Lo afirmó Álvaro García Linera tras la renuncia de Evo Morales. No fue un golpe blando como ocurrió en Paraguay y Brasil. La derecha, con poder territorial en la zona no andina, contó con el apoyo de la Fuerzas Armadas y de la élite empresaria. También con el beneplácito y el accionar de los sectores medios de las grandes ciudades.
Evo Morales Ayma ya no es más presidente de Bolivia. “El golpe de Estado se ha consumado”, expresó el también renunciante Álvaro García Linera. El delgado hilo que sostenía el gobierno luego de la convulsión social impulsada por la derecha y la élite empresaria, que estalló tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre, se rompió. A las 16:51 del domingo, el líder de MAS, que llegó al poder en enero de 2006 y produjo una profunda transformación económica, social y política en el país, dimitió luego de que los motines policiales se extendieran y que las Fuerzas Armadas le exigieran su renuncia.
La decisión de Morales de convocar a un nuevo proceso electoral no alcanzó. Las conclusiones de la auditoría efectuada por la Organización de Estados Americanos, que detectó irregularidades en el conteo, terminó por expulsarlo del Palacio Quemado. Una caída que se inició en febrero de 2016 con la derrota en el plebiscito para una reforma constitucional que le abriera la puerta a nuevo período presidencial. Una derrota por escaso margen que ratificó el rechazo que siempre tuvo el MAS en las grandes ciudades. Una consulta precipitada. Poco más de un año antes, Morales había triunfado en las presidenciales con poco más del sesenta por ciento de los votos. El plebiscito derrumbó la imagen de Morales como un primus inter pares. A partir de ese momento, y sin sucesor político a la vista, Morales se convirtió en el discurso oficial en una suerte de líder providencial. Un imprescindible.
“Decidí esta renuncia, para que (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando y maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales como el hermano Teodoro Mamani, en Potosí. Para que no sigan perjudicando a comerciantes y a transportistas que no dejan trabajar en Santa Cruz”, dijo Morales al confirmar su salida. Luego agregó: “Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos del MAS no sean más hostigados, perseguidos ni amenazados; lamento mucho este golpe cívico, con algunos sectores de la Policía por plegarse para atentar contra la democracia, la paz social, con amedrentamiento de intimidad al pueblo boliviano”.
Cuando el Tribunal Constitucional argumentó que poner un límite a una nueva reelección atentaba contra los derechos políticos de Morales y le abrió el camino a las últimas elecciones presidenciales, la construcción del MAS ya crujía. Las organizaciones campesinas y el activismo que había inundado ciudades como La Paz, Cochabamba y Potosí, pero nunca consiguió permear en los sectores medios, estaba en retroceso. La ampliación de derechos para los sectores indígenas no alcanzó. Su investidura, en las ruinas de Tiwanaku, la nacionalización de los hidrocarburos y la Constitución de 2000 fueron desde el inicio resistidas por la clase media y alta que construyó poder en las regiones no andinas desde donde mantuvo una cerrad resistencia, que en muchas ocasiones orilló el golpismo. Ni siquiera los logros económicos, que fueron la envidia de otros presidentes latinoamericanos con los que convivió Morales, consiguieron vencer ese rechazo.
Morales afirmó que su renuncia tiene como objetivo la pacificación del país. No es poco. Durante la conferencia en la que concretó el anuncio le apuntó a Mesa, el candidato por Comunidad Ciudadana, pero también a Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité pro Santa Cruz, quienes lideraron el levantamiento y alentaron un paro incendiario e indefinido. “Espero que Mesa y Camacho hayan entendido mi mensaje. Pedirles a ellos y a otros comité cívicos que no maltraten a hermanas y hermanos, no perjudiquen, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano. Le he dicho a todos los bolivianos y al mundo entero que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. Es histórico, inédito, sin embargo, tengo la obligación de buscar la paz”, añadió Morales.
La imposibilidad de imponer el orden en calles, ante la inacción de la policía, sumada a la convicción de que sacar a las calles a las Fuerzas Armadas para reprimir era un error, terminaron por convencer a Morales que la única salida para evitar enfrentamientos entre civiles era su renuncia y la de García Linera. Las turbas, alentadas por los denominados comités cívicos integrados por la oposición, atacando a dirigentes y sedes del campesinado y del MAS, preludiaban un desenlace peor.
Morales dejó en claro que no piensa abandonar el país. “Quiero que sepa el pueblo boliviano, no tengo por qué escaparme, que me digan si he robado algo, que presenten una prueba”, aseguró durante la conferencia de prensa. El líder del MAS, además, hizo referencia a los progresos económicos y sociales que concretó su partido desde la llegada al poder. “Si piensa que no hemos trabajado, véanlo, miles de obras, gracias al crecimiento económico. En un momento ganamos menos que el dirigente sindical declarado en comisión, ahora lo estamos diciendo eso. Si no hay un golpe judicial, ha habido un golpe cívico, político, policial. No son todos los policías”.
Qué dice la Constitución
Todo está por verse. Según el Artículo 93 de la Constitución boliviana “en caso de impedimento o ausencia temporal del presidente de la República, antes o después de su proclamación, lo reemplazará el Vicepresidente y, a falta de éste y en forma sucesiva, el Presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados o el de la Corte Suprema de Justicia”. La vía es clara. Sin embargo, los denominados cívicos, con Camacho a la cabeza, subieron la apuesta. Quieren “la conformación de una Junta de Gobierno Transitorio” integrada “por notables de toda la población” para designar a los futuros integrantes del Órgano Electoral Plurinacional y que sea éste el que convoque a nuevas elecciones en un plazo no mayor a 60 días.
La resolución de la crisis institucional debería resolverse en el Congreso. La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, ya renunció. También el titular de Diputados, Víctor Borda. La oposición, además, exige la dimisión de la totalidad de los legisladores de ambas cámaras, como así también de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional. En síntesis: exigen la conformación de una junta transitoria de gobierno. Por su parte, casi al mismo tiempo que Morales hacía pública su renuncia, la Fiscalía General del Estado instruyó el inicio de procesos contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral por “la comisión de delitos ordinarios, electorales y vinculados a corrupción” en base al informe de la Organización de Estados Americanos. Decisión que fue confirmada por el fiscal general Juan Lanchipa en una conferencia de prensa desde Sucre.
El país que deja Morales
El balance de los años de gobierno de Morales no admite dudas. Tal vez allí resida el encono de la oposición. Concretamente, en el gasto social que le permitió desarrollar una exitosa política social que redujo la pobreza y desigualdad en un contexto de estabilidad macroeconómica.
Los datos son elocuentes. Según la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, entre 2016 y 1027, la pobreza cayó del 59,9 al 36,4 por ciento. Datos nunca cuestionados. El nivel más bajo en la historia del país. La desigualdad de los ingresos, medida por el índice de Gini, se redujo del 0,60 al 0,47 en el mismo período, según el Banco Mundial. La clave: los diferentes programas sociales que permitieron el MAS redistribuir ingresos en el marco de un sostenido crecimiento del PBI. Recursos que se nutrieron de la renta hidrocarburífera a partir de una cauta nacionalización de los yacimientos. Hoy, el 80 por ciento de las utilidades queda en manos del Estado nacional.
Las transferencias se focalizaron en los estudiantes para evitar el abandono escolar, en los jubilados, en los niños y en las jóvenes embarazadas. Solo para tener una idea. Entre 2005 y 2018, la deserción en la escuela primaria cayó del 6,5 al 1,8 por ciento. En el nivel medio, en el mismo período, pasó del 8,5 al 4 por ciento. La Renta Dignidad, un programa de transferencia monetaria no contributiva de carácter vitalicio para mayores de 60 años vigente desde 2007, alcanza al 12 por ciento de la población. En el caso de las transferencias para mujeres gestantes implica el cumplimiento de cuatro controles prenatales, parto institucional y control postparto. Las destinadas a niños y niñas está condicionado a doce controles integrales de salud bimensual.
Estos programas fueron acompañados por una fuerte inversión estatal que amplió los servicios públicos básicos de educación, salud y comunicación. También en los servicios de agua potable y alcantarillado. El salario mínimo, en tanto, pasó entre 2005 y 2018 de 57 a casi 300 dólares, y el PBI exhibió una tasa de crecimiento por encima del 4 por ciento en un contexto regional caracterizado por la inestabilidad. La clave: la demanda interna y la política contracíclica. Hoy, Bolivia, un país que se encuentra en la clasificación mundial entre las naciones con ingreso medio-baja, presenta una correlación positiva entre inflación y pobreza. El país que deja Evo Morales volvió a liderar el año pasado el ránking latinoamericano de crecimiento con una inflación que se ubicó por debajo del 3 por ciento.
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