“Financian a Honduras cuando saben que hay escuadrones de la muerte”

Nina Lakhani, corresponsal en Centroamérica y México del diario inglés The Guardian, explicó a Socompa la relación entre los implicados en el asesinato de la activista indígena Berta Cáceres y los Estados Unidos, en el marco de un incremento de la violencia política hondureña tras el golpe de Estado de 2009.

La noche del 2 de marzo de 2016, un grupo armado asesinó a la líder indígena Berta Cáceres en su casa de La Esperanza, un pueblo en el oeste de Honduras. Gustavo Castro, activista mexicano y único testigo, contó que trabajaba en su habitación cuando escuchó a los sicarios entrar en la casa y forcejear con Berta hasta que recibió los tres disparos de muerte. Su suerte fue otra: un disparo que le rozó la oreja lo tendió en el suelo por lo que  los sicarios lo creyeron muerto, y huyeron.

Como coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta venía denunciando amenazas contra su persona y contra referentes indígenas y de DDHH que eran parte activa de la defensa de sus territorios frente al avance de diversos proyectos de extracción de los recursos naturales hondureños, por parte de un entramado de empresarios y políticos locales, fuerzas armadas y capitales trasnacionales. En especial, había denunciado que la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) la amenazaba hacía tres años, cuando las actividades del COPINH lograron frenar el proyecto de Agua Zarca, una represa hidroeléctrica sobre el río Gualcarque que DESA buscaba llevar a cabo con el financiamiento del Banco Centroamericano de Inversión Económica, de fondos holandeses y finlandeses, y la subcontratación para su construcción de la china Sinohydro.

De los ocho acusados por el homicidio de Cáceres, tres habían formado parte de las fuerzas armadas hondureñas, como el teniente retirado y jefe de Seguridad de DESA, Douglas Giovanny Bustillo; mientras que un cuarto, el Mayor Mariano Díaz era activo de las fuerzas especiales al momento del asesinato e instructor de la policía militar.

En 2015, Berta Cáceres recibió el premio Goldman al medioambiente (el Nobel verde), por lo que su asesinato así como su lucha por la defensa de los territorios indígenas y los derechos del pueblo Lenca tomaron conocimiento internacional. La periodista de The Guardian, Nina Lakhani, obtuvo el testimonio de un sargento de las fuerzas de élite hondureñas en el cual denunció que el nombre de Berta Cáceres aparecía en dos listas negras de personas a ser asesinadas por dichas fuerzas, a la vez que reveló a partir de documentos de la Corte Suprema de Justicia y del archivo militar hondureño, que dos de los implicados en el asesinato a Berta habían recibido entrenamiento por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

–Han sido detenidas ocho personas por el asesinato de Berta Cáceres en marzo del año pasado, dos de las cuales, el mayor Díaz Chávez y el teniente retirado Douglas Giovanny Bustillo han sido señalados como los organizadores del crimen. En este sentido, ¿cuáles son las pruebas que has podido recolectar y qué características ha tenido esa planificación?

–Sí, es cierto que hay ocho detenidos, incluidos tres con historias militares, pero hasta ahora las autoridades del Ministerio Público no han dicho qué papeles tuvieron cada persona. Es decir, no es claro qué rol, qué papel tuvo el mayor Díaz, ni el ex teniente Bustillo, ni el ex agente (Henry Javier) Hernández. Lo que sabemos es que la casa de Berta Cáceres había sido muy estudiada, muy observada; parece pues que habían ido a la casa de ella, al terreno de ella varias veces. Entraron a la casa y salieron muy rápido. Y sabemos del análisis de las llamadas que, al menos, había cuatro personas esa noche en la casa, o cerca de la casa, incluyendo al agente Hernández. También sabemos por la comunicación entre los tres ex militares, el mayor Díaz y los dos ex militares, ellos se estaban comunicando por mensajes por celular sobre un homicidio, estaban planificando algo, pero nunca mencionan su nombre. Repito las autoridades nunca han mostrado, nunca han dicho qué hizo cada persona. Y obviamente para probar un crimen eso es necesario.

–Usted ha dicho que el mayor Díaz, el ex teniente Bustillo y el agente Hernández han recibido entrenamiento militar por parte de Estados Unidos, ¿cuál es la evidencia al respecto? ¿Cómo describiría usted el lazo entre este tipo de escuadrones de la muerte –como lo vienen denunciando las comunidades y diversos organismos de DDHH– con los Estados Unidos?

–Lo que sabemos de los documentos de los archivos militares es que Bustillo y Díaz sí recibieron entrenamiento en los Estados Unidos. Yo no he tenido acceso al archivo militar de Hernández pero lo que sabemos también es que Hernández y Díaz, los dos tenían años de experiencia en las fuerzas especiales. En la última década, los EEUU han enfocado su entrenamiento en Centroamérica en las fuerzas especiales, como los élites de las fuerzas armadas de Honduras, Colombia también. Pero la información sobre sus operativos, sus cursos en Honduras, son secretas, clandestinas, entonces no tenemos datos sobre cuáles unidades han entrenado. El embajador estadounidense dice que los tres no aparecen en sus listas de nombres que han recibido entrenamiento. Eso es lo que dicen. Lo que sabemos es que los Estados Unidos da más fondos a Honduras que cualquier otro país mientras saben que hay escuadrones de la muerte, mientras que saben que hay ejecuciones extrajudiciales; eso aparece en sus propios informes del Departamento de Estado de este año como del año pasado. Entonces, no hay duda de que hay ejecuciones extrajudiciales. Lo que los americanos dicen que hay infiltraciones de criminales dentro de las instituciones, incluyendo las fuerzas de seguridad, pero no aceptan, no están de acuerdo de que hay un problema sistemático. Estamos hablando como de que hay algunas malas personas, nada más, punto. No problemas más profundos. Pero siguen proveyendo como fondos millones y millones de dólares cada año y proveyendo entrenamiento, cursos para las fuerzas especiales, por ejemplo, mientras las ejecuciones siguen en Honduras.

–¿Cómo ha incidido el derrocamiento de Manuel Zelaya y los consecuentes gobiernos en el asesinato de líderes sociales en Honduras?

–Desde el golpe de Estado en junio de 2009, cuando sacaron al presidente Manuel Zelaya, la violencia contra líderes sociales, líderes comunitarios ha incrementado. Esto es innegable. Desde el 2009 al menos 124 activistas del medio ambiente y de la tierra han sido asesinados en Honduras. En el último año, cuando Berta Cáceres fue asesinada, al menos siete activistas más fueron asesinados, y no solo activistas sino también abogados, gente de la comunidad lesbiana, gay y trans. La violencia contra la oposición política también comenzó a incrementarse luego del golpe de Estado. Y la violencia social sigue en Honduras. No es que antes no había violencia, al contrario, pero la violencia contra los activistas y las comunidades que niegan aceptar los megaproyectos como minas, como presas, megaproyectos de turismo han sido atacados, identificados como enemigos y la violencia contra esas comunidades sigue con impunidad.

Situación de los Derechos Humanos 

En la madrugada del 28 de junio de 2009, un grupo de soldados secuestró al presidente Manuel Zelaya, lo trasladó a la base militar de Soto Cano y, luego, a Costa Rica. Se inauguraba así la nueva oleada de golpes de Estado en América Latina, la restauración neoconservadora. En Honduras, la sucesión de los gobiernos de Micheletti, Profirio Lobo y el actual presidente Juan Orlando Hernández, inauguraron a su vez un periodo signado por la concesión irrestricta de los recursos naturales hondureños a capitales privados y el agravamiento de la situación de los derechos humanos.

Desde entonces, se otorgaron más de 150 concesiones para proyectos mineros, a los cuales se les autorizó explotar todos los recursos hídricos de las zonas concesionadas. Lo mismo daba si eran reservas naturales o territorios indígenas; el andamiaje jurídico que los protegía fue disuelto, así como las consultas a las comunidades como lo advierte el convenio 169 de la OIT, fueron nulas. De este modo, Honduras se declaró con “las puertas abiertas a los negocios”.

Uno de los proyectos paradigmáticos, como el de Agua Zarca, es el que desarrolla el esposo de la congresista y presidenta del Partido Nacional, Gladys Aurora López. Sobre el río Zapotal, una zona protegida y territorio Lenca cerca de la frontera con El Salvador, Arnold Castro montó una represa hidroeléctrica que explotará los recursos naturales por los próximos 50 años. Según indicó el periodista Carlos Dada, los permisos fueron otorgados en 2010, cuando Aurora ya era diputada nacional.

En la madrugada del 22 de octubre de 2015, un grupo de 30 soldados, policías y civiles armados entró por la fuerza en la casa de Ana Miriam, que se encontraba con un embarazo de 11 meses, según destaca la investigación de la organización internacional Global Witness. La agarraron del cuello y la golpearon brutalmente por lo que debió pasar casi dos semanas en el hospital, mientras que su cuñada también embarazada perdió su bebe producto del ataque. Ana Miriam se oponía a la construcción de la presa hidroeléctrica Los Encinos, otro de los proyectos de Arnold Castro, al igual que otros tres activistas indígenas hallados muertos: un cuerpo se encontró descuartizado a la orilla del río Chinacla –continúa Global Witness–, el de Juan Francisco Martínez apareció “con quemaduras por todo el cuerpo y con las manos atadas con cordones de botas militares”. La investigación destaca que desde el golpe de Estado de 2009, 123 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en Honduras, calificando al país centroamericano como “el lugar más peligroso para defender el planeta”.

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) registró en 2013 una tasa de homicidios de 79 por cada cien mil habitantes, lo que configuró el índice más alto a nivel mundial. En su informe de marzo del año pasado, entregado al Congreso Nacional, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) registró un promedio de entre 13 y 15 asesinatos diarios durante 2015, una tasa menor a la de 2013 pero similar que la de 2009; a la vez que indicó a las amenazas de muerte como la principal causante de denuncias atendidas por la comisión.

En su informe 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó los niveles de violencia registrado, particularmente contra defensores, pueblos originarios, mujeres, niños, jóvenes, personas LGTB, migrantes, campesinos y periodistas, donde indicó que “parte de esta inseguridad provendría del mismo cuerpo policial, de la policía militar y del ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado”.