En nombre de la democracia

A setenta años del El Bogotazo, el proceso perfila a los candidatos presidenciales Iván Duque y Gustavo Preto para la segunda vuelta electoral. El resultado de las legislativas de marzo, las perspectivas del progresismo y el fantasma del fraude. Un vistazo a la situación social y algunos datos sobre una violencia que no cesa pese a los Acuerdos de Paz. (Foto de Archivo: Jorge Eliecer Gaitán poco antes de su asesinato).

Tránsito es campesina y nació con la década del ’30 en Lenguazaque, una estrecha franja de tierra entre montañas, a ciento y pico de kilómetros de Bogotá. La minería es la actividad principal. Siempre lo fue. Unos setenta socavones producen en forma rudimentaria carbón para la industria. Fundada a mediados el siglo XVI, hasta hace una década, en los toros, no se tocaba el himno local. Dicen las crónicas que el pueblo tenía dos. Cada uno compuesto por una facción política rival.

Tránsito tiene diecisiete años cuando decide partir. Anhelará volver, pero nunca lo hará. Ofrecida por su madre en una plaza, trabajará en una casa de clase media de Bogotá, de donde la echarán por un hurto que no cometió. Buscará un cuarto de hotel, será violada, le inventarán un prontuario y le colgarán el carné de sanidad. Decretada prostituta, Tránsito se hundirá. Jamás recuperará la inocencia perdida.

Un día se precipitará sobre el centro Bogotá. Golpeada por la miseria y las promesas incumplidas de los políticos liberales y conservadores, se lanzará con ánimo de venganza. Otros miles de bogotanos harán lo mismo. Es el 9 de abril del ’48. Estalló El bogotazo. Jorge Eliécer Gaitán ha sido ultimado. Enfrentamientos entre facciones políticas y saqueos. La ciudad es devastada. Tres mil muertos y desaparecidos. “¡Ah! Malaya toparme pu’ aquí con mi señora Alicia pa’ ver cómo tiene las tripas por dentro”, dirá Tránsito.

Luego vendrá otra violencia, la violencia organizada. La persecución policial y el terror alimentado por las armas estatales para allanar, entre otras cosas, la Conferencia Panamericana. Será el exterminio de la Unión Patriótica de Gaitán. Sobre los rescoldos de Bogotá se construirá la Organización de Estados Americanos.

“No es que sobre la adolescencia de Tránsito se acumulara el infortunio con una saña excepcional. Tránsito no era sino la síntesis de un dolor humano hostilizado por todas las fuerzas morales y materiales que sostienen y estructuran la organización social y aseguran la tranquilidad de quienes puedan pagarla”, escribe el narrador, el periodista Orlando Lizarazo, al promediar El día de odio, novela editada por primera vez en Buenos Aires en 1952 [1].

Lizarazo, que fue director del Diario Nacional, jefe de redacción de La Prensa y funcionario, además de colaborador del peronismo y amigo de Gaitán y Trujillo, no justifica la violencia. La novela explora sus causas, indaga en el conflicto. Lo hace con crudeza, casi con saña. “La ciudad quería ufanarse de su opulencia y construía su prestigio y su fausto sobre una caudalosa falsía y sobre un deliberado encubrimiento”, escribe Lizarazo sobre el final de la novela.

Tres décadas después, en el paroxismo de la violencia, cuando los carteles de la droga y los paramilitares se encontraban en pleno apogeo y el Plan Colombia de Estados Unidos en ejecución, el sociólogo Orlando Flas Borda, compañero intelectual de Camilo Torres, señalará que la mayoría del pueblo había favorecido el cambio de las instituciones sociales mientras vivía Gaitán: “Se había alejado de la herencia tradicional: se estaba construyendo una nueva nación. Una vez desaparecido el líder, con las esperanzas y las expectativas frustradas, aquellas energías acumuladas se perdieron, dejando una estela de destrucción”. (La violencia y el rompimiento de la tradición en Colombia, 1985) [2].

Un escenario complejo

Sobre ese sustrato histórico, cruzado por la corrupción, la insurgencia, el narcotráfico y la acción de los paramilitares, se dibuja una fecha clave: el 27 de mayo. Ese día, los colombianos irán a las urnas para elegir un nuevo presidente. Será la primera vuelta electoral de un proceso que comenzó con las legislativas del 11 de marzo y que concluirá el 27 de junio de ser necesaria una segunda definición.

El panorama es sombrío. Los casos de corrupción se suceden, la materialización de los Acuerdos de Paz avanzan con lentitud, la violencia persiste y la desconfianza hacia los partidos políticos no cede. La pobreza, el acceso a los servicios de salud y el desempleo son algunos los grandes problemas que urgen a la población. Las estadísticas oficiales, que suelen ocultar calamidades peores, hablan de un 11 por ciento de desocupados en las áreas urbanas, de un 27 por ciento de pobres, de un 8 por ciento de indigentes y de unos 800 mil niños y niñas atrapados por el trabajo infantil; además dan cuenta de 7 millones de desplazados desde 1997, en su inmensa mayoría población afrocolombiana y de comunidades indígenas.

Se conoce. Históricamente, las campañas políticas en Colombia se caracterizaron por las escasas opciones. Un puñado familias y media docena de grupos económicos arbitraron y arbitran con discrecionalidad en el reparto del poder. En los últimos veinte años, los decisores fueron los hoy enfrentados Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, continuadores del modelo que construyeron sus predecesores César Augusto Gaviria y Andrés Pastrana.

No es extraño que frente a la desconfianza y la apatía que exhibe el grueso de la sociedad, los candidatos procuren despegarse de la vieja política. Quienes intentan acceder al Palacio Mariño buscan mostrarse como la antítesis de la partidocracia. Se trata de una docena de postulantes. En líneas generales, los recién llegados estructuran sus candidaturas en torno a movimientos sociales. Los partidos tradicionales, que cuenta con poderosas maquinarias territoriales, se afanan en alianzas y coaliciones que los tornen en una opción respetable.

La abstención, el principal desafío

Los asesinatos del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el chofer Efraín Segarra del diario ecuatoriano El Comercio, ejecutados por el Frente Oliver Sinisterra disidente de las FARC, repusieron en el centro de la escena la sistematicidad de las ejecuciones y amenazas que tienen como objetivo periodistas y líderes zonales. La campaña, que los grandes medios de Colombia intentan presentar con tonos de normalidad, está lejos de garantizar la participación de la población, en especial en las zonas rurales. Muchos menos la seguridad de los militantes sociales.

La violencia, que se suponía superada con la renuncia de Rodrigo “Timochenko” Londoño a disputar la presidencia por la Fuerza Revolucionaria del Común, sigue su curso. Las denuncias se acumulan. Según el Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solo en lo que va de 2018 se consumaron 22 asesinatos de referentes sociales y políticos [3]. La mayor parte de los atentados se originaron en estructuras remanentes de los grupos paramilitares. En menor medida en el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los grupos disidentes de las FARC, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las fuerzas de seguridad [4].

Hoy, el principal reto para los candidatos es la abstención. En los últimos comicios alcanzó en la primera vuelta el 59,9 por ciento del padrón. En el plebiscito por los Acuerdos de Paz de 2016 trepó al 62.6 por ciento [5]. El resultado de las internas partidarias donde se definieron los actuales postulantes atrajo a la urnas a 17 millones de colombianos, sobre un total de 35 millones habilitados para votar. El proceso electoral suma más de un millar de denuncias. Falta de boletas, manipulación de votantes e irregularidades en las transmisión de datos son una constante.

A todo esto se suma la enorme cantidad de dinero utilizado por los partidos tradicionales. Las denuncias de los observatorios electorales informan que gastaron unos 24 mil millones de pesos. Muy por encima de los 900 millones que estipula como tope la ley electoral. La asimetría, alimentada por las grandes familias y los grupos económicos, señala que las barreras de acceso siguen intactas, en un clima donde se mantienen latentes la violencia y la represión.

Duque y Petro, los candidatos

El 27 de mayo próximo se habrán cumplido poco más de setenta años del asesinato de Gaitán, el hombre que al frente de la Unión Patriótica se proyectaba hacia la presidencia y había denunciado la masacre los jornaleros en las plantaciones de la United Fruit Company. Los hechos habían ocurrido el 5 y 6 diciembre del ’28, en el departamento de Ciénaga, en la región de Santa Marta, en una época en la que abundaban levantamientos y huelgas de indígenas.

Se diría que desde entonces poco ha cambiado. El desplazamiento de campesinos y la ocupación tierras -ahora impulsados por el extractivismo minero y la agroindustria-, sumados a los asesinatos de líderes comunales, hacen casi imposible un recambio en la dirigencia política. Los candidatos del centro izquierda llevan las de perder.

Mucho de eso quedó en evidencia en el resultado de las legislativas. Los aparatos tradicionales del Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical y el Partido Liberal ratificaron su peso territorial y obtuvieron en conjunto la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado. Un total de 107 senadores y 145 representantes. En el nuevo Congreso, los sectores progresistas y de izquierda carecerán de peso. Sumarán apenas 25 senadores. Según los analistas, un número que solo le permitiría negociar algunos temas con las bancadas que responden a Santos [6] [7].

De cara a la primera vuelta electoral, los últimos sondeos registran una clara polarización entre Iván Duque del Centro Democrático, el elegido por la estructura uribista, y el ex alcalde de Bogotá Gustavo Preto de Colombia Humana, el candidato de mayor peso entre la izquierda. Según las encuestas, Duque reúne una intención de voto del 35,4 por ciento. Petro, un ex mimebro del M19 que los uribistas ligan a las FARC, marcha segundo con el 24,6 por ciento. De mantenerse la tendencia, ambos irán a la segunda vuelta [8].

Muchos años después

Los analistas señalan que cualquiera sea el resultado de las presidenciales, quien llegue al Palacio Mariño deberá negociar la agenda legislativa en un escenario marcado por la fragmentación. En otras palabras: señalan que el Congreso será terreno de disputas. Dicen, además, que de imponerse la lógica histórica, la negociación pasará por el reparto de ministerios y de la obra pública. Aunque la derecha tendrá un peso preponderante no podrá hegemonizar las votaciones, como ocurrió durante el período 2002/2010, cuando el Senado era dominado por los seguidores de Uribe. En este hipotético escenario, Uribe y Santos segurián arbitrando.

En la  Cámara de Representantes, el Partido Liberal será el protagonista. Lo dicho: la izquierda y el progresismo de centro-izquierda se quedaron con muy poca representación. El motivo no escapa a la lógica latinoamericana. Los observadores subrayan que mientras no consigan municipios que les garanticen seguridad para sus militantes les será casi imposible disputar el voto cautivo de las maquinarias electorales de la derecha. La situación hizo que muchos medios mostraran como definitivos los resultados de las legislativas de marzo.

En la hipótesis de que Duque y Petro vayan a una segunda vuelta, quedaría pendiente de definición la posición que adoptaran los espacios políticos que no alcancen la instancia. Ambos candidatos cabalgan sobre una economía que se desacelera, bajos salarios, un desempleo que no retrocede y el descrédito de Santos, cuya gestión está asediada por los escándalos de corrupción. Un contexto que desgasta el tibio entusiasmo que despertaron en su momento los Acuerdos de Paz, sistemáticamente torpedeados por el uribismo [9].

¿Podrá la clase dominante colombiana reconocer que la guerra es casi siempre consecuencia y muy pocas veces la causa del descontento social…? Por ahora, sobre este trasfondo, siguen sonando las palabras de los que se niegan a olvidar. Son las víctimas y testigos del conflicto. Algunas ficcionales, como la de Tránsito, o como la de José Arcadio Segundo, el personaje de Cien años de soledad, que allí estaba el día en que se desató la masacre…

“Muchos años después, ese niño había de seguir contando, sin que nadie se lo creyera, que había visto al teniente leyendo con una bocina de gramófono el decreto número 4 del Jefe Civil y Militar de la provincia. Estaba firmado por el general Carlos Cortés Vargas y por su secretario, el mayor Enrique García Isaza, y en tres artículos de ochenta palabras declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba a ejército a matarlos a bala.”

Notas

[1] https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/febrero_07/06022007_01.htm

[2] https://es.scribd.com/doc/138264172/Orlando-Fals-Borda-Subversion-y-Cambio-Social-Subversion-en-Colombia

[3] http://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/onu-ddhh-en-los-medios/429-ano-2018/8888-onu-son-alarmantes-los-asesinatos-de-defensores-derechos-humanos-en-colombia-2

[4] http://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/onu-ddhh-en-los-medios/429-ano-2018/8888-onu-son-alarmantes-los-asesinatos-de-defensores-derechos-humanos-en-colombia-2

[5] https://www.elespectador.com/noticias/politica/ademas-del-no-gano-abstencion-fue-mas-alta-los-ultimos-articulo-658178

[6] http://caracol.com.co/radio/2018/03/12/politica/1520823638_292000.html

[7] http://elecciones.caracol.com.co/camara/

[8] http://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/presidenciales/duque-sigue-adelante-en-intencion-de-voto-cuarta-encuesta-de-el-tiempo-197750

[9] http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37539590