Progresismo a la Ortega

Tormento económico, recortes a la seguridad social y al sistema previsional, movilizaciones populares en contra, cruentas represiones, redobladas energías en las manifestaciones y una más reciente avanzada gubernamental calificada como “delitos de lesa humanidad” por la CIDH. La situación de Nicaragua desde el 18 de abril del año pasado en la voz de exiliadas en Argentina.

Hasta el estallido de la insurrección cívica, (Daniel) Ortega mantenía con los EEUU, Rusia y China relaciones de socio y aliado. Una prueba de ello es la Ley 840 -de 2013- y el Tratado de Concesión a un empresa china -HKND Group- para la construcción de un canal interoceánico, que continúan aún vigentes. En este momento, EEUU trata de aprovechar la insurrección del pueblo contra el régimen para tener una intervención más activa y estratégica en el futuro de Nicaragua. EEUU es uno de los países impulsores de la condena a Ortega en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en otros foros internacionales, sancionando a personeros del régimen y aprobando medidas contra las violaciones a los derechos humanos y la corrupción en Nicaragua”, cuenta B.M.L. (71 años), quien por estos días transita su segundo exilio, luego de haberse marchado del país centroamericano donde estaba radicada desde 1979, cuando había llegado tras partir de su país de origen, donde en los 70 hubo una cruenta dictadura cívico-militar.

Cuando el 18 de abril del año pasado una manifestación pacífica salió a las calles para protestar contra las políticas de ajuste en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, nadie se imaginó que se desataría una represión que acabaría en una insurgencia popular que lleva nueve meses, unos 60 mil exiliados, más de 300 muertos y gran cantidad de presos políticos. B.M.L. está entre quienes se alojan en Argentina, aunque parte de su familia está en México y hay otros tantos que todavía están en el país gobernado por Ortega y su esposa Rosario Murillo. Por aquellos que quedaron allí prefiere resguardar su identidad, considera que “están en situación de riesgo, como todas y todos lxs nicaragüenses que no apoyan al régimen de Ortega”.

El informe que elaboró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado especialmente para analizar las violaciones a derechos humanos en Nicaragua, presentado en diciembre, destaca: “La información recolectada demuestra que el día 18 de abril manifestaciones pacíficas fueron reprimidas por una modalidad de violencia que ya tenía antecedentes en los últimos años, hasta el punto de haberse convertido en una modalidad habitual. Se trata de la represión de la protesta por medio de grupos de choque afines al gobierno que llegan al lugar de la manifestación y agreden físicamente a los manifestantes para disolver la actividad de protesta”.

Otra de las exiliadas en Argentina, P.A.M. (67 años), también con vasta experiencia por su participación en el viejo Frente Sandinista de Liberación Nacional -igual que B.M.L.- y militante feminista, hace grandes esfuerzos por visibilizar lo que sucede en Nicaragua sin que se asimile el escenario a lo que ocurre en Venezuela: “Nosotros no somos el imperialismo ni los gringos, somos el pueblo cansado del autoritarismo y la persecución. Muchos de nosotros hemos estado en el pasado dentro del sandinismo y hasta peleamos versus los Contras”, afirma mientras busca en su celular videos de las protestas que viene relatando.

– ¿Por qué es diferente lo que pasa en Nicaragua de lo que pasa en Venezuela? –se pregunta a B.M.L. (71).

– En Nicaragua, a diferencia de Venezuela, no hay una oposición estructurada en partidos políticos, el liderazgo es individual y territorial, la mayoría del pueblo evidencia un fuerte rechazo a los partidos políticos -advierte la septuagenaria, formada en Ciencias Políticas-. Ello por un lado es positivo, pero por otro dificulta la articulación y organización de la gente. Para nosotros se trata de ir construyendo un liderazgo fundamentalmente de movimientos, identificando y potenciando a todas aquellas personas que han tenido un rol protagónico de lucha en estos nueve meses de resistencia, tanto del sector estudiantil como de la empresa privada, el movimiento campesino y los movimientos sociales.

Jóvenes luchadores

Tal como lo menciona B.M.L (71), las y los estudiantes y la juventud en general son protagonistas centrales en el levantamiento y la resistencia que se mantiene hace nueve meses. Ariana McGuire tiene 27 años y también está exiliada en Argentina, donde está siendo albergada por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Sobre las diferencias con lo que ocurre en Venezuela, opina que “desde que empezó la crisis nicaragüense se ha insistido en compararla con lo que ha sufrido Venezuela durante los últimos cinco años. Y no, no es igual. (…) Lo que está sucediendo en Nicaragua desde abril no tiene nada que ver con un golpe de estado dirigido por los EEUU, como se ha querido hacer creer desde el orteguismo, sino que tiene que ver con un clamor popular para retornar a un sistema democrático donde se respeten los derechos humanos, donde haya libertad y donde haya justicia”.

La salida de la joven se dio de imprevisto ya que fue parte de una caravana internacional en busca de solidaridad con el pueblo nicaragüense anti-orteguista y nunca más pudo volver. El tenor de las amenazas en su contra la llevó a tomar la decisión de quedarse en el país rioplatense, donde está desde octubre. Forma parte de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ).

“La CUDJ se conformó el 24 abril, tiempo después se integró a la Coalición Universitaria, donde había cuatro movimientos estudiantiles también emergentes. Ahí se dio la participación en el Diálogo Nacional y se dieron procesos democráticos y asamblearios para elegir representantes. Después del Diálogo hemos continuado el proceso de organización interna y hoy somos 11 expresiones estudiantiles organizadas en todo el país”, explica Ariana y añade que por estos días la CUDJ actúa de modo clandestino dentro de Nicaragua.

La joven es licenciada en Comunicación Social, tiene un posgrado finalizado en Gestión y Formación Ciudadana y ha terminado de cursar una maestría en Estudios Culturales, todo en la Universidad Centroamericana. Dado ese rol protagónico que viene teniendo la juventud universitaria, muchos de los detenidos son camaradas de Ariana: “Se hicieron redadas para capturar a los compañeros y compañeras y hoy son 11 los que están como presos políticos y que han sido torturados, tanto física como psicológicamente, y que reciben malos tratos, en condiciones precarias de higiene, salud y alimentación. Muchos de ellos no han tenido acceso ni siquiera a un abogado defensor y varios ya fueron condenados, como Jonathan López, que le acaban de dar casi seis años de prisión por un delito que no cometió: él estaba en Ginebra el día que la fiscalía aduce que cometió un crimen”.

La seguidilla de nombres prosigue: “Victoria Obando, compañera trans, está en la cárcel masculina recibiendo abusos, expuesta intencionadamente por su condición trans”. La retahíla de casos es una sucesión ininterrumpida de criminalizaciones de la juventud. “Nairobi Oliva es el estudiante más joven que ha detenido el gobierno”, apunta.

Habla con locuacidad, aunque no apura las palabras, lleva el acento centroamericano y la paciencia del profesional de la radio. “En el aspecto emocional, pues siento que el exilio es algo muy violento, me ha generado mucha incertidumbre, mucha tristeza, como una confusión profunda por no saber por qué no puedo estar en mi país, junto a mi familia y la gente que quiero, con mi cultura, con mi vida como era antes de abril de 2018. No lo entiendo. O sea, sí lo entiendo, pero no es justo. He estado deprimida estos últimos meses, en principio por la crisis de mi país, por todo lo que vi y viví (…) por los muertos que vi caer, por el llanto de mi pueblo. Por tantas imágenes de dolor y de amor también. Es muy difícil procesar todo eso en tan poco tiempo, además asimilar que salí de mi país en medio del terror a seguir dando la batalla, pero en lugares que no conocía”.

Sobre esta última intención, en otro tramo de su inagotable narración, la muchacha cuenta: “Desde que llegué a la Argentina, cuando terminó la Caravana el 25 de septiembre, he estado dando una serie de charlas y conversatorios en universidades, espacios sindicales, medios de comunicación, grupos académicos, feministas y de DDHH, para exponer de primera mano lo que pasa en mi país: estuve en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, y también en Trelew, en el Encuentro Nacional de Mujeres. Además, estoy escribiendo una columna semanal en el portal Anticapitalistas en Red. Paralelamente continúo, en la medida de lo posible, trabajando activamente en las tareas que impulsa la CUDJ”.

Organismos internacionales

“La respuesta de represión a las protestas ejercida por el Gobierno de Nicaragua, ha tenido como consecuencia una grave crisis de derechos humanos. En particular, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) constata un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, grupos parapoliciales y grupos de terceros armados. Lo anterior se refleja en las más de 212 personas que han perdido la vida hasta el 20 de junio, así como en el número de heridos y personas detenidas realizadas de manera arbitraria, que hasta el 6 de junio la CIDH tenía registradas en 1337 y 507, respectivamente. A pesar del llamado al cese inmediato a la represión estatal por la propia Comisión, ésta no ha sido detenida. Por el contrario, la respuesta represiva ha recrudecido en las últimas semanas, acentuándose la crisis que afecta al país”, resalta el informe que la CIDH elaboró a mediados de 2018 en el país comandado por Ortega y Murillo.

El documento elaborado por el GIEI sentencia que “el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad (…) los hechos analizados deben calificarse como un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”. El reconocido Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) formó parte de algunas de las investigaciones del GIEI, que entre sus conclusiones realza que “la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y también de manera coordinada con grupos armados paraestatales. La actuación de la estructura formal de la Policía Nacional junto con estructuras paralelas fue otra característica distintiva de la represión a las protestas que pudo verse en la enorme mayoría de los eventos represivos”.

Sobre la actuación de paramilitares, Ortega se defendió explicando que “aquí tenemos lo que se llama policía voluntaria. El policía voluntario en operaciones especiales va enmascarado en tiempo normal”.

“No creemos en la hipótesis del gobierno sobre un golpe de estado, nos parece especulativa y partidista, no está sustentada en ninguna prueba. Por el contrario, nuestra versión, señoras y señores, coincide con la versión de la mayoría de los órganos internacionales”, Ramón Jáuregui, jefe de la delegación de diputados del Parlamento Europeo que visitó Nicaragua hace pocos días.

Historia y coyuntura

-¿Qué pasó con tu familia?

-Mi papá ya es mayor y mi hermana y mi madre se quedaron sin trabajo producto de la crisis -responde Ariana.

-¿Ellos qué relación tienen con el gobierno?

-Mi familia es sandinista, yo nunca milité ni fui parte de ningún partido político en Nicaragua, porque ninguno me representa. Siempre critiqué la corrupción y lo repulsiva que es la política partidaria en mi país -dice quien alguna vez condujo el programa radial El Espiral Nocturno-. Nunca voté en ninguna elección, ni presidencial ni municipal. Mi familia incluso llegó a criticarme por esto. Yo siempre me definí como “activista independiente”, relacionándome con grupos feministas, de artistas y académicos. Participaba siempre en protestas y marchas, siempre.

Desde comienzos de 2018, los datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social de Nicaragua demuestran que hubo una caída de más del 20% en la cantidad de beneficiarios. Si se tiene en cuenta que el 70% de las familias trabaja para sobrevivir, no sorprende que los ataques a la seguridad social y al sistema previsional hayan desencadenado la sedición popular. La mayor parte del país depende de esos ingresos.

Un renombrado economista nicaragüense (A.V.A. -también quiso que su identidad fuera resguardada-) ofreció algunos de sus trabajos para comprender el escenario de distribución y producción de la riqueza: “La mayor parte de la población nicaragüense sobrevive de actividades económicas precarias. El 70% del empleo lo generan micro-unidades económicas de sobrevivencia que ocupan de 1 a 5 personas, en calidad de trabajadores por cuenta propia de bajísima calificación, trabajadores familiares sin remuneración (principalmente niños y adolescentes entre 14 y 19 años) y en menor medida ayudantes asalariados”. Completa que “este enorme bolsón de economía de sobrevivencia, o sobrepoblación relativa, es la que hace posible que la fuerza de trabajo nicaragüense sea, con mucho, la más barata de la región, y que la agencia oficial de promoción de inversiones pueda ofrecer a los inversionistas la fuerza de trabajo con los costos más ‘competitiva’ de la región, junto a un ‘clima favorable’ para la inversión y un gobierno ‘pro-inversión extranjera’ que promueve generosos incentivos”.

En ese último sentido, el especialista añade: “Los sectores de la economía más redituables (minería, energía, telecomunicaciones, turismo, zonas francas, gran agroindustria, grandes exportadores y telecomunicaciones, dominadas sobre todo por Movistar y Claro), en algunos casos son altamente intensivas en capital, tienen un alto poder de mercado sobre su sector y/o gozan de privilegios tributarios de todo tipo, el más común es el no pago de impuestos. También hay otros beneficios que se mantienen o surgen de la alianza de grupos económicos con el gobierno”. Completa diciendo que el país se financia “incrementando su posición deudora neta con el exterior: las entradas de capital que cubren o financian ese déficit bajo la forma de inversión extranjera o préstamos u otras entradas de capital, representan obligaciones o pasivos con el exterior”.

Ortega y Murillo, Zoilamérica y gobierno

Daniel Ortega Saavedra formó parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que combatió la dictadura de Anastasio Somoza Debayle y que triunfó en 1979. En ese momento se constituyó una junta de gobierno que estuvo integrada por Ortega, en carácter de presidente, y por Sergio Ramírez, Alfonso Robledo, Moisés Hassan Morales y Violeta Chamorro. En 1981, Ronald Regan desde Estados Unidos comienza su apoyo decidido a las fuerzas contrarrevolucionarias. En el 84 se convocan elecciones, la victoria del FSLN es contundente, Ortega se alza con más del 66% de los sufragios; de igual manera, la guerra civil continúa, todavía con los “contras” acicateados por el imperialismo estadounidense. Con casi una década en el poder, un ejército contrarrevolucionario guarido por una superpotencia mundial y varias disidencias en su FSLN, Ortega convocó a elecciones a fines de los ochenta, para el año 90. Perdió ante una coalición encabezada por Violeta Barrios de Chamorro, la misma que en el 79 había integrado la primera junta de gobierno del FSLN.

Luego de consumarse la derrota, el 25 de febrero del 90, dos meses antes del traspaso del poder, aquel gobierno de Ortega ejecutó la “piñata”, es decir, la repartición de propiedades, empresas y tierras entre la burocracia revolucionaria de su sandinismo. Posteriormente una importante cantidad de cuadros históricos del FSLN se escindieron del mismo, conformando el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS). El sandinismo de Ortega volvió al poder en 2007 por medio del voto democrático, alineado con el progresismo latinoamericano que prometía superar la política de austeridad del neoliberalismo.

Con su nueva exposición pública, los aspectos sombríos de la personalidad del caudillo cobraron nuevo relieve. Su hijastra, Zoilamérica -hija de Rosario Murillo, actual vicepresidenta- lo denunció por abuso sexual. Rosario encubrió a Daniel, según la consideración pública que Zoilamérica ha hecho de las repercusiones de sus denuncias.

Rodeado de obsecuencia y adulación, tal como ocurre con los gobiernos que se concentran demasiado en una figura, ensanchando su personalidad y atributos de liderazgo, Ortega inició un camino de arbitrariedad que lo llevó a fastidiarse aún por las críticas más leves. Sin embargo, cuando aún se mantenía sólido el bloque continental en el que se apoyaba, sus dejos de autoritarismo pasaban desapercibidos. Una vez que cambió el escenario regional, con el ascenso de la derecha cipaya, xenófoba y aporofóbica, la crisis económica obligó a recortes sociales severos, consecuentes movilizaciones contra el gobierno y ulteriores respuestas criminales de éste para sostener el poder (el proceso abierto desde el 18 de abril último).

El 16 de julio de 2018, el gobierno aprobó la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la proliferación de Armas de Destrucción Masiva, similar a la ley antiterrorista del kirchnerismo argentino. Desde entonces es una de las más afiladas espadas legales que utiliza el orteguismo para perseguir, capturar y condenar a sus opositores, entre ellos, los compañeros y compañeras de Ariana o las aliadas feministas de P.A.M. (67). Incluso el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) está acusado de terrorismo.

En las últimas semanas, ONGs opositoras fueron intervenidas y se les anuló la personería jurídica con aval de la Asamblea Nacional (cuerpo legislativo del país). Entre ellas se destacan Popol Na de la historiadora Mónica Baltodano, el CENIDH presidido por la militante sandinista Vilma Núñez de Escorcia, Fundación del Río encabezada por Amaru Ruíz, el Centro de Investigaciones de la Comunicación de Carlos Fernando Chamorro, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia del ex comandante de la Revolución, Jaime Wheelock, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud dirigido por la feminista Ana Quirós, Hagamos Democracia y el Instituto de Liderazgo de las Segovias de Hayde Castillo, defensora de los derechos humanos. Muchas de esas organizaciones fueron fundadas por exguerrilleras/os sandinistas. Denuncian que se está incumpliendo el derecho constitucional a asociarse, alojado en el artículo 49 de la Constitución Política de Nicaragua. También se irrumpió y proscribió medios de comunicación opositores, como los de Carlos Fernando Chamorro, se detuvo y disminuyó la provisión de papel para los periódicos La Prensa y Nuevo Diario, y se puso en cautiverio a periodistas críticos como Miguel Mora y Lucía Pineda.

Tras estos últimos hechos, hasta los más acólitos seguidores de Ortega y Murillo empezaron a brincar del barco. El lugarteniente en la Corte de Justicia, Rafael Solís Cerda, dimitió el 8 de enero con una carta lapidaria, dirigida tanto a Ortega como a Murillo: “La realidad es que más allá del número de los muertos tan sentidos por el dolor de sus madres y demás familiares, que pueden ser más o menos de los 325 señalados y que en su gran mayoría fueron del sector opositor al gobierno (..); incluso más allá de los más de 500 presos considerados políticos por la oposición y en su gran mayoría también por mí, siempre creí que la sensatez y la cordura se podía imponer en ustedes y proceder a una negociación política que permitiera el adelanto de las elecciones (..), pero la realidad ha demostrado todo lo contrario y verdaderamente hay un Estado de Terror con el uso excesivo de las fuerzas parapoliciales o aun de la Policía misma con armas de guerra. Han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete, con las consecuencias inevitables de la instalación y consolidación al menos de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes, que han hecho desaparecer todos los poderes del Estado”.

Antes de Solís Cerda, quien en 2009 emitió la resolución judicial que le permitió la reelección a Ortega en 2011, habían renunciado Ligia Gómez, gerente de investigaciones económicas del Banco Central de Nicaragua y Víctor Urcuyo, superintendente de los bancos.

Solidaridad internacional y resistencia

Subraya B.M.L. (71): “Como miembro de la Articulación de Movimientos Sociales participé desde el comienzo de la resistencia cívica del pueblo nicaragüense. A raíz de denuncias falsas contra mi persona aparecidas en las redes sociales, consideré que mi vida estaba en riesgo y procedí a hacer las correspondientes denuncias al CENIDH y a la CIDH, antes de salir del país”.

La frontera sur ha sido la vía de escape más común, por eso Costa Rica, el país que está inmediatamente abajo de Nicaragua, es donde mayor cantidad de “nicas” exiliados han ido a parar. En octubre crearon la Unión de Nicaragüenses Exiliados en Costa Rica. Sobre la posibilidad de crear algo similar en Argentina, donde hay alrededor de 20 exiliadas/os, la septuagenaria referente señala que tiene contacto con exiliados en Costa Rica y Argentina y anticipa: “Estamos pensando en la creación de un Comité de Solidaridad con la Resistencia del Pueblo de Nicaragua”.

– ¿Qué es la Articulación de Movimientos Sociales?

– Es la continuación de una Plataforma de Redes de organizaciones de la sociedad civil que ya venía trabajando. A raíz de la insurrección cívica se integró no sólo a ONGs sino también a la Coordinadora Universitaria, al Movimiento Campesino, movimientos de mujeres, etcétera. -B.M.L., la septuagenaria, ha cooperado con organismos internacionales varias veces durante su vida profesional-. La participación de la Articulación se evidencia en las marchas contra el régimen, en las barricadas y tranques a nivel nacional, y por la elaboración de propuestas políticas y sociales para llevar a Nicaragua a un estado de democracia y gobernabilidad.

La Articulación de Movimientos Sociales y la CUDJ han tenido la táctica de visibilizar el conflicto en su forma más cabal para conseguir solidaridad internacional y presionar a Ortega para que adelante las elecciones. La exiliada veinteañera, Ariana, abandonó su país justamente en una acción organizada para ganar apoyo latinoamericano.

“En agosto se me encomendó participar en la Caravana de solidaridad internacional con Nicaragua, que recorrería cinco países de América del Sur (Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Perú), buscando romper el cerco mediático que a nivel internacional no permitía que se conociera lo que ocurre en Nicaragua. Cuando salí, el 8 de agosto de 2018, no sabía que no iba a poder volver a mi país, tal vez pequé de ingenua. Dos semanas después de mi salida, la estrategia de represión orteguista mutó hacia una fase de cacería selectiva a líderes estudiantiles y dirigentes sociales”.

En ese pasaje, la comunicadora social recuerda que sus compañeros/as que todavía están presos están “recibiendo torturas y tratos crueles”, y en “condiciones precarias de salud, higiene y alimentación”. Un artículo de Cinthya Tórrez García para La Prensa le da la razón: “Los presos políticos del régimen orteguista sólo pueden consumir alimentos que fueron elaborados ese mismo día una vez a la semana y son entregados al mismo tiempo que su paquetería semanal (víveres), según sus familiares”.

“Creo que el régimen está cada vez más débil, tanto internamente como a nivel internacional. Y confío en que la presión será lo suficientemente fuerte como para forzarlo a que adelante las elecciones”, finaliza con tono esperanzador la mujer de más de setenta años.

La joven, más vehemente, opina: “Yo no soy partidaria de adelantar las elecciones en este momento, con las condiciones actuales del gobierno en Nicaragua. Lo primero que debe pasar en la caída y castigo de los dictadores, sin eso no hay posibilidad de cambio alguno. Las elecciones deben estar precedidas por una refundación de todos los poderes del estado, que hoy están bajo el control absoluto de los dictadores, todos los poderes del estado deben ser reformulados, incluyendo el poder electoral, sacar a todos esos carroñas que sostienen ese sistema viciado y reformular el funcionamiento de todo”.

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