido.

-El Congreso de Estados Unidos votó una ley que apunta a bloquear el acceso de Nicaragua a créditos internacionales y a programas de ayuda. ¿Qué opinión le merece la decisión?

-Ese tipo de medidas son durísimas y afectan principalmente a la gente más necesitada. Nosotros no creemos que la solución deba venir dictada desde el exterior. Somos los nicaragüenses los que debemos encontrar una salida. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que una medida de esta naturaleza, si se efectiviza, tendrá algún efecto, sobre todo entre el empresariado que durante los últimos doce años fue cómplice de la construcción de la dictadura de Ortega.

La economía nicaragüense se derrumba. Ortega, que volvió a descartar cualquier tipo de diálogo, sumó en sus advertencias a los mismos empresarios con quienes por más de diez años mantuvo una sólida alianza. Los culpó de la destrucción económica. El temor de Ortega: la posibilidad de un paro patronal convocado por el Consejo Superior de la Empresa Privado; sus aliados en las reformas neoliberales.

-¿Qué tan cómplice es el empresariado?

-Cada vez que se denunciaron los fraudes electorales, el cierre de espacios democráticos y la brutalidad represiva del régimen, el empresariado miró para otro lado porque estaba haciendo grandes negocios. Deberían recapacitar y adoptar medidas que ayuden a la lucha del pueblo. Como se hizo contra Somoza. En aquella ocasión hubo paros patronales de hasta dos meses que ayudaron a debilitar la dictadura. Creo que la ley sancionada por el Congreso de Estados Unidos está orientada a presionarlos.

-¿El orteguismo es uniforme en todo el país?

-Llega a todos los rincones. Así como no hay autonomía universitaria, tampoco hay autonomía municipal. Lo alcaldes son simples correas de transmisión del régimen, con excepción de algún que otro municipio que responde al Partido Liberal. Ortega debe admitir que perdió el consenso, que no puede seguir gobernando. En su país, Duhalde tuvo que adelantar las elecciones por la masacre de Avellaneda. ¿Cómo es posible que Ortega siga en el poder? Aferrarse a la vía militar es lo peor que puede hacer.

-¿Tampoco hay fisuras hacia el interior del régimen?

-Es el gran desafío. Hasta el momento, el régimen logró mostrarse cohesionado. Las fisuras, que seguramente existen, solo van a manifestarse cuando el movimiento popular estalle en un nuevo conflicto. Una situación de ese tipo podría obligar a los que mantienen algunas disidencias a tomar distancia de Ortega. Las personas que tenían posturas medianamente críticas, una vez que Ortega sofocó con represión la protesta social, se replegaron a posiciones de subordinación y silencio.

La cuarta ola

Estudiante y profesionales, pero también pequeños agricultores, han tomado el camino del exilio. Los números no son precisos. Se estima que durante este año, unos ochenta mil nicaragüenses dejaron el país. Cincuenta mil huyeron hacia Costa Rica, según la Organización Mundial de Migraciones. Una corriente de dimensiones similares a las que se registró en la década del ’80, cuando el accionar de los contras financiados por Washington provocaron el desplazamiento de la población rural. El flujo volvió a ganar intensidad en los ‘90 y en los primeros años de este siglo por razones económicas. Según Naciones Unidas, hasta 2017, unos 658 mil nicaragüenses vivían en el extranjero. Doscientos mil más que en 1990.

El Chipote

Su nombre oficial es Dirección de Auxilio Judicial. Los nicaragüenses la llaman El Chipote. Una cárcel especialmente tétrica por su pasado y presente. “Está en la Loma de Tiscapa, en Managua, y la construyó la dictadura somocista para alojar y torturar a presos políticos”, explica Baltodano. Cuatro décadas después de la caída del dictador, sus celdas encierran a los nietos de la revolución sandinista. No hay certeza de cuántos detenidos pasaron por allí. La primera oleada se registró en abril, luego de los choques en el sector oriental de Managua. Hasta entonces, la cárcel era usada para encerrar narcotraficantes y bandas criminales. Hoy, se usa para amedrentar a los disidentes.

-Ironías del destino, allí estuvieron detenidos Ortega y Tomás Borge…

-Sí, es una situación terrible. También yo estuve detenida en El Chipote. Me torturaron durante semanas. Muchos de los combatimos la dictadura de Somoza pasamos por esa cárcel. Fue un error de la revolución triunfante no demolerla. Lo concreto es que se la incorporó a la estructura represiva de la revolución como un centro de auxilio judicial.

-¿Y el nombre El Chipote?

-El nombre me duele como sandinista, pero también como historiadora. El Chipote es el cerro donde Sandino tenía su estado mayor y desde donde dirigía la lucha contra Estados Unidos. Todos los gobiernos que siguieron a la revolución la mantuvieron como un centro de detención para encausados. Hoy, ha vuelto a ser el emblema de la tortura. Una de las tareas que nos hemos impuestos para cuando triunfemos y Ortega deba abandonar el poder es convertir El Chipote en un museo para que en Nicaragua nunca más regrese la tortura.

 

[1] Mónica López Baltodano ha sido asesora legal del Movimiento Campesino Anticanal desde enero de 2014; forma parte de la coordinación de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres y de la Articulación de Movimientos Sociales y Sociedad Civil. Además, pertenece a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB); es asesora de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) e integrante de la coalición ambientalista Grupo Cocibolca. Actualmente es directora ejecutiva de Fundación Popol Na.